La emergencia por los altos niveles de contaminación del aire en Bogotá, que llevó al alcalde Enrique Peñalosa a declarar la alerta naranja en el suroccidente y la amarilla en el resto de la ciudad, también generó un debate político por las responsabilidades de esta situación.

Mientras Peñalosa y el exalcalde Gustavo Petro se enfrascaron en un tire y afloje que no es nuevo, seguidores de ambos, ambientalistas y líderes de opinión se metieron a dar sus apreciaciones.

La Silla Cachaca le pasó el detector de mentiras a algunas afirmaciones que tuvieron mucho eco en Twitter, con el fin de aclarar los matices alrededor de este debate.

El papá del famoso abogado de derecha, Abelardo de la Espriella Otero, quiere ser Gobernador de Córdoba. Y lo quiere ser con el aval del uribista Centro Democrático.

Su nombre es Abelardo de la Espriella Juris y su aspiración nos la confirmó él mismo.

“Soy del Centro Democrático y soy uno de los seis precandidatos que tiene el partido para la Gobernación”, nos aseguró.

Al igual que su hijo en el país, en el Córdoba político Abelardo de la Espriella Juris es un reconocido simpatizante del uribismo y abogado, pero su especialidad no es el derecho penal, sino el notarial, pues lleva más de quince años trabajando como notario en Bogotá y Cartagena.

Su carrera ha sido en el sector público y ha estado siempre mezclada con la política.

Fue diputado de Córdoba a mediados de la década de los ochenta por el Partido Liberal y, de ahí, en 1989, pasó a ser magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba.

En el 94, renunció a este cargo para aspirar a la Gobernación de Córdoba por el Nuevo Liberalismo, pero perdió contra Carlos Buelvas Aldana, candidato de una coalición entre liberales y conservadores.

En las siguientes elecciones regionales volvió a aspirar a la Gobernación y de nuevo a ser derrotado, esa vez por el liberal Ángel Villadiego, quien era apoyado por casi toda la clase política de la región.

En el 2002, aspiró al Senado con el aval del Movimiento Alternativa Democrática en alianza con la entonces representante Zulema Jattin (hoy en juicio por parapolítica), quien aspiraba por el Movimiento de Apertura Liberal.

Ese año, tras no ser elegido congresista, el Gobierno del recién electo presidente Álvaro Uribe, de quien De la Espriella Juris es amigo desde sus aspiraciones a la Gobernación (Uribe a la de Antioquia y De la Espriella a la de Córdoba), lo nombró notario en Cartagena.

Allí duró tres años hasta que en noviembre de 2005 fue nombrado notario en Bogotá.

Su nombramiento aparece en el listado que entregó el exsuperintendente de Notariado Manuel Cuello Baute (condenado por concusión, abuso de poder y prevaricato), y que fue publicado por Semana, de notarías entregadas a familiares de los congresistas que apoyaron la reelección de Uribe en el escándalo de la Yidispolítica.

En conversación con La Silla Caribe, De la Espriella Juris aseguró, sin embargo, que la entrega de su cargo no obedeció a un favor político, sino a la amistad que tiene con Uribe desde mediados de los noventa.

Actualmente, es la cabeza de la Notaría 32 en Bogotá y uno de los competidores por el guiño del Expresidente y Senador para el aval del Centro Democrático en Córdoba.

La puja por el guiño

Además de De la Espriella Juris, hay otras cinco personas que quieren tener el aval del Centro Democrático para competir por la Gobernación del departamento.

Ellos son el exdiputado César Jattin Feris, el excandidato a la Alcaldía de Montería Carlos Ordosgoitia, el exprecandidato a la Gobernación Pedro Jaller, la excandidata a la Cámara Iliana Garzón y el excandidato al Senado por Cambio Radical Carlos Gómez.

Aunque no hace parte de la baraja de prencadidatos, Uribe, por su parte, ha mostrado su favoritismo hacia alguien distinto: el neurocirujano cordobés Remberto Burgos, con quien tiene una estrecha amistad.

Ojalá una persona como el dr Remberto Burgos aceptara ser candidato a la Gobernación de Córdoba

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 22 de enero de 2019

Lo que tiene a los uribistas enfrentados por este aval es que Carlos Gómez, quien en sus pasadas campañas a la Gobernación fue avalado por los cuestionados grupos de los condenados Alejandro Lyons y Pedro ‘el Indio’ Pestana, no pertenece propiamente al Centro Democrático, aunque en las regionales de hace cuatro años fue apoyado por el uribismo.

