Actualmente, se prepara una nueva marcha indígena en el país para exigirle al Gobierno cumplir con los compromisos que ha hecho en el pasado y que aún no ha cumplido en su totalidad. Será una nueva muestra del poder de la organización social indígena. Aunque no igual de cohesionado, el poder de la organización social afro se hizo sentir hace unos meses con los paros de Buenaventura.  

Gracias al poder de su organización social, los pueblos étnicos han logrado las conquistas como la inclusión de sus derechos en la Constitución del 91, la Ley 70 de 1993 o Ley negra o la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de paz.

Para continuar su Mapa del Poder Étnico, La Silla escogió a las organizaciones y líderes afro e indígenas de más incidencia a nivel nacional, tanto que tienen cupo fijo en los espacios nacionales de negociación con el gobierno.

En el caso de los líderes decidimos resaltar a los que están vivos y ayudaron a cimentar las bases de los movimientos afros e indígenas actuales, tienen poder de incidir y una bandera de lucha clara por la que son reconocidos. 

Lo anterior sin desconocer que hay muchas más personas claves en estos procesos, tanto de las comunidades como los ´solidarios´ (personas ajenas a la comunidad que se comprometieron activamente en las luchas indígenas) como por ejemplo el antropólogo Víctor Daniel Bonilla en el Cauca. O en el caso de los afros los académicos Jaime Arocha o Nina S. de Friedemann.

Tras hablar con cinco académicos que han trabajado con las comunidades, siete integrantes de organizaciones sociales, un integrante de una ONG y una abogada que ha trabajado con indígenas, este es nuestro listado de los Súper Poderosos de la organización social afro e indígena.

 

Este especial se hace posible con el apoyo del pueblo americano a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad exclusiva de sus autores y no refleja necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

El tabú del aborto se alimenta de la falta de información. Por ejemplo, solo la mitad de las mujeres reconoce haber recibido información sobre el tema en el colegio o en un centro de salud, esto según la reciente encuesta de percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Y, justamente por esa razón, es que esa encuesta resulta importante para entender no sólo la percepción del aborto sino también para la toma de decisiones de política pública al respecto.

Para hablar del tema invitamos a dos expertas de La Red de la Mujeres. Ellas son Alejandra Coll, abogada, experta en temas de género e investigadora de la Ruta pacífica de las mujeres y Juliana Martínez Londoño, coordinadora de La mesa por la vida y la salud de las mujeres, organización que hizo la encuesta.

Para ver las lecturas recomendadas por las invitadas, puede visitar estos links:

- "Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia", documento de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

- “Un amor líquido, autorretrato de una madre” de Carolina Vegas Molina

- #JuntasAbortamos, en Twitter

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

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Si se llega a comprobar a partir del informe de la Defensoría del Pueblo que la Policía Antinarcóticos mató a los seis campesinos e hirió a otras 20 personas mientras el Ejército y la Policía estaban en labores de erradicación forzada, con el comunicado, la versión inicialmente y dada de manera oficial por la Fuerza Pública sería falsa. Pero, según la reportería realizada por La Silla Vacía, los campesinos tampoco le dijeron toda la verdad a la Defensoría.

Según el informe, después de haber hecho un recorrido en la vereda donde ocurrieron los hechos y entrevistar a comunidades, víctimas y Fuerza Pública, la Defensoría concluyó dos cosas: primero, “en la visita realizada a la zona, la comisión de la Defensoría, no observó a simple vista ninguna evidencia de los efectos que genera la onda expansiva resultado de la activación de cilindros bomba, tales como cráteres, afectaciones por esquirlas, entre otros”.

Eso apunta a que la primera versión entregada por el Ejército y la Policía justo después del ataque es falsa.

Según esa versión, “las indagaciones preliminares señalan que al parecer alias ‘Guacho’ y su grupo lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”, decía el comunicado.  

A la suspicacia se suma que ayer, hacia las dos de la tarde y mientras una comisión integrada por miembros de la ONU, la OEA, periodistas, funcionarios de la Gobernación y la Diócesis de Tumaco que estaba en una misión de verificación en el lugar de la masacre, unos policías hicieron tiros al aire y lanzaron balas aturdidoras contra la comisión. Además les gritaron “ábranse de aquí, aquí no pueden estar”, como contó Semana, a pesar de que tenían permiso.

El hecho fue criticado por el vicepresidente Óscar Naranjo, que está despachando desde Tumaco esta semana y que dijo que los uniformados actuaron ‘irregularmente’.  La Policía, además, lamentó el hecho y pidió excusas públicas.

Segundo, la Defensoría dice que los campesinos manifestantes insisten en que ellos acudieron a la movilización de manera voluntaria ante el “inconformismo por la falta de cumplimiento del programa de sustitución de cultivos”.

Esa información contradice testimonios de personas que conocen la situación en esa zona consultadas por La Silla Pacífico el jueves y que fue ratificada ayer por una alta fuente del sector humanitario que conoce de primera mano la situación en Tumaco y por el comunicado que publicó el jueves el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera del que hace parte la vereda donde ocurrieron los hechos y que ya habían advertido antes la situación que se estaba viviendo en la zona. 

Estos testimonios indican que las disidencias de alias ‘Guacho’, alias ‘David’ y el narcotraficante conocido como Cachi que hacen presencia en esa zona estaban presionando a las comunidades para que enfrentaran a los erradicadores. Tanto así que hace dos semanas en la vereda Puerto Rico, los grupos armados les exigieron a los campesinos del sector que participaran en las movilizaciones o de lo contrario, matarían al menos dos personas por familia.

La pregunta clave que sigue sin resolverse es entonces qué fue lo que detonó el ataque y definir si en efecto, fue la Policía Antinarcóticos la que disparó.

Aunque después del comunicado de la Defensoría, la hipótesis más fuerte apunta a la Policía, para confirmarlo hace falta un informe de balística que ayude a descifrar si las armas que dispararon son privativas de la Fuerza Pública.  

Lo único que se sabe por ahora, tras el informe de Medicina Legal, es que los tiros fueron hechos a larga distancia, pero no se ha dicho cuál fue esa distancia, lo que ayudaría a responder si el ataque fue reactivo o no.

El problema es que mientras más pasan los días, la escena que podría ayudar a resolver esas preguntas puede contaminarse más.

Ayer varias organizaciones de izquierda como la Coccam Nariño y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaías Cifuentes” dijeron entre otras, que el viernes 6 de octubre, policías “alteraron pruebas al cortar y raspar palos que tenían impactos de proyectil” y que “hasta pasado el mediodía del día 7 de octubre, no se había hecho el acordonamiento y aislamiento del lugar de los hechos”.

Con eso, ahora hay un segundo hecho a verificar.

La semana pasada, en su durísimo cruce de señalamientos, la senadora verde Claudia Lópezle dijo al Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, que “cuando uno no cede a las presiones para apoyar al señor Germán Vargas (...) salen las órdenes de captura. Pero si somos aliados del señor Vargas, como la señora Dilian Francisca Toro o el Gobernador del Cauca o los señores Gnecco en el Cesar, ahí se dilatan las investigaciones”.

Lo que dijo la Senadora es un rumor que La Silla Vacía también ha oído en las regiones, al punto que incluso algunos creen que políticos se están sumando a Vargas por miedo a la Fiscalía. Dos políticos rivales de Vargas nos dijeron, incluso, haberlo oído de primera mano de dos investigados que supuestamente tomaron la decisión de unirse al líder de Cambio Radical para congelar sus líos con la justicia.  La Silla Vacía lleva semanas tratando de confirmarlo directamente con los supuestos protagonistas y no ha podido.

En todo caso, La Silla Vacía revisó todos los casos del programa anticorrupción Bolsillos de Cristal iniciado por Martínez y que pueden ver acá. Con base en esta investigación, encontramos que la afirmación de Claudia no tiene un sustento evidente, lo que no quiere decir que no lo pueda tener en el futuro.

Revisamos uno a uno las más de 1200 personas involucradas para identificar las que representaran un interés político significativo para grupos o jefes políticos de relevancia regional o nacional. Los agrupamos por grupo o líder político y evaluamos la relación de ese grupo o jefe con la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras.

No incluimos a antiguos poderosos que tienen casos sonados pero que hoy no tienen peso político, como el ex alcalde de Bogotá Samuel Moreno, el ex gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, o el ex alcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez.

Entre los 42 grupos golpeados por la Fiscalía, 9 son aliados de Vargas Lleras, 10 están claramente en contra y 23 podrían terminar en su campaña o en una rival.

Lo que más debilita el argumento de Claudia es que la Fiscalía sí se ha metido con aliados de Vargas, comenzando por un senador de Cambio Radical y una ex gobernadora que le puso miles de votos en el Quindío y que aspira al Senado con su apoyo.

Sin embargo, la Fiscalía también ha golpeado a rivales de Vargas, como Gina Parody, Óscar Iván Zuluaga y gente cercana a Gustavo Petro. También a varios congresistas que están activamente en una campaña que competirá contra la del jefe natural de Cambio Radical.

Pero como el grueso de los políticos que están en el ojo de la Fiscalía no han definido si van a apoyar a Vargas o no, sus decisiones políticas con miras al 2018 y el ritmo al que avancen sus procesos en la Fiscalía pueden terminar fortaleciendo la acusación de López (si se congelan los procesos, por ejemplo) o debilitándola totalmente.

La Silla Vacía irá actualizando esta información periódicamente.

Por: Diego Amador

Yo no sé cómo hacen los que tienen twitter. Hace varios años que me salí, cansado de vivir pendiente de treinta y ocho discusiones al mismo tiempo, la indignación del día, quién peleó con quién y quiénes hicieron las paces. Era desgastante. Y eso que anduve en twitter antes de las elecciones de 2014, del plebiscito y la ideología de género. Antes incluso de Uber. No habíamos hablado todavía del metro elevado de Peñalosa, los coscorrones de Vargas Lleras ni el referendo de Viviane Morales. Pura paz.

No me sirvió de nada. Por más de que le hui a ese ring de boxeo virtual, el ambiente caldeado en que vivimos es imposible de ignorar. Y claramente no soy la primera persona en hastiarse de la polarización en la que nos movemos. Aquí, en Estados Unidos, Europa o el resto de América Latina es lo mismo. Todos nos preguntamos cómo llegamos al estado en el que andamos. ¿Qué explica que el mundo sea, o nos parezca, mucho más polarizado ahora que hace 10 o 15 años?

Últimamente se habla mucho del rol que juega el sesgo de confirmación en todo esto. Para los que jamás hayan oído del término, sesgo de confirmación no es mucho más que decir que uno ve lo que quiere ver. Menos coloquialmente, se dice que hay sesgo de confirmación si una persona interpreta o recuerda la información y evidencia a la que se enfrenta de tal forma que refuerce y confirme sus creencias iniciales. Es algo que vemos por todos lados, no sólo en política. Desde que tengo uso de razón, por ejemplo, mi mamá me ha dicho que no me enfríe porque me da gripa. Yo, con un tonito contestón que no se me quita desde que me cambió la voz, siempre le he dicho el frio no da gripa. Que ponerme una chaqueta más cuando salgo para la casa a las 7 de la noche no hace diferencia en la probabilidad de que yo me contagie. Pero me da gripa frecuentemente y para mi mamá es prueba de su teoría, pues yo nunca me abrigo tanto como ella quisiera.

La existencia del sesgo de confirmación es tremendamente decepcionante para el debate política. Implica, por ejemplo, que discutir con base en hechos y evidencia con personas con posturas opuestas a las nuestras puede llevarnos a exacerbar las diferencias y “enrancharnos” a cada uno en nuestra posición en lugar de encontrar puntos de consenso.

Sumado al sesgo de confirmación, se ha criticado bastante la forma en que nos enfrentamos a una muestra seleccionada de información en redes sociales. Facebook, Google, Youtube y demás plataformas digitales cuentan con algoritmos sofisticados que eligen qué información mostrarnos. El ejemplo de Facebook es el más claro: como el negocio depende de que estemos felices consumiendo contenido a través de ellos, Facebook se encarga de mostrarnos cosas que cree que nos van a gustar. Una apuesta bastante segura es mostrarnos cosas que se parezcan a cosas que hemos visto y nos han gustado en el pasado. Si usted lee y le da “me gusta” a artículos y posts que hablan sobre los problemas éticos del consumo de proteína animal y la crianza masiva de animales para consumo humano, Facebook muy felizmente va a mostrarle todo lo que comparten sus demás amigos vegetarianos.

¿Cómo se relacionan el sesgo de confirmación y la información seleccionada con la polarización? El argumento normalmente va así. En un mundo polarizado como el de hoy, nos enfrentamos, por cuenta de la selección de información de las redes sociales, a información que generalmente tiende a estar de acuerdo con nuestras creencias y posturas iniciales. Nos exponemos así a pocos puntos de vista distintos a los nuestros. Pero, aún enfrentados a la misma información, el sesgo de confirmación hace que la usemos e interpretemos de tal forma que se ajuste y refuerce esas posturas. Dos personas con posturas diferentes, entonces, terminan cada vez más alejadas en sus posiciones, más convencidas de que el resto del mundo piensa como ellas y más afianzadas en la “veracidad” de lo que piensan.

Creo, sin embargo, que hay otro elemento que juega un papel importante en todo esto y ayuda a explicar la forma en que los políticos usan la polarización a su favor. Para simplificar, llamémoslo tribalismo, aunque va más allá de eso. Cuando las personas decidimos tomar partido, nos metemos en un bando y de ahí no nos saca nadie. Una vez nos ponemos la camiseta de un equipo, la defendemos a muerte. No valen argumentos en contra. Igual que cuando un amigo o familiar se pelea con alguien y uno lo defiende así no tenga la razón, una vez hemos decidido que somos de los del sí o los del no, que defendemos la reserva van der Hammen o que pensamos que ahí solo hay potreros, es difícil devolverse. Somos tercos y orgullosos. Nadie quiere aceptar que está equivocado -perdón, que el otro tiene un punto válido- especialmente después de haberse definido a sí mismo como parte de los de un lado del argumento.

Los políticos, aun cuando muchas veces parezcan decir solo idioteces, son hábiles en el arte de la comunicación. Si les conviene, entonces, van a tratar de crear bandos y obligar a (algunas) personas a escoger de qué lado están. Trump es el más hábil para hacer esto. Muchos se preguntaban hace unas semanas por qué él había decidido volver la discusión sobre la protesta de algunos jugadores de la NFL durante el himno al principio de los partidos en un asunto de debate nacional. El mundo se le vino encima y muchos atletas y personalidades del deporte terminaron tomando partido en contra suya. Pero, al mismo tiempo, miles de espectadores- en general conservadores, patrioteros y simpatizantes de sus posturas- pasaron de ignorar las protestas a indignarse ante ellas, tomando partido por Trump. Una de las cosas más horribles que ha dicho el actual presidente de EEUU (es difícil elegir) fue cuando aseguró que podría matar a alguien en la quinta avenida y la gente igual votaría por él. Dolorosamente es bastante cierto. Para los estadounidenses que ya tomaron partido por Trump en la polarización Trump/ Anti-Trump, no hay argumento que valga. Están comprometidos con la causa, cualquiera que sea, y la defenderán a muerte.

