Esta semana La Pepa, el programa de La Silla Vacía con Canal Capital, discutió el futuro de la televisión. Por eso, como todas las semana, revisamos los cinco mitos alrededor del tema, por los que antes le preguntamos en redes a los usuarios. Encontramos que los usuarios saben bastante de este tema, porque en las votaciones en redes coincidieron en la mayoría.
Estos son, uno a uno, los cinco mitos, qué tan ciertos son y por qué.
Por fin llegó el día. Siete años después de que el gobierno de Santos comenzara sus contactos secretos con las Farc, hoy los guerrilleros dejarán sus últimas armas individuales cumpliendo su promesa de dejar de existir como grupo armado. Es un día que debería ser muy feliz, y que sin embargo, llega sin la fiesta y la ilusión que debería producir el fin de la confrontación con una guerrilla que dejó más de 7 mil secuestros, 2 mil muertes selectivas, más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales y cientos de miles de desplazados, sin mencionar odio, miedo, deseos de venganza y sueños truncados.
La ceremonia de dejación de armas será en el municipio de Mesetas, en el Meta, con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del jefe guerrillero Timochenko. Según supo La Silla el músico César López (el de la escopetarra) cantará una canción y aunque no habrá tampoco una foto de un guerrillero dejando su arma, una imagen que ellos se han negado a ofrecer desde el principio porque consideran que sería enviar el mensaje de que fueron derrotados y se rindieron, se verán imágenes de los contenedores con todas las armas en varias regiones con los respectivos gobernadores y religiosos como testigos y tendrá un alto contenido simbólico.
La Misión de Verificación de la ONU ya certificó y hoy lo reiterará que las Farc dejaron 7.132 armas, una por combatiente, una proporción de 1:1 rara vez vista en procesos de paz. Y todavía falta contabilizar las que encuentren en las caletas.
Para tener una idea, las Autodefensas Unidas de Colombia, que negociaron durante el gobierno de Álvaro Uribe dejaron menos de una por cada dos desmovilizados. El M-19, Quintín Lame y EPL entregaron 1 por cada tres combatientes. A nivel internacional, en Nicaragua, entregaron una por cada cinco desmovilizados.
Además, también a diferencia de otros procesos, que como dice el general Raúl Rosende, jefe de gabinete de la Misión de Verificación de la ONU (encargada de recibirlas, registrarlas, guardarlas y eventualmente de destruirlas), suelen entregar al principio “armas viejas y oxidadas”, las armas que dejaron las Farc eran en su mayoría “nuevas o en buen estado”, según el general uruguayo que lidera la Misión de Verificación.
En el comunicado del 29 de mayo, las Farc dijeron que sus milicianos se registrarían en las zonas de concentración para recibir el subsidio que se le dará a los desmovilizados. El dato más reciente es que llegaron 2.184, unos 800 menos de los que se calculaba que llegarían.
Si sus armas están contabilizadas dentro del conteo final, la proporción de las armas entregadas sería menor a 1:1, aunque no todos los milicianos están armados porque muchos solo aportaban información o ayudaban a llevar mensajes.
Y también falta contabilizar las de las caletas, que se encontrarán de aquí al 1 de septiembre.
La guerrilla ha entregado las coordenadas de 900 de ellas y la meta del Gobierno, las Farc y la ONU es encontrarlas con el armamento pesado y también desactivarlo.
Una caleta puede ser el cuarto de atrás de una casa campesina prestada o alquilada a las Farc para guardar sus morteros. O unas canecas de plástico enterradas a 50 pasos de una ceiba en equis vereda.
A juzgar por las que encontraron recientemente en Nariño, y Putumayo, las 7 mil armas que ya dejaron serán relativamente insignificantes frente a las que están guardadas en esas caletas.
En Tumaco, el Ejército encontró 600 granadas y en Puerto Leguízamo 54 fusiles, 6 ametralladoras, 2 subametralladoras, 3 lanzagranadas, 3 morteros, 100 kilos de pentonita, 200 minas antipersona y 3600 detonadores de las Farc.
Una persona que estuvo cerca del operativo le dijo a La Silla Vacía que si las Farc no tuvieran una real voluntad de dejar todas las armas, jamás hubieran entregado las coordenadas de esa caleta porque el valor económico de esas armas era inmenso.
Es posible, sin embargo, que aún teniendo la voluntad de entregar todas las caletas, las Farc no lo puedan hacer.
Después de la cantidad de información que obtuvieron los organismos de inteligencia a partir de los computadores de Raúl Reyes y el Mono Jojoy, las Farc se cuidaron de no dejar la información más valiosa en un disco duro. Eso significa que la ubicación de las caletas depende de la memoria del comandante del frente o la cuadrilla respectiva, que en no pocas ocasiones está muerto, o preso, o simplemente inseguro sobre de qué lado de la orilla del río las enterraron. A veces el río cambió su curso o se secó.
En otras palabras, seguirán apareciendo caletas después de la extracción de armas en septiembre. En Nicaragua, años después de la desmovilización de los contras, aparecieron morteros tierra-aire. En África, siguen encontrando caletas de la Segunda Guerra Mundial.
Las armas que ya tiene la ONU en su poder, y las que encuentren en las caletas –ya todas inhabilitadas- serán extraídas por los verificadores de las 23 zonas de concentración en septiembre y fundidas en tres monumentos que serán puestos en Nueva York, en Cuba y Colombia en un lugar que aún no han decidido.
Las Farc, previo aval del Gobierno, definirán qué se esculpirá con el hierro, y lo que se decida muy seguramente generará otra polémica en el país. Finalizada la confrontación armada, se profundizará la batalla por la memoria y por la Historia.
Ya sin armas, durante los próximos dos meses los guerrilleros se prepararán para su reincorporación a la vida civil. En este lapso, terminarán de cedularse, inscribirse en las EPS, encontrar a sus familiares y decidir si quieren seguir formando parte del partido de las Farc, o si prefieren comenzar una vida individual.
La presión para los combatientes para seguir siendo parte del Partido es grande. Los del Secretariado negociaron el Acuerdo teniendo en mente una reincorporación colectiva muy diferente a las múltiples que se han dado en el país en el pasado.
Antonio Navarro, senador y ex jefe guerrillero del M-19, suele contar que después de la ceremonia de entrega de armas en Santo Domingo, Cauca, los desmovilizados seguían viviendo todos juntos y nadie quería irse para su casa. Tocó prácticamente echarlos y obligarlos a vivir solos.
Las Farc quieren que todos sigan juntos. De ahí su insistencia en que las zonas de concentración no fueran meros campamentos transitorios como lo tenía inicialmente planeado el Gobierno sino verdaderas ciudadelas donde pudieran vivir los desmovilizados. Ciudadelas que solo estarán listas cuando se acabe su propósito como zonas transitorias.
También por eso su idea de crear la cooperativa Ecomún (que no han logrado crear todavía porque lo burocrático no se les facilita), a la que los guerrilleros decidirán si entregan los 8 millones que el Gobierno les dará a cada uno como parte de la negociación para que emprendan proyectos productivos colectivos o si los usan para proyectos individuales.
Varias fuentes del Gobierno le han dicho a La Silla Vacía que en los últimos seis meses muchos guerrilleros han ‘desertado’ porque no quieren seguir bajo el dominio de los jefes de las Farc ni verse obligados a entregar su plata a Ecomún. No hemos podido verificar de manera independiente esa información.
Lo que sí nos consta es que los guerrilleros rasos con los que hemos hablado en el campamento han dicho, casi al unísono, que su futuro estará determinado por “lo que decida el Partido” al mejor estilo comunista y que parecen contentos con eso.
La reincorporación colectiva será una experiencia inédita para el país. Sin duda, fortalecerá políticamente el nuevo partido de las Farc porque contará de entrada con miles de ‘cuadros’ políticos formados ideológicamente, disciplinados e ilusionados con el liderazgo que puedan ejercer.
También estarán más protegidos y menos tentados de terminar engrosando las bandas delincuenciales, como lo hizo un porcentaje de ex paramilitares, según varios informes incluido uno de Human Rights Watch sobre los sucesores del paramilitarismo.
Para Juan Manuel Santos llegar hasta hoy es un gran logro y motivo de gran orgullo. Los últimos seis presidentes lo intentaron y solo él lo consiguió –como lo ha contado La Silla- gracias a una mezcla que sólo Santos tiene de comprensión de los factores de poder, de astucia, de frialdad, de persistencia, de ver dónde pueden surgir los obstáculos y removerlos y de una visión de sí mismo como una figura de talla mundial.
También es el resultado del compromiso y obsesión de su Alto Comisionado Sergio Jaramillo, quien logró introducir en la agenda de negociación hace 5 años que el fin último de la negociación sería llegar a la dejación de armas.
Suena obvio ahora, pero el no haber logrado esa ‘parrafito’ en la agenda de negociación con el ELN explica en gran parte que ese otro proceso no haya avanzado un ápice desde 2010 cuando también comenzaron los contactos secretos entre el gobierno Santos y los elenos vía Frank Pearl.
Con esta dejación de armas, que es un día histórico para este país, Jaramillo corona la difícil misión que le encomendó Santos al escoger a este filólogo, experto en lenguas muertas, y poco dialogante.
El logro de Jaramillo y su equipo es inmenso pues sacar de circulación 7 mil armas, con todas las vidas que eso salva, es suficiente para tener el agradecimiento de los colombianos (hace poco en un restaurante lo reconocieron y la gente se paró espontáneamente a aplaudirlo).
Pero dentro de la visión que inspiró su diseño de la negociación es un éxito parcial.
Jaramillo fue quien pensó el proceso de paz con un enfoque territorial, porque en medio de su idealismo, él y también el otro gran líder del proceso que fue Humberto de la Calle, pensaban que a través del Acuerdo –“de construir el poder de abajo hacia arriba”- el país viviría una democratización de la política y también un estímulo sin igual al campo.
Jaramillo anticipaba –y deseaba- una especie de refundación de la patria.
En cambio, la ambición de Santos, un pragmático, era llegar a que se produjera lo que pasará hoy. El fin de las Farc como grupo armado.
Eso, sobra decirlo, no es poco. Las Farc han sido el síntoma y también la causa de un malestar profundo en la vida política del país y en la Colombia rural y lograr tramitarlo ahora sin armas debería dar para muchas celebraciones.
Sin embargo, por lo menos por ahora, tampoco es más que el fin de las Farc como grupo armado.
Sin un consenso político alrededor de la importancia de este hecho; sin una validación popular del acuerdo renegociado después del No; sin una narrativa común que canalice la ilusión y que le haga contrapeso a la distopía del castrochavismo promovida con éxito por el ex presidente Álvaro Uribe; sin “victorias tempranas” (la palabra de moda en el gobierno Santos) que le permitan a la gente sentir que el proceso de paz puede cambiar sus vidas; sin avances tangibles en la creación de la Jurisdicción Especial de Paz y en la Comisión de la Verdad que permitan convencer a los incrédulos que la impunidad no será la norma; sin la certeza de que el Establecimiento le cumplirá después del 2018 su palabra a las Farc (ayer el líder guerrillero Jesús Santrich anunció que comenzará una huelga de hambre por las demoras en las amnistías, indultos y tratamientos penales especiales que dependen de los jueces para los 3.400 guerrilleros de las Farc que están presos).
Así comienza este día feliz en el que siete mil hombres y mujeres de la guerrilla decidieron creerle a un Presidente en el que la mayoría de los colombianos desconfían y confíar en la palabra para avanzar una revolución en la que por ahora solo ellos creen.
Alto Comisionado de Paz
Presidente de la República
Comandante en Jefe de las FARC
Hoy es un día histórico. Las Farc, que nacieron como guerrilla armada en 1964, van a terminar oficialmente de entregar sus armas. Sus alrededor de 7 mil combatientes llevan casi seis meses concentrados en 23 zonas en diferentes lugares del país, ya revelaron su identidad y hoy terminan de desarmarse, con lo que dejan de existir como guerrilla. A pesar de eso, en el ambiente flotan muchas dudas y preguntas. Para saber si en las calles pesan más la emoción del hecho, las dudas o el desentendimiento que ha rodeado en buena medida el proceso con las Farc, La Silla Vacía les contará cómo se vive y se siente en Cali y Barrancabermeja, en Barranquilla y Neiva, en varios puntos de Bogotá y en Bucaramanga.
Pueden seguir el cubrimiento acá con una crónica a varias voces, en nuestra página de Facebook con videos en vivo, y en Twitter con el hashtag #dejacionenlsv
En Neiva la dejación de armas de las Farc no ha sido una noticia. Aquí están celebrando desde hace varios días el San Pedro y hoy es un día más de fiesta. El alcalde, Rodrigo Lara Sánchez, no va a estar en la ciudad y por eso la alcaldía no hará ninguna transmisión especial del evento en Mesetas, Meta. Según supimos, el Gobierno quería mandar un ministro para el evento, pero aquí no hay nada.
La gobernación del Huila tampoco tiene nada planeado. Por las calles se ve a la gente con sus disfraces del sanjuanero y justo a esta hora en el Edificio Torres de Miraflores, en pleno centro de Neiva y donde en 2001 las Farc entraron haciéndose pasar por el Gaula y secuestraron a varias personas, hoy se vive la dejación de armas de esa guerrilla como si fuera cualquier otro día.
La Silla confirmó con el administrador del edificio (que nos pidió no decir su nombre) que no habrá ningún evento especial y que para los propietarios, "ese es un episodio que quieren olvidar".
En el Club El Nogal de Bogotá, uno de los sitios emblemáticos del conflicto porque el 7 de febrero del 2003 las Farc pusieron una bomba que mató a 36 personas y llevó la guerra a Bogotá, hoy es un martes como cualquier otro. En el piso 11, un par de personas nadan antes de ir a trabajar y en el restaurante unas 20 personas desayunan acompañados de un televisor apagado.
Abajo, la entrada al club tiene los mismos retenes que instalaron después del atentado y el monumento que los conmemora sigue mostrando, con la misma luminosidad de siempre, la ubicación de la tierra y las estrellas a la hora y fecha de la bomba.
En Bucaramanga, faltando 10 minutos para las 9 de la mañana el Gobernador Didier Tavera iniciaba su discurso en la Gobernación. Pero no era el de la dejación sino el de la conmemoración del día de servidor público.
Mientras hacía una suerte de rendición de cuentas y hablaba de la plata de Isagen que va a llegar al departamento, de la participación accionaria en la Electrificadora, de los retos del turismo en municipios y los parques temáticos y hasta de sus planes viales, en el ambiente lo de la dejación de armas no se sentía. Si hoy es un día histórico, está totalmente diluido.