El descontento ha sido tal que los otros cinco precandidatos, que sí son militantes, no asistieron a la Convención del Centro Democrático que se llevó a cabo en Montería a finales de enero y a la cual, como contamos en La Silla Caribe, asistieron todos aquellos que quieren llevar el sello uribista en las próximas elecciones.

De acuerdo a lo que nos contaron tres políticos cercanos al uribismo cordobés, quienes apoyan la candidatura de Carlos Gómez son la senadora uribista Ruby Chagüi y la representante de La U Sara Piedrahita (cuñada de Chagüi y prima y aliada política del delincuente exgobernador Alejandro Lyons).

Ayer, en una reunión en Bogotá a la que asistieron Abelardo de la Espriella Juris, la senadora Chagüi, el expresidente Uribe y la directora del Centro Democrático Nubia Stella Martínez, se definió que el candidato que llevará el aval del uribismo lo determinarán los mismos precandidatos.

“Acordamos en que el aspirante que logre reunir más apoyos ciudadanos, políticos y de movimientos sociales será el candidato. Nosotros sabemos que solos no llegamos”, nos contó De la Espriella, quien espera que su tercera vez sea la vencida.

Ganar el aval en principio evidenciaría aún más la estrecha relación de 'los Abelardos' con el uribismo, tras el nombramiento de la suegra de Abelardo de la Espriella hijo (Regina Victoria Aruachan) como consul en Miami.

Nota de la editora: publicada esta historia, la senadora Ruby Chagui nos aclaró que el mecanismo para elegir candidato a la Gobernación de Córdoba se va a definir en los próximos días, en consenso con los precandidatos. "Voy a brindar todas las garantías a todos los que aspiran y respaldaré al que se quede con el aval y sea el candidato", agregó.

El Fiscal General, Néstor Humberto Martínez (NHM), presentó un documento en el que sugiere al presidente Iván Duque objetar por inconveniencia el proyecto de ley estatutaria de la JEP (PLE).  Y aunque creo que el presidente Duque puede objetarlo por incoveniencia, las razones invocadas por el NHM son no sólo inexactas (por decir lo menos), como bien lo mostró un excelente hilo de Juanita Goebertus, sino que carecen de todo fundamento jurídico pues están dirigidas contra la sentencia de la Corte sobre el PLE, lo cual es jurídicamente un atropello.

Para sustentar esta tesis, comenzaré por explicar que i) Duque puede objetar el PLE pero que esa objeción ii) debe dirigirse contra artículos aprobados por el Congreso y no con el propósito de revivir contenidos declarados inconstitucionales.

Luego mostraré que iii) todas las objeciones de NHM son jurídicamente absurdas precisamente porque pretenden revivir contenidos declarados inconstitucionales. Terminaré iv) con unas breves consideraciones dirigidas el Presidente Duque.

1. La posibilidad de una objeción presidencial por incoveniencia al PLE

El proceso de aprobación de una ley estatutaria incluye, como paso necesario, una revisión previa e integral de constitucionalidad del proyecto respectivo antes de que pase a sanción presidencial.

Es obvio entonces que el presidente no puede objetar el PLE por inconstitucionalidad pues, por tratarse de un proyecto de ley estatutaria, su constitucionalidad ya fue revisada integralmente por la Corte Constitucional, que declaró en la sentencia C-080 de 2018 que la casi totalidad de ese extenso texto es constitucional. Sobre eso hay cosa juzgada.

Pero el presidente puede objetarla si le parece inconveniente, como lo ha reconocido explícitamente la Corte en varias sentencias, desde la C-011 de 1994 , que fue la que primero abordó el asunto.

No comparto entonces la posición de Roy Barreras que se opone a la posibilidad de esa objeción presidencial, con el argumento de que eso sería ir contra la sentencia de la Corte.

El error de Barreras es creer que si Duque objeta por incoveniencia el PLE estaría oponiéndose a la sentencia C-080 de 2018, lo cual obviamente no puede hacer. Pero no es así.