Esta táctica la sufrimos en Colombia durante los 8 años del gobierno de Uribe. Es el famoso teflón. Uribe logró convertir todo el debate político en Colombia durante su gobierno en una elección entre él y las FARC. Algunos de quienes apoyaron al gobierno en ese entonces se desencantaron, pero la base uribista que hoy permanece jamás dejará de ser uribista. No importa qué haga o diga ni cuánto se contradiga a sí mismo, quienes se declaran a sí mismos “seguidores del presidente Uribe” lo apoyarán pase lo que pase. Sería muy difícil para alguien que ha seguido apoyándolo a pesar de los “falsos positivos”, el DAS o la parapolítica, dejar de apoyarlo ahora. Sería aceptar de un momento a otro que estuvo equivocado todo este tiempo. No importa qué tan de derecha o de izquierda seamos, orgullosos somos todos.

Esta táctica de generar bandos no sólo crea teflón. La vemos constantemente, algunas veces de forma efectiva y otras de manera infructuosa. El Plebiscito fue un caso obvio. El NO, ya lo sabemos, hábilmente logró pegarle al plebiscito una cantidad de dicotomías de este tipo (impuestos, matrimonio homosexual, etc.). Pero desde el SÍ también se trató, aunque sin lograrlo muy bien. Muchos trataron (tratamos) de plantear el plebiscito como Guerra o Paz. No funcionó. Una de las defensas más hábiles de los opositores al proceso de Paz fue la famosa “Paz sí, pero no así”. Esa simple idea les dio la posibilidad a muchas personas de oponerse al proceso sin tener que definirse a sí mismo como un “amigo de la guerra”.

¿Qué nos espera entonces en esta delicia de campaña presidencial con más candidatos que convocados a la Selección Colombia? Cosas horrorosas, seguramente, entre ellas muchos candidatos tratando de obligar a los electores a tomar partido en un debate de este estilo. Eso era el referendo fallido de Viviane Morales. Si ese referendo se hubiera dado, quienes habrían votado a favor de restringir las adopciones solo a parejas heterosexuales habrían quedado matriculados en el bando de los de la senadora. Qué forma tan efectiva de crearse una base política. Se nos viene también ahora el referendo anti-corrupción. Y no se les haga raro que vengan más propuestas de referendos. Eso sí,  siempre sobre temas emocionales, de esos que indignan al electorado y despiertan pasiones. No habrá referendo sobre la meta de inflación del Banco de la República.

Y se viene, sobre todo, más de lo mismo con el proceso de paz, siempre plagado de sesgo de confirmación. Cualquier noticia medianamente relacionada va a ser interpretada como una confirmación de que el proceso de paz fue un fracaso o como evidencia de su éxito. Y a quienes se han opuesto al proceso, a quienes les conviene que la elección sea un nuevo plebiscito, seguirán tratando de “abrochar” a los opositores del proceso de su lado apelando a su tribalismo, a la indignación y la furia. Se nos viene mucho más de esa derecha berraca.

No es fácil pensar en qué hacer ante todo esto. El sesgo de confirmación y el tribalismo son instintivos, las redes sociales seguirán mostrándonos lo que nos gusta ver y los políticos seguirán explotando cualquier oportunidad para genera votos. Podemos, eso sí, tratar de bajarle a las revoluciones, no entrar en una discusión a menos que estemos dispuestos a aceptar que el otro tiene puntos válidos, aprender a diferenciar entre ceder y perder. Será difícil, pero podemos estar pendientes de cuando un político trate de despertar nuestra rabia contra un grupo de personas. Les aseguro que en esos casos gana el político y perdemos todos. Tratemos de reconocer siempre la humanidad del otro. Que levante la mano el que esté conmigo.

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Bonus track: Difícil, eso sí, no indignarse ante lo que estamos viendo con la Corte Suprema de Justicia.  Tan normalizada está la corrupción en este país, además, que no conozco a la primera persona sorprendida con todo esto.

En las próximas horas las comisiones primeras del Senado y la Cámara deben votar definitivamente la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que es la ley más importante para implementar el Acuerdo con las Farc. Y para el Gobierno, es clave lograr el quórum un lunes por la tarde, cuando nunca suele sesionar el Congreso.

Por eso, y para evitar que el paro en Avianca sea una excusa de los congresistas de las regiones para no ir (como ocurrió hace dos semanas en la Cámara), desde el viernes el ministro de Interior, Guillermo Rivera, les ofreció un vuelo de la fuerza aérea para que lleguen a Bogotá a tiempo.

Finalmente solo dos de los 54 miembros de las comisiones primeras respondieron (el representante liberal Harry González del Meta y el vargasllerista Carlos Abraham Jiménez del Valle), y el resto le respondió que llegaría por sus propios medios, o sea que ya tenían vuelos confirmados o que estaban en Bogotá.

Así las cosas hoy, al menos por vuelos, no habría excusa para faltar a la sesión. Pero con la oferta el Gobierno dejó ver su afán y quizás los congresistas decidan es hacer su propia avionada, como la semana pasada cuando finalmente algunos no votaron para presionar por puestos.

Mientras Marta Lucía Ramírez recoge firmas desde hace dos semanas para convertirse en la candidata de Álvaro Uribe en el 2018, su aliado el ex presidente Andrés Pastrana intenta revivir su antiguo partido Nueva Fuerza Democrática para garantizar que ella tenga una lista propia al Congreso que la haga competitiva frente al candidato que escoja internamente el Centro Democrático.

Según una persona que trabaja para la campaña de Marta Lucía, han recogido hasta ahora poco más de 230 mil firmas, y necesita casi el doble para poder pasar tranquila el filtro de la Registraduría e inscribirse como candidata independiente.

Ramírez aspira a que cuando ella se inscriba antes del 13 de diciembre, el Centro Democrático ya tenga definido a su candidato, que todo indicaría que lo elegirá el 19 de noviembre, y ahí sí definir las reglas de juego de la alianza del No.

“Si mañana vemos que toca esperar hasta marzo (para escoger al candidato de Uribe) yo diría que no puedo estar”, nos dijo Marta Lucía.  Ella cree “lógico” que tanto pastranistas como uribistas escojan este año a los candidatos de la alianza, y que vía consulta o una encuesta en marzo se escoja al que finalmente llegará a primera vuelta.

Como en esa eventual consulta, no tener una lista de posibles candidatos al Congreso que impulsen su trabajo en las regiones y en el mismo legislativo si llega a ser la aspirante la pondría en desventaja frente al candidato del Centro Democrático, el expresidente Pastrana ha comenzado a moverse para garantizar que no tenga esta debilidad.

A través de su compromisario Camilo Gómez (quien fue fórmula vicepresidencial de Ramírez en 2014), solicitó hace tres semanas al Consejo Nacional Electoral, que le devuelva la personería jurídica de su partido Nueva Fuerza Democrática, que creó a finales de la década de los ochenta y se anexó oficialmente al Partido Conservador en 1998.

Paradójicamente, lo hizo amparado en el Acuerdo de Paz que rechazaron, cuyo punto dos permite “ampliar las garantías democráticas” y facilita la creación de partidos.

Si el CNE le da la razón, Pastrana tendría la personería jurídica de su Partido y arrancaría a buscar candidatos para darle fuerza a la campaña de Ramírez o en un lejano escenario, del ex procurador anulado Alejandro Ordóñez que se le ha ido acercando o del ex ministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde que también le coquetea.

“Al final de eso se trata, de presentar candidatos al Congreso”, nos dijo el también excomisionado de paz Camilo Gómez.

Por la misma razón, dentro del uribismo también los candidatos se mueven para incluir en las listas a candidatos afines a los aspirantes para cumplir su objetivo de tener 30 senadores y alrededor de 40 representantes a la Cámara.

Por ejemplo, los precandidatos Iván Duque y Rafael Nieto tienen de su lado a congresistas ya activos e impulsan campañas de otros, como Miguel Gómez (quien aspira al Senado y es el jefe de campaña de Nieto) o Juan José Uscátegui, hijo del general Uscátegui que aspira al Congreso del lado de Duque.

A eso se suman que congresistas como Alfredo Ramos, Samuel Hoyos y Álvaro Hernán Prada están de lado de Nieto, mientras que Duque tiene aliados en la bancada como José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Everth Bustamante.

La mecánica de la coalición

Aunque dos personas cercanas a Marta Lucía nos dijeron, por aparte, que la estrategia de Uribe es “amarrar al candidato de la coalición al Centro Democrático para condicionarlo a lo que diga su partido”, por ahora tener la desventaja de no contar con congresistas a su favor no la trasnocha.

“Yo tengo un vuelo y carácter propio”, nos dijo en referencia a que no se ve “amarrada” a lo que diga Uribe. “Si (el uribismo) tiene 70 congresistas sería una maravilla, pero lo importante es tener un acuerdo de mínimos de la coalición”, nos dijo la precandidata.

”Tengo vuelo propio. Lo importante es tener acuerdos de mínimos”

Marta Lucía Ramírez

Y aunque los compromisos políticos son tratados por Pastrana y Uribe por aparte y solo han hecho declaraciones en torno a “reactivar el empleo y mantener la institucionalidad” como pilares de la agenda de la alianza, Marta Lucía dice que tiene unos mínimos para poner sobre la mesa de dicha coalición.  

“Hay que ir construyendo poco a poco, no es simplemente una alianza para ganar y punto. Hay que tener capacidad de gobernar y tener una responsabilidad de coalición. Hablar de Estado austero, de economía en el sector privado y cambios en el famoso Acuerdo. Sobre esa hoja de papel es que uno dice ‘cómo hacemos’”, nos dijo.  

Todavía falta mucho, en todo caso, para pronosticar cómo se desarrollará la coalición del No.  

Sobre todo porque todavía podrían surgir otros aspirantes de centro derecha como Juan Carlos Pinzón, quien de ladito coquetea con el uribismo, o el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien pese a que su proceso por parapolítica sigue pendiente de la Corte y fue mencionado en supuestas coimas a magistrados, este miércoles se inscribirá como militante del uribismo.

Un congresista uribista nos dijo que una salida para Marta Lucía sería que se inscribiera como militante de uribismo. Sin embargo, Ramírez no ha considerado esa opción.

Anoche se aprobó en las comisiones primeras de Cámara y Senado con 32 de 54 votos la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).  Esta norma clave para la implementación del proceso de paz con las Farc pasó a su último debate sin los votos de los cinco congresistas de Cambio Radical, que estuvieron reunidos en el salón de al lado pendientes de la votación y fieles a la decisión de su jefe natural Germán Vargas de no votar la iniciativa del Gobierno.

De esta manera, quedó oficializado el portazo del ex Vicepresidente a la política de paz de Juan Manuel Santos, su salida del Gobierno, y la inauguración de su estrategia electoral para arrancarle votos al uribismo en la derecha con la idea de que si bien él no haría “trizas” el Acuerdo de Paz como el candidato de Uribe, sí sería el verdadero ‘tatequieto’ para impedir el avance político de los ex guerrilleros.

La pregunta es si lo que pueda ganar en votos de opinión de la derecha perfilándose como el hombre anti-Farc compensará lo que pueda perder en ‘maquinaria’ si Santos cumple su palabra de quitarles las cuotas burocráticas que tiene en el gobierno.

La estrategia

Contrario a lo que dijo la revista Semana este domingo en el sentido de que “Germán Vargas comienza a deslizarse hacia el uribismo”, según supo La Silla la estrategia del líder de Cambio Radical no es acercarse al uribismo sino, por el contrario, morderle al candidato de Uribe los votos de derecha para ser él el que pase a segunda vuelta.

El cálculo que hace la campaña vargasllerista es que si las Farc sacan más de 200 mil votos en las elecciones legislativas (la Farc ha dicho que va por el millón de votos movilizando abstencionistas), los colombianos se van a asustar tanto ante la posibilidad de que los ex guerrilleros acumulen poder, que buscarán el candidato que los pueda frenar. Y están convencidos de que Vargas tendría más credibilidad como un hombre de mano dura que cualquiera de los candidatos de Uribe.

Por eso, comenzaron desde ya con la propaganda en redes de la mesa de billar en el que Cambio Radical golpea y ‘mete al hueco’ a la bola que representa a las Farc.

Según dijo una fuente del partido a La Silla, el raciocinio que tienen es que si el tema de la campaña es la corrupción tienen poco juego pues con todas las alianzas que ha hecho Vargas con parapolíticos y otros de dudosa reputación -como ha contado La Silla- impiden que él enarbole esa bandera con credibilidad. Si el tema es educación o lo social, pierden pues no son su fuerte.

En cambio, si el tema es el miedo a las Farc, la personalidad de Vargas (con el coscorrón incluido) es rentable pues si algo ha hecho a lo largo de su trayectoria política es oponerse a la guerrilla, incluso arriesgando su vida.  

También le apuestan a que de aquí en adelante lo que habrá son discusiones sobre la implementación de los acuerdos, comenzando por las decisiones que tome la JEP, que de entrada serán polémicas. Incluso una buena parte del electorado que votó por el Sí en el plebiscito no le gustan las penas alternativas para los crímenes atroces de los guerrilleros como lo mostraron las encuestas hace un año.

Por último, en el círculo de Vargas ya era claro que ser identificados como santistas es un lastre.  De hecho, según le contó alguien de adentro, durante la recolección de firmas para Vargas, la pregunta más recurrente de los ciudadanos a los que les piden la rúbrica es: ¿es el candidato de Santos? Si responden que sí, no firman.

Además de todo lo anterior, Vargas Lleras genuinamente tiene varias objeciones a la JEP, comenzando por el riesgo que implica para empresarios que le dieron plata a los paramilitares bajo presión o que los del Secretariado puedan ir al Congreso antes de pagar sus penas (una posición en la que coincide con su rival Claudia López). Con lo cual, el portazo era aún más fácil.

“Si el Centro Democrático no define pronto una carta competitiva que marque diferencias con Vargas, el jefe de Cambio Radical podría llevarse una tajada de la coalición del ‘No’ lo suficientemente grande para pasar a segunda vuelta”, dice en su columna de El Heraldo el estratega político Francisco Miranda. “De hoy a mayo viene la batalla por la derecha”.

La debilidad de esta estrategia es que Vargas fue el segundo del gobierno durante toda la negociación con las Farc y no dijo ni mú públicamente frente a lo negociado y sí tuvo los beneficios burocráticos y mediáticos de estar al lado de Santos.

“Se separa tarde del Gobierno, ya nadie le va a creer”, dice el estratega político Carlos Suárez. “Se va quedar con ese pecado y arriesga a que le quiten las cuotas”.

Las cuotas

"Con lo que hizo hoy Cambio Radical se retira de la coalición”, dijo el ministro del Interior Guillermo Rivera al finalizar la votación antes de la medianoche. “No pueden hacerse a un lado en el proyecto más importante. Y debe tener consecuencias que son del fuero presidencial".