Y no era solo por el evento precedido por el discurso de Tavera que seguía enumerando logros y avances a 30 minutos de iniciado. Afuera de la Gobernación, en pleno centro de Bucaramanga era un día como todos.
Los vendedores de tinto con sus grecas, la plaza cívica (centro de manifestaciones y eventos) vacía y en la Alcaldía de Bucaramanga -ubicada al frente de la Gobernación- ni siquiera un evento en el cronograma.
A las 9:10 contratistas seguían escuchando el discurso de su jefe -algunos aburridos, otros atentos, otros mirando el reloj como si estuvieran impacientes-, según la programación el evento de la dejación iniciará pasadas las 9:30, los funcionarios no saben si les toca quedarse.
En Paloquemao, una de las principales plazas de mercado de Bogotá, la rutina es la misma de cualquier día y la dejación de armas de las Farc no se vive.
La Silla Vacía entrevistó a siete personas, de las que la mayoría no sabe que eso está pasando hoy.
En todo caso, sus opiniones están divididas: algunos creen que es bueno para el país porque va a haber menos secuestros, pero no expresan mucha emoción. Otros son incrédulos sobre sus efectos por motivos muy diversos que van desde el reciente atentado del Andino hasta la desigualdad social, pasando por los altos salarios de los congresistas, la opinión de que el Gobierno es muy malo, o la idea de que las Farc "no se van a rendir pues tienen mucha plata".
En la Universidad Nacional están de vacaciones. La Plaza del Che, el centro de su campus en Bogotá y tradicionalmente escenario de actos de manifestación de los estudiantes, hoy está poco concurrida.
Los estudiantes y activistas, nos dijeron desde ayer personas vinculadas al movimiento estudiantil, se vincularán a las concentraciones programadas en el centro de Bogotá para celebrar el fin de la dejación de armas de las Farc.
En La Silla nos encontramos, de todos modos, con imágenes que dan cuenta no sólo de que en la Nacional no para el debate político, sino de las paradojas de un día como estos.
Varios integrantes del sindicato Sintraunal pegaban afiches alusivos al asesinato de su colega Mauricio Vélez López, de La Universidad del Valle.
En el edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de Tecnologías y muy cerca del epicentro del poder de Bogotá, se hicieron presentes cerca de 500 funcionarios públicos de Presidencia, Vicepresidencia, MinAgricultura, Tics e Interior para ver el acto de dejación de armas que se transmitió en pantalla gigante que dispuso el Gobierno.
A solo una cuadra, en la plaza de Bolívar, que en 2016 sirvió de escenario de manifestaciones por la paz tras la victoria del No, reinó la soledad. Ni la Alcaldía, el Congreso, las Cortes o la Iglesia, que tienen sus sedes allí no hicieron homenajes, ni actos o presencia en el Murillo Toro.
Las pocas manifestaciones de emoción y aplausos en el Murillo Toro llegaron cuando la pantalla mostró los contenedores llenos de armas, cuando Timochenko dijo "adiós a las armas" y cuando llegó el exjefe negociador y precandidato presidencial, Humberto de la Calle, a quien simpatizantes lo acompañaron con un grito de "sí se pudo" mientras él daba declaraciones a medios y saludaba a sus ex compañeros de Gobierno, los ministros de TIC, David Luna; de Justicia, Enrique Gil y de Comercio, María Claudia Lacouture.
Mientras tanto, en el centro de la improvisada plazoleta del Murillo Toro, un grupo de sindicalistas del ICA hicieron una instalación sobre los beneficios de la paz para el campo.
A las 12 del día, cuando culminó la transmisión oficial, la gente se dispersó, y hasta ahí llegó la celebración por la dejación de armas de las Farc.
En Neiva, los comandantes políticos de las Farc en Putumayo, Ramiro Durán y en Caquetá, Federico Montes, acaban de entrar a la Gobernación a una transmisión privada de la dejación de Mesetas, en la que hay funcionarios de la Gobernación y del concejo de Neiva.
Afuera, en la plaza Santander, es un día más de San Pedro. La gente pasa con sus disfraces, se oyen sanjuaneros en los taxis y hay trancón por las fiestas. Se supone que el Gobernador Carlos Julio González viene a la transmisión, pero no ha llegado y un funcionario hace el chiste de que si hoy los llamaron a una reunión, mínimo les tienen que traer el asado huilense por ser San Pedro.
En Barrancabermeja aún no han terminado de disponer la tarima para la trasmisión del evento oficial, que tendrá centro en la zona de Mesetas, Meta. Es que aunque la cita es en el corazón del sector del comercio del puerto petrolero (quizá para asegurar que habrán compradores curiosos que pasarán y se quedarán viendo la trasmisión), ni siquiera los almacenes han abierto.
Los que llevan la batuta del evento son la Corporación de derechos humanos Credhos y Marcha Patriótica. En representación de la Alcaldía, esperan la presencia de la secretaria de Gobierno. Sin embargo, los organizadores saben que la convocatoria no será exitosa porque toda la atención de la Barrancabermeja política está puesta en la votación de la revocatoria del alcalde el próximo domingo. "Va a ser algo muy corto, lo que dure la trasmisión, una hora, no más", nos dijo Iván Maderos, director de Credhos.
En Neiva las personas se acuerdan del tema Farc porque en el desfile está participando una delegación cultural de las Farc, encabezada por una pareja con el traje del Sanjuanero. La Reina de la Paz. La gente los aplaude. "Que viva la paz". Pero la delegación estaba sobre el final del desfile y debieron correr hacia el medio para evitar que con el pasar del tiempo y los tragos otra gente pudiera reprochar su presencia
Aunque en Barrancabermeja Marcha Patriótica dispuso una tarima y una pantalla para la trasmisión del evento en Mesetas, los que asistieron solo pudieron escuchar porque el video no funcionó.
En medio de eso, algunos jóvenes de juventud rebelde le achacaron la poca asistencia a la falta de planeación. "Apenas ayer empezamos a convocar para hoy, nadie sabía nada", le decía uno a otro al inicio de la jornada, cuando no superaban las veinte personas.
Para el medio día alcanzaron a haber cincuenta personas que poco se notaban pues se ocultaron del sol en los almacenes del sector.
El evento pasó desapercibido entre los transeúntes, excepto cuando el grupo de tamboras invitado tocaba su música.
Así, aunque en medio de un sector muy concurrido de Barrancabermeja, la dejación de armas no se sintió en el puerto petrolero.
La dejación de las armas de Farc cogió a Cali como cualquier día. Aunque ayer en el grupo de prensa de la Alcaldía se anunció que se haría una transmisión en vivo del evento central de Mesetas desde la Plaza Caycedo, en el corazón de la ciudad, a esta hora no hay nada. "Aquí no nos han dicho nada", le dijo a La Silla una patrullera del puesto de información de la Plaza.
&El día también transcurrió como cualquier otro en la Plaza San Francisco, frente a la Gobernación donde el año pasado se transmitió en vivo la firma del acuerdo y que queda muy cerca a la Asamblea Del Valle donde en el 2002 las Farc secuestro a 11 diputados.
Mientras tanto, la Gobernadora Del Valle, Dilian Francisca Toro, se trasladó hoy a La Elvira, en Buenos Aires, Cauca, desde donde hará una sesión del Consejo de La Paz de la Gobernación en respaldo al proceso de paz.
Ni siquiera en la Asamblea del Valle, donde las FARC secuestraron a 11 diputados en el 2002, por las que las FARC ya les pidieron perdón a sus víctimas y que hace unos días conmemoró la fecha, hubo alguna muestra de celebración de este día histórico. El celador, no nos dejó tomar una foto y menos entrar al edificio que se veía igual que siempre.
En otras ciudades del Pacífico fue distinto. En Quibdó, el gobernador Jhoanny Palacios presidió un evento que tuvo cara de fiesta en el Concejo de Quibdó
Y en Popayán, también hubo transmisión que vieron varios curiosos y algunos funcionarios.
La expectativa es que en Cali sí haya algo más tarde, a las 3, cuando Marcha Patriótica y el movimiento Convergencia por la paz citaron a un evento para celebrar el último día de armas de las FARC. Mientras tanto, a la hora del almuerzo a la única que parece importarle es a esta vendedora del centro de Cali:
En Barranquilla la dejación de armas de las Farc ha pasado desapercibida. No hay ningún evento público programado para hoy, aunque desde las 10 de la mañana hay una reunión privada en un salón del hotel Country Norte Internacional, con el secretario del Interior Guillermo Polo como anfitrión, para ver la transmisión oficial del evento. El gobernador Eduardo Verano no asiste porque atiende compromisos en Findeter, en Bogotá.
También está por fuera de la ciudad el alcalde Alejandro Char, porque comenzó vacaciones hoy. En su reemplazo está el secretario Jurídico Jorge Padilla, quién está atendiendo asuntos propios de la alcaldía fuera de su despacho.
Tampoco hay actividades organizadas por el Comité Intergremial ni por las dos universidades privadas más grandes de la ciudad: Uninorte y Uniautónoma.
Situación similar ocurre en Montería y Santa Marta. En la capital cordobesa el alcalde Marcos Daniel Pineda preside a esta hora un comité de riesgo por la alerta naranja en los niveles del río Sinú, mientras que el alcalde de los samarios Rafael Martínez le dijo a La Silla que no hay programación hoy por la dejación de armas, pero que mañana habrá un evento por la reconciliación en el tradicional barrio Pescaito. Se trata de una actividad organizada por Usaid, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Alcaldía de Santa Marta.
En la Gobernación de Santander los principales asistentes a la conmemoración de la dejación fueron los funcionarios y contratistas.
A excepción de un bus de la Policía que pasadas las 9 de la mañana dejó al rededor de 30 personas provenientes de Girón en la entrada del Palacio Amarillo (pocas de ellas víctimas), y de uno que otro militante de Marcha Patriótica y de la UP que se enteraron a última hora del evento, pocos supieron del evento de la dejación.
Fue organizado a última hora, le diría más tarde a La Silla, un funcionario de la oficina de víctimas en Santander: "Presidencia envió el fin de semana la circular y por eso casi no se le alcanzó a decir a nadie", aseguró.
Fue rápido y con un dejo de solemnidad. Hubo discursos de víctimas, del Gobernador, de su Secretario del Interior, y de una desmovilizada de las Farc. Todos recordaron el paso que significa para el país la dejación y cada uno -desde su lado- lo que espera.
A la transmisión llegaron pocos, la mayoría eran los del bus de la Policía que venía de Girón, los otros eran la porción de los funcionarios que sacaron de sus oficinas, y contados con los dedos de la mano los de la UP y Marcha.
Aunque con el tiempo llegaron más funcionarios, el auditorio jamás se llenó.
A medida que avanzaba el reloj y el hambre aparecía los pocos que estaban de visita empezaban a irse.
Con la última palabra de Santos, en Santander acabó la transmisión, no hubo abrazos, tampoco aplausos de cierre, fue seco el final.
Todos se dispersaron apenas apagaron el video been que fue seguido más por políticos que por víctimas en un auditorio de la Gobernación.
En Neiva el único evento sobre la dejación fue en la gobernación y fue porque coincidió con el concejo departamental de paz.
El gobernador, Carlos Julio González, habló de los logros de su administración mientras Timochenko daba su discurso en Mesetas y luego hablaron los comandantes políticos de Caquetá y Putumayo, Federico Montes y Ramiro Duran, sobre lo que significa para ambos volver a Neiva, la ciudad en la que crecieron, a comenzar a hacer política.
Pidieron también pista para que los 'Rebeldes del sur', la banda musical de las Farc, se puedan presentar en los eventos que organiza la gobernación. González les dijo que tenían su permiso para presentarse. Mientras tanto afuera, en las calles de Neiva, se vive el San Pedro y la gente habla de todo menos de la dejación. A las 3 de la tarde habrá un evento de la iniciativa ciudadana "Paz a la plaza" en la catedral de la ciudad, pero hasta ahora los miembros de las Farc que están acá no han dicho que van. La Silla Sur trinará en vivo en el evento.
Por: Oscar Becerra
Recientemente, me llamó la atención un titular que leí en varios periódicos diciendo que Colombia tiene el cuarto salario más bajo de la región. Según estos reportes, Colombia con USD $215 tiene el cuarto salario mínimo mensual más bajo de la región, únicamente por encima del salario mínimo en Brasil, México y Nicaragua. Más aún, que el salario mínimo en Colombia está lejos de los salarios altos más altos de la región en el cual se destaca Panamá con un salario de USD $744[i].
Aunque este tipo de mensajes tienen la ventaja de ser simple y de fácil recordación, se encuentra lejos de describir la realidad del salario mínimo en Colombia. Contrario a lo reportado, el salario mínimo en Colombia es alto. Tres razones sustentan esta afirmación.
La primera razón es que el salario mínimo en Colombia se encuentra cerca al salario de un trabajador promedio. En vez de comparar los salarios en dólares, lo cual tiene serias falencias debido a las diferencias en el costo de vida entre países, una forma más apropiada de establecer sí el salario mínimo de una economía es alto o bajo, es comparando qué tan alto es el salario mínimo comparado con el salario de un trabajador promedio por país. La idea detrás de esta medida es sencilla: en ausencia del salario mínimo, trabajadores y empleadores deberían acordar el salario por el cual el trabajador presta sus servicios (en esta parte los invito a pensar en microempresarios, quienes tenían 1.3 millones de trabajadores urbanos con salarios menores o iguales al salario mínimo en 2016). En la negociación, si el salario acordado es menor al salario mínimo (incluyendo otros costos no salariales), quedan tres opciones: contratar al trabajador por el salario mínimo, contratarlo por debajo de cuerda pagando menos del salario mínimo o no contratarlo. En los casos en que se lleva a cabo una relación laboral, el trabajador recibirá como máximo el salario mínimo. Así, si el salario mínimo es muy alto, muchas relaciones de trabajo se encontrarán en este tipo de situación y el salario promedio se encontrará cerca del salario mínimo.
De acuerdo con estadísticas de salario promedio y salario mínimo para varios países de Latinoamérica recopiladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo en Colombia representa alrededor de 60 por ciento del salario promedio recibido por un trabajador colombiano. Este número se ubica en la mitad del grupo con respecto a otros países, lejos de Guatemala (107 por ciento) pero por encima de las economías grandes de la región como Brasil (46 por ciento) o México (28 por ciento). Buena parte de la cercanía entre el salario mínimo y el salario promedio se encuentra relacionada con el tamaño del sector informal en Colombia: de acuerdo con estadísticas de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, en 2016, 43 por ciento de los trabajadores urbanos recibían el salario mínimo o menos.