El Presidente estaría oponiéndose al articulado (o parte del articulado) del proyecto que fue declarado constitucional por la Corte y eso es posible pues una norma puede ser constitucional (que es el análisis hecho la Corte) pero el presidente considerar que es inconveniente.

2. Los límites de una objeción presidencial al PLE

Barreras, a pesar de estar equivocado, tuvo una buena intuición jurídica y acierta en un punto trascendental: una objeción presidencial al PLE para que sea legítima tiene que dirigirse contra artículos aprobados por el Congreso y declarados constitucionales por la Corte.

La objeción no puede ir contra la sentencia de la Corte, con el propósito de modificarla para intentar revivir contenidos legales que fueron declarados inconstitucionales.

Las razones para esta limitación son bastante obvias pero las sistematizo pues al parecer no las tiene claras ni siquiera alguien con semejante fama de sapiencia jurídica, como NHM.

Las objeciones presidenciales son un poder de freno pues con ella el presidente tiene la posibilidad de hundir artículos (objeción parcial) o proyectos integrales (objeción total) aprobados por el Congreso. En efecto, si el Presidente objeta y el Congreso no tiene las mayorías necesarias para derrotar esa objeción, entonces el artículo o el proyecto se hunden.

Cuando objeta, el presidente actúa entonces como una especie de “legislador negativo”, por usar la metáfora de Hans Kelsen para referirse a los tribunales constitucionales: puede hundir contenidos aprobados por el Congreso pero sólo puede hacer eso.

El Presidente no puede usar la objeción para aprobar contenidos que no existían jurídicamente cuando el proyecto le llega a sanción presidencial. No puede por ejemplo el presidente “objetar” un proyecto para revivir un determinado artículo que le gustaba pero que fue rechazado en un determinado momento del proceso legislativo pues ese artículo simplemente murió al no ser aprobado por las cámaras.

Ahora bien, si un artículo fue declarado inconstitucional por la Corte al revisar el PLE, eso quiere decir que ese artículo murió y ya no hace parte de este PLE. No puede entonces usarse la objeción para pretender revivirlo, pues la función de la objeción es eventualmente matar normas que están vivas, y no revivir aquellas que están muertas.

Lo mismo sucede con aquellos artículos que fueron declarados constitucionales pero de manera condicionada, que es cuando la Corte dice que tal artículo es constitucional pero con la interpretación A, y no con la interpretación B por ser esta última contraria a la Constitución. En efecto, esa constitucionalidad condicionada equivale a declarar la inconstitucionalidad de la interpretación B, por lo cual no puede una objeción presidencial revivir esa interpretación B pues esta murió por la sentencia de la Corte.

La anterior razón es suficiente para concluir que no puede haber objeción presidencial para intentar revivir un contenido normativo que murió por haber sido declarado inconstitucional en la revisión previa de una ley estatutaria.

Pero hay otras dos razones, quizás aún más importantes, en contra de esa posibilidad, cuando el artículo del proyecto de ley estatutaria fue declarado inconstitucional por razones de fondo, y no de puro procedimiento.

La primera es que eso sería desobedecer flagrantemente una sentencia de la Corte Constitucional. Esto es gravísimo pues viola una regla elemental del Estado de derecho, que es que el gobierno debe respetar las decisiones de los jueces.

Además, en el caso de la Corte Constitucional, viola un mandato constitucional preciso, que es el artículo 243, que señala que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, por lo cual “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

La segunda es que una objeción de esa naturaleza en el fondo intenta modificar la Constitución por medio de una ley estatutaria, lo cual es groseramente inconstitucional pues las leyes estatutarias son de menor jerarquía que la Constitución y están entonces sujetas a los mandatos constitucionales

3. Las inaceptables “objeciones” de NHM el PLE

El análisis precedente mostró que no es posible usar la objeción presidencial por “incoveniencia” para intentar revivir contenidos del PLE declarados inconstitucionales por la sentencia C-080 de 2018. Pero eso es precisamente lo que pretende NHM. Veámoslo:

La primera “objeción” se queja de que la Corte declaró inexequible el numeral 3 del inciso quinto del artículo 62 y busca revivirlo.

La segunda “objeción” de NHM va contra la declaración de inconstitucionalidad de la expresión “todos los” del artículo 20 del PLE y busca revivir esa expresión.

La tercera “objeción” va contra la constitucionalidad condicionada del artículo 79 literal j) del PLE, con el fin de eliminar el condicionamiento y revivir así un contenido normativo declarado inconstitucional por la sentencia.