En palabras concretas, Rivera estaba anunciando (o ¿deseando?) que Cambio Radical perdería sus puestos en el gobierno, como lo esperan varios de los congresistas de la coalición con los que habló La Silla Vacía anoche.

La cuota más dura de perder para el vargasllerismo sería el Ministerio de Vivienda, por el presupuesto que maneja y la inauguración de casas que todavía tiene pendientes y que le recuerdan a la gente uno de los logros de Vargas.

Ese cargo lo ocupa Jaime Pumarejo, quien entró al gabinete en agosto, y es de la entraña del charismo, un ala clave dentro de Cambio Radical. Antes de llegar a Bogotá en Barranquilla era llamado el ‘vicealcalde’ de Alex Char, por la cercanía que tenía con el mandatario y el poder que ejercía en la Alcaldía .

Si eventualmente el presidente Santos saca a las cuotas de Cambio por no votar la JEP, además de Pumarejo saldrían otros funcionarios.

Cambio reclama como suyos la Agencia de Seguridad Vial en cabeza de Ricardo Galindo, (como cuota del senador Juan Carlos Restrepo); la red postal 472, dirigida por Adriana Barragán (en donde representantes vargaslleristas tendrían cuotas allí) y Bancoldex, cuyo presidente Mario Suárez fue concejal de Cambio.

Son cargos que si bien no dan votos, sí ofrecen puestos para amigos o aliados de los congresistas de la bancada.

El otro fortín, que es muy apreciado, es el ICBF, que dirige la charista Karen Abudinen.  Sin embargo, según le dijo una fuente del Gobierno a La Silla, es posible que su nombre no entre en esa lista porque “es recomendada de la Primera Dama”.

Tampoco entraría el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo (ex viceministro de Justicia de Vargas Lleras), porque su cargo no es de libre nombramiento y remoción, por lo que si acoge la solicitud de su partido debería presentar la renuncia.

Y está el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, que inicialmente fue nombrado como miembro de Cambio Radical pero, tres congresistas de la colectividad y un alto funcionario del Gobierno nos dijeron, por aparte, que ya no lo es. Según nos dijo uno de ellos, el propio Vargas Lleras pidió “su cabeza” hace pocas semanas ante el Presidente.  Los senadores Antonio Guerra y Carlos Motoa, como contamos, también pidieron en mayo (en medio de los paros en Chocó y Buenaventura) que saliera del Gobierno porque no los representaba.

Aunque el Ministro de Ambiente impulsó la candidatura de Luis Alfonso Escobar, ex gerente del Plan Pazcífico, para la lista al Senado de Cambio como una de las cuotas afro, según contó CMI el viernes, Murillo habría dicho que “no representa a Cambio Radical y que su único jefe es el Presidente”.  Por lo que su puesto en el Gobierno estaría fijo, si es que ya se fue de Cambio.

En conclusión, si no entra el ICBF dentro del ‘castigo’ del Presidente, el golpe burocrático para Cambio Radical a nivel nacional no sería tan alto. Sobre todo, dado que a estas alturas y a pocas semanas de que entre a regir la ley de garantías que prohíbe la contratación estatal durante elecciones la olla está raspada.

A nivel regional sí hay varios congresistas que se verían impactados si Santos los echa de la coalición.

Como hemos contado en nuestro especial de cuotas políticas en regiones Cambio Radical tiene fuerte presencia en el Sena, especialmente en Bolívar con la senadora Daira Galvis; en Santander con el senador Bernabé Celis; y en Magdalena con el representante a la Cámara Fabián Castillo.

Dado que no todos los de Cambio perderían por igual, hay una discusión interna en el partido de Vargas entre quienes creen que el Partido debería pedirle abiertamente a sus funcionarios que renuncien para “que se vea que la pelea no es por puestos, es por principios”, como le dijo un congresista vargasllerista a La Silla y quienes son menos entusiastas con esa idea.

Seguramente dejarán el balón en la cancha de Santos, que enfrentará el dilema de sumar a Vargas en la oposición y asumir la difícil tarea de buscar ministros competentes a nueve meses de dejar el Gobierno cuando su popularidad está en el piso y aún tiene que sacar adelante varios proyectos por fast track, o no cumplir su ultimátum de hace unas semanas y exponerse a un mayor chantaje de los partidos que están alineados con él.

Pero más allá de la decisión que tome Santos, que Vargas se haya decidido finalmente poner en contra del Acuerdo con las Farc es una mala noticia para el futuro del proceso de paz.

El futuro del Acuerdo

Aunque la idea que quieren transmitir en la campaña de Vargas es que a diferencia del uribismo él sí les reconoce a la Farc un estatus político (por eso está en la ‘mesa de juego’ de billar), solo que para derrotarlos en las urnas, al no votar la JEP Cambio Radical boicoteó el pilar clave para su transición de grupo armado a partido político.

En esa medida, su oposición al proceso de paz puede ser incluso más letal para el futuro de la implementación que el rechazo del uribismo pues, a diferencia del Centro Democrático, Vargas tiene influencia en grandes medios como Semana y El Tiempo, en columnistas muy leídos y entre poderosos empresarios y políticos que son claves para la exitosa reincorporación de los guerrilleros.  

Por eso anoche a la vez que se salvó la JEP en su primer debate, fue mucho lo que se perdió para el futuro del Acuerdo

En Algeciras, uno de los tres municipios del Huila donde el Sí ganó hace un año en el plebiscito, el posconflicto ya llegó. Sin el frente Segundo y la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, los comerciantes se libraron de las extorsiones, la Policía y el Ejército pasaron del combate al trabajo social y programas como el desminado han empezado a dar resultados. Para hablar de una ‘paz estable y duradera’ los algecireños ahora esperan que también lleguen las inversiones prometidas.

Las cosas que mejoran

Desde que las Farc se concentraron, en Algeciras ahora es posible ver un jueves cualquiera al comandante de la estación de Policía almorzar en el restaurante que está al frente de la Alcaldía. “Antes eso era un suicidio”, dice el periodista Wilson Perdomo, después de saludar al uniformado.

Era un suicidio según él porque en pleno parque central las Farc mataron a dos policías en 2009. También era un suicidio para él como periodista verse ‘amistoso’ con la Policía.

“Aquí habían ojos de milicianos por todos lados. Esto que estamos haciendo usted y yo de hablar de estas cosas le traía a uno problemas”, nos contó en la pizzería Tropizza, que está al lado del restaurante donde ahora almuerza tranquilo el comandante de la Policía, y donde siempre hay tinto a la venta.

Esa transición también se ve también en los encuentros entre exguerrilleros y campesinos.

La semana pasada, por ejemplo, los miembros de las Farc Daneiro Santamaria, Victor y Kevin Salvatierra, todos miembros de la Teófilo (que por años hizo presencia aquí) se fueron a explicarle a los algecireños en qué va la implementación de los acuerdos. Lo hicieron con reuniones en el Concejo Municipal y en la Casa Campesina. Eventos en los que los exguerrilleros fueron escoltados por la misma Policía que antes les disparaba.

“Yo los vi como improvisados, vinieron a echar su cuento de los puntos del acuerdo pero no vi propuestas más allá de eso. Aun les falta como madurar las ideas y ser organizados”, señala el concejal liberal Nelson Fernando González quien dice que en la reunión del Concejo había unas 80 personas.

En la reunión de la Casa Campesina fueron unas 150 personas, la mayoría presidentes de juntas de acción comunal. La convocatoria fue mayor porque el que organizó el encuentro fue la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras, Astracal de la que hacen parte unas 1.500 familias.

“Ahora vienen es a hacer política y no a echar bala”, complementa sobre estas reuniones el periodista Perdomo, que trabaja en la emisora la Nueva Era, una cuadra abajo de la Alcaldía.

Cuando las Farc ‘echaron bala’ en Algeciras reinó el miedo, la zozobra, el desplazamiento y la sensación de que en esta región el Estado no tenía pies ni cabeza. En 1990 mataron a ocho niños cuando atacaron una camioneta de la Policía. Ahora los niños salen a las 12 del mediodía del Colegio Juan XXIII y caminan a casa por un improvisado sendero que está al lado izquierdo de la carretera.

Por eso para el concejal Cein Lara de la Alianza Verde que las Farc ya no estén replegadas en Algeciras le permitió a comerciantes como él, que tiene el minimercado La Sexta al lado de la galería, librarse de tener que pagarle a la guerrilla las denominadas ‘vacunas’. Aunque no nos dijo cuánto llegó a pagar, dice que entre los comerciantes hablaban de millones.

Entre los campesinos la cuota pedida por las Farc llegó a ser el 1 por ciento de lo que dejara cada cosecha recogida.

“Ya de eso no se volvió a hablar. Es que antes uno veía el desfile de gente en Las Morras y otras zonas llegando a dejar su plata, pero ahora eso no se ve”, dice Lara al lado de uno de los tres refrigeradores que tiene en su negocio.

Como las ganancias ya no se tienen que repartir a la fuerza con la guerrilla, en Algeciras se percibe que el comercio intenta vivir un nuevo auge. El negocio de la construcción se ha retomado, al punto que hay cuatro proyectos de lotes y vivienda nueva que se están moviendo.

“Yo lo que veo es que la gente que había salido desplazada está regresando, y regresa con sus pesos. Además Algeciras está siendo de nuevo una buena plaza de comercio, la gente no tiene que ir hasta a Neiva a toda hora para conseguir lo que necesita. Por eso la plata se queda acá”, añade el concejal González, quien dice que a su familia le tocó salir del pueblo a comienzos del 2000 por amenazas de la guerrilla. “De a poco están volviendo”.

El transporte también se mueve. En el camino desde Neiva ahora se pueden encontrar de subida y bajada hasta cuatro colectivos de transporte de las empresas La Gaitana y Coomotor todas con el cupo lleno. Antes un carro salía cada dos horas, ahora se turnan a la media hora.

Y las personas viajan sin temor de hablar con el de al lado o de señalar quién va con ellos. Saben que el joven barbado que se sube en Campoalegre es el juez municipal, que la instructora con la camiseta roja de de Coldeportes que viaja los jueves va a hacer recreaciones con los niños del programa Generaciones con Bienestar. Esto mientras suena la música de la emisora Cristalina que es la que suena sin interferencias en el trayecto desde Neiva.

Ahora los conductores de los camperos y chivas que bajan desde las veredas se ven con más frecuencia porque no hay temor de que les quemen los carros o que la guerrilla los obligue a transportarlos.

En el 2000 cuando las Farc decretaron un paro armado ningún carro se podía mover hacia el campo. Y el que se atrevía terminaba con el carro incinerado.

Propio o visitante, el que llega desde Neiva a Algeciras ahora es recibido en el parque con puestos de venta de empanadas y pasteles que se pueden acompañar con guarapo de caña. Atrás de estas casetas están los camiones que esperan el llamado para ir a cargar los bultos de habichuela, café y tomate que por estos días se cosechan.

Al frente de la iglesia que la guerrilla semi-destruyó con cilindros bomba en la toma guerrillera del 2000 ahora se parquean los motocarros de tres ruedas a los que sus dueños ya les tienen incorporados hasta radios con memorias usb para entretener con música a sus pasajeros urbanos.  

La que se puede considerar ‘confianza inversionista’ que vive este pueblo sin Farc es tal que el municipio volvió a ser epicentro de encuentros nacionales como la ‘Feria del Café’ que se hizo hace unas semanas y que contó con la presencia del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez; además de las emblemáticas figuras del Profesor Yarumo y Juan Valdez.

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Juan Valdez y el Profesor Yarumo, figuras icónicas de la caficultura colombiana, hicieron parte de la Feria de Algeciras

Del evento también hicieron parte el asesor del posconflicto Rafael Pardo, empresarios internacionales del sector cafetero, y 262 productores del grano. Ese día hubo desfile cívico, los algecireños mostraron su mejor cara y el pueblo se vistió para la ocasión.

Las huellas del evento aún se ven en la entrada del pueblo donde los árboles que están a lado y lado fueron pintados de verde, rojo y amarillos, los colores de la bandera municipal.

"Pienso que esta feria fue un hito en la construcción de la nueva historia del municipio, es una ventana abierta para Colombia y el mundo de un municipio que tiene un giro de 180 grados", señala el alcalde Javier Rivera, que aunque es de Cambio Radical, ha mantenido firme su apoyo al tema de la paz.

En esta nueva historia del municipio Algeciras quiere retomar el nombre de ‘Despensa agrícola de Colombia’. “Es que aquí usted levanta una piedra y encuentra algo que comer. Esta tierra es dulcesita para cultivar”, dice Edgar, quien aparte de trabajar con la Alcaldía tiene una parcela donde sembró café con plata que le pidió prestada a la cooperativa Confie.

En este renacer del pueblo la fuerza pública tiene un rol importante porque como ya no está en modo combate, atrincherada, tiene la posibilidad de llevar la oferta institucional a la zona rural donde antes mandaba la guerrilla.

Los policías que hay salen de civil en chanclas y bermudas a la calle cuando no están de turno. Los que están en servicio visitan los fines de semana veredas como El Paraíso donde aparte de compartir sancochos comunitarios, le piden a la gente que les avisen por celular cuando se presenta alguna pelea o sospechan de alguien extraño.

En el vereda el Paraíso de #Algeciras, disfrutamos de un buen almuerzo con la comunidad. Vamos con pasos firmes y #Seguros . #Huila#MTIpic.twitter.com/MR104jlEzO

— CR. Oscar Pinzón (@HuilaPolicia) 24 de septiembre de 2017

En estos recorridos también promueven campañas de desarme de armas blancas y las cambian por balones, elementos deportivos, y hasta pollitos.

Al trabajo de la Policía se suma el de los soldados del Batallón de Alta Montaña Batam 9 que están ubicados en la entrada del pueblo y que, aparte de ayudar a patrullar, hacer retenes de rutina en la curva que antecede la entrada, aportan en las labores de desminado humanitario que en este caso está a cargo de la ONG Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM).

Borrando las huellas de la guerra

Campaña Colombiana Contra Minas es una organización que apoya las labores de desminado humanitario en territorios que fueron parte del conflicto armado. Financiados con recursos de cooperación internacional aterrizaron en Algeciras hace un año.

Trabajan desde una finca a unos cinco minutos del pueblo a la que se puede llegar en motocarro, aunque esté en una loma con carretera destapada. En este espacio, en el que se pueden ver los tejados del pueblo, montaron la base de operaciones que tiene dormitorios para albergar a unas 70 personas, un salón de estudios con forma de galpón, tres campos de práctica, y dos espacios techados donde guardan las tres camionetas todo terreno en las que se mueven y una ambulancia que hasta el momento no han tenido que usar.

En este centro de operaciones manda Francisco Profeta Cardozo, un exmilitar de Mozambique (África) que tras vivir en carne propia el conflicto en su país, nos contó que desde hace 19 años trabaja en operaciones de desminado en todo el mundo.

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Profeta en una de las jornadas de entrenamiento a los grupos que se encargan de desminar las que fueron zonas del conflicto.