La segunda razón está relacionada con la tasa de crecimiento del salario mínimo. En general, aunque ha mostrado un leve retroceso en términos reales en 2015 y 2016 asociado con el aumento de los precios de los bienes importados, desde 2000 el salario mínimo en Colombia ha venido ganando poder adquisitivo, aumentado 22 por ciento entre 2000 y 2016 (1,3 por ciento anual). Que el salario mínimo crezca no es malo. El problema ocurre cuando la productividad de la economía no crece a un ritmo lo suficientemente rápido para justificar estos aumentos. En este sentido, las estadísticas de empleo y la fracción de trabajadores ganando el salario mínimo han mostrado un comportamiento estable durante los últimos diez años, sugiriendo que en promedio la productividad y el salario mínimo han crecido de cerca en este período. Sin embargo, este comportamiento en promedio desconoce las diferencias regionales en productividad, haciendo que en regiones menos productivas el salario mínimo esté subiendo a una tasa mayor que el crecimiento de su productividad.
La tercera razón se fundamenta en los resultados de estudios académicos enfocados en analizar el efecto de cambios en los costos laborales pagados por los empleadores sobre el empleo en el sector formal. Típicamente, estos trabajos se han enfocado no en analizar los efectos de cambios en el salario mínimo, sino cambios en los impuestos a la nómina pagados por trabajadores en el empleo formal. En estos casos, se ha encontrado que hay una relación directa entre cambios a los impuestos a la nómina y otros costos no salariales y cambios en la cantidad de empleo formal, con efectos limitados en los salarios recibidos por los trabajadores (Kugler y Kugler (2009), Morales y Medina (2016), Bernal et al. (2016))[ii]. Esto es consistente con la importante relevancia del salario mínimo en la fijación de salarios de los trabajadores, que representa una sobresaliente rigidez en la generación de empleo formal en Colombia.
Que el salario mínimo sea bajo o alto no es una discusión para determinar quién está en lo correcto, sino que tiene implicaciones importantes en el diseño de política económica. Bajo ciertas circunstancias, el salario mínimo puede tener impactos positivos en la generación de empleo, sin embargo, el efecto depende críticamente de si el salario mínimo es bajo o alto. Cuando el salario mínimo es bajo, existen casos en los que el salario mínimo puede llegar a tener efectos positivos sobre el empleo, al limitar el poder de negociación de los empleadores (Card and Krueger, 1994)[iii]. Por el contrario, cuando el salario mínimo es alto, el salario mínimo tiene repercusiones negativas sobre la creación de empleo y, en economías con un considerable tamaño del sector informal como Colombia, el efecto sobre el empleo formal del salario mínimo tiende a ser negativo, genera mayor informalidad y desempleo, lo que al final amplifica la desigualdad existente en el mercado laboral.
[i] Vale la pena notar que el salario mínimo en Panamá depende del sector económico y la región en la que los trabajadores desempeñen su actividad. De acuerdo con las tablas de salario mínimo publicadas por el gobierno panameño (http://www.mitradel.gob.pa/salario-minimo/), sólo tripulantes de cabina de vuelos internacionales y mecánicos de transporte aéreo se encuentran cerca USD $744. El salario mínimo de una persona trabajando en el servicio doméstico en Panamá es USD $225 mensuales.
[ii] Kugler, A. & Kugler, M. “Labor Market Effects of Payroll Taxes in Developing Countries: Evidence from Colombia” Economic Development and Cultural Change, The University of Chicago Press, 2009, 57, pp. 335-358;
Morales, L. & Medina, C. Assessing the Effect of Payroll Taxes on Formal Employment: The Case of the 2012 Tax Reform in Colombia Borradores de Economía 971, 2016;
Bernal, R. & Eslava, M. & Melendez, M. & Pinzón, A. Switching from Payroll Taxes to Corporate Income Taxes: Firms’ Employment and Wages after the Colombian 2012 Tax Reform, Mimeo, 2016
[iii] Card, D. & Krueger, A. B. “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania” The American Economic Review, 1994, 84, 772-793
Esta mañana la Fiscalía capturó a su director nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, por presuntamente haber recibido dinero del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para no mover procesos en su contra, un proceso que adelantó la DEA y que incluye pruebas como grabaciones y billetes marcados, por el que lo pidió en extradición una corte de Florida (Estados Unidos) dado que parte del delito habría ocurrido en Miami.
Esa decisión puede poner punto final a una carrera breve pero muy exitosa de quien se veía como el gran crítico del llamado cartel de los falsos testigos, que además había creado una poderosa red de contactos en sus 10 años de carrera profesional, que incluía a políticos visibles y a magistrados y ex magistrados menos conocidos pero no menos poderosos.
Moreno, un muy joven abogado de la Universidad Libre (nació en Barranquilla en 1981 y se graduó en diciembre de 2007), es conocido por su libro “El falso testimonio”, que lanzó con mucho despliegue en agosto de 2014, con notas en medios y el apoyo explícito de Gustavo Álvarez Gardeazábal y el profesor Dagoberto Charry .
Ese libro lo acercó a políticos de varias vertientes que estuvieron metidos en líos penales por testigos falsos. En concreto, el libro trataba a profundidad los casos del senador liberal Luis Fernando Velasco, la directora ejecutiva de Asomóvil y ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez, el almirante y directivo uribista Gabriel Arango Bacci, el ex congresista liberal Sigifredo López, y el ex senador de La U Carlos García Orjuela, padre del representante uribista Pierre García.
Esos contactos se notaron en su relanzamiento del libro en mayo de 2015, en Valledupar (donde lo presentó Humberto Sierra Porto) y Cartagena.
Ese último evento fue especialmente famoso porque al evento llegaron invitados el senador liberal Álvaro Ashton, el hoy Auditor General Felipe Córdoba, el periodista William Calderón, los ex senadores Enrique Gómez y María Paulina Espinosa, el ex magistrado de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, el ex personero de Bogotá Ricardo Cañón, y la magistrada de la Corte Suprema Margarita Cabello Blanco; según El Tiempo, lo hicieron invitados con gastos pagos desde Bogotá.
Además, Moreno ha sido abogado de varios políticos, desde que su carrera pasó de un inicio modesto como abogado de la secretaría de ambiente de Bogotá entre 2009 y 2010 y de la de Gobierno en 2011, al derecho penal.
Hizo dos maestrías, trabajó en la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa (una empresa que presta sus servicios de investigación a defensores penales) y pasó en la comisión de acusación de la Cámara entre 2011 y 2012, donde conoció y se acercó a varios congresistas. Además, fue brevemente decano de derecho de la Universidad de la Costa sede Villavicencio.
Luego fue defensor del ex congresista liberal Germán Olano (hermano del ex senador de La U y director de la Federación de Departamentos, Plinio Olano) en su proceso por el cartel de la contratación de Bogotá, pero renunció en plena audiencia alegando falta de garantías, lo que demoró el proceso.
Y también lo fue de Luis Alfredo Ramos entre 2014 y 2016, trabajo en el que enarboló la teoría de los testigos falsos y denunció amenazas en su contra.
Aun siendo abogado de Ramos, y tras culminar su contrato en la Fiscalía, a inicios de 2016 sonó fuertemente como candidato a la Personería de Bogotá en reemplazo de su ex jefe, Ricardo Cañón.
Como contó La Silla Vacía en ese momento, tenía el apoyo de los concejales liberales Horacio José Serpa y el ‘cacao’ Jorge Durán Silva, del senador de Cambio Radical Germán Varón (de quien fue apoderado en una demanda ante el Consejo de Estado), y afinidad en el Centro Democrático. Al final, como el proceso para elegir pasó de ser una convocatoria pública sin muchas exigencias a un concurso público, declinó a su aspiración.
Dejó el proceso de Ramos (en el que lo reemplazaron su mentor, Dagoberto Charry, y Leonardo Pinilla, el abogado defensor de Lyons con el que según la Fiscalía armó el esquema de soborno que tiene a los dos capturados) cuando Néstor Humberto Martínez, recién nombrado Fiscal General, lo designó en su nuevo equipo como director nacional de la Unidad Anticorrupción.
Llegó a ese cargo, que siempre es importante en la Fiscalía y tiene un particular protagonismo por la cruzada de Martínez contra la corrupción, gracias a esos nexos políticos, según dos fuentes que conocieron de su llegada a la Fiscalía.
Pero también por sus buenas relaciones en las Altas Cortes.
Moreno inició su carrera de la mano de Dagoberto Charry, quien fue su primer jefe, entre 2009 y 2010.
Aunque esa relación se ha mantenido en el tiempo, Moreno luego se acercó a Leonidas Bustos, que en su momento fue el hombre fuerte de la Sala Penal de la Corte Suprema y, junto con su colega de la Laboral Francisco Ricaurte, la cabeza de un grupo mayoritario que definía las elecciones en la Corte.
De hecho, según Caracol Radio, en 2015 Moreno trabajaba en la oficina privada que acababan de abrir Ricaurte y la ex presidente Ruth Marina Díaz (a quien Moreno acababa de acompañar en 2015 a la entrega de una condecoración por la Unión del Notariado), parte del grupo de Bustos y Ricaurte.
Además, Moreno fue uno de los criticados asesores de Eduardo Montealegre (a su vez muy cercano a Bustos) en la Fiscalía. Tenía un contrato por más de 23 millones de pesos mensuales, los mismos de los ex magistrados que tenía contratado el entonces Fiscal, a pesar de no tener una trayectoria profesional comparable (llevaba menos de 10 años de graduado).
Aunque ese contrato solo duró unos meses, fue un antecedente para que Martínez lo nombrara en octubre en el puesto clave que ocupó hasta hoy.
Moreno lo acompañó a sus jornadas de denuncias ciudadanas de la estrategia "Bolsillos de Cristal", para escuchar las denuncias de corrupción de las regiones (como esta en Sincelejo o esta en Bucaramanga hace apenas dos semanas), fue vocero de esa campaña y tuvo a su disposición una Unidad fortalecida.
A pesar de esa ascendente carrera, el poder que había acumulado y sus conexiones con poderosos de varios lados y tipos, la colaboración de Lyons con la DEA llevó a que sus propios compañeros del CTI de la Fiscalía lo capturaran hoy y a que la vicefiscal, María Paulina Riveros, lo anunciara hoy "con indignación y profundo dolor institucional".
A falta del esperado símbolo del guerrillero entregándole su arma al Estado, la ceremonia de dejación de armas de ayer tuvo varios otros símbolos que podrían servir para que este momento histórico en el que la insurgencia de las Farc dejó de existir después de 53 años de confrontación armada entre no solo en la Historia sino en la Memoria de los colombianos:
Después de que el jefe guerrillero de las Farc Timoleón Jiménez terminara de hablar, dos papás guerrilleros pusieron en sus manos a su hija Alexis Ley, una bebé con un moño rojo inmenso en su cabeza, y quien seguramente se convertirá en el símbolo de este día.
Al fin y al cabo, no ha habido un gesto más elocuente del fin de la confrontación armada y la apuesta por una nueva vida para las Farc y para este país que la explosión de embarazos en las filas guerrilleras, que según calculó en su momento el Alto Comisionado Sergio Jaramillo podrían haber nacido hasta 300 bebés.
En cierta forma, la insurgencia ha sido también una herencia: muchos miembros de las Farc son hijos o papás de guerrilleros, o hijos de militantes de la Unión Patriótica o de colaboradores de las Farc que entraron a la guerrilla buscando protección. Pero para Alexis Ley y los demás bebés como ella (como el hijo del jefe guerrillero Carlos Antonio Losada), el legado que les dejan sus papás es una vida en la que no tendrán que matar ni morir aún siendo jóvenes.
La escultura de una ametralladora AK-47 dorada que termina en forma de pala elaborada por Álex Sáchica es el regalo que escogió Juan Manuel Santos para darle a Timochenko y podría ser para algunos -como para el Presidente que prestó para sus discursos las palabras del dramaturgo francés Víctor Hugo- el símbolo del 27 de junio: el día en que se silencian las armas para invertir la energía en desarrollar el país.
Hace unos años cuando alguien le preguntó al Presidente cuál creía que sería el mayor cambio que vendría con la paz (más allá de la maravilla que nos dejáramos de matar), Santos lo meditó unos segundos y contestó que una vez se lograra la paz se podría desarrollar la Altillanura.
La infraestructura de la zona veredal de Mesetas es el símbolo que escogió Timochenko para este día. A pesar de que llevan seis meses allí, el gobierno hasta ahora está comenzando a fundir las planchas de la ciudadela que les van a construir a los guerrilleros y que inicialmente estaba prevista para albergarlos. (En las primeras semanas, alcanzaron a construir las zonas comunes, pero los guerrilleros rechazaron la ubicación y se comenzó en otro lado).
La zona de Mesetas donde se hizo la ceremonia es un barrial. Las vías están lejos de estar listas, los cambuches están empantanados, no hay baños.
El incumplimiento del Gobierno en este punto es manifiesto, y aún así, los guerrilleros decidieron cumplir y entregar las armas: esa idea era la que Timoleón Jiménez le quería transmitir al Presidente (que miraba hacia otro lado mientras él hablaba), a la comunidad internacional que estaba allí y sobre todo a los colombianos frente a quienes desde ayer mismo ya se perfiló como el político de oposición que será a partir de hoy.
En la ceremonia se transmitió en vivo el cierre de los contenedores con las armas dejadas por las Farc en tres zonas de concentración distintas y con sacerdotes católicos y cristianos como testigos. No será la típica foto ícono del guerrillero entregando su arma, pero para los que no creían que las Farc dejarían sus fierros, estas imágenes de las 7.132 armas que la Onu certificó que entregaron y que fueron dejadas bajo doble llave, con los religiosos como testigos, podría ser el símbolo que necesitaban.
César López está lejos de ser el mejor músico de Colombia. Pero su guitarra hecha a partir de un rifle es el símbolo no solo -como dijo él- del “arte como única arma” sino de aquel sector de la sociedad civil que nunca perdió la fe en la salida negociada y que ayer por fin vio el fruto de sus pequeños o grandes esfuerzos por mantener viva esa idea.
López es un activista por la paz, que se inventó la escopetarra en 2003, después del ataque terrorista de las Farc al Club el Nogal en Bogotá. Se le ocurrió tras ver a un soldado sostener su rifle como una guitarra.
“Es un instrumento que servía para matar, y ahora para dar vida”, dijo López en una entrevista. “Simboliza la posibilidad de cambio de un ser humano que ha estado al servicio de las estructuras. Si el arma pudo cambiar, ¿por qué las personas no van a poder?”