Finalmente la cuarta “objeción” va contra la inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 19 del PLE con el fin de revivir ese parágrafo.  

Las cuatro propuestas de objeciones por inconveniencia del Fiscal van en contra de contenidos normativos declarados inconstitucionales, con el fin de revivirlos, lo cual es un absurdo jurídico por las razones que expliqué anteriormente.

Como NHM es astuto, en su escrito no recomienda nunca claramente al presidente que objete el PLE por esas razones sino que simplemente lo sugiere sinuosamente, con lo cual provoca el enredo jurídico y político sin siquiera asumir las plenas consecuencias de su escrito.

Aclaro que no comparto para nada los análisis de NHM sobre las supuestas implicaciones catastróficas de estas declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte pues considero que en todas ellas la Corte acertó.

Pero no puedo entrar en esta discusión en este blog, que tenía otro propósito, que es mostrar la falta de fundamento jurídico de las insinuaciones de NHM al presidente de usar las facultades presidenciales para revivir contenidos normativos declarados inconstitucionales por la sentencia C-080 de 2018.

Sobre el análisis de fondo, remito a las aclaraciones de Juanita Goeberturs en su hilo que muestra las graves inexactitudes de la argumentación de NHM.

4. Consideraciones finales

El presidente Duque ha hecho, entre otras, tres promesas importantes, que ojalá pueda cumplir: que no pretende hacer trizas el acuerdo de paz con las Farc, que quiere unir a los colombianos y que el suyo será un gobierno fundado en una cultura de la legalidad.

Si es leal a esos propósitos, el presidente Duque no debería acoger las insinuaciones de NHM de objetar el PLE por inconveniencia invocando las cuatro razones del Fiscal.

El camino propuesto por NHM está lleno de ilegalidades pues sugiere usar las objeciones presidenciales en una forma groseramente antijurídica.

Además, esa objeción al PLE, aunque sea parcial, pone en grave riesgo el acuerdo de paz porque demora aún más la promulgación de esta importante ley, que quedaría en suspenso mientras el Congreso debate las objeciones.

Eso puede tomar un buen tiempo y el trámite es incierto pues sería la primera vez que un presidente objeta un proyecto de ley estatutaria por lo que hay muchas dudas de procedimiento.

Por ejemplo, si el Congreso rehace un artículo, ¿debe el texto volver a la Corte? ¿Debe haber entonces una nueva sentencia, con todo el largo trámite que puede tomar esta revisión?

Finalmente, ese camino sugerido por NHM incrementa la polarización entre los colombianos pues rompe el relativo consenso institucional que había logrado la regulación de la JEP incluida en este PLE pues ya había sido aprobada por las mayorías del Congreso y había obtenido el aval de la Corte Constitucional.

¿Por qué, señor Presidente, poner en riesgo ese consenso y el propio acuerdo de paz, usando de manera antijurídica la figura de la objeción presidencial?

En la foto a la salida de la reunión de la bancada conservadora con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y ex candidata presidencial de ese partido, Marta Lucía Ramírez, estaba en todo el centro.

Pero esa imagen de unidad, aunque muestra que ese partido es aliado del Gobierno, no significa que lo sea por la Vicepresidenta, que siempre ha marcado un posición independiente frente a los congresistas y que si bien puede coincidir con su discurso en temas como la importancia de la empresa y la propiedad privada o el rechazo al régimen de Nicolás Maduro, no es su representante ante Duque.

Días antes de que se posesionara el Presidente, contamos que esa bancada y la Vicepresidenta habían sanado diferencias del pasado, algo que se mantiene, y que varios congresistas azules la sentían como representación directa en el Gobierno, algo que no ocurrió.

Eso porque Marta Lucía ha reiterado su ya conocida autonomía de los barones azules, de hecho no hace parte del Partido Conservador y por eso parte de la bancada del Congreso no asume su vicepresidencia como representación política.

Marta Lucía a su manera

Aunque como Vicepresidenta no tiene el poder que tuvo su antecesor, Germán Vargas, Ramírez ha usado el margen que sí tiene y la visibilidad de su cargo para avanzar su agenda propia, que no necesariamente coincide con la de la bancada conservadora ni siquiera en sus apuestas electorales para octubre.