‘El negrito del desminado’, como le dice amistosamente el periodista Perdomo cuando lo ve pasar en la camioneta, comenta que en Algeciras la meta es que en febrero del año entrante estén libres de sospechas de minas unas 22 veredas. Para eso están trabajando con la ayuda de víctimas de minas y exguerrilleros de las Farc.

Holman Fabián Ordóñez, que perdió su pierna derecha al pisar una mina en Guayabal, Caquetá en el 2010, hace parte de uno de los dos equipos de despeje que se montaron en Algeciras. Para el jefe Profeta, él es visto como un referente porque a pesar de que la guerra le quitó una de sus extremidades trabaja para que a los demás no les pase lo mismo.

Por cosas de la vida en el desminado de Algeciras, Ordóñez ha tenido la oportunidad de compartir con Heider Tovar Losada, un exguerrillero de las Farc que cuando estaba en armas tenía a su cargo poner minas.

Aunque no sabe si fue el responsable de activar la mina que le explotó a Ordóñez, dice que cuando entró a trabajar en el desminado lo primero que hizo fue pedirle perdón a su nuevo compañero.

“Le pedí disculpas, de todas maneras fue víctima de nosotros. Le dije usted no tenía nada que ver en el conflicto. Hemos hablado mucho sobre eso, y ahora somos muy buenos compañeros de trabajo”, dice Losada.

“Ahora estoy capacitando a los muchachos de despeje enseñándoles cómo son los sistemas, qué deben hacer para no caer en esas minas, dando una educación en el riesgo de minas a la comunidad. Todo lo que aprendí para hacer el mal ahora lo estoy haciendo para el bien”, añade el exguerrillero.

Ese reencuentro entre víctima y victimario quedó documentado en un video. 

Desde que Profeta, Ordóñez, Losada y compañía empezaron el trabajo de campo en marzo de este año, Campaña Colombiana Contra Minas ha logrado declarar seis veredas de las 62 que tiene Algeciras como libres de presencia de minas o artefactos explosivos. Eso lo logran en dos fases, según Héctor Hernández, un santandereano que hace parte del equipo de operaciones de CCCM.

Primero hacen un estudio no técnico, que es un diagnóstico hecho con base en el relato de los campesinos, del monitoreo de las autoridades, y apoyado en el inventario de los hechos del conflicto. Si ese estudio arroja sospechas delimitan la zona, montan los equipos y trasladan el personal que han formado para detectar los campos minados.

De esta manera ya encontraron dos explosivos en la vereda El Quebradón Sur.

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asta la fecha en Algeciras se han despejado seis veredas. En la limpieza han encontrado dos artefactos explosivos.

“El 24 de agosto de 2017 inició el despeje de la vereda El Quebradón, allá ya hemos ubicado dos artefactos explosivos y con ayuda del Ejército del Batam 9 estos elementos ya fueron detonados de manera controlada”, dice Hernández al señalar con su mano derech el calendario que tiene pegado en la pared de la oficina donde se marca cuándo van a intervenir determinada zona.

Cuando el santandereano hace la exposición, Profeta toma una foto con su celular para dejarla en el registro de visitantes e informarle a sus superiores de quién los visitó.

Durante el conflicto las minas antipersonales fueron usadas por las Farc para atacar al Ejército, pero en cerca del 40 por ciento de los 11.460 casos reportados por el Gobierno, los afectados fueron los civiles como ocurrió en El Quebradón Sur el 27 de septiembre del 2016,  justamente el día que se firmaba el acuerdo de paz en Cartagena.

Ese día Felipe González de 6 años perdió la vida al pisar un campo minado a metros de donde jugaba fútbol. Otro niño  identificado como Andrés Felipe Pulido resultó herido.  

Para que no se repita la historia de Felipe, en la vereda Quebradón los de CCCM ya han despejado unos 2 mil metros, y están a la espera de analizar otros 800 metros. En esta vereda esperan terminar de limpiar a mitad de noviembre, cuando lo logren van a invitar al Alcalde y a la comunidad para decirles que esa zona ya está descontaminada.

De esta manera, mientras se borran las huellas del conflicto en el campo, y en el pueblo los comerciantes buscan recuperar lo que la guerrilla les quitó por décadas, los algecireños intentan vivir sin miedo. No de otra forma se explicaría que por fin en Algeciras se pueda hablar de la guerra y la paz sin temor a represalias.

En esta época preelectoral en la que los candidatos a la presidencia buscan apoyos, la cercanía entre el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y Sergio Fajardo podría ser un punto a favor del candidato, pero en la práctica son pocos los votos que le puede poner Armitage a su amigo.

Armitage, aseguran fuentes cercanas a él (La Silla consultó a once fuentes, entre funcionarios, políticos, asesores, un académico, un representante empresarial y un periodista político), ha reconocido su cercanía con Fajardo.

“Lo admira, se siente identificado con él, sobre todo en el tema de la educación”, dijo una de las fuentes.  

Una persona cercana al Alcalde relató que se conocieron hace once años cuando su hija, Vivian Armitage y Catalina Ortiz, que para esa época hacían parte del Movimiento Cali Puede, lo invitaron a una comida y se lo presentaron a varios empresarios. La cena fue en la casa de Armitage y desde ese momento empezó una amistad entre ambos.

En las elecciones para presidencia de 2010, Armitage apoyó a la dupla Mockus-Fajardo. Y en el primer año de Armitage, este invitó a Fajardo para que diera una charla a su gabinete durante un Consejo de Gobierno sobre la experiencia de Medellín en materia de educación.   

La afinidad de Armitage con Fajardo se evidenció en el nombramiento de algunas personas de su gabinete cercanas al fajardismo. Incluso, La Silla conoció  ahora que la campaña de Fajardo le ha coqueteado a dos funcionarios de la Alcaldía para que la gerencien en el Valle. Uno de ellos es Duvalier Sánchez,  asesor para la movilidad en bicicleta y quien aspiró a la Asamblea en 2015 con la Alianza Verde.

El propio Duvalier reconoció que le ofrecieron ser candidato a la Cámara por el Valle o gerente de la campaña. Lo primero lo descartó y lo segundo sigue analizándolo, pues de la campaña de la también candidata Claudia López lo contactaron para que hiciera parte del staff nacional.

Aún no ha tomado ninguna decisión, pues su proyecto de que Cali tenga  228 kilómetros de carriles para ciclistas ya está aprobado pero apenas inicia su ejecución.

El tener a Duvalier entre sus alfiles le daría a Fajardo más peso de opinión en un sector de jóvenes que pertenecen al movimiento de La Política de la Felicidad.  

Aunque Duvalier perdió en las elecciones a la Asamblea del Valle, alcanzó a tener 10.733 votos.

La otra persona del gabinete que suena para gerente de campaña es Ana Carolina Quijano, subsecretaria de Equidad y Género, quien en la campaña presidencial Mockus-Fajardo,  fue la coordinadora de mujeres. La funcionaria también confirmó este ofrecimiento y aseguró que aún no ha tomado un decisión.

Y la ficha  clave del  fajardismo es Paola Andrea Arenas,  quien apoyó a Armitage en la estrategia de comunicaciones para llegar a la Alcaldía y aunque no hace parte de su grupo de comunicaciones, sigue teniendo influencia en Armitage, como productora del programa ‘El Alcalde contigo’.

Paola, quien ha acompañado a Fajardo desde su campaña a la Vicepresidencia, es integrante de su comité en el Valle. Una fuente de esta campaña le reveló a la Silla que se comprometieron a conseguirle 150.000 firmas en esta región.

Fue ella quien en el primer año de Armitage coordinó la charla que dio Fajardo a todos los secretarios.

El corazón dividido

A pesar del afecto de Armitage con Fajardo, el Alcalde de Cali tiene el corazón partido con miras a las elecciones del 2018. Con el agravante que la mayoría de los 265.230 votos que obtuvo en octubre de 2015 no son de él.

El alcalde no tiene una estructura política con una maquinaria establecida. Igual, sucede con los fajardistas. Los que tienen los votos apoyan sus propios candidatos y esto ha dividido la Alcaldia entre los fajardistas, los liberales y los de Cambio Radical.

“En este momento, el Alcalde tiene demasiados problemas internos para meterse a hacerle campaña a alguien. Y aunque es afín a las ideas de Fajardo es muy poca la ayuda en votos que le puede dar”, explicó un líder empresarial, que fue cercano a la campaña de Armitage.  

La fuente se refiere a las pujas internas dentro del gabinete donde hay varios funcionarios que no sólo tienen intereses propios de lanzarse a la política más adelante sino que ya están apoyando candidatos a las elecciones de Congreso, como contó La Silla Pacífico. 

Por un lado, están los funcionarios cercanos a Juan Fernando Reyes Kuri, ex secretario General y actual candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, quien pese a haber apoyado hace ocho años a Fajardo y haber sido candidato al Congreso por primera vez por los verdes,  en su segunda y tercera campaña lo hace por el partido Liberal.

Reyes Kuri, que ha construido una poderosa maquinaria en la Alcaldía, le explicó a La Silla Pacífico que debe apoyar al candidato de su partido. Y ya ha tenido reuniones en Cali con Humberto De la Calle. En uno de esos encuentros también participó el ex alcalde Rodrigo Guerrero, confirmaron dos fuentes a la Silla.

“El candidato de Guerrero es Humberto de la Calle. Él está en una tónica pro paz”, le confirmó a la Silla un ex funcionario de esta Alcaldía, cercano a Guerrero.

Pero el corazón de Reyes Kuri también está dividido, pues su esposa, Sara Moreno, sigue siendo fajardista de pura sangre y trabaja con la campaña de Fajardo a la presidencia. Ella, que hace parte del movimiento político Juntos - al igual que Reyes Kuri y Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali-,  participa en la recolección de firmas para inscribir su candidatura.

La otra fuerza dentro de la Alcaldía es la del actual representante a la Cámara José Luis Pérez, que aspira al Senado por Cambio Radical. Pérez ha construido una maquinaria política en las últimas tres administraciones y es uno de los políticos con más burocracia en Cali, como él mismo lo ha reconocido. De hecho, hoy, es el padrino político de al menos dos secretarios del gabinete de Armitage: el de Vivienda y el de Participación Ciudadana. Y para las presidenciales, su candidato es Germán Vargas Lleras. 

Además, hay otro sector dentro de la Alcaldía que está con el ex concejal de Cali, Uriel Rojas que también aspira a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal. 

Con esas tres fuerzas moviéndose dentro de la Alcaldía, el fajardismo de Armitage no se verá reflejado en votos. Aún así, como le dijo el empresario a La Silla, sí podría terminar buscándole respaldo económico entre sus amigos cacaos de Cali que, como ya contamos, les gusta poner sus huevos en varias canastas. 

Con la renuncia hoy del charista Jaime Pumarejo al Ministerio de Vivienda, Cambio Radical pierde su cargo más visible en el Gobierno. Y aunque todavía falta ver si salen sus otras fichas, quedarse sin la cabeza de Vivienda se suma al enredo en el que anda el sector transporte, con lo que deja las banderas de la imagen ejecutora de Germán Vargas Lleras y, a cinco meses de las elecciones, lo deja dependiendo más de su posición frente a la paz.

Pumarejo presentó esta mañana su renuncia protocolaria y el presidente Juan Manuel Santos se la aceptó, cosa que no hizo con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien, como contamos esta mañana, llegó como ficha de Cambio pero ha dicho que se ha alejado de ese partido (aunque impulsó la candidatura de Luis Alfonso Escobar, ex gerente del Plan Pazcífico, para la lista al Senado de Cambio).

Esa salida no solo refrenda el anunciado portazo del ex vicepresidente a la política de paz de Santos sino que le da gasolina a esa movida para diferenciarse, que a la portada de la Revista Semana más reciente le suma titulares hoy como “Ministro de Vivienda renuncia por crisis con Cambio Radical“, en El Colombiano, o “Presidencia anunció que Cambio Radical se va del Gobierno con renuncia del ministro Pumarejo” en El Heraldo.

En esa medida le ayuda a la estrategia de Vargas. Más si no pierde del todo su entrada al Gobierno, porque sigue teniendo cuotas: además de Murillo está la directora del Icbf, Karen Abudinen, charista como Pumarejo y quien tiene también el apoyo de la Primera Dama; el superindustria, Pablo Felipe Robledo, quien seguramente seguirá en su cargo porque ha tenido una buena gestión y para entrar a la Ocde es importante que los superintendentes no estén sujetos al vaivén político; y las cabezas de Bancoldex, la Agencia de Seguridad Vial y la red Postal 472.

Sin embargo, sin Pumarejo (o un reemplazo de su cuerda), Vargas sí pone en riesgo uno de sus grandes activos: los pilares de su imagen de ejecutor.

La casa en el aire

El primer eje de esa imagen fue la política de vivienda, a la que le apostó desde 2012, cuando prefirió dejar de ser Ministro de Interior para manejarla desde la cartera de Vivienda, después de sacar adelante una Ley que le daba superpoderes (como poder contratar las obras de las casas sin licitación) y aseguraba que pudiera encabezar la entrega de 100 mil viviendas gratis, muy jugosa electoralmente.

En los dos años siguientes, Vargas literalmente se puso el casco de constructor, eligió en un concurso a Fidubogotá para manejar la plata, asistió a decenas de inicios de obras y entregó decenas de miles de casas antes de convertirse en fórmula vicepresidencial de Santos en 2014.

Y luego, elegido como vicepresidente, Santos le delegó de nuevo la política de vivienda (Vargas puso a su alfil y viceministro Luis Felipe Henao en ese cargo, y a la salida de éste Santos le nombró reemplazos de su entraña, primero Elsa Noguera y hace tres meses Jaime Pumarejo), con lo que siguió entregando casas, popularizó el gesto de las dos manos unidas encima de la cabeza para celebrarlo y ganó una enorme popularidad.

Aunque el programa terminó y la abultada chequera que tenía ese sector se empezó a adelgazar desde 2015, Vargas siguió siendo la cara del sector, peleando por él (como su rifirrafe con Mauricio Cárdenas en la reforma tributaria de hace un año) y recorriendo el país para entregar viviendas.

De hecho, La Silla supo que en el Ministerio de Vivienda estaban planeando giras del nuevo Ministro por las viviendas que entregó Vargas para mantener vivo su legado durante los meses de campaña, y también para revisar en qué van esos proyectos y cómo solucionar problemas de convivencia que han surgido.

Y es que si bien los beneficiados por esas 100 mil viviendas pueden mantener su agradecimiento, que una ficha de Cambio Radical siga entregando subsidios y recorriendo el país puede ayudar a la campaña de ese partido y de Vargas.

Sobre todo porque la reducción en la actividad constructora (que en 2016 creció el 3,5 por ciento frente a 3,9 en 2015, y este año se contrajo en 0,6 por ciento el primer semestre) ya tiene a los constructores en problemas y el apretón fiscal no ha permitido entregar tantos subsidios.

Por eso, no tener el Ministerio en manos de Cambio hace más difícil que Vargas mantenga viva la imagen del hombre del casco y las casas, e incluso que un posible sucesor rival pueda poner el espejo retrovisor para golpearlo en su política bandera, si hay problemas.