Como parte de la ceremonia, diez guerrilleros de las Farc fueron acreditados como ya lo habían sido más de 7 mil compañeros de ellos. La imagen del guerrillero recibiendo su cédula de ciudadanía después de que dejó su arma en días pasados y firmó un acta comprometiéndose a nunca más empuñar las armas contra el Estado y a contribuir a construir la paz es también un símbolo poderoso de este día en que estos colombianos transitaron hacia la civilidad.
Como lo hicieron los paramilitares del bloque Sinú-San Jorge en 2005 cuando entregaron sus armas en Córdoba, los guerrilleros de las Farc pusieron a volar cientos de mariposas como cierre de la ceremonia.
Las mariposas amarillas simbolizan el país de Gabo donde lo fantástico forma parte de la cotidianidad si uno es capaz de imaginarlo. También son una alegoría de los sueños que ese día se pusieron a volar.
A diferencia de lo que le pasó a los paras, que como los discursos se alargaron, se murieron del calor antes de emprender el vuelo, las de las Farc si salieron en todas las direcciones.
Después de la ceremonia en Mesetas, el presidente Santos le rindió un homenaje a los miembros de la Fuerza Pública que han muerto en combate. Esa oferta floral es el símbolo de la paz como la victoria de los soldados y policías que entregaron su vida por el país.“Fue por su valor, fue por su sacrificio, que hoy Colombia celebra el inicio de una nueva era de paz”, dijo el Presidente Santos, quien horas antes había dicho emocionado que por días como el de ayer es que se justificaba haber sido presidente de Colombia.
Mientras la ceremonia se adelantaba en Mesetas, y mientras Santos y Timochenko recalcaban el día tan importante que era para los colombianos, en la mayoría de las principales ciudades del país se vivía un día como cualquier otro.
La Silla estuvo en Cali, en Neiva, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Barranca, en el Club El Nogal y en Paloquemao en Bogotá y lo que encontró fue la absoluta indiferencia ya sea porque la gente -con excepción de los activistas de la Unión Patriótica- no sabía lo que estaba pasando o no le importaba.
Un televisor apagado o en otro canal en la mayoría de ciudades del país cuando se celebra el fin de 53 años de confrontación armada con una guerrilla que dejó más de 7 mil secuestros, 2 mil muertes selectivas, más de seis mil soldados víctimas de minas antipersonales y cientos de miles de desplazados podría también ser el símbolo de este día. Pero no debería serlo. Lo que ocurrió ayer es importante.
Comandante en Jefe de las FARC
Presidente de la República
Luego de más de 50 años de conflicto armado con las Farc y 6 años de negociaciones, las Farc dejarán de ser un grupo armado ¿Qué significa esto para usted?
Muchos usuarios han enviado cadenas con hipótesis sobre la supuesta participación en el atentado de Julie Huynh, la ciudadana francesa que falleció en el atentado en el Centro Andino, que no podemos verificar porque no tenemos información de la investigación del caso. Pero sí le pudimos aplicar el detector a dos cadenas de WhatsApp con fotos que supuestamente prueban que era de las Farc. Y que son falsas pues la que aparece en las fotos es la holandesa Tanja Nijmeijer.
Recuerden que si quieren saber si lo que le mandan sus amigos sobre la política es cierto, nos puede enviar la cadena al 318-3124521 y nosotros se lo devolvemos en un par de días, si es posible, chequeado para que usted se lo reenvíe a sus amigos.
“Ahí está la Francesa que cargaba la bombona (SIC) del cc Andino"
Explicación: La que aparece en ambas fotos es la holandesa Tanja Nijmeijer, conocida en las Farc con el alias Alexandra Nariño.
La primera foto la tomó Anncol en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando Tanja llegó a Cuba en 2012. La otra, en la que tiene un fusil, fue tomada de una entrevista que divulgó Radio Netherlands en YouTube en 2010. “Estoy viva en la Elvira. Pueden visitarme” dijo Tanja al reconocer que es la de las fotos.
La carta que hoy le mandó el director del Partido Conservador, Hernán Andrade, al expresidente azul, Andrés Pastrana, exigiendo respeto por la colectividad le subió el tono a la disputa conservadora, pero a la vez dejó claro que el problema no toca al nuevo aliado de Pastrana, el ex presidente Álvaro Uribe.
La carta fue una respuesta a la alianza de Pastrana con Uribe para buscar a un candidato de la derecha para las elecciones de 2018, y en ella Andrade ataca fuertemente al más reciente expresidente azul.
“Es lamentable que haya elegido el camino de la descalificación y la injuria en vez del diálogo político”, le escribe Andrade al ex presidente. “¿No puso acaso usted en marcha un proceso de paz en el que hubo entrega efectiva, total y material de parte de nuestro territorio a las Farc?; ¿no tuvimos que soportar los colombianos cuatro años de secuestros, asesinatos, narcotráfico y todo tipo de abusos de parte de quienes cómodamente se refugiaban en el Caguán?”.
A pesar de ese tono frente a Pastrana, Andrade no deja claro que no solo no hay problema con Uribe, sino que le lanza un elogio.
“Aprovechamos para manifestar la doctor Álvaro Uribe que esta bancada y este partido se sienten orgulloso de haber apoyado su Política de Seguridad Democrática, la cual sacó al país de la pesadilla del Caguán, nos devolvió a todos la esperanza, y dio a los colombianos nueva ge en el ejercicio constitucional de la autoridad”, escribió casi al final de la carta. “Jamás dejaremos de reconocer la labor histórica que el hoy senador Álvaro Uribe Vélez hizo por nuestro país”.
Además, el vocero oficial del partido dijo que va a mantener distancia crítica del Gobierno en un tema central, un anuncio que coincide con lo que han anunciado Uribe y Pastrana.
“Lo que nos corresponde ahora es ejercer vigilancia crítica y control político con la implementación del proceso, y así lo hemos hecho: exigiendo que no se abuse del Fast Track, demandando más estudios sobre los proyectos y haciendo sonar las alarmas sobre el crecimiento desbordado del narcotráfico”, escribe al respecto.
Y con ese elogio a Uribe y esa coincidencia programática con él y con Pastrana, deja claro que la pelea no cierra una eventual alianza godouribista, aunque seguramente no con Pastrana como protagonista.
Dentro del partido hay otros santistas, además de Andrade, que creen que es viable la alianza con la centro derecha.
“El país necesita un partido de apertura al diálogo, no hay que volver un problema la alianza, pero si hay un reclamo legítimo a Pastrana para que no hable mal de los que lo apoyaron”, nos dijo Juan Diego Gómez, senador azul, que hace parte del bloque ‘santista’ del conservatismo “Es el lenguaje el que molesta, en un lenguaje incluyente hay que buscar una gran coalición de derecha con el Centro Democrático, las bases conservadoras, los cristianos”.
Esa apertura frente a una alianza con el uribismo se ha notado en otras movidas.
Por una parte, como hemos contado, los azules están a punto de salir de la coalición de Gobierno que apoyó el proceso de paz, en parte porque necesitan mantener sus curules para 2018 y porque también quieren hacer parte de una coalición ganadora.
Por otra, una persona que ha acompañado a Andrade a los recorridos regionales nos dijo que en reuniones privadas el senador ha manifestado que no se subirá a una tarima a apoyar a candidatos como Roy Barreras de La U o Humberto de la Calle, del liberalismo.
Así que la carta además de sentar un precedente de pedir respeto (otra vez) a Pastrana, es una forma de cotizar a la bancada azul de cara a 2018.
Pero como Pastrana se les adelantó confirmando su alianza con Uribe, una jugada que dentro del Partido le ayuda a Marta Lucía Ramírez, que es hasta ahora la única candidata azul con posibilidades y es cercana al ex presidente, lo que hizo Andrade fue hacer pública la molestia de los congresistas con él.
Al fin y al cabo, para muchos de ellos, Pastrana merece respeto por haber sido Presidente, pero los de los votos son ellos.
Senador del Partido Conservador
Ex Presidente de la República
Ex presidente de la República y Senador
Anoche fue publicada la encuesta trimestral de Gallup, que fue realizada en las cinco grandes ciudades por teléfono fijo y celular durante la semana del 15 al 24 de junio. Se hizo en pleno paro de maestros, antes de la ceremonia de dejación de armas y es la primera de esta serie que se publica después de que se venciera el plazo para renunciar al gobierno y no inhabilitarse para las presidenciales del 2018. Estas son las diez conclusiones que saca La Silla Vacía de esta encuesta que mide el ánimo del país cuando arranca la campaña presidencial:
El pesimismo de la gente se mantiene en el 73 por ciento así como la desaprobación de la gestión del presidente Juan Manuel Santos que se mantiene en los niveles de la peor época de Andrés Pastrana. Solo cuenta con el respaldo del 24 por ciento de los encuestados. Y ese nivel de desaprobación se extiende a la gestión de su gobierno en áreas tan diversas como la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente, la seguridad o el desempleo.
En la mayoría de sectores el nivel de desaprobación del gobierno Santos es muy alto pero se mantiene relativamente constante o mejora ligeramente. La gran excepción es la educación. Entre abril y junio la gente que cree que está empeorando el desempeño en educación pasó de 46 a 67 por ciento y los que creían que estaba mejorando de 36 a 24. Definitivamente, el paro de Fecode que estaba en curso cuando se realizó la encuesta le pasó la factura al Gobierno.
El pesimismo frente a la economía es total. El 80 por ciento cree que está empeorando y solo el 48 por ciento dice estar satisfecho con su estándar de vida. El 88 por ciento cree que el costo de vida está empeorando y la imagen del Banco de la República está en su punto más bajo desde la época de Andrés Pastrana. Solo un tres por ciento más de gente (el margen de error de la encuesta) tiene una idea favorable de esta institución que controla la inflación que la que tiene una imagen desfavorable.
El principal problema que tiene Colombia en estos momentos, según los encuestados, no es el tema de orden público y seguridad como lo ha sido durante buena parte del gobierno de Santos. No es el tema económico y de poder adquisitivo como lo fue durante la era Uribe. Tampoco es la corrupción aunque su importancia va subiendo en la agenda. Es “otros”. El que descubra qué tiene esa ‘caja negra’ podría convertirse en presidente de Colombia.
Esta encuesta no mide la intención de voto pero sí la favorabilidad de todos los candidatos. Y en esta medición, al que mejor le va es al ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, que va por la coalición de los Ni-nis (ni Santos ni Uribe). Fajardo tiene el mismo nivel de favorabilidad de Uribe, Clara López y De la Calle y nueve puntos más que Germán Vargas Lleras y siete que Petro pero tiene el desfavorable más pequeño de todos los precandidatos en la contienda. Por ejemplo Vargas tiene el 48 por ciento en contra, Petro el 42, Clara López el 34, Uribe el 48 y De la Calle el 24. Esos negativos suelen convertirse en un ‘techo’ para crecer, por lo que Fajardo tiene mucho más espacio que los otros.
Además, en este período su imagen favorable mejoró de 37 a 45 puntos y su desfavorable bajó dos puntos. Ésto lo que significa es que la foto en la que apareció con Claudia y Robledo como oficialización de su coalición le ayudó en cambio de estigmatizarlo como de izquierda, que era su principal temor. Y juega a su favor que el tema de la corrupción -que es una de sus banderas centrales- se posiciona cada vez más como el principal problema de los colombianos.
Al interior de su coalición, Fajardo le saca 4 puntos a Claudia López en favorabilidad y 17 al senador Jorge Enrique Robledo y tiene 12 puntos desfavorables menos que la primera y seis que el segundo.
Desde que Germán Vargas Lleras le pegó un coscorrón a su escolta el 23 de diciembre del 2016 y la imagen se volvió viral en redes, su favorabilidad no ha hecho sino caer en picada. Pasó de tener un 61 por ciento de favorabilidad en la medición de diciembre a tener el 36 por ciento hoy mientras que su desfavorable se ha duplicado en este período y ya llega al 48 por ciento.
Estar fuera de cámaras no le ha servido, y tampoco noticias como la reciente condena a 40 años de prisión por homicidio del ex gobernador guajiro Kiko Gómez avalado por su partido Cambio Radical.
La imagen favorable de la construcción de vivienda popular que la gente identifica con él por su gestión en la Vicepresidencia también ha caído del 60 al 52 por ciento. El 33 por ciento cree que está empeorando, el punto más alto durante todo el gobierno Santos.
Esta baja en su favorabilidad lo perjudica particularmente a él porque Vargas Lleras necesita mostrar su inevitabilidad como candidato para convencer a los políticos de otros partidos que necesitan aliarse con él para derrotar a Uribe. Si las encuestas no lo muestran como el candidato a vencer, la resistencia que tiene entre los jefes de los partidos lo dejarán por fuera de las coaliciones que son necesarias para llegar a segunda vuelta.
Aunque el ex presidente Álvaro Uribe mantiene una favorabilidad del 48 por ciento (dos puntos por encima de su desfavorabilidad), sus candidatos del Centro Democrático no solo tienen una favorabilidad muy baja por debajo del 20 por ciento sino que en todos los casos su negativo es igual o lo supera.
Lo mismo le sucede al procurador anulado Alejandro Ordóñez. De todos los precandidatos del No, a la que mejor le va es a la ex ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez que tiene una imagen favorable del 30 por ciento, nueve puntos por encima de su desfavorable, y que además es la gran ganadora de la reciente alianza entre Uribe y Andrés Pastrana, que la apoya.
Los colombianos son de derecha, un dato que juega a favor de la coalición del No. Esa es una conclusión evidente de la encuesta. La mayoría de los encuestados están en contra del matrimonio entre homosexuales, de la adopción por parte de parejas gay, de la legalización de las drogas, de sacrificar justicia para negociar la paz. Por el contrario, están de acuerdo con perder libertades para mejorar la seguridad, de fomentar la inversión extranjera. A pesar de la evidente homofobia que persiste, esta medición es la más favorable para la comunidad lgbti en términos de adopción y matrimonio gay.
En general, en las grandes ciudades la gente es pesimista frente a lo que está sucediendo en su ciudad, salvo en Bucaramanga. Pero, curiosamente, esta percepción no va alineada con la imagen que tienen de sus alcaldes, salvo quizás en Bogotá donde ambas han mejorado levemente y en Cali donde el pesimismo y el rechazo a Maurice Armitage se disparó a raíz de la prohibición de los partidos de fútbol. Tanto en Medellín como en Barranquilla, aunque el pesimismo sobre las ciudades se disparó diez puntos, los alcaldes mantienen su aprobación por encima del 80 por ciento. Hace unos años, en Casa de Nariño decían que la baja popularidad de Santos era por culpa del rechazo al entonces alcalde bogotano Gustavo Petro. Hoy, podría decirse que es al revés: el problema nacional impacta lo local.