Una muestra de eso es el encargo que le dio Duque de ser ‘madrina’ de Cartagena y supervisar el trabajo del alcalde encargado, el ex congresista azul Pedrito Pereira.

En el cuatrienio anterior, Pereira era uno de los pocos congresistas azules con cercanía con Ramírez en plena puja entre ésta y los barones en el directorio azul y ahora, según el analista político Carlos Suárez, no toma ninguna decisión sin el aval de la Vicepresidenta.

Esa incidencia la tiene como super poderosa de Bolívar, donde además le dio el guiño a la aspiración a la Alcaldía de La Heróica de Fernando Araújo Perdomo, quien es padre del senador uribista Fernando Nicolás Araújo y quien, como miembro del directorio conservador, estuvo en la orilla de la hoy vicepresidenta en la puja interna de los últimos años

Araújo Perdomo, también es cercano al expresidente Andrés Pastrana y al senador y ex presidente Álvaro Uribe - del primero fue ministro de Desarrollo Económico y del segundo lo fue de Relaciones Exteriores - , y como tal representa un puente similar al de la misma Ramírez o al de aliados suyos como la directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación, Ángela Ospina de Nicholls.

El impulso de Ramírez a Araújo que no necesariamente representa lo que quiere la bancada conservadora del Congreso y si el ex ministro termina con el aval azul, sería más gracias a ella que a ellos.

Eso es similar a lo que ha ocurrido en Floridablanca, el municipio vecino a Bucaramanga con peso político en Santander.

Allí el alcalde Héctor Mantilla logró elegirse en 2015 con el apoyo de Marta Lucía y desde entonces está lejos de la casa política del exsenador condenado por la yidispolítica Iván Díaz Mateus, a la que derrotó y a la que, como contó La Silla Santandereana, hoy enfrenta por la conformación del directorio departamental del Partido Conservador.

De hecho, así como Araújo está arrancando la campaña con un apoyo empresarial importante y no como ficha de un partido, Mantilla se lanzó a la alcaldía tras retirarse del partido, recogiendo firmas y cautivando con un discurso conservador pero independiente.

Es decir, lo mismo que hizo Ramírez en su aspiración presidencial de hace un año, que la llevó a quedar de segunda en la consulta de la derecha y en convertirse en fórmula del uribista Duque: ser más conservadores de ideología y discurso que de estructura partidista, algo que ha creado resquemores entre los barones azules desde hace años.

A eso se suma que mientras Ramírez fue fuerte crítica del gobierno de Juan Manuel Santos, y como vicepresidenta ha puesto el espejo retrovisor hasta el punto de tener que borrar un trino en el que decía que los cierres de las vías 4G se debían al nuevo gobierno cuando no es cierto, la mayoría de los congresistas azules fueron santistas casi hasta el final.

Eso, cuando la Vicepresidenta tiene natural llegada a la opinión, revive las diferencias, como dicen los congresistas azules sin atreverse a dar la cara para no romper la relación.

Una unidad sin representación burocrática

Aunque cuando Marta Lucía llegó al poder hubo acercamientos entre la bancada y ella, según cinco congresistas con los que hablamos terminaron sin frutos.  

Eso porque a la distancia histórica se sumó la política anti cuotas de Duque, y las coincidencias entre Ramírez y los congresistas se quedaron en el campo de lo ideológico sin llegar al de la mecánica política, pues hasta ahora no se ha convertido en representación de los congresistas godos en burocracia, con algunas excepciones puntuales, como la del exgobernador del Valle Ubeimar Delgado, que ahora es embajador en Suecia.

Buscamos a la Vicepresidenta para conocer su posición sobre su relación con la bancada, y no pudimos obtenerla hasta el momento de publicar esta nota. Su jefa de prensa le explicó a La Silla que esa relación es buena, similar a la que tiene con los otros partidos que apoyan al Gobierno.

Pero en la bancada parece haber una herida.

Para cinco congresistas conservadores, que pidieron no ser citados para evitar un choque, Marta Lucía ha tratado de fortalecerse sola, con la agenda independiente que la ha caracterizado.

“Ella no ha mostrado una cercanía con la clase política del partido, pero cuando es con el doctor Araújo, con esa clase política, sí”, le explicó a La Silla uno de esos congresistas.