Sobre todo porque tampoco está fácil que siga con el casco de las carreteras.

El camino culebrero

Aunque Vargas llegó más tarde a liderar la infraestructura de transporte, en 2014 como Vicepresidente, se la jugó a fondo por ella.

Aprovechó que la reforma al Estado de Santos de 2011 había transformado el enredado Inco en la Agencia Nacional de Infraestructura y que ésta había estructurado el programa de concesiones viales de cuarta generación (carreteras 4G), para reforzar su imagen de ejecutor.

Con su poder político y la realidad de un país con una infraestructura muy atrasada, se movió para hacer todavía más vías con el Invías, para impulsar megaobras como la navegabilidad del río Magdalena y para mejorar decenas de aeropuertos en todo el país.

Además, logró que el Plan Nacional de Desarrollo le diera fuerza a la figura de los proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines), entre los que enmarcó sus megaobras viales (y que empezó a manejar la Vicepresidencia, aunque fueran de otros sectores). Gracias al Plan podrían sacar una solca la licencia ambiental y no varias; tener siempre la primera opción para comprar los terrenos que necesitaban; o crear servidumbres más rápido para hacer esas obras

Cuando Vargas se posesionó en 2014 ya la ANI había empezado a entregar las primeras concesiones de 4G, y con su llegada el entonces vicepresidente empezó a hacer giras por el país para firmar contratos. Lo mismo ocurrió en 2015 con “Vías para la Equidad” y por eso Vargas empezó a recorrer el país para firmar también actas de inicios de obra

Pero ese impulso también lo fue perdiendo.

Primero, en febrero de 2016 la Corte Constitucional le quitó los nuevos dientes a los Pines. Luego, en abril el Ministerio de Transporte pasó de Cambio Radical, en cabeza de Natalia Abello, a La U con Jorge Eduardo Rojas. Y el mes siguiente por primera vez quedó desierta una licitación para una 4G, la doble calzada entre Pamplona y Cúcuta, con lo que empezaron las dudas sobre ese programa bandera.

A inicios de este año el escándalo de Odebrecht golpeó los cimientos de todo el sector, creó ruido entre los bancos que están buscando los concesionarios de 4G para financiarlos y embolató directamente el proyecto del Río Magdalena.

Y en las últimas semanas el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, terminó imputado por el escándalo Odebrecht; Carlos Alberto Solarte, uno de los grandes jugadores de la ingeniería y de las 4G, también lo fue por la obra del Túnel Tunjuelo-Canoas que ganó en Bogotá en 2009 en consorcio con Odebrecht; y los cierres financieros de las 32 vías 4G se han frenado: en abril de 2016 8 lo tenían y para abril de este año eran solo 9., lo que ha llevado a preocupaciones en el sector.

Todo eso tiene la ejecución en carreteras demorada, y a Vargas lejos del sector al que le metió el hombro durante tres años. Y, sumado a las casas, hace que la campaña del ex vicepresidente pueda girar más fácil sobre el eje de su conocida mano dura y su distancia con el proceso con las Farc, que sobre el del hombre del casco que logra sus cometidos.

Ayer, con la inscripción de los cuatro precandidatos liberales, arrancó en forma la campaña de ese partido para definir su aspirante a la Presidencia. El pulso será entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, y aunque el exministro del Interior comienza con el respaldo de la mayoría de la maquinaria roja, el exjefe negociador en La Habana, que quiere mostrar una imagen alejada del clientelismo y arrastrar voto de opinión, gana cada vez más apoyo de políticos con estructura que le pueden ayudar a dar la pelea el 19 de noviembre cuando será la consulta interna liberal.

Eso se debe, en buena medida, al prestigio de De la Calle por haber liderado los diálogos con las Farc y a que, según algunas fuentes en las regiones, le ven más pinta de presidenciable que a Cristo. Además, César Gaviria puede usar sus poderes como jefe único del liberalismo para inclinar la balanza hacia ese lado.

Ambos, además, buscan aprovechar que la consulta es abierta y pueden votar personas que no tienen carné liberal, para que gente de otros partidos vote por ellos y el que gane tenga las credenciales suficientes para liderar una ‘coalición por la paz’ que pelee la primera vuelta en mayo.

Los apoyos, en clave regional

Bogotá es una muestra de cómo De la Calle puede arañarle maquinaria a Cristo.

El exministro arranca con el respaldo de los dos mayores electores del Partido en la ciudad: el concejal Horacio José Serpa (37 mil votos) y la representante Olga Lucía Velásquez (23 mil), a los que se les suma el representante Andrés Felipe Villamizar (17 mil).

Ayer, sin embargo, quedó claro que De la Calle contará, como lo había anticipado La Silla Cachaca, con el respaldo de cuatro de los seis concejales: María Victoria Vargas, que lo ha apoyado desde un comienzo, más Luz Marina Gordillo, Jorge Durán y Armando Gutiérrez, que juntos suman 56 mil votos y lo acompañaron a inscribirse. El único que falta por definirse es Germán García, que se inclina por el exjefe negociador en La Habana.

Con un ingrediente adicional: bases de Serpa, Velásquez y Villamizar, sobre todo de jóvenes que en otras elecciones les ayudan a conseguir votos, se están moviendo por De la Calle.

“Hay una migración significativa, sobre todo en la asamblea de juventudes de Bogotá en la que los integrantes son principalmente de Olga Lucía y de Serpa”, le dijo a La Silla un líder juvenil de ese partido que no trabaja para ninguno de ellos. “Lo vemos más como estadista y presidenciable”, nos dijo otro líder.

Por ejemplo, el presidente de esa Asamblea, Andrés Castro, que trabaja con Villamizar y lo representó en las elecciones internas del partido en las listas que éste armó junto con Olga Lucía, ya decidió irse con De la Calle. Andrés Cortés y Johan Nadjar, excandidatos a ediles que pusieron 5 mil votos en 2015 en Suba y están encargados de afianzar las bases allá para apoyar a la casa Serpa en las legislativas de 2018, ya les dijeron a sus jefes políticos que se van con el exjefe negociador.

Con o sin gente que le mueva maquinaria, De la Calle ya decidió que en Bogotá hará recorridos, al menos, cada domingo en lo que resta de esta campaña.

En los santanderes, donde Cristo hizo su carrera política, la mayoría de las maquinarias le suman.

En Norte, cuenta con su hermano Andrés, senador que aspira a reelegirse, y del representante Neftalí Santos, quien lo acompañó en la inscripción.

Alejandro Carlos Chacón, quien como ha contado La Silla, está con el vargasllerismo, aún no se ha definido y todo apunta a que se mantendría al margen debido a por un lado es el rival de Cristo en Norte de Santander -el liberalismo allá está dividido entre él y el grupo del exministro-; y por otro, quedarse quieto, según le dijo a La Silla una fuente que lo sabe de primera mano, sería su estrategia para acercarse al lado de Vargas Lleras, de quién es afín.

“Cristo es muy mal candidato y, de llegar a ganar la consulta, con una intención de voto tan mala quedaría borrado el liberalismo. Eso abriría más puertas para buscar una mejor coalición”, explicó a La Silla esa fuente.

De los tres concejales rojos de Cúcuta, solo uno, Bachir Mirep, está directamente con Cristo. Alexander Salazar, quien se eligió con el apoyo de ese grupo, se distanció y no está casado con ninguno; y Jorge Marthey, presidente del liberalismo en esa ciudad, se quedaría quieto como Chacón (su jefe político).

En Santander la repartija de poder es menos compleja.

Tres de los cuatro congresistas rojos -los senadores Horacio Serpa y Jaime Durán, y el representante Miguel Ángel Pinto- estarán con Cristo. Todos son amigos de él desde hace años y le guardan gratitud porque como Ministro entregó varias obras con las que sacaron réditos políticos.

El congresista santandereano más cercano a De la Calle es Édgar ‘el Pote’ Gómez. Aunque le dijo a La Silla que no se ha definido, tres fuentes que conocen a los liberales por dentro dicen que se inclinaría por el exnegociador de paz.

En el Concejo de Bucaramanga, donde los liberales tienen 10 de las 19 curules del Concejo, las cargas están a favor de Cristo, con nueve escaños. “Sabemos que De la Calle es mejor candidato, pero por disciplina uno se suma al que diga el jefe político”, nos dijo un cabildante rojo y cuatro más dieron una versión muy parecida.

En el Caribe, las relaciones que Cristo afianzó como ministro también le dan réditos y por eso la mayoría de la maquinaria roja está -por ahora- con él.

Sus puntas de lanza fuertes en la Costa son el grupo del senador bolivarense Lidio García Turbay (55 mil votos), que además tiene un representante (Silvio Carrasquilla, 26 mil apoyos) y maneja la Gobernación (en cabeza de su primo, Dumek Turbay).

Con el exministro también están los dos representantes liberales del Magdalena (Jaime Serrano y Kelyn González, 28 y 24 mil votos), el movimiento del exalcalde de Valledupar y hoy viceministro de Trabajo, Fredys Socarrás, y la casa del exsenador parapolítico de Córdoba Juan Manuel ‘Juancho’ López Cabrales y de su esposa, la senadora liberal Arleth Casado (63 mil votos).

De la Calle, sin embargo, en la Costa también está dando la pelea por las estructuras de los políticos tradicionales. Cuenta con el barón liberal del Atlántico, Álvaro Ashton (58 mil votos), único senador rojo de ese departamento que fue recientemente mencionado en el “Cartel de la toga”, como supuesto beneficiario de las extorsiones del corrupto exfiscal Gustavo Moreno. Y también con el representante cordobés, que aspirará al Senado, Fabio Amín.

El exjefe negociador tiene la oportunidad de sumar incluso más maquinaria roja que Cristo entre los políticos costeños de su colectividad que aún no cantan su voto para la consulta, como el gobernador atlanticense Eduardo Verano, el representante y aspirante a senador barranquillero Mauricio Gómez, el senador sucreño Mario Fernández y el representante sanandresano Jack Housni.

En el Valle aún no está claro el panorama.

Los dos principales barones electorales de ese partido, los representantes Nancy Denise Castillo y Fabio Arroyave, no han definido todavía a quién apoyarán.

Castillo le heredará su curul a su hijo Juan Manuel y hará fórmula con el liberal gavirista Fabio Amín al Senado, por lo que harían campaña con De la Calle.

Arroyave, que también le heredará la curul a su hijo, tiene el corazón partido.

Por un lado, es muy cercano a la casa Gaviria y lo acercaría entonces a De la Calle, pero al mismo tiempo tiene nexos con el grupo de la actual ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, a quien le debe a Cristo ese puesto.

Por ahora, en el Valle De La Calle tiene el respaldo de los otros dos candidatos a la Cámara que tienen fuerza en la alcaldía de Cali: el exconcejal Uriel Rojas y el exsecretario General, Juan Fernando Reyes Kuri.

El primero ya anunció su apoyo formal y el segundo ha aparecido en fotos y reuniones con su padrino político, el exalcalde Rodrigo Guerrero, al lado del exjefe negociador. Además, dado que hará fórmula con el candidato al Senado del gavirismo, Carlos Humberto Isaza, de Risaralda, se presume, por ahora, que respalda a De la Calle.

En el sur del país el apoyo de los liberales está repartido.

En el Huila el panorama pinta mejor para De la Calle. Aunque no ha cantado su voto, el senador Rodrigo Villalba (que sacó en el Huila 34 mil votos) estaría jugado con el exjefe negociador, le dijeron a La Silla Sur dos concejales y un asesor de de la representante Flora Perdomo, fórmula de Villalba.

“Villalba y Perdomo están paseando a Cristo, pero dicen que la opción es De la Calle”, nos contó un asesor del equipo político de la representante. “Es un tema de reconocimiento, de trascendencia política por haber liderado la negociación en La Habana”, nos dijo un concejal del equipo de Perdomo.

El Senador va a tirar línea en las próximas semanas, pero por lo pronto, le hacen juego a los dos candidatos.

Como contamos en La Silla Sur, Perdomo y su equipo le organizaron la agenda a De la Calle cuando vino a Neiva hace tres meses a hablar con políticos, empresarios y estudiantes; y a Cristo lo invitaron hace tres semanas para la posesión del directorio departamental liberal.

En cambio en Caquetá, donde el liberalismo tiene la Gobernación, los rojos están con Cristo. Ese apoyo también se da por contado en Amazonas, pues el representante liberal de ese departamento, Eduar Benjumea, lo acompañó ayer en la inscripción.

Pero en toda esta puja nacional, además de Cristo y De la Calle, puede meter la mano el recién elegido director único del partido: César Gaviria.

El factor Gaviria

Desde hace meses, Gaviria mostró su apoyo a De la Calle y hasta pidió a los congresistas que lo apoyaran.

Y aunque dijo que les daría garantías a los cuatro precandidatos, entre los congresistas y las campañas creen que, en caso de necesitarlo, Gaviria podría usar los poderes que tiene como jefe del partido para que su candidato reciba el respaldo de la maquinaria.

Dos senadores nos dijeron, por aparte, que Gaviria les dijo a las bancadas de Senado y Cámara, previo a la Convención liberal, que no tenían seguro su lugar en la lista al Congreso, en relación con la entrega de avales para las elecciones a 2018.

Uno de los asistentes que lo escuchó de primera mano, interpretó esa expresión como una advertencia vedada para que apoyaran a De la Calle, so pena de no darles el aval.

Pero el otro congresista que consultamos nos dijo que no lo cree así, sobre todo porque ellos tienen por derecho propio un puesto en esa lista.

De todos modos, en la campaña del exnegociador y en la del exministro creen que Gaviria sí puede influir. Dos integrantes de ambos grupos nos dijeron, por aparte, que si bien Gaviria no amenazaría con quitar los puestos en las listas, sí podría pedir el apoyo a De la Calle (a través de terceros para no dañar la imagen de que daría garantías a los candidatos), si ve que éste no despega entre los liberales.

La disputa por las maquinarias no es sólo dentro del partido.

Con otros partidos

Como la del 19 de noviembre es una consulta abierta y pueden votar todos los que quieran, no solo los militantes con carné, las campañas también se mueven para buscar apoyos de otras colectividades y liderar lo que Cristo y De la Calle han llamado la ‘coalición por la paz’, para defender lo acordado con las Farc.

Cada uno se mueve por su lado.

Ayer, por ejemplo, Cristo se reunió con unos 15 congresistas conservadores y hoy lo hará con miembros de La U. El representante godo Óscar Bravo nos confirmó que el exministro quería verlos para hablar de posibles coaliciones, pero por ahora el partido de Santos no define candidatos ni coaliciones.

Previamente se había reunido con la exministra Clara López, también para buscar ese apoyo.

Y aunque De la Calle nos dijo ayer que todavía no opinará sobre una posible coalición con sectores como La U, dijo estar atento a ver “la ruta que marque el nuevo director” de ese partido, el exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, en torno a si ese partido apoya a la coalición de la paz o se va con Vargas Lleras.