Aunque la encuesta se realizó durante la semana en que la guerrilla ya había dejado el 60 por ciento de las armas, la incredulidad de los encuestados frente a todo lo que tenía que ver con el proceso de paz se mantuvo inalterada. Lo único que cambió es que aumentó la gente que cree que se distribuirá mejor la riqueza en el campo (de 28 a 35) y los que creen que el gobierno cumplirá con lo pactado (de 46 a 53).
Aún así, el jefe del equipo negociador de la paz y artífice del Acuerdo Humberto de la Calle está junto con Clara López y Fajardo entre los tres candidatos con más alta favorabilidad y con la mitad del negativo de Uribe y Vargas Lleras. Tanto él como Clara López enarbolan la defensa del Acuerdo de Paz pero De la Calle tiene un techo menor que ella.
También le saca una ventaja significativa a sus posibles rivales en una consulta interna liberal, el senador Juan Manuel Galán y el ex ministro del Interior Juan Fernando Cristo.
Ex Ministra de Trabajo
Ex Gobernador de Antioquia
Negociador Jefe del Gobierno
En las próximas semanas volverá al Concejo de Bogotá la discusión sobre cuánta plata saldrá de los contratos firmados en el Distrito en los próximos 30 años para financiar las universidades Distrital y la Nacional (sede Bogotá), una cifra que puede estar entre 1,7 y 2 billones de pesos, según lo que decidan los concejales.
El alcalde Enrique Peñalosa había manifestado su inconformismo porque los recursos de ese tributo, que corresponde al 1 por ciento de cada contrato y siempre se han destinado para la Distrital, ahora se repartirán entre esta institución y la Nacional por orden del Congreso. Pero superada esa discusión, se viene otra entre los concejales.
Esa estampilla existe desde 2001 y se empezó a cobrar en 2003, pero iba a dejar de operar porque se creó para recoger 200 mil millones de pesos y ya se iba a cumplir esa meta.
Sin embargo, surgió la necesidad de pedirle al Congreso que le dé nueva vida porque la U. Distrital pretende ampliar su infraestructura y aumentar sus cupos de 24 mil a 100 mil estudiantes.
Ahí entró a jugar la Nacional, que también necesita recursos. Su respaldo se explica en la medida en que le daba más fuerza al proyecto en el Congreso, ya que tiene más visibilidad que la Distrital y no carga una reputación de visibles escándalos de corrupción, le dijeron a La Silla Cachaca una fuente del Congreso que conoció el trámite de la ley y el concejal verde Jorge Torres, uno de los que lidera el debate en el Concejo.
Por eso las dos universidades y varios congresistas acordaron que el 70 por ciento de los recursos serán para la Distrital y el otro 30 por ciento para la sede de Bogotá de la Nacional (que tiene edificios en mal estado), y que se cobrará durante 30 años.
Aunque la ley fue aprobada en diciembre, la controversia reventó hace un mes, cuando Peñalosa rechazó compartir la estampilla con la Nacional porque para él significaba “quitarle recursos a la Distrital”, e hizo un criticado amago de impugnar la ley ante la Corte Constitucional.
Sin embargo, la ley sigue en firme y ahora el Concejo debe definir cuánto se cobrará, pues el Congreso le permite fijar el porcentaje con un máximo del 2 por ciento.
Es ahí donde se viene un nuevo debate.
La Alianza Verde, el Polo y La U ya han presentado proyectos por aparte para subir el aporte del 1 al 1,5 por ciento, lo que según proyecciones de la Secretaría de Hacienda significaría 2,5 billones de pesos en 30 años.
Mantenerlo en 1, como propone la Alcaldía en el proyecto que radicó, daría 1,7 billones de pesos.
Esa diferencia, de unos 800 mil millones, es importante si se tiene en cuenta que, por ejemplo, equivale a unas 10 veces el costo de la nueva sede de Bosa de la Distrital.
El dilema es que subir el tributo aumenta la carga para los contratistas, incluyendo las personas que trabajan por prestación de servicios (que hoy suman unas 30 mil personas en el Distrito). Incrementar la estampilla al 1,5 por ciento significaría que alguien que gane 1 millón 500.000 pesos pasaría de pagar 15 mil a 22.500 pesos, una subida de 7 mil 500 equivalente a un poco más de tres pasajes en SITP.
Por eso, los concejales, por iniciativa de Jorge Torres (Alianza Verde), radicarán un nuevo proyecto conjunto que ponga el aporte en 1,2 por ciento (una especie de punto medio entre lo que proponen ellos y lo que quiere la Alcaldía). Eso significaría 2 billones de pesos en 30 años.
Torres reunió las firmas de 44 de los 45 concejales para soportar políticamente el proyecto. Solo falta David Ballén (de La U), que hasta ahora ha defendido que la estampilla sea el 1,5.
Pero a pesar de ese asomo de consenso, el concejal verde le dijo a La Silla Cachaca que el porcentaje seguirá siendo un tema de discusión cuando el debate vuelva al Concejo.
Alcalde de Bogotá
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver al líder indígena Feliciano Valencia por el cargo de secuestro simple que lo condenó a 18 años de prisión no sólo es un espaldarazo a la justicia indígena sino para él, que ahora queda recargado políticamente si decide aspirar en las elecciones de 2018. Aunque él todavía no ha dicho que quiere lanzarse, en el movimiento indígena su nombre es visto con muy buenos ojos. Sobre todo ahora que se la van a jugar por quedarse con al menos una de las circunscripciones especiales de paz que creó el acuerdo de paz con las Farc y que aún está en trámite en el Congreso.
Feliciano Valencia fue condenado en un fallo de segunda instancia por el Tribunal Superior de Popayán en septiembre de 2015 a pagar una pena de 18 años de cárcel por haber sido autor del secuestro simple del cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago que, durante la Minga del 2008, fue retenido por los indígenas portando material militar que no pudo justificar, ni tampoco explicar por qué él estaba ahí. En ese momento, tras una deliberación en la Asamblea del pueblo Nasa que lideró Valencia, el soldado fue sometido a un “remedio” acorde con la justicia indígena, que consistió en 20 fuetazos.
La decisión de la Corte Suprema en el fallo de casación publicado ayer, tumba esa decisión y avala la que tomó el juez de primera instancia que en marzo del 2015 había absuelto a Feliciano Valencia.
Los argumentos de la Corte no sólo cuestionan que el Tribunal de Popayán lo haya condenado por el sólo hecho de haber conocido de la retención y haber liderado la Asamblea. También ratifica la legitimidad de la jurisdicción indígena para haber actuado como lo hizo en este caso.
“El acto jurisdiccional que desarrolló la comunidad indígena tiene respaldo constitucional, legal y jurisprudencial”, dice la Corte.
No sólo porque el hecho ocurrió en territorio indígena sino porque las autoridades Nasa actuaron con fuerza ejecutiva y declarativa que les otorga la autoridad en su territorio y que se sintieron “ofendidas” por la presencia sin explicación del cabo Chaparral en el Resguardo en “un hecho que atentaba contra la armonía de esa comunidad”.
También porque el Tribunal de Popayán deshecho pruebas que legitimaban su actuar en este caso.
Por ejemplo, el hecho de que el caso hubiera ocurrido durante la Minga, y justo después de que el entonces presidente Álvaro Uribe hubiera dicho que la protesta estaba “infiltrada por guerrilleros” por la que los indígenas estaban “alertados”. “Ese pueblo no se podía inhibir del conocimiento de la conducta del intruso”, dice el fallo.
La Corte dice que todo el procedimiento legal que se le aplicó al soldado a través de la justicia indígena se hizo bien, porque al soldado le dieron la oportunidad de dar explicaciones y ofrecer excusas por haber entrado al territorio sin permiso. Como él rechazó ambas, la Asamblea acordó a aplicarle el “remedio”.
“El carácter pluralista de la Constitución Política implica reconocer también un pluralismo jurídico para dar cabida al derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, de ahí que la limitación de la libertad de locomoción que afectó a Jairo Danilo Chaparral Santiago obedeció al cumplimiento de la función por parte de los órganos establecidos por la comunidad Nasa para resolver un asunto que estimaron ofensivo, en una clara manifestación de decisión y control de su autonomía y ejercicio de justicia”, dice la sentencia.
Como si fuera poco, la Corte Suprema ratificó una decisión anterior de la Corte Constitucional que había dicho que el castigo que se le aplicó al soldado no es tortura, como esgrimió su defensa. “El daño corporal que produce es mínimo”, dice el fallo. Tampoco es una pena que degrade o humille al que la recibe porque “es una práctica que se utiliza normalmente entre los paeces y cuyo fin no es exponer al individuo al ‘escarmiento’ público, sino buscar que recupere su lugar en la comunidad”.
“Es un respaldo sin precedentes al ejercicio de la justicia indígena y la autonomía de los pueblos indígenas. Debe sentar un precedente para futuros procesos que tengan que ver con nuestras autoridades”, le dijo a La Silla Pacífico Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la Onic, que ayer celebró la decisión.
“Ésta es también una victoria para Feliciano. Le devuelve la dignidad, su estatus de dirigente político y social que quedaron mancillados por la opinión pública que lo tildó de secuestrador”, agregó.
Esta victoria se da justo cuando en el movimiento indígena se prepara para definir su futuro electoral con miras al 2018 y donde Feliciano Valencia, ahora libre, ya se vislumbra como un potencial candidato.
“Feliciano tiene mucho futuro político. Es un candidato fuerte para el escenario que sea. La decisión le cae apenas [para aspirar]”, dice Arias.
La decisión de si Valencia se va a lanzar o no al ruedo electoral se tomará en la próxima Asamblea de la Onic que se llevará a cabo en el municipio de Silvania, en Cundinamarca, del 10 al 13 de julio. Allí, las 50 organizaciones indígenas que hacen parte de esa organización en todo el país se reunirán para discutir cómo será la participación política de los indígenas con miras al 2018.
Aunque aún no lo han hablado con él, miembros de la Onic dicen que seguramente Feliciano Valencia estará presente y se podría presentar su nombre.
“Feliciano es una de las figuras más representativas a nivel nacional de las comunidades indígenas. Ahora que está en libertad, y por su liderazgo, hará parte del debate político. Sin duda lo va a ser”, agregó Juvenal Arrieta, Consejero indígena de la Onic y vocero de la Cumbre Agraria.
No sería la primera vez que Valencia aspira a un cargo de elección popular. Su primera aventura electoral fue en 2010 cuando se lanzó sin éxito a la Alcaldía de su natal Santander de Quilichao y perdió con la tercera votación. Y luego, en el 2014, cuando fue precandidato a la presidencia, inicialmente por la Alianza Verde y luego por el movimiento País Común. En ese momento, su aspiración duró muy poco porque no contó con suficiente respaldo pero alcanzó a tener candidato verde a la Cámara (Giovanni Yule) y a impulsar la candidatura al senado de Jesús “Chucho” Chávez, quien perdió una de las curules indígenas por pocos votos frente el embera Luis Evelis Andrade.
Aunque en ambos casos fue derrotado, esta vez podría aspirar no sólo a una de las dos curules del Senado Indígena sino a una de las 16 “circunscripciones especiales de paz” que creó el Acuerdo de paz con las Farc y donde los indígenas “van a jugar”, según Arias.
Empezando por la primera, que comprende 24 municipios de la cordillera en los departamentos de Valle, Cauca y el Norte de Nariño, e incluye los 11 municipios del Norte del Cauca, el fortín natural de Feliciano Valencia donde ha hecho la mayor parte de su carrera como líder y súper poderoso de la movilización social e indígena.
Allí ha ocupado cargos claves desde el 2004, primero como coordinador de la Guardia (el equivalente de la Policía de los cabildos del Norte del Cauca), luego consejero de la Acin y entre el 2007 y el 2009, entró a hacer parte de la Consejería Mayor (máxima autoridad indígena) del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), posiblemente la organización indígena más organizada y poderosa del país.
El arraigo de Valencia en esa población es tan fuerte que cuando lo capturaron en septiembre de 2015 y lo trasladaron a la cárcel de San Isidro de Popayán para que pagara su condena, los indígenas acamparon durante 15 días afuera de la prisión para reclamar su libertad. Al cabo de tres meses, el Tribunal de Popayán ordenó su traslado a la finca Gualanday, de propiedad del resguardo indígena de Munchique Los Tigres, en zona rural de su natal, Santander de Quilichao.
Así se lo contó a La Silla Pacífico el mismo Feliciano en una entrevista que le hicimos en abril. “A mí fue la gente la que logró sacarme de la cárcel. Yo llegué a las 3 de la mañana y ellos llegaron con equipos de sonido a todo volumen. Cuando peleamos logramos cosas. La solidaridad nos ha mantenido”.
Desde entonces, él ha seguido liderando procesos de movilización indígena, sobre todo en el Norte del Cauca que se convirtió en “su prisión”, como le dijo a La Silla un miembro de la Acin. De hecho, el día que lo entrevistamos, Valencia estaba participando en una Asamblea que reunió a 20 cabildos del Norte del Cauca en Corinto para discutir los alcances de la política de sustitución de cultivos ilícitos que está implementando el Gobierno.
“He estado haciendo mucha presencia en las comunidades. Todos los días me invitan algún encuentro, algún taller. Mientras yo me mueva en territorios indígenas no hay dificultad”, nos explicó en ese momento.
Eso explica por qué aunque aún él no haya dicho que quiere aspirar y las circunscripciones de paz todavía no hayan sido aprobadas por el Congreso, haber recobrado la libertad pone su nombre en el sonajero.
Líder indígena nasa
La próxima semana Clara López inscribirá el comité que recogerá el millón de firmas que quiere tener para inscribir su candidatura presidencial por el movimiento Todos Somos Colombia. Arranca sin haberse podido llevar consigo ningún gran elector del Polo pero su alta favorabilidad entre la opinión pública, además de tener buenas relaciones con otros sectores políticos afines a la coalición de la paz, son activo suficiente para dar la pelea por la Presidencia en el 2018.
Clara renunció al Polo antes de irse del Ministerio de Trabajo a inicios de mayo, para luego lanzar oficialmente su campaña como independiente. La semana pasada se fueron con ella 11 dirigentes del Comité Ejecutivo del Partido (aunque solo 4 de ellos eran miembros permanentes de esa dirección).