“Nosotros nunca nos acercamos a ella, eso de que había una cercanía apenas ella llegó a la vicepresidenta no es cierto”, fue más lejos otro.

En contraste, el presidente del Partido y ex senador, Hernán Andrade, dice que su relación con Marta Lucía es buena y fluida, y que eso encaja en que se sienten parte del Gobierno.

“Si usted ve mi agenda está llena de eventos con el Gobierno”, le dijo a La Silla. Y recalcó que aunque no todo es color de rosa, por la falta de burocracia, tienen el interés de estar al lado del Gobierno para que le vaya bien al país.

Algo similar nos dijo el representante huilense Jaime Felipe Lozada, quien considera que la relación es cordial y está basada en sacar iniciativas que le convengan al país; mientras que la representante tolimense Adriana Magaly Matiz dice que se siente totalmente representada por la Vicepresidenta.

La diferencia entre los que están más contentos y los que lo están menos puede tener el trasfondo de las elecciones locales de octubre, en la que se juegan el sustento de su poder cuando no hay un ‘computador de Palacio’ que les asegure burocracia en lo nacional.

La política de seguridad del presidente Iván Duque y su decisión de no apostarle a la sustitución de cultivos ilícitos como se acordó en La Habana, comenzó a materializarse en Ituango, municipio priorizado para el posconflicto, uno de los 20 donde más creció la coca en 2017, y donde hierve la guerra entre Clan del Golfo y disidencias.

Unas 650 familias campesinas de Santa Rita, el corregimiento que tiene más avanzado el proceso de sustitución en todo Ituango, están inscritas en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, Pnis, desde mayo de 2018. Desde entonces están esperando que arranque la sustitución, pero el Ejército llegó hace 10 días a arrancar sus matas de coca.

En respuesta, la semana pasada cocaleros de Santa Rita hicieron una movilización de tres días para pedir el arranque de la sustitución antes de que la Fuerza Pública erradique, protestas similares a las que ya se empezaron a ver en otras regiones y se han venido calentando.

El caso, marcado por Hidroituango

El 4 de febrero se cumplieron nueve meses desde la última vez que funcionarios del Pnis fueron a Ituango.

El 4 de mayo, justo el día que terminaron de inscribir a las familias de las 23 veredas de Santa Rita y estaban a punto de salir a inscribir a más cocaleros en El Aro, corregimiento aledaño y famoso por una masacre que cometieron los paramilitares en 1997, el taponamiento de uno de los túneles de Hidroituango tumbó uno de los puentes que comunica a ese municipio con Medellín.

Por esa contingencia, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Unodc, con la que el Gobierno subcontrató la ejecución del Pnis, les prohibió regresar hasta noviembre. Y ahora EPM no les ha dejado pasar el carro oficial por el ferry para atravesar la presa, una vía a Ituango que no existía antes de la emergencia.

Con esos líos, los funcionarios del Pnis han dejado esperando a los campesinos dos veces.

A pesar de eso, en algunas veredas de Santa Rita los campesinos han ido dando pasos para la sustitución con la ilusión de que llegue pronto el Pnis a avanzar con los proyectos y a desembolsar los pagos mensuales.

En concreto, han estado “sembrando café, caña y pasto”, le dijo a La Silla el presidente de Junta de Acción Comunal de una vereda a media hora del casco urbano de Santa Rita, que no nombramos por su seguridad. Pero esos negocios, nos dijo, no son tan rentables como la coca.

Pero hasta ahora, lo que han llegado son soldados dispuestos a erradicar.

Por eso, el miércoles pasado se reunieron en el casco urbano de Santa Rita alrededor de 400 personas. Allí a los cocaleros se unieron comerciantes del casco urbano, para los que la sustitución también es -o era- una esperanza.

“Si le erradican la coca a los campesinos, entonces no les compran el arroz, la gasolina, los venenos” a esos comerciantes, nos explicó Dorancé Durango, cabeza local de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, organización que ha sido afín a las Farc y que es operadora de la asistencia técnica del Pnis en varias partes del país.

También se manifestaron cultivadores de coca del vecino El Aro, donde 500 familias esperan inscribirse individualmente.

El sábado, los 23 presidentes de Junta de Acción Comunal de Santa Rita acordaron con el secretario de Gobierno y el Personero de Ituango levantar el paro siempre y cuando el Pnis