De la Calle sí se ha acercado a La U vía Roy Barreras, quien estuvo en la Convención Liberal y con quien coincidió en la mesa de La Habana. El Senador nos dijo que propondrá en la asamblea de su partido de la U la próxima semana el respaldo al Exnegociador, aunque eso no es sencillo porque otros sectores, como el que lidera el senador Mauricio Lizcano, apoyan a Germán Vargas Lleras y también pedirá que el partido se vaya con el exvicepresidente.

En las cinco semanas de campaña que faltan se definirá si, finalmente, De la Calle no solo logra el respaldo de opinión que dice tener, sino la maquinaria tan necesaria para ganar la candidatura a pesar de que quiera mostrarse alejado de ella.

En medio de todo el debate por la salida del partido de Germán Vargas Lleras de la coalición de gobierno, cinco votaciones definieron el futuro de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), de cara a su último debate en las plenarias que se realizará en 15 días. 

Así están conformadas las comisiones primeras de Senado y Cámara:

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Momento 1: el ultimátum de Santos movilizó la aplanadora

El lunes de la semana pasada para la primera votación de la JEP el Presidente alineó a su bancada y envió un ultimátum a Cambio Radical y a quien tuviera dudas para votar en el sentido de que el partido que no votara esta norma clave para el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz no estaría dentro de su Gobierno. La advertencia funcionó porque el primer corte de 102 artículos fue aprobado por todos salvo Cambio Radical y con la usual ausencia del Centro Democrático.

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Momento 2: El portazo de Vargas Lleras

El fiscal general Néstor Humberto Martínez logró incluir 8 de sus 9 propuestas dentro de la reglamentación de la JEP, que en parte era una condición de Cambio Radical para votar. Aún así, una vez hechos los cambios el Partido se mantuvo en no votar.

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Momento 3: el pulso que no ganó Néstor Humberto

El Fiscal pedía eliminar el artículo 98 que le daba facultades transitorias a las salas de la JEP para practicar y recoger pruebas, mientras se expedía por ley su reglamento.

Hacerle caso implicaba que la JEP quedaría congelada al menos 6 meses mientras se instalaba la jurisdicción y se expedía su propio reglamento. El ponente, Hernán Penagos y los conservadores apoyaban al Fiscal, entre otros, porque en la norma dice que las salas de la JEP pueden practicar pruebas “limitando los derechos fundamentales, con las mismas competencias de los jueces de control de garantías”. Al final el artículo quedó con 28 votos a favor y el Gobierno prometió ajustarlo.

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Momento 4: Propuesta de Claudia López pone en jaque el proyecto

Este momento mostró que cuando las congresistas Claudia López y Angélica Lozano propusieron que los exguerrilleros que hubieran cometido delitos atroces y quieran participar en política como los del Secretariado de la Farc deberían “como mínimo estar cumpliendo progresivamente con las sanciones” de la JEP, una propuesta que han hecho desde que se discutió la Ley Marco de la JEP, el proyecto casi se hunde porque era el último artículo.

El artículo de Claudia dividió a los congresistas de los tres partidos de la coalición, lo que hizo que la votación no tuviera los 11 votos que necesitaba en Senado y los 20 en Cámara para aprobarlo o hundirlo.

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Luego de reabrir el debate y con el intenso lobby de congresistas como Roy Barreras y Armando Benedetti, que le dijeron a sus compañeros que la proposición de Claudia ponía en riesgo el Acuerdo y regañaron al Gobierno por no tener las mayorías, el artículo, sin la propuesta, fue aprobado.

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Al final la reglamentación de la JEP fue aprobada en primer debate con 34 votos.

Los cinco mitos del metro, de La Pepa, el programa de La Silla Vacía con Canal Capital que pueden ver todos los domingos a las 8:30 de la noche, muestran que en general la gente no tiene muy claro los efectos e impactos de la consulta.

Estos son, uno a uno, los cinco mitos, qué tan ciertos son y por qué.

Justo cuando el futuro del Acuerdo de Paz con las Farc corre mayores riesgos, la Corte Constitucional avala de manera unánime el acto legislativo 02 de 2017 con el que el Gobierno y las Farc buscaron “blindar” el Acuerdo de Paz. Su mensaje sobre la estabilidad de lo negociado como política de Estado hace más difícil que el próximo presidente de Colombia “lo haga trizas”. Pero, al mismo tiempo, la Corte deja claro que no es intocable.

El fallo

Este fallo era particularmente difícil por varias razones.

La redacción del 'blindaje' era muy ambigua y parecía darle un estatus jurídico al acuerdo firmado con las Farc cuando ya la Corte Constitucional había dicho que solo tenía un carácter político al fallar sobre el plebiscito.

También era difícil por la polarización que vive el país. Con varios líderes del uribismo diciendo que convocarán una Constituyente o un referendo para revocar el Acuerdo de Paz; con Germán Vargas saliéndose de la coalición del Gobierno para hacer campaña contra la Farc; y con la Farc sintiendo que el Gobierno no está cumpliéndoles lo pactado, un fallo de la Corte tumbando la norma que le daba estabilidad al Acuerdo habría sido letal.

Y por último, porque ya se había filtrado que la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero proponía hundir el acto legislativo y un fallo dividido sobre un tema tan importante habría dejado muy mal a la Corte.

Al final, la Corte logró sortear estas tres dificultades tras una compleja negociación en sala plena.

La negociación

El artífice de la negociación, según supo La Silla Vacía por dos magistrados, fue el magistrado Antonio José Lizarazo, que quedó de co-ponente y que sirvió de puente para acercar a Guerrero, Gloria Ortíz y Carlos Bernal que estaban dispuestos a salvar el voto al bloque mayoritario.

Al final, ambos lados cedieron bastante para conseguir un fallo por unanimidad pues eran conscientes de la importancia de enviar ese mensaje “de unidad y de legitimidad del Acuerdo”, según nos dijo un segundo magistrado.

El bloque integrado por los seis magistrados que tenían la mayoría para declarar la exequibilidad pura y simple cedió en tres puntos clave: en que no se mencionara que el Acuerdo de Paz entraba al bloque de constitucionalidad; que no se dijera que había contenidos de “acuerdos especiales” bajo el Derecho Internacional Humanitario; y que aceptara que el Acuerdo con las Farc era de naturaleza política y no jurídica. Es decir, que su fuerza jurídica viene del acto legislativo del Congreso que aprobó el Acuerdo y no del Acuerdo mismo.

“Los silencios fue en lo que cedimos por lograr la unanimidad”, dijo el magistrado que desde el principio iba por avalar toda la norma.

“Es muy importante un fallo que es elaborado en función de hacer valer la Constitución al margen de la polarización que existe en el país y que hay que superar”, opina uno de los magistrados que estaba inicialmente en contra.

Los efectos del fallo

De esta transacción entre ambos bloques de la Corte, surge el fallo que tiene tres efectos importantes.

El más significativo, por lo menos a nivel político, es que la Corte por unanimidad legitima el Acuerdo Final. Esto es clave sobre todo cuando a un año del triunfo del No en el plebiscito, varios líderes políticos siguen esgrimiendo el argumento de que les hicieron conejo al aprobar el acuerdo renegociado vía Congreso.

El segundo es que queda claro que el Acuerdo de Paz no forma parte de la Constitución. ya que la Corte decidió interpretar de manera directa el Acto Legislativo y en particular lo que significaba la palabra “validez”.

La norma que blindaba el Acuerdo decía que los contenidos del Acuerdo Final serían “obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.

Esta redacción hizo que personas respetadas como Jorge Humberto Botero, Jaime Castro o Marta Lucía Ramírez alegaran que el Acuerdo Final entraba a hacer parte de la Constitución por la puerta de atrás, pues servía como referente para "validar" normas, incluso constitucionales, lo que hacia el Acuerdo de Paz supraconstitucional.

La Corte aclaró que no era así. Que “validez” debería significar solo que las normas y leyes de implementación del Acuerdo Final deben guardar conexidad y concordancia con la finalidad de lo negociado. Con esto, el uribismo se queda sin uno de sus caballitos de batalla contra el Acuerdo (suponiendo que les importe lo que diga el fallo, algo que a juzgar por los trinos anoche de varios de sus líderes no es tan claro).

Y el tercer punto, es que define unas condiciones que hacen más difícil que el próximo gobierno pueda hacer “trizas” el Acuerdo, como lo propuso el directivo del Centro Democrático Fernando Londoño. Básicamente porque dice que si una norma futura de implementación viola "los fines y el espíritu" del Acuerdo Final será declarada inexequible por la Corte.

Del comunicado que sacó la Corte se entiende que los puntos que tienen que ver con la terminación del conflicto y que se hayan implementado –como sería la justicia transicional, la amnistía y las gabelas de la reincoporación- tienen un mayor grado de estabilidad. Es decir que precisamente lo que menos les gusta a los uribistas y vargaslleristas sería muy difícil echarlo para atrás.  

En cambio lo que tiene que ver con la “construcción de la paz”, tiene un mayor “margen de apreciación de las autoridades en distintos niveles”, según explicó a Semana.com el presidente de la corte, Luis Guillermo Guerrero.

En otras palabras, los programas de desarrollo agrario, los planes de sustitución de la coca o las zonas de reserva campesina no están talladas en piedra y se harán en la medida en que haya la plata y posiblemente la voluntad política. Ese margen de maniobra cuando la implementación tiene tantos problemas le puede quitar dientes.

En la práctica estos matices que le metió el fallo le quitan garantías jurídicas al Acuerdo, que inicialmente, vía el abogado de las Farc Álvaro Leyva, tenía incluso o se buscaba que tuviera el estatus de un tratado internacional. Como el fallo no ata el Congreso al futuro, siguiendo una serie de condiciones, sería plausible modificar aspectos del Acuerdo vía una futura reforma constitucional.

Aunque dado lo leguleyos que somos, se está volviendo ley todo el Acuerdo con cada norma de implementación.

Sobre todo lo de la justicia transicional, que es lo que más polémica ha generado, será muy difícil de desmontar.  Aunque no imposible porque siempre hay formas de dejar sin piso algo en la realidad así exista en el papel. Por ejemplo, desfinanciar un programa puede ser una forma más discreta pero más efectiva de acabarlo.

Por eso, más allá de este importante fallo, la única protección que tiene lo negociado se lo dará (o no) el voto en las urnas al próximo presidente en el 2018.

La Silla Vacía le aplicó su detector de WhatsApp a una cadena que advierte sobre una supuesta iniciativa que se está tramitando por debajo de la mesa en el Congreso, para que los congresistas se atornillen a sus puestos, impidiendo que nuevos líderes lleguen a esa institución. La mayoría de las afirmaciones son falsas o engañosas.

Recuerden que si quieren saber si lo que le mandan sus amigos sobre política es cierto, nos pueden enviar la cadena al 318-3124521 y nosotros se lo devolvemos en un par de días, de ser posible, chequeado para que usted se lo reenvíe a sus amigos.

Hace una semana el expresidente Álvaro Uribe envió un guiño para definir de una vez por todas el candidato presidencial de su partido Centro Democrático: todo apunta a que es Iván Duque.

Ocurrió en un encuentro con su bancada en la que propuso, presentándola como la idea de su cuñado Carlos Enrique Moreno, el mecanismo de selección llamado ‘rolling sample poll’ (una encuesta que se hace de forma repetida con las mismas preguntas) para definir el aspirante con más opciones de llegar a la Presidencia.

Como finalmente en el Centro Democrático se hace lo que Uribe diga, que la propuesta sea enviada por un familiar suyo que tiene respeto dentro de la colectividad y que es uno de los pocos que le habla al oído, los consultados lo entendieron como el guiño que todo el partido esperaba para definir al aspirante. Y que éste sería Duque.

“Ahí nos enteramos que esa era la opción del Presidente”, nos dijo un senador que estuvo en esa reunión. Tres uribistas más nos dieron una versión similar.

Moreno quedó de entregar la propuesta oficialmente entre mañana y el lunes próximo. A grandes rasgos propone contratar a tres firmas autorizadas por el Consejo Nacional Electoral que hagan encuestas paralelas y que, con base en los resultados, se vayan eliminando candidatos hasta que quede el ganador.

El expresidente ya les ha dicho a los candidatos y a la bancada que no quiere una consulta, ni abierta ni cerrada, porque puede haber injerencia de otros partidos (en la opción de que sea para todo el mundo) y porque no hay auditorías sobre los nuevos militantes (en el caso de que sea cerrada).

Y que tampoco quiere elegir a dedo (aunque, obviamente, el mecanismo que elija favorecerá al que él quiera) para evitar lo que sucedió en 2014 cuando se decidió a favor de   Oscar Iván Zuluaga a pesar de que Pacho Santos tenía todo para ganar en una encuesta o una consulta, que era el mecanismo inicialmente previsto.

La propuesta del ‘rolling poll’ va tan avanzada que este fin de semana los cinco precandidatos (Duque, Carlos Holmes Trujillo, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra y Rafael Nieto), se reunirán para definir qué encuestadoras servirían.

“Carlos Enrique sí ha trabajado mucho para que esa propuesta sea la ganadora”, nos dijo la senadora Valencia.

¿El ungido?

Si la propuesta es un mensaje de Uribe, en el Partido entienden que el casi fijo ganador es el senador Duque, pues alegan que en las encuestas recientes como la Invamer para el Canal Caracol y Semana, es quien puntea con creces dentro de los cinco precandidatos.

En esa encuesta, Duque tiene el 25 por ciento de intención de voto. Le siguen Trujillo con el 18 por ciento, Paloma con el 17 por ciento, Guerra sigue con el 15 y Nieto cierra con el 11 por ciento.

“Esa encuesta de Semana definió mucho las cosas a favor de él (Duque)”, nos dijo un senador que no está en la contienda.

Si el ungido es Duque, significaría que mientras Germán Vargas se mueve a la derecha para arañarle votos a Uribe, el ex Presidente se siente seguro en ese campo y busca por un candidato como Iván -el uribista 2.0- que pueda quitarle votos al centro.

Si no fuera así, Uribe podría preferir un mecanismo que favoreciera más a aspirantes como Rafael Nieto, quien ha ganado apoyos dentro de la línea más dura del partido, como la de los exministros Fernando Londoño y Fabio Valencia Cossio, pero marca poco en encuestas.

Eso fue lo que hizo en 2013 al cambiar una consulta en la que pintaba como ganador Pacho, a una convención en la que ganó Zuluaga justamente en el apoyo de Londoño y de Valencia.   

Además, al elegir a Duque le abre un espacio a Marta Lucía Ramírez que, en una eventual fórmula con Duque de vicepresidente, podría atraer a sectores de centroderecha y conservadores donde Ramírez tiene apoyos.

Un plan B

Anoche, en una reunión extraordinaria de bancada entre los congresistas de Uribe en la que él no participó, tres senadores por aparte nos confirmaron que estudiaron un plan B: un cónclave.