Los que se llevó no tienen caudal electoral, o al menos no lo han demostrado en los últimos años.
Tarsicio Mora, dirigente sindical de Fecode, buscó por 15 años una curul en el Senado con el Polo y se quemó la última vez con 8 mil votos; también están dos ex candidatos a gobernaciones de Antioquia y Bolívar (Olmedo López y Dionisio Miranda), y ambos se quemaron en elecciones de 2015; dos ex concejales de Bogotá (Carlos Romero -el esposo de Clara- y José Fernando Rojas), que no están en el Concejo desde 2008 y 2011, y el resto no se ha medido en las urnas.
Los que sí tienen votos no se fueron con ella. De los cinco senadores del Polo, tres eran cercanos: Iván Cepeda (quien representa al movimiento Vamos por los derechos y a las víctimas), Alberto Carrasquilla (quien es vocero de campesinos en el Catatumbo), y Senén Niño (fuerte dentro de los sindicatos de maestros). Los tres ya le hacen campaña a Robledo.
En esa medida, la disidencia de Clara que salió del Polo no afecta la candidatura de Jorge Enrique Robledo, quien logró mantener las bases de estos congresistas.
Esto obedece en parte por una mecánica electoral: ningún congresista, a menos de un año de elecciones al Congreso, arriesgaría su aspiración a la reelección renunciando al partido para irse a un movimiento cuyo futuro es incierto.
“En los eventos con Robledo que hemos tenido en Bogotá, Antioquia, el Eje Cafetero y Cali nos han ido entre 200 y mil personas”, recuerda una alta fuente del Partido, para insistir en que los congresistas que ponen los votos, están con su candidato.
De hecho, esa fuente y el representante por Antioquia del Polo, Víctor Correa, nos dijeron, por aparte, que en las bases del Polo se quedaron también un músculo electoral fuerte, como lo son los sectores sindicales.
Y lo dicen porque el único miembro del movimiento sindical que Clara se llevó es Tarsicio Mora, quien hace parte del cuadro ejecutivo de Fecode, pero que perdió fuerza en los últimos años tras salir de la CUT.
“No puedo decir que se haya ido una parte significativa de las bases sindicales”, nos dijo el representante Correa.
Aunque eso está por verse. Como contamos, las elecciones dentro de la CUT y Fecode no tienen fecha aún y son una especie de ‘primarias’ para la izquierda, ya que sus bases se reparten entre el Polo y la Alianza Verde.
Así que sin la estructura de un partido, sin los votos de congresistas y en vilo los apoyos sindicales, Clara arrancó campaña con poca maquinaria pero con otros activos que giran en torno a su imagen y su discurso.
Clara López es la precandidata presidencial con la favorabilidad más alta (no intención de voto) de acuerdo a la encuesta Gallup de anoche, un punto por encima de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, aunque con un desfavorable mayor, del 34%.
Ahora, el objetivo de Todos Somos Colombia es traducir esa favorabilidad en votos.
Clara comienza a buscar votos dentro de las bases sociales, haciendo giras regionales (ayer estuvo en Yopal con ganaderos hablando de turismo y ecología y el lunes estuvo en el Caribe con jóvenes indígenas y sindicalistas), y formando grupos de trabajo liderados por los disidentes del Polo.
”No se fue una parte significativa de las bases sindicales”
Por ejemplo, Tarsicio Mora trabajará con los sindicatos; los ex concejales Romero y Rojas harán equipo en Bogotá; los ex candidatos a las gobernaciones de Antioquia y Bolívar trabajarán en esos departamentos; Dalila Gómez con los Rrom; la exrepresentante Orsinia Polanco (la primera congresista elegida por los indígenas) con los cabildos; y también tiene líderes para Tolima, Boyacá, Chocó, Guajira, Putumayo, Atlántico y Bogotá.
El objetivo es conseguir un millón de firmas para inscribir su candidatura (las mismas que buscó cuando lanzó la estrategia de un Millón de Mujeres por la paz el año pasado antes de la campaña del plebiscito) bajo las consignas de la defensa de los acuerdos con las Farc y su implementación.
Si bien tanto Mora como Olmedo nos dijeron que no quieren inscribirse como miembros de un partido (“hay que dar espacios a los apolíticos”, nos dijo Olmedo), Clara también está buscando apoyos de los partidos.
”Nadie va a llegar solo (a 2018)”
“Ningún partido va a llegar solo. Vamos a reconciliar al país. Hemos conversado con distintos sectores, en aras de marchar unificados hacia una gran convergencia”, dijo a su turno Clara, sin dar detalles de los contactos que ha tenido.
Como hemos contado, Clara tiene apoyos dentro de la ASI, y además se ha reunido con sectores del Mais y Aico, partidos de corte indígena. Y una persona cercana a ella nos confirmó que ha habido consultas con Roy Barreras, de La U y con los liberales, para ambientar la alianza por la paz.
La alianza por ese lado sigue cruda. En parte porque dentro de La U y el liberalismo no hay claridad en las reglas del juego para elegir a sus propios candidatos.
Otra iniciativa que va por el mismo camino de una alianza por la paz es la que ya tiene con el expresidente Ernesto Samper con otros aspirantes independientes como Gustavo Petro y Piedad Córdoba. El nuevo partido que surja de las Farc entraría seguramente en esta coalición pues son los únicos que les han abierto las puertas hasta ahora.
Dentro de la izquierda que está con Robledo creen que los votos y apoyos que Clara consiga le servirán para convertirse en la fórmula vicepresidencial del aspirante de la coalición oficial pues Clara -que social y personalmente es cercana a Santos- puede atraer la izquierda, sin espantar al Establecimiento.
Así lo pronosticó el analista y aliado de Robledo, Aurelio Suárez, dos días después de que López lanzara su movimiento.
Triste que quienes se reclaman de "izquierda" terminen de furgón de cola del santismo o del uribismo. Como en 1936 o 1946 etc...? #SiONo
— Aurelio Suárez M. (@AurelioSuarez) June 23, 2017
En Todos Somos Colombia nos dijeron que irían hasta el final para inscribir la candidatura.
Pero el escenario no es descartable: en el caso de que la candidatura de Clara no despegue, un camino viable para mantener la alianza por la paz es hacer coalición con otro aspirante que sí haya despegado y obtenido apoyos de partidos con maquinarias, como De la Calle.
Una fórmula de ese estilo configuraría una alianza de centro-izquierda, y ayudaría a tener votos de una sector de izquierda menos radical que el representado por Robledo.
Si ese no es el escenario, y sigue sola, que es el plan de Todos Somos Colombia hasta ahora, Clara tiene por delante la consolidación de un movimiento que en exactamente un mes hará su primera convención para proclamarla aspirante a la Presidencia.
Ex Ministra de Trabajo
Por Juan Carlos Garzón y José Luis Bernal
Mientras que en los Estados Unidos se señala el boom de la coca en Colombia como una de las causas del aumento del consumo de cocaína, en Colombia se afirma que el alza en el número de hectáreas ha sido jalonada por el incremento en la demanda – externa e interna. Recientemente W. Brownfield, subsecretario para asuntos de Narcotráfico, llegó a afirmar que habría una relación “simbiótica” entre la producción de cocaína en Colombia y el consumo en EE.UU.
El problema es que no hay evidencia suficiente para afirmar que el consumo de esta droga haya aumentado y aun si esto fuera cierto, señalar una relación de causalidad resulta muy difícil en un mercado ilegal en el que intervienen muchas variables. No se trata de restarle importancia o simplificar lo que es un serio problema de salud pública, sino de evitar las explicaciones fáciles y también las alertas que buscan generar apoyo para las medidas más represivas o que no han dado resultado – aprovechando para poner otra vez sobre la mesa el retorno de la fumigación o el endurecimiento de las penas.
En una primera parte de este artículo analizaremos la información disponible sobre el consumo de cocaína en los Estados Unidos, Europa y Oceanía. Luego nos detendremos en Colombia, para finalmente señalar algunas conclusiones.
¿Es cierto que el consumo de cocaína está aumento en los Estados Unidos?
De acuerdo a la información de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de Estados Unidos entre 2013 y 2015 el consumo de cocaína se incrementó en un 61 por ciento pasando de 601.000 a 968.000 usuarios de esta droga. Los registros de muertes por sobredosis de cocaína también muestran una tendencia al alza, pasando de 4.700 en 2011 a 7.000 en 2015. Con estas cifras el Departamento de Estado ha prendido las alertas, señalando que este mercado está siendo suplido por Colombia, ya que el 90% de las muestras de cocaína que fueron incautadas en 2015 tienen como origen este país suramericano.
A primera vista, la conexión parece lógica, convincente. Sin embargo, un análisis detallado de los datos plantea serias dudas sobre esta afirmación. El reconocido experto en política de drogas de la corporación RAND, Beau Kilmer, señala que en los Estados Unidos existen muchos vacíos e inconsistencias en la información y que por lo tanto estas cifras deben ser manejadas con cautela. Esta situación no es exclusiva para el caso de la cocaína, sino también para las otras sustancias ilícitas en ese país, sobre las cuales es cada vez es más difícil conseguir información confiable.
Kilmer compara siete fuentes estadísticas y encuentra que solo tres ellas señalan que el consumo de cocaína está aumentando, con indicadores débiles para poder estimar el consumo de los heavy users (los usuarios intensivos, que pueden llegar a consumir ocho veces más que los usuarios ocasionales) (Centers for Disease Control and Prevention, National Survey on Drug Use and Health y National Survey on Drug Use and Health). Las otras cuatro fuentes, que son las más confiables, muestran que el consumo en este país se ha estabilizado, y en algunos casos ha disminuido (Quest Diagnostics, reatment Episode Data Set (TEDS), Arrestee Drug Abuse Monitoring y Centers for Disease Control and Prevention). Un ejercicio similar
En cuanto a las cifras de sobredosis de cocaína, un aspecto importante a tener en cuenta es que el aumento en los últimos dos años ha estado jalonado por un incremento en los casos donde las muertes se originan por una peligrosa mezcla de cocaína con opiáceos --como heroína o el fentanilo- y no por el uso exclusivo de cocaína.
Un nuevo estudio publicado en el American Journal of Public Health muestra que entre 2006 y 2010 los casos de sobredosis de cocaína iban en caída al pasar de 2.5 a 1.35 muertes por cien mil habitantes. Sin embargo, de 2010 a la fecha esta cifra se ha incrementado en más de un 60 por ciento como resultado de la mezcla de cocaína con opiáceos, lo cual es consistente con el creciente uso de heroína y el suministro de fentanilo producido ilícitamente en los Estados Unidos. Este escenario en que los opiáceos están impulsado el aumento de muertes obliga a ser muy cuidadoso con las cifras que se están manejando respecto al consumo de cocaína en Estados Unidos, ya que puede llevar a formulación de inferencias que no responden a la situación real de los consumidores.
Por otra parte, un reciente análisis realizado por Hernando Zuleta, Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, señala que no se puede hablar de un aumento generalizando en los Estados Unidos, pues el consumo de cocaína se ha concentrado en franjas específicas de la población y en los estados que estás más al norte como Alaska, Montana y Maine – y no en los del sur.
¿Y qué ha pasado en el resto del mundo?
En Europa tampoco está claro si el consumo de cocaína va en aumento. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2017, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), a pesar de que la oferta de cocaína parece estar creciendo (basado en las encuestas y estudios realizadas por los países, la mayoría de las cuales no están actualizadas), todavía no es posible establecer si el consumo ha crecido. Lo que muestran las cifras es que el periodo 2011-2015 estuvo marcado por un comportamiento estable (aproximadamente el 0.9 por ciento de la población).
La información desagregada por países tampoco muestra un panorama claro. El más reciente informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), concluye que de aquellos países que han realizado encuestas de consumo de cocaína en 2013, seis mostraron un incremento, dos una tendencia estable y cuatro presentaron reducciones.
En Europa, además de las encuestas poblaciones, se encuentran los análisis de detección de residuos de cocaína en algunas aguas residuales municipales. Con base en esta información el OEDT encuentra que las pautas generales detectadas en 2015 son similares a las de años anteriores, en las que la mayoría de las ciudades muestra una tendencia descendente o estable.
En cuanto a Asia, la información reportada por UNODC hace referencia al aumento en el número de incautaciones de cocaína que tenía como destino este continente, las cuales pasaron de 0.4 toneladas en 1998 a 1.7 toneladas en 2015 – especialmente en los países del este y sudeste asiático. Aunque esto puede ser un indicio del aumento de la demanda, no es suficiente para concluir que está aumentando el consumo. Una situación similar se encuentra en Australia, donde las incautaciones aumentaron de 0.1 toneladas en los años noventa a 1.2 toneladas en 2015. En este caso, UNODC además señala que se registra una leve caída de los precios de cocaína – lo cual tampoco es evidencia clara de que el uso de la cocaína esté en aumento.
En conclusión, no existe evidencia concluyente que indique que el consumo de cocaína ha incrementado en el mundo, ni revisando la evidencia global, ni la disponible para las regiones o países específicos.
¿Y en Colombia sí está aumentando el consumo?
Un informe del Departamento Nacional de Planeación prendio las alertas al afirmar que el consumo de drogas estaba creciendo en el país, al punto de que Colombia había pasado “en los últimos siete años de ocupar el cuarto puesto en Suramérica en consumo de cocaína y marihuana”. Posteriormente aparecieron titulares como “Colombia pasó de productor a ser uno de los principales consumidores de droga” o “Colombia, de productor de cocaína a gran consumidor de droga”. ¿Qué dice la evidencia al respecto?
Existen cinco encuestas que se han hecho para estudiar el consumo de drogas. Cada una tiene datos comparables para sub-periodos, aborda distintas poblaciones y tiene una escala geográfica distinta:
Al observar las cifras que ofrece cada encuesta sobre la prevalencia de último año de consumo de cocaína, encontramos un panorama distinto al que plantean los medios:
Prevalencia de último año de consumo de cocaína | ||
Encuesta | Año Base | Año Final |
Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia | 0,71 | 0,7 |
Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar | 1,59 | 2,18 |
Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria | 2,37 | 2,12 |
Encuesta CESED de consumo de drogas en jóvenes | 3,5 | 2,4 |
Estudio de consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá, D.C | 0,54 | 0,75 |
De las 5 encuestas, dos de ellas –población universitaria y CESED jóvenes- muestran que la prevalencia anual de consumo ha disminuido en el tiempo. Otras dos revelan una tendencia al alza. La encuesta sobre población escolar evidencia un incremento del 1.21 entre el año base y el final. Mientras que la cifra del Estudio de SPA en Bogotá presenta un leve aumento del 0.21 entre ambos años. Finalmente, el Estudio Nacional de SPA concluye que el consumo se ha mantenido estable.
De manera general, lo que sugieren los datos disponibles es que el consumo de cocaína no ha tenido grandes variaciones durante la última década.
Una mención especial requiere el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar, el cual mostró un aumento significativo en la prevalencia del último año.
Lo primero que hay que destacar es que el año base es 2004 y el año final de 2011, es decir un periodo anterior al aumento reciente de los cultivos de coca. Lo segundo es que esta encuesta hace referencia a menores de edad – la población más vulnerable y con un consumo de alto riesgo. Desde la fecha de la última encuesta (2011) hasta el día de hoy, un porcentaje de estos menores podría haber seguido con el consumo, lo cual se reflejaría en las encuestas más recientes. En todo caso, este es un tema sobre el cual el Estado debe prestar atención, siendo una prioridad la actualización de esta encuesta.
De otro lado, una de las afirmaciones recurrentes en el debate es que el aumento de las hectáreas cultivadas estaría presionando el consumo interno. Esta hipótesis es difícil de sostener con los datos disponibles.
El Ministerio de Justicia y del Derecho estima que para una población de 288 mil personas se requieren alrededor de 19 toneladas de cocaína al año. El estudio del DNP por su parte calcula en 254mil personas el número total de usuarios de cocaína en 2015, las cuales demandaría aproximadamente 16.7 toneladas, lo que representa el 2.6 por ciento del total de la producción. Es claro que el uso de cocaína en Colombia es un factor marginal en el aumento del número de hectáreas.
Otras de las posiciones que se han sostenido es que el reciente incremento de los cultivos, ha generado una mayor disponibilidad de drogas en las ciudades. De las cinco encuestas analizadas, solo el estudio de SPA en Bogotá ofrece información para analizar la disponibilidad antes y después del aumento de los cultivos. Lo que se esperaría es que entre la encuesta del 2009 y la del 2016 se evidenciaría un aumento en la mayor facilidad para acceder a esta sustancia. Sin embargo, esto no es lo que sucede:
Aunque no se pueden sacar conclusiones del país a partir de los resultados de Bogotá, se puede afirmar que con los datos que hay, la disponibilidad y la oferta de cocaína no han variado significativamente.
La evidencia contenida en este artículo permite concluir que:
Si bien la evidencia del aumento en el consumo no es clara en este momento, esto no significa que los países deban bajar la guardia en lo que claramente es un asunto de salud pública. Analizando lo que ocurre en los EE.UU., Beau Kilmer advierte que es posible que aún no se hayan reflejado en las encuestas y estudios las cifras del consumo problemático, por la brecha temporal que existe entre el consumo ocasional y el uso intensivo.
Lo que muestra la evidencia es que aproximadamente el 16 por ciento de quienes consumieron cocaína por primera vez, terminen desarrollando un uso intensivo de esta sustancia en los próximos diez años. Por lo que es posible que en una década las encuestas sí reflejen una tendencia al alza como resultado del tránsito de aquellos que comenzaron como consumidores ocasionales y terminaron como heavy users.
Por el momento, hay que tomar con cautela los llamados al endurecimiento de las medidas para controlar los cultivos, que se basan en el supuesto crecimiento alarmante del consumo de cocaína. También es importante evitar las simplificaciones que buscar atribuir a un solo factor el alza en los cultivos de coca. Por supuesto que la demanda tiene conexiones con la oferta y viceversa, pero en un mercado imperfecto como el de la cocaína, hay un desacople entre lo que se produce y lo que se consume.
En lugar de pasarse la pelota de un lado a otro, los países involucrados deberían concentrar sus capacidades y recursos en responder al uso de drogas como un asunto de salud pública y al incremento de los cultivos como un asunto de desarrollo - con un esfuerzo sostenido enfocado en mejorar la calidad de vida de los campesinos y el desarrollo rural. Infundir temor, sin tener en cuenta la evidencia, solo nos llevará a seguir con las fórmulas que no han funcionado en el pasado.
Aunque ayer la vicefiscal María Paulina Riveros respondió algunas preguntas sobre el caso del capturado ex director anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, son varias las que siguen rondando al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez , quien nombró a Moreno en un cargo clave en la entidad, encargado además de su bandera de lucha contra la corrupción.
La Silla buscó a Riveros y al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para hacerles las siguientes preguntas, pero un familiar del Fiscal respondió su celular y nos informó que sigue hospitalizado (está en la Clínica del Country desde el lunes porque un accidente familiar le ocasionó un problema lumbar) y no puede responder, y Riveros no respondió nuestros mensajes.
Estas son las preguntas:
Según la versión que dio la Fiscalía de manera no oficial a medios como El Tiempo, Caracol Radio o RCN Radio, Moreno fue elegido director anticorrupción porque entre ocho opcionados que enviaron sus hojas de vida y participaron en el proceso de selección, fue el único que pasó el polígrafo. Dicen que nadie lo recomendó.
Sin embargo, como no explicó cómo arrancó el proceso que concluyó en el polígrafo y que habría incluido pruebas de conocimiento y psicológicas, sino que sencillamente pasó porque así lo dijo un detector de mentiras, queda la pregunta de si así también fueron seleccionados otros directivos que llevó Martínez a la Fiscalía?
Una fuente conocedora de las movidas del poder político y judicial le dijo a La Silla Vacía el martes que sabía de primera mano que la hoja de vida de Moreno llegó a manos de Martínez a través de Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas.
Dado que no pudimos verificar esa información nos abstuvimos de publicarla, pero ayer Las2Orillas afirmó que el nombramiento tuvo el apoyo “de Enrique Vargas Lleras, hermano del tambor mayor de Cambio Radical” (el partido de Vargas), información que por lo menos hasta la publicación de esta historia no había sido rectificada.
Como Enrique Vargas no solo es el hermano de Germán sino una de las personas más allegadas a su ejercicio como político (entre otras cosas ha sido concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá de su grupo político, hace dos años sonó como presidente de Cambio Radical, es parte de su comité directivo, gerenció el Comité por el Sí de ese partido e intercedió para llevarse a ese partido al ex vicepresidente de poblaciones del Polo, Julio César Mancera), que se responda este interrogante es fundamental en términos políticos, dado que Martínez también viene de Cambio.
Y más porque si el director anticorrupción era un recomendado de Enrique Vargas y tenía a su cargo la coordinación de los fiscales que estaban sacando adelante investigaciones contra políticos como el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, o el ex gobernador liberal del Meta y director de la Unidad de Víctimas, Alan Jara, podía tener un juego político muy grande en la temporada electoral del próximo año.
Como contamos el martes y han explicado varios medios, entre 2014 y 2016 Moreno compartió oficina con dos ex magistrados de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz. Además, fue muy cercano al ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, quien como magistrado y en llave con Ricaurte y Díaz manejó las mayorías de esa corte para asuntos electorales.
Según dos fuentes, ese grupo tuvo que ver con la llegada de Moreno a la Fiscalía, como ya habría ocurrido cuando el fiscal anterior, Eduardo Montealegre, era muy cercano a Bustos y contrató a Moreno para ser su asesor en 2015.
Martínez y Bustos ya eran cercanos, como se vio en el proceso para definir la fallida reforma al Equilibrio de Poderes de 2015. En ese momento, Martínez era Superministro de Santos y el Presidente lo delegó para tender puentes con Bustos como representante de las altas cortes, y
Daniel Coronell incluso llegó a escribir que“Al superministro Néstor Humberto Martínez le deberían decir minbrassier. Parece que su principal función fuera levantar a Bustos"
Y, como contamos cuando Santos armó la terna, Bustos le estaba haciendo lobby a Martínez entre sus antiguos colegas de la Sala Penal, una vez Juan Manuel Santos lo ternó. Por eso, según tres fuentes que conocen a la Corte, justamente la elección de Martínez mostró que Bustos mantenía su poder en la Corte, aunque estuviera por fuera.
Con ese trasfondo, la versión de que Bustos y sus amigos apadrinaron la llegada de Moreno a la Fiscalía (la magistrada Díaz negó en La W y en Blu Radio el miércoles que ella lo hubiera apoyado, pero dijo no conocer la relación entre Moreno y Bustos) deja en el aire la pregunta de si Moreno llegó a la Fiscalía como resultado de una promesa de campaña para ser elegido Fiscal.
Ayer Caracol Radio reveló que el vicepresidente de la Corte Suprema y miembro de la sala Penal, José Luis Barceló, les contó que habían alertado a Martínez sobre las dudas “acerca de las actitudes éticas de Luis Gustavo Moreno” cuando supieron que lo iba a nombrar como director Anticorrupción.
La pregunta es por qué Martínez no escuchó esas alarmas, o por lo menos que hubiera decidido nombrarlo a pesar de ellas.
Según la versión no oficial de la Fiscalía, Moreno era solo uno entre ocho opcionados al cargo. Pero no se sabe quiénes eran los otros siete, qué perfiles tenían ni cómo entraron al proceso de selección. Aun sin tener más datos del caso particular de Moreno, esa información ayudaría a entender si su hoja de vida era la más fuerte.
Otro de los interrogantes es que la hoja de vida de Moreno, más allá de ser la de un penalista, no era la de alguien con perfil en asuntos de corrupción: sus especialidades eran el derecho procesal penal y el manejo de pruebas testimoniales, y su libro más reciente era sobre justicia transicional.
En contraste, por dar tres ejemplos, Martínez nombró a un profesor de derecho financiero con maestría en el área en Frankfurt en la política judicial económico financiera (Andrés Eduardo Jiménez Camargo); a un ex sustanciador de la Corte Constitucional como Director de Estrategia en Asuntos Constitucionales (Javier Hernán Tovar) y a uno de los directivos de más trayectoria y versatilidad de la Fiscalía, Luis González León, en la dirección nacional de seccionales y seguridad ciudadana.
Moreno era cercano a políticos de varios partidos y tendencias por su ejercicio profesional, y como cabeza de la estrategia “Bolsillos de Cristal” iba a coordinar a todos los fiscales encargados de investigar la corrupción, especialmente en las regiones y en gran medida contra políticos.
Esa función le permitía ponerle más o menos carga laboral a los fiscales y así facilitar que avanzaran unos casos o demorar otros (que fue justamente lo que le dijo al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons en el caso que lo tiene detenido).
Pero era vox populi en el mundo político y entre los penalistas la cercanía de Moreno con diferentes políticos y no de bajo perfil, lo cual eventualmente le podía crear un conflicto de interés: al momento en que Martínez lo nombró llevaba el caso del ex Gobernador de Antioquia y presidenciable uribista Luis Alfredo Ramos, uno de los más visibles que tiene la Sala Penal de la Corte Suprema.
También era sabido del recibo que tenía en el uribismo, sectores liberales y Cambio Radical de Bogotá, pues ocho meses antes había aspirado a ser Personero de la ciudad y tenía toda la fuerza hasta que gracias a una acción legal de la representante verde Angélica Lozano, el Concejo cambió la modalidad de selección a una más estricta y Moreno desistió de participar.
Aunque Moreno no llevaba directamente los casos de Bolsillos de Cristal, sí podía influir en ellos, como le dijo a Lyons, poniéndole más o menos carga a los fiscales que los tienen. Por eso, y porque tras la caída de Moreno queda la duda de si solo actuó ilegalmente en el caso de Lyons, todos los casos en los que pudo intervenir quedan abiertos a cuestionamientos ¿Ordenará Néstor Humberto revisar los que se archivaron, por ejemplo?
El mismo martes, cuando la vicefiscal Riveros anunció la captura de Moreno, contó que ya tenían un reemplazo, Alberto Salas. Aunque es un abogado mucho más experto que Moreno en el tema (tiene más de 30 años de experiencia, viene de ser director nacional de Fiscalías de Martínez e hizo carrera como fiscal, magistrado auxiliar de tribunal y jefe de control interno en varias entidades, incluyendo la misma Fiscalía), queda la duda de si Martínez va a mantener la corrupción como su política estrella.
Sobre todo porque con la captura de su director anticorrupción, El Fiscal y su bandera recibieron un golpe muy fuerte. Como dijo Semana.com, Moreno puede ser la virgen que se le apareció a Lyons porque le da al ex gobernador investigado por 20 delitos un argumento para negociar con la Fiscalía o tratar de hacerle quite a la justicia.
Fiscal General de la Nación
En una época en la cual las mentiras consiguen tantos votos, es difícil saber qué decirle a los políticos. ¿Qué puede decir uno frente a acusaciones tan engañosas como que los acuerdos de la Habana obligarían a los colegios a formar niños para ser homosexuales, o que la paz con las FARC tiene como resultado directo que Rodrigo Londoño sea nuestro próximo presidente?
Y sin embargo parece necesario intentar decir algo, o por lo menos hacer algunas preguntas.
De la larga sarta de mentiras con las que se consiguen votos pocas tan exitosas como la vinculación, al nivel más irreflexivo, entre la debacle actual de Venezuela y el futuro de Colombia bajo un gobierno que no sea de derechas. ¿Por qué es tan clara esta representación para los políticos que la usan? ¿Qué debemos pensar cuando se nos asusta con, como lo llamó Peñalosa, “un proyecto político de izquierda tipo Venezuela”? ¿Y por qué la izquierda en Colombia se dice es tipo Venezuela y no tipo Ecuador, tipo Argentina, tipo Bolivia?
De lo que hay que partir es del hecho que varios proyectos políticos de izquierda llegaron al poder en varios países de Suramérica, no solo en Venezuela, durante los mismos años de Chávez. Como en Venezuela, llegaron al poder en las urnas, pero luego de largos períodos de protesta y desestabilización por alzamientos de estudiantes, indígenas, pobladores de barrios informales y otros movimientos sociales. En algunos países, como Bolivia y Ecuador, esta izquierda ha gobernado por más de una década, y en otros ha tenido períodos de gobierno más corto, como en Brasil y Argentina, o como el gobierno de Concertación en Chile.
Y en todos estos países, salvo Venezuela, la constante ha sido el crecimiento económico y la disminución de la pobreza, como consta en los datos del Banco Mundial. Por supuesto, el crecimiento y la disminución de la pobreza no se han limitado a los países con gobiernos socialistas: algo parecido pasó por ejemplo en Perú, y en menor medida en Colombia, de la mano de una subida dramática del precio de las materias primas. Y en toda la región el dinero resultante de la subida en los precios de las materias primas –el dinero que quedó después de la tajada de los políticos– se invirtió por una parte en infraestructura, y por otra en una expansión de los servicios del Estado. Estos servicios incluyeron de forma masiva transferencias monetarias y subsidios para superar la pobreza, al estilo de “Familias en Acción,” mejorando así la vida de millones de personas.