“Son métodos complementarios. Si la encuesta marca un evidente puntero, ese será el candidato. Pero si quedan dos punteando, que en el cónclave se decida entre esos dos”, nos dijo el senador Jaime Amín, quien estuvo en el encuentro y nos explicó que el eventual encuentro sería entre Uribe, los congresistas, los candidatos y la junta directiva del partido (de 31 miembros).

Hasta ahora Uribe no se ha pronunciado sobre esa opción, pero que en el Partido exploren un eventual escenario en el que él tenga un margen de maniobra superior al de las encuestas es leído por otros como una forma de darle una opción al exgobernador Luis Alfredo Ramos, que se inscribió ayer como militante del Centro Democrático y dijo que quería ser candidato, y el excandidato Óscar Iván Zuluaga.

Para que tengan un chance, sus casos judiciales tendrían que resolverse en las primeras semanas de noviembre para así entrar en el ‘rolling poll’ que debe arrojar el resultado final antes del 19 de ese mes noviembre (fecha que el Centro Democrático ha escogido como la fecha límite para tener al candidato), porque Uribe ha dicho que no quiere candidatos sub judice.

Mientras Zuluaga espera que pronto el Consejo Nacional decrete la caducidad de su proceso porque Odebrecht, según la Fiscalía, le pagó su estratega internacional de campaña en 2014, Ramos espera que la Corte decrete su absolución en un caso de parapolítica que lleva 4 años en juicio y que se enredó al ser mencionado en las grabaciones de la DEA de Alejandro, Lyons donde aparece como si hubiera pagado coimas a la justicia por su absolución.  

A ambos les corre el tiempo en contra.

Pero si se resuelve su situación antes, la misma encuesta de Gallup en donde Duque sale ganador, midió un escenario con Ramos como precandidato, en el que los dos salieron empatados con un 18 por ciento. A Zuluaga no lo midieron y su resurrección política es más complicada teniendo en cuenta que el fantasma de Odebrecht no hace sino ganar fuerza y sobrevolará la campaña de 2018.

Ese resultado se suma a que, desde que salió de prisión en diciembre del año pasado, en el uribismo ven a Ramos como un gallotapado, que puede consolidar una alianza con el Partido Conservador, del que fue miembro y directivo hasta hace pocos años.

A diferencia de Duque, tiene un grupo político propio, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero (que adhirió a Zuluaga en 2014 tras la detención del exgobernador por parapolítica), ha salido ganador en las urnas (800 mil votos para la Gobernación y 200 mil como Senador conservador), tiene trayectoria en el Ejecutivo (ha sido Ministro, Alcalde de Medellín y Gobernador) y tiene lazos con las directivas y senadores de su anterior Partido.

Todos estos activos lo hacen un candidato fuerte si eventualmente la Corte falla a su favor y si entra a la baraja, las opciones de que Marta Lucía Ramírez se vuelva la candidata de Uribe se desvanecen.

Por eso, si entra a la contienda, un cónclave le serviría a Uribe para definir entre él y Duque, e irse por el que él considere que sea el que tiene más posibilidades de llegar a la Presidencia. Incluso, si llega a ser el caso, si Ramos termina absuelto después del 19 de noviembre.

En el sonado enfrentamiento de la senadora verde Claudia López con el Fiscal General Néstor Humberto Martínez, ella hizo una acusación general (que la Fiscalía mueve los procesos contra rivales políticos de Cambio Radical y frena las de sus aliados) y dio cuatro casos que ejemplificarían el uso político que éste le estaría dando a la Fiscalía para ayudar la aspiración presidencial de Germán Vargas Lleras.

Al revisar la información pública, pueden encajar en la acusación el del ex gobernador del Cauca ,Temístocles Ortega, y el de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pero el del ex gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo no. El alcalde de Barranquilla, Alex Char, es difícil que encaje.

En todo caso, ella no le aportó las pruebas que tiene a La Silla y es imposible verificar si los procesos penales no avanzan más rápido para ayudarle a los políticos que apoyan a Vargas como dice Claudia porque no hay manera de conocer los hechos específicos de los casos y menos sus pruebas antes de que la Fiscalía impute cargos, pues hasta ese punto sus pesquisas son secretas.

También porque en Colombia los casos penales pueden tardar años en llegar a la imputación (para dar un ejemplo, el 95 por ciento de las imputaciones de homicidio se demoran dos años o menos, pero el problema es que el 76 por ciento de los casos de homicidio nunca ni siquiera se imputan y eso que es la mejor cifra en la historia). En corrupción normalmente se demora más porque son casos más complejos.

Hay múltiples motivos para que no lleguen a imputación. Desde que no se cometieron los delitos hasta la complejidad en los casos y las falencias investigativas.  Por eso, que un caso no haya llegado a imputación no significa automáticamente que un fiscal haya decidido congelarlo.

Estos son los cuatro casos, y la relación de los mencionados por Claudia con Vargas:

Luis Alberto Monsalvo Gnecco: primero aliado de Vargas, luego imputado por la Fiscalía de Martínez

 

• Quién es: gobernador del Cesar entre 2012 y 2015, es una de las cabezas visibles del poderoso clan Gnecco, que domina la política de ese departamento. Su madre es Cielo Gnecco Cerchar (la mandamás del grupo), quien no ha sido funcionaria y su primo es el senador de La U José Alfredo Gnecco, a quien investiga y juzga la Corte Suprema.

• Escándalo o ruido: a Monsalvo lo señalan de haber hecho campaña con personas que vivían en una invasión ilegal a las que les habría prometido en un documento ante notario dejarlos ahí legalizados una vez llegara a la Gobernación, a cambio de que votaran por él.

  También de que hoy hay ocho obras, por más de 204 mil millones de pesos, que contrató su Administración y están sin terminar, la mayoría con retrasos de más de 24 meses. En 10 de esas obras la Contraloría General encontró hallazgos fiscales por más de 50 mil millones de pesos.

• ¿Qué ha hecho la Fiscalía? En enero de este año, la Fiscalía décima delegada ante la Corte Suprema imputó a Monsalvo cargos por corrupción al sufragante e invasión de tierras en calidad de coautor, por el asunto del predio ilegal. Él se declaró inocente y aseguró que el compromiso por escrito con los habitantes (que también firmó el alcalde de Valledupar, ‘Tuto’ Uhía) no era para dejarlos allí sino para resolver el problema de sus viviendas.

  Hace poco más de un mes tuvo audiencia de formulación de acusación, durante la que se cayó el delito de invasión de tierras porque, como lo reveló Cacica Stereo -que publicó los audios de la diligencia-, ese día el fiscal contó que cuando fue a inspeccionar el proceso se encontró con que se había perdido la carpeta con la querella por los predios invadidos. Ante eso, la defensa pidió la nulidad de ese cargo, lo cual fue concedido por el alto tribunal.

  En cuanto a las obras inconclusas, La Silla Caribe no encontró información sobre imputaciones al exgobernador, a pesar de los hallazgos penales que la Contraloría estableció hace 10 meses y le trasladó a la Fiscalía. 

• Su alianza con Vargas:Hasta hace dos años, el clan y el exvice tenían relaciones regulares, e incluso, en 2014 y siendo Vicepresidente, Vargas mostró su descontento porque Monsalvo Gnecco lo dejó plantado a él, a su ministra de Transporte Natalia Abello y a miembros del Consorcio Ruta del Sol, en un encuentro en Valledupar para hablar de algunas obras que estaba haciendo ese consorcio.

  Eso cambió totalmente para las regionales de octubre de 2015, cuando se aliaron para llevar como reemplazo de Monsalvo al actual mandatario Franco Ovalle, amigo personal del exvicepresidente y hoy gobernador vargasllerista (aunque lo avaló La U).

  Según una persona que conoce de cerca las movidas de los Gnecco ese acercamiento arrancó a principios de 2015 cuando Monsalvo presentó una segunda fase del plan de infraestructura vial departamental que necesitaba la bendición de Vargas.

  La casa Gnecco volverá a jugar con el vargasllerismo, tanto para las presidenciales como para las legislativas de 2018, a las que planean llevar como carta al Senado al exalcalde de la Jagua Didier Lobo Chinchilla con aval de Cambio Radical (también buscarán repetir con José Alfredo Gnecco como senador de La U).

• Qué le podría aportar a Vargas: los Gnecco son la mayor fuerza electoral del Cesar con el único Senador de ese departamento, alianzas con las cuatro cámaras y el control de la Gobernación y de unas 17 de las 25 alcaldías. Ya fueron definitivos para los poco más de 200 mil votos que alcanzó en tierra cesarense la reelección santista

• ¿Tendría alguna base la acusación de Claudia?: Los Gnecco se aliaron con Vargas en 2015 y la imputación a Monsalvo fue en 2017, cuando Néstor Humberto Martínez ya estaba en el cargo, con lo que en principio no sería cierta su acusación de que los caciques quedan ‘blindados’ cuando se alían con Vargas.

  Sin embargo, la desaparición de la carpeta con la querella de los predios invadidos es por lo menos sospechosa. Y aún está pendiente el caso de los hallazgos de la Contraloría, pero un caso de corrupción puede durar varios años en resolverse en la Fiscalía, o sea que esa demora no parece atípica por ahora.

Álex Char Chaljub, viejo aliado y sin grandes escándalos

 

• Quién es: alcalde de Barranquilla y líder -junto a su padre Fuad Char- del poderoso grupo Char.

• Escándalo o ruido: Claudia López lo mencionó en su denuncia contra el Fiscal, pero Char no está salpicado actualmente en ningún escándalo.

  En abril El Confidencial de España dijo que directivos de la empresa pública madrileña de agua ‘Canal de Isabel II’ (indirectamente accionista mayoritaria de la barranquillera Triple A) se habrían reunido con Char cuando era alcalde en 2008 para evitar que él los reemplazara con sus parientes políticos los Nule, hoy delincuentes confesos.

  El medio cita a una fuente anónima que asegura que Inassa (la filial de Canal que tiene las acciones en la Triple A) tuvo que pagar para convencer al mandatario barranquillero; Char negó el supuesto encuentro y aseguró que ni siquiera conoce al empresario español con el que supuestamente se encontró.

  Aparte de esto, a Char le abrieron investigaciones preliminares en la Fiscalía durante su primera Administración (como una en 2010 por haber adjudicado el recaudo del sistema Transmetro a un consorcio en el que estaba su pariente político Guido Nule) y también fue denunciado en la Procuraduría por presunta participación en política.

  El ruido a su alrededor que más se oye es por las casas que hizo entre 2002 y 2005 siendo constructor privado y que terminaron agrietadas y dejando cientos de damnificados, por las que el Distrito ha tenido que pagar más de 15 mil millones de pesos entre subsidios de arriendo y reubicación definitiva.

• ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Según el reporte del programa anticorrupción Bolsillos de Cristal que nos envió el mismo ente, la Fiscalía arrancó este año dos investigaciones (una bajo la Ley 600 y otra bajo la 906) en el marco del caso de corrupción en Canal de Isabel II, que tiene que ver con Colombia por la Triple A. No se sabe si Char es uno de los investigados.

  Por otro lado, cuando se posesionó en enero de 2016, Char fue mencionado en una lista de alcaldes investigados por varios delitos que dio a conocer el entonces vicefiscal Jorge Perdomo. No hemos podido establecer qué casos eran, si avanzaron o fueron cerrados, ni qué decisiones se tomaron con Eduardo Montealegre y cuáles con Néstor Humberto Martínez como Fiscal General.

• Su alianza con Vargas:Fuad Char ha sido aliado de Vargas desde hace más de dos décadas, financiándolo y poniéndole votos. Álex heredó esa alianza desde que empezó a hacer política hace más de 12 años. .

• Qué le podría aportar a Vargas: Char es el súper poderoso que es clave para el futuro de la aspiración presidencial de Vargas, por sus recursos y su poderosa maquinaria que va más allá de Barranquilla, en donde sacó poco más de 350 mil votos, y es capaz de mover apoyos en toda la región Caribe: tiene de amigos a los gobernadores del Atlántico (liberal, en cuyo triunfo fue determinante), del Magdalena (Cambio), del Cesar (La U) y de Sucre (Cambio), y a los alcaldes de Valledupar (firmas y conservadores), y Montería (conservador). Sin contar su gran popularidad.

• ¿Tendría alguna base la acusación de Claudia ?:Dado que la relación de Vargas con los Char tiene más de 20 años, este caso no cuadraría dentro del patrón que denunció Claudia de aliarse con Vargas para evitar investigaciones penales.

  Pero como las investigaciones que mencionó el vicefiscal anterior hace casi dos años no se han movido, queda la duda de si esa demora es excesiva y se debe a la fragilidad o a la complejidad de los casos (que tampoco se conocen), o a que definitivamente no tenía nada en contra.

Dilian Francisca Toro, en el momento decisivo

 

• Quién es: La actual gobernadora del Valle del Cauca y ex presidente del Senado es la baronesa electoral de la región. Llegó al Senado en 2002 con el aval del Partido Liberal, en 2006 entró a La U y en las elecciones legislativas de 2010 obtuvo la segunda votación más alta del país.

• Escándalo o ruido: Cuando la Corte Suprema de Justicia empezó la investigación por la parapolítica una de las senadoras salpicadas fue Dilian Francisca. En julio de 2008 le abrieron investigación preliminar por las declaraciones de Armando Lugo, alias El Cabezón, miembro del Bloque Calima de las AUC, quien aseguró que los paras apoyaron a Dilian Francisca para llegar al Congreso, en 2002.

  Sin embargo, el testimonio del ex para fue descartado y Lugo es investigado por falso testimonio por los casos de Dilian y del senador liberal caucano Luis Fernando Velasco. Además, El Cabezón tiene otro proceso porque presuntamente extorsionaba a la exsenadora.

  Precisamente, en el caso de la parapolítica el hoy detenido ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno asesoró a Dilian en la denuncia que ella hizo contra uno de los presuntos falsos testigos que la acusó de ser apoyada por los paramilitares.

  En 2012 se abrió otro por lavado de activos, pues Agropecuaria Ceiba Verde, de la que son dueños Dilian, su esposo Julio César Caicedo y el notario Jorge Enrique Caicedo, el hermano de Caicedo, compró tres fincas que habían sido presuntamente de los narcotraficantes Phanor Arizabaleta, Ignacio Álvarez Meyendorff y Víctor Patiño Fómeque.

• ¿Qué ha hecho la Fiscalía?En julio de 2012 la Corte Suprema ordenó detenerla preventivamente. En febrero de 2013, renunció a su fuero de senadora y mientras el proceso por parapolítica se quedó en la Corte, el caso de lavado de activos pasó al Fiscal Primero Delegado ante la Corte, que era María Claudia Merchán.

  El 21 de marzo de ese año, Merchán decidió acusarla. El defensor apeló y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo anuló la actuación argumentando que la defensa no había podido contrainterrogar al mayor Juan Carlos Meneses, quien había rendido testimonio desde Argentina, y porque no se había interrogado el narco Víctor Patiño Fómeque. .

  El año pasado, cuando cambiaron los fiscales delegados, con la llegada de Néstor Humberto Martínez, Merchán dejó su cargo y el proceso lo asumió Jorge Hernán Díaz, quien el 3 de marzo pasado cerró la instrucción y está pendiente de definir si profiere resolución de acusación contra Dilian o precluye la investigación, como lo pidió la defensa.

• Su alianza con Vargas:Aunque Vargas y Dilian no tenían una relación cercana hace algún tiempo, cuatro fuentes políticas (dos de Cambio Radical, uno de La U y una fuente cercana a la Gobernadora) le dijeron a La Silla que han tenido acercamientos con miras a las elecciones al 2018.

  Aún así, una de las fuentes cercana a la Gobernadora aseguró que ella no ha tomado aún una decisión sobre a quién va a apoyar. “Ahora es muy temprano. El panorama aún no se ha definido”, explicó, pero aclaró que sí ha tenido reuniones con el candidato y también con Humberto De La Calle.

  Sobre todo ahora que Vargas se distanció de Santos que, según la fuente, fue quien inicialmente le pidió a Dilian que apoyara a Vargas.

• Qué le podría aportar a Vargas: Toro es considerada la baronesa electoral del Valle del Cauca (en 2014 puso un senador y tres representantes, aunque uno de ellos se salió de su grupo político), obtuvo 513.366 votos cuando fue elegida como gobernadora y desde este cargo su poder se ha ido consolidando en la región.

  Su grupo tiene trece alcaldes en el Valle, incluyendo los de Buenaventura y Palmira- dos de las ciudades más importantes de la región-, y en las elecciones al Congreso de 2018 aspira a fortalecerse aún más, con dos senadores y cuatro representantes a la Cámara.

• ¿Tendría alguna base la acusación de Claudia :Aunque el proceso de Dilian por lavado de activos lleva cinco años y fue durante la administración del ex fiscal Eduardo Montealegre que le decretaron la nulidad, en este momento el proceso está en una etapa vital para la Gobernadora, pues la Fiscalía analiza las pruebas para decidir si profiere resolución de acusación o precluye la investigación, como lo pidió la defensa. Por eso podría haber un incentivo grande para acercarse a Vargas si es que eso ayuda con el Fiscal.

Temístocles Ortega, el caso más sospechoso

 

• Quién es:  De origen liberal, fue viceministro de justicia durante el Gobierno Virgilio Barco y en el 2000, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Entre 2012 y 2015, fue gobernador del Cauca. Es el padrino político de su sucesor, el actual gobernador Óscar Rodrigo Campo.

• Escándalo o ruido: Ortega está salpicado en un proceso por supuestamente haber ordenado la desviación de 458 millones de pesos de un convenio de la Gobernación para financiar la campaña de Campo.

  Se trata de un convenio para la celebración de los juegos intercolegiados Supérate en el 2015, entre la fundación Redes e Indercauca, la entidad que maneja el deporte en el departamento, que realmente ejecutó 444 millones de pesos mientras que Indeportes dijo que costó 876 millones. No se sabe qué pasó con el resto de la plata.

  La denunciante es Ana Bolena García, gerente de Indeportes desde 2012 nombrada por Ortega, y ratificada por Campo. García fue capturada por ese caso en junio del 2016, por peculado por apropiación, falsedad en documentos público y contratación sin el lleno de los requisitos legales.

  Aunque no ha negado que cometió el delito, García argumenta que lo hizo por orden de Ortega y que la plata se usó para pagar tres eventos de la campaña de Campo. Su denuncia llegó en junio del 2016 a la Corte Suprema a través del entonces secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso.

  A García la apoya su esposo, el periodista Carlos Pito, quien dice que le ha entregado pruebas a la Fiscalía y testimonios de seis personas más, filtró a la prensa un chat de enero de este año en el que un funcionario de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía le dice que las actuaciones en el caso estaban siendo filtradas a la defensa de Ortega.

  El ex gobernador le dijo a La Silla que es un montaje contra él, que hay pruebas de que los eventos de la campaña de Campo se pagaron con recursos de la campaña, y que los delincuentes son García y Pito (argumenta que hay cheques de Indeportes depositados en las cuentas de éste y que por eso está vinculado al caso, una versión que Pito niega pero que también le dijo a La Silla un periodista payanés).

  A eso se ha sumado un nuevo ruido porque el abogado de Ortega era el ex magistrado Leonidas Bustos, envuelto en el escándalo del Cartel de la Toga, y el fiscal delegado que llevaba la investigación hasta hace un mes era Alfredo Betín, cuota del otro magistrado preso por ese escándalo, Francisco Ricaurte.

• ¿Qué ha hecho la Fiscalía?La investigación arrancó en manos de la Fiscalía seccional del Cauca, cuya subdirectora (María Claudia Sendoya Millán) es esposa del ex gerente de la campaña de Campo y hoy gerente de la Licorera, Miguel Eduardo Muñoz. Esa Fiscalía ordenó la captura de García y de otros tres ex funcionarios que hoy están libres aunque aún vinculados al proceso.

  Según Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia, él pidió el traslado del caso a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía en junio del 2016 que luego, en octubre, quedó en cabeza del corrupto Gustavo Moreno, amigo de Bustos. Dijo en Caracol Radio que le consta que hubo demoras injustificadas en el proceso.

  Ninguno de los involucrados en este caso ha firmado un principio de oportunidad con la Fiscalía para hablar a cambio de beneficios, algo que ha buscado Ana Bolena García desde que comenzó este proceso. Su audiencia preparatoria está agendada para el jueves.

• Su alianza con Vargas:A pesar de su origen liberal, en 2011 ese partido le negó el aval para llegar a la Gobernación y por eso terminó avalado por la Alianza Social Independiente. Para las elecciones del 2015, se alió con el senador liberal Luis Fernando Velasco.

  Luego de ese triunfo y según tres fuentes (dos políticos rojos y uno de Cambio Radical), Ortega le coqueteó al liberalismo para que le dieran el aval al Senado para el 2018 pero hace cerca de un año, se empezó a acercar a Cambio y a sonar como el candidato de Vargas para conquistar Cauca.

   

  Ortega lo niega. “No he buscado aval en ninguna parte. Desde que salí de la Gobernación todos los partidos me han ofrecido su aval”, dijo.

• Qué le podría aportar a Vargas:  Ortega es el padrino político del actual Gobernador del Cauca, Oscar Campo, un ingeniero que fue secretario de Infraestructura de Ortega y que sacó 205 mil votos en 2015.

• ¿Tendría alguna base la acusación de Claudia :

  Sin embargo, es posible que García solo busque beneficios legales para su caso y que Ortega se haya acercado a Cambio porque en el Cauca es difícil que haya suficientes votos para dos senadores liberales (ya está Velasco) y buscar el impulso de Vargas tiene sentido electoral.

  La lentitud de su caso puede tener además otra explicación: el abogado de Ortega fue Bustos y su proceso no avanzó cuando Gustavo Moreno era director anticorrupción de la Fiscalía y confeso traficante de fallos con el ex magistrado.

Mientras la crisis de Cambio Radical con Presidencia ebulle en Bogotá, en las regiones las entidades que hacen parte del fortín burocrático local de ese partido, continúan como si nada hubiera sucedido. 

Luego de que La Silla comprobara con reportería en varias regiones que, a través de los congresistas, Cambio tiene su maquinaria encendida con miras a recolectar las 380 mil firmas que Germán Vargas Lleras necesita para buscar la Presidencia, el turno llegó para el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en Santander. 

En esa entidad, que forma al año unos 350 mil estudiantes en ocho centros de educación de las seis provincias del departamento, y que maneja un abultado presupuesto, que solo en 2016 movió $69 mil millones en contratación directa, el personal lleva varios días en esa tarea.

La Silla lo corroboró luego de llamar a 30 contratistas para preguntarles por si tenían  las planillas para respaldar la candidatura de Vargas Lleras a la Presidencia. 

Para obtener la información hicimos dos tipos de llamadas. 

Primero nos comunicamos con 10 personas que escogimos al azar de una lista de funcionarios y nos presentamos como periodistas. 

De los 10 números a los que marcamos, cuatro estaban apagados o fuera de servicio, dos no contestaron y en los restantes cuatro, una vez conocieron que éramos un medio de comunicación, negaron haber recibido alguna directriz. 

Luego, llamamos a 20 personas que también escogimos al azar de la lista de contratistas pero esta vez no nos presentamos como un medio sino que inmediatamente preguntamos por el avance en la recolección de firmas.  

Con este ejercicio los resultados cambiaron. 

De los 20 números, en cinco no contestaron y en tres nos dijeron que no les habían entregado ninguna planilla, los 12 restantes no solo nos reconocieron que estaban en la tarea sino que nos dieron un reporte de lo que llevaban recogido. 

En tres casos nos dijeron que ya habían entregado una parte de las firmas y que estaban terminando, en los demás explicaron que estaban en el proceso pero que no había sido muy fácil recogerlas todas. Todos coincidieron en que la meta era 100 firmas por cabeza.

“Yo estoy recogiendo las firmas con mi familia y con mis amigos, pero no se preocupe que yo le tengo eso listo el fin de semana”, dijo uno de los contratistas.

Otro aseguró: “Ya el enlace sabe que yo estoy en eso. Como siempre estoy 100 por ciento pendiente de colaborar”.

Además, una de las personas que dijo no tener planilla, aseguró que la estaba esperando, y pidió que se hiciera una anotación en su nombre, para que los “jefes supieran que estaba pendiente”.

Lo que está pasando en el Sena con la precandidatura de Vargas Lleras no es nuevo. Esa entidad, como lo contó La Silla, es un fortín que ha estado bajo la batuta del senador Bernabé Celis desde 2010 cuando el conservador Alirio Villamizar lo perdió tras ser condenado por su participación en el escándalo del ‘carrusel de Notarías’.

Precisamente, el rumor de que en el Sena estaban pidiendo firmas para Vargas Lleras empezó a correr desde finales de septiembre tras una fiesta de cumpleaños de Celis. 

“Allá se repartieron unas planillas, y a los que no fueron se las empezaron a entregar en las sedes de Cambio o aquí en el Sena. Yo he visto que en sobres cuando los contratistas entregan las cuentas de cobro”, aseguró un contratista que pidió la reserva de su nombre porque teme que no le renueven el contrato si revela su identidad.

La Silla no logró corroborar si fue efectivamente en la fiesta de cumpleaños del Senador donde inició la solicitud de la recolección o si en sobres entregaron planillas tras la radicación de cuentas de cobro, pero en lo que sí coincidieron varias fuentes fue en que en las sedes del Sena sí han asignado esa tarea. 

Seis de los 12 contratistas que dijeron tener planillas para las firmas de Vargas Lleras explicaron haberlas recibido en una sede de la institución, y otros dos aseguraron que se las hicieron llegar vía correo electrónico.

“Es que aquí nadie denuncia porque tienen miedo de quedarse sin trabajo. Ellos tienen familia y uno entiende, pero esto es indignante”, le dijo a La Silla un sindicalista de Cossena (uno de los sindicatos del Sena en Santander).

La recolección de firmas para Vargas Lleras ha dado tanto de qué hablar dentro del Sena, que incluso ese sindicato emitió un comunicado en el que explícitamente señala a Bernabé Celis de impartir órdenes para impulsar esa práctica en Floridablanca a través de Fredy Martínez, una de sus cuotas.

Sindicato de Sena denunciando política con contratistas by lasillavacia on Scribd

Además, Sindesena (el sindicato más grande del Sena en Santander) sacó otro comunicado denunciando que en vísperas electorales a los instructores les cambiaron el formato de las planillas de asistencia de los aprendices -ahora deben poner las direcciones, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico- y anexar esos formatos dentro de las cuentas de cobro para que les paguen. 

Comunicado Cuentas de Cobro Sindesena by lasillavacia on Scribd

El director de la regional del Sena Santander, David Suárez, y quien, como contó La Silla, llegó a ese cargo como cuota de Celis, nos aseguró que desconocía que algo así estuviera pasando en su administración. 

“Este es un centro de formación para la educación, el empleo y la innovación. No hay ningún lineamiento diferente a ese. Con esta información que usted me entrega reuniré a mi equipo de subdirectores para aclarar la situación”, explicó. 

El senador Celis no contestó los mensajes que le dejamos en su celular.

Entre tanto, los contratistas del Sena están corriendo contra el tiempo para recoger firmas y darle un empujón en Santander a la candidatura de Vargas Lleras, mientras que en Bogotá su partido asegura que renunció a toda la participación burocrática de la que se hizo acreedor por estar en la Unidad Nacional.

Una de las personas de mayor confianza del grupo político que dirigen la senadora liberal Arleth Casado y su esposo, el parapolítico Juancho López,  está a punto de convertirse en viceministra de relaciones laborales. Ese nombramiento, de ocurrir, mostraría no solo que el ministerio es un fortín burocrático rojo, sino que sella una cercanía ya conocida entre la hoy ministra y el grupo político de los López Casado.

La ministra, la ex congresista liberal vallecaucana Griselda Janeth Restrepo, ha impulsado la hoja de vida de María Eugenia Aparicio Soto para ese cargo, y ya la Presidencia la publicó en su página (un requisito previo al nombramiento, que significa que ya se decidió que sería designada). Aparicio, quien es de la entraña de la casa López Cabrales viene de trabajar en la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde estuvo desde 2014.

Antes hizo carrera cerca de los López: después de trabajar en la Dian durante cinco años, en 1997 la nombró secretaria general de la Alcaldía de Montería del alcalde conservador Francisco ‘Pachi’ Burgos de La Espriella, y al año siguiente pasó a ocupar el mismo cargo en la gobernación de Ángel Villadiego. Tanto Burgos como Villadiego llegaron con apoyo de la casa López, y Aparicio ocupó los cargos en representación de ella.

Después, entre 1999 y 2004 fue secretaria jurídica de Villadiego y luego de Jesús María López Gómez (tío del ex senador Juan Manuel, también condenado por parapolítica y quien murió en 2012). En 2004, cuando Libardo López (hermano del ex senador Juan Manuel) fue elegido gobernador, se convirtió en su asesora jurídica de cabecera. Y mantuvo ese cargo en la gobernación de Marta Sáenz, también de la casa López.

Cuando ese grupo perdió la gobernación en 2011, ante el crecimiento de los “Ñoños” (Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías) y su exitosa campaña con Alejandro Lyons, Aparicio aspiró a la contraloría departamental como ficha de los López, pero en la Asamblea ganaron las mayorías de la alianza de Lyons.

En 2014 llegó a la Superintendencia de Servicios Públicos como asesora, y allí fue coordinadora del grupo de defensa judicial.

Mientras tanto, la hoy ministra Restrepo fue quien, como Superintendente de Subsidio Familiar, encabezó la intervención de la Caja de Compensación Familiar de Cordoba, Comfacor, en marzo de este año. Según el medio local La Lengua Caribe, esa intervención es vista en los círculos políticos cordobeses como favorable a la casa López, que tenía mayorías en el Consejo Directivo.

Es decir, en la región ya veían a Restrepo como una aliada de los López. Y con viceministra a bordo, esa cercanía se vuelve nacional.