La diferencia más visible de los gobiernos de izquierda con el de Colombia (fuera de la debacle en Venezuela) parece radicar no en el tipo de política macroeconómica sino en el cambio del tipo de persona en el poder. Así, de tener un poder político y una burocracia dominada por hombres blancos de clase alta se pasa a un poder político y una burocracia dominada por hombres de origen popular. El cambio no es en sí mismo más democrático: lo que se ha visto de forma consistente es que estas personas forman pronto una casta gobernante con privilegios similares a los de los gobernantes a los cuales reemplazan, así la ropa y la forma de hablar sean distintas; y así dediquen parte de su discurso a despotricar contra los ex-gobernantes “oligarcas”.
La segunda particularidad compartida por los gobiernos de izquierda en la región ha sido su tendencia a usar el poder policivo del Estado para mantenerse en el Estado, y hacerlo en especial para erradicar la oposición. Algunos, no todos, lo han hecho silenciando a la prensa, pero también, aunque de forma menos visible de lo que sucede ahora en Venezuela, deteniendo y amedrentando opositores.
Hay que aclarar que el uso del poder policivo contra los enemigos políticos no tiene ideología; el espiar e infiltrar a los opositores parece ser una práctica de todos los gobiernos, perfeccionada hoy por las agencias de inteligencia norteamericana. Y la detención de los opositores políticos es una tentación del poder que parecen padecer todos los gobernantes. Pero en lo que se refiere a la prensa, en Colombia por lo menos la influencia del Estado parece limitarse a su co-optación a través de la pauta publicitaria. Algunos gobiernos de izquierda de América Latina, en cambio, solo han tolerado la prensa oficial, considerando la información, como dice alguna ley de Correa, un bien público que debe ser controlado por el Estado.
La invocación uribista del fantasma del castro-chavismo promete sin embargo peores horrores que estos. Promete que se eliminará o restringirá la propiedad privada a través de expropiaciones, como ciertamente lo ha hecho el gobierno chavista a lo largo de su larga permanencia en el poder. Promete también y por sobre todas las cosas que la izquierda en Colombia traerá una debacle económica de proporciones extraordinarias, de manera que tendríamos todos los que no estemos en la burocracia que dedicar largas horas a hacer filas para obtener las necesidades básicas más cotidianas, como el papel higiénico, sin hablar de los medicamentos y el acceso en general a los servicios de salud. Y prometen que habrá una muy dura represión al que proteste.
Sin embargo mirando un poco el barrio y no solo a los vecinos de al lado, el gran desastre parece ser propio de Venezuela y no de los otros países manejados por el socialismo del siglo XXI, como Bolivia o Ecuador, por dar los dos ejemplos más sobresalientes. La excepcionalidad de Venezuela no parece radicar en la ideología, sino en otros elementos particulares de su historia reciente, y en especial en el poder político del ejército venezolano en el proyecto chavista y en la participación entusiasta de muchos coroneles en el negocio de la cocaína. Otra particularidad del chavismo parece ser la falta de políticos de izquierda con capacidades técnicas para el manejo económico, situación que ciertamente no ha sido la de Ecuador, por dar un solo ejemplo, y no es evidente que carecer de técnicos sea propio de la izquierda colombiana.
Supongo que el voto de gente como yo no vale mucho, y el voto que buscan los políticos es el del que se entusiasma con el meme y no le pide lógica o aclaraciones a la política. Pero si hubiera tan solo un precandidato uribista que se quisiera hacer pasar por intelectual por un día, me encantaría escuchar la explicación de por qué la izquierda en el gobierno en Colombia sería como en Venezuela, y no como en los demás países donde ha gobernado ese tipo de proyectos.
La Silla le aplicó su detector de WhatsApp a una cadena que quiere demostrar que varios conocidos funcionarios que han sido condenados por escándalos de corrupción salieron de universidades privadas, y que no se debe estigmatizar a la Universidad Nacional porque algunos de los capturados en la investigación por el atentado al Centro Andino salieron o estuvieron vinculados con esa institución.
La información es en su gran mayoría verdadera, pero con salvedades. Las universidades mencionadas son muy diversas y varias personas estudiaron tanto en públicas como privadas. Eso indica que ni las capturas por el Andino ni la información de la cadena muestran un patrón entre delitos y universidades.
Recuerde que si quiere saber si lo que le mandan sus amigos sobre la política es cierto, nos puede enviar la cadena al 318-3124521 y nosotros se lo devolvemos en un par de días, si es posible, chequeado para que usted se lo reenvíe a sus amigos.
"RESPETO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA:
ACLARACIÓN
Señores revista Semana, cordial saludo.
Dado que en sus más recientes informaciones sobre sospechosos de actos de terrorismo han destacado que una de ellas es “abogada de la Universidad Nacional”, sumándose así a la tendencia establecida por el diario El Tiempo, pese a las protestas del señor Rector Ignacio Mantilla, me permito solicitarles que difundan las profesiones y Universidades de las cuales egresaron los siguientes personajes condenados por la justicia colombiana."
Explicación: Es verdad que las noticias sobre las capturas por el atentado al Centro Andino han registrado que una de las capturadas es Natalia Trujillo quien es abogada de la Universidad Nacional, y que el rector de esa institución le pidió al Director de El Tiempo que rectificara la vinculación que hizo de la universidad con el atentado terrorista.
“Son tan sólo 7 nombres que he tomado al azar, pero son muchos más. Los condenados, las universidades de las que egresaron, las condenas y las causas de ellas son:
Sabas Pretelt de la Vega, egresado de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, condenado por la justicia colombiana a 6 años 8 meses de prisión por ofrecer prebendas a cambio del voto que consagró la reelección presidencial en Colombia”.
Explicación: Sabas Pretelt es humanista de la Universidad de Los Andes pero también estudió Economía en la Universidad del Valle, donde además hizo una maestría en Administración de Empresas y Administración Industrial y fue docente. Los datos de su condena son ciertos.
"Diego Palacio Betancourt, médico egresado del COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, condenado por la justicia colombiana a 6 años 8 meses de prisión por ofrecer prebendas a cambio del voto que consagró la reelección presidencial en Colombia”.
Explicación: Palacios estudió medicina e hizo una especialización en Gerencia de Mercadeo en la Universidad del Rosario, también tiene especializaciones en Administración y Gerencia de Recursos Humanos de los Andes y en Derecho Económico del Externado, e hizo una maestría en Economía de la Javeriana, todas universidades privadas. Los datos sobre su condena son ciertos
“Andrés Felipe Arias, economista de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, condenado por la justicia colombiana a 17 años de cárcel por entregar dineros públicos a grandes empresarios e incluso a narcotraficantes”.
Explicación: Es cierto que Arias hizo su pregrado y maestría en economía en Los Andes, pero es doctor de la Universidad de California Los Angeles -Ucla- que es pública. Los datos de su condena son inexactos: su condena se debió a que usó un régimen de contratación incorrecto por entregarle a un organismo internacional la administración del programa de riego, y a que ayudó a grandes empresarios a quedarse irregularmente con más plata de los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro de la que habrían tenido derecho.
“Jorge Noguera, abogado de la Universidad Javeriana, condenado por la justicia colombiana a 25 años de cárcel por varios delitos entre otros por el asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis”.
Explicación: Noguera estudió derecho en la Javeriana e hizo una especialización en derecho público en el Externado. Los datos de su condena son correctos.
“María del Pilar Hurtado, abogada de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, condenada por la justicia colombiana a 14 años de prisión por haber utilizado el DAS para espiar a magistrados de las altas cortes, periodistas y opositores políticos”.
Explicación: Hurtado estudió derecho e hizo una especialización en Negociación y Relaciones Internacionales en Los Andes, que es privada, y fue condenada por lo que dice la cadena.
“Bernardo Moreno, administrador de empresas de la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, condenado por la justicia colombiana a 8 años de cárcel por haber participado en los delitos relacionados con la reforma que permitió la reelección presidencial como con el espionaje a magistrados, periodistas y opositores políticos”.
Explicación: Moreno sí estudió Administración de Empresas en La Salle, que es privada, pero hizo una especialización en Planeación Económica en el International Training Centre (ITC) en Holanda, que es público. Los datos de su condena son ciertos respecto a la duración pero no a los cargos, pues sólo se le condenó por el caso de las interceptaciones ilegales y no por temas relacionados con la reelección presidencial.
“Samuel Moreno Rojas, abogado y economista de la UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, condenado por la justicia colombiana a 24 años y 8 meses de prisión por cobrar comisiones para adjudicar la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá; también ha sido acusado de recibir otras coimas en otros contratos del Distrito Capital”.
Explicación: Samuel Moreno estudió derecho y economía en el Rosario, hizo varias especializaciones en la Javeriana, el Rosario y los Andes, Y una maestría en administración pública en Harvard, todas ellas privadas. Es verdad que fue condenado por el tiempo y delitos que señala la cadena.
“Son solo siete ejemplos de corrupción y delitos cometidos por egresados de prestigiosas y costosas universidades privadas”.
Explicación: Es cierto que hay más ejemplos, como el de los integrantes del grupo Nule, Miguel, Manuel y Guido Nule, los dos primeros estudiaron ingeniería civil en La Universidad de Los Andes y el último estudió administración de empresas en la Universidad Javeriana. Los tres fueron condenados a 14 años y 11 meses y, posteriormente, a ocho años y seis meses más de prisión, por dar dádivas para obtener contratos con el Distrito y apropiarse de anticipos recibidos por los mismos conocido como el carrusel de la contratación.
Cuando se conoce de la ocurrencia de un delito sucede una cosa curiosa: todo el mundo sabe o creer saber lo que pasó, pero todos piden con vehemencia que se investigue a fondo.
Se repitió con el escándalo de la detención del fiscal jefe anticorrupción de la Fiscalía: que el señor era un bandido nadie parece tener dudas, lo cogieron literalmente con las manos en la masa pidiéndole plata a otro señor del que nadie parece tener dudas que es un bandido y que durante su paso por la gobernación de Córdoba cometió todo tipo de tropelías, que al primero lo nombraron en la Fiscalía por recomendaciones políticas y de clientelismo judicial y que ambos han estado asociados en sus ilícitos con sectores políticos de los que se saben sus nombres.
¿Qué es lo que no se sabe del caso? Se conocen todos sus elementos esenciales. lo demás es chismografía, lo digo, porque no cambian las consecuencias relevantes del caso. Cambian las circunstancias particulares de los implicados, pero no lo sustancial sobre el funcionamiento del sistema político que ya también se sabía, aunque esta vez con pruebas un poco más miedosas.
En La Silla le hicieron un cuestionario al Fiscal sobre las razones de la designación de Moreno en el cargo y sobre el proceso de selección que se siguió para escogerlo. La Fiscalía había dado una versión incompleta porque insinuó que efectivamente había habido una especie de competencia que ganó Moreno, pero no precisó las reglas de ella.
Claro que a Moreno lo refirieron uno o varios conocidos del Fiscal. Conocidos por razones políticas o miembros o ex miembros del poder judicial y particularmente de la Corte donde lo eligieron. El fiscal Martínez incurrió en un típico caso de esos que él en sus clases de derecho llamaría culpa in eligendo, que no es otra cosa que falta de diligencia en la elección de una persona por la que debería responder, pero no hay manera de que lo haga, salvo el costo que en materia de confianza tiene eso para él y para la Fiscalía.
Un poco de diligencia, esto es, una “googliada” de diez minutos hubiese sido suficiente para saber que Moreno estaba impedido para ocupar ese cargo. Impedido moralmente digo porque hasta el momento de su nombramiento era o había sido abogado de varias decenas de políticos acusados de corrupción y varios de ellos condenados en el marco de casos de gran impacto como el carrusel de la contratación de Bogotá, casos de robos en Arauca, Buenaventura y asociaciones de políticos con paramilitares.
Yo no sé nada de investigación criminal pero siempre me he preguntado si en un caso como éste, cuando ya el delincuente está cogido, no es mejor no capturarlo y revelar el asunto tan rápido sino esperar a que incurra en otros delitos y sorprender a otros responsables. Parece obvio que una persona que actúa como se sabe que actúo Moreno no es la primera vez que lo ha hecho y no será la última, pero la justicia en Colombia se queda siempre en uno de los delitos y parece abandonar los demás. Los medios también.
En la opinión pareciera quedar la sensación de que con la condena que surja, cualquiera que ella sea, ya se pagaron todos los delitos. Hay pocos casos en los que a una persona acusada de corrupción se le sigue escarbando y encontrando ilícitos. Es más, parece ser una práctica que los más avezados, varios de ellos asesorados por Moreno, aceptan muy rápido sus cargos y se someten a una condena para evitar que las autoridades sigan preguntando por sus bienes o los de sus familiares y efectivamente la Fiscalía deja de hacerlo.
En mi opinión Martínez actuó de buena fe, pero se equivocó en materia grave con el nombramiento de Moreno. Podría resarcirnos siendo implacable en este asunto, pero no solo promoviendo una condena por el cohecho en el que incurrió con Lyons sino, por ejemplo, descubriendo si las denuncias de falsos testigos con las que se pavoneaba Moreno eran ciertas o no.
Si los dos abogados de Luis Alfredo Ramos, para citar un ejemplo, que tenían el asunto a punto de una decisión favorable en la Corte Suprema de Justicia, porque habían logrado probar que los testimonios en contra del implicado eran falsos, son sorprendidos en la tramoya en la que fueron sorprendidos, ¿será muy malévolo pensar que las retractaciones pudieron haber sido obtenidas por medios también ilícitos? ¿Son falsos “falsos testigos”?
Martínez podría también dar alguna explicación por la extraña captura de dos alcaldes de Montería, contradictores políticos de Lyons, liberados prontamente por un juez, ¿estuvo mediada por algún interés político o fue la consecuencia de las conductas sórdidas de Moreno?
Hay multitud de asuntos como los que planteo que quedaron en duda luego de la aprehensión de Moreno y no debería ser suficiente para limpiar la embarrada que lo extraditen o que le impongan una condena en Colombia por ese hecho.
Lo que está en entredicho no es si Moreno es delincuente o no, si Lyons está implicado o no, la pregunta es si la Fiscalía va a lograr develar tantas otras cosas de las que parece no nos hemos enterado en la que participó Moreno como abogado como Fiscal.
Fiscal General de la Nación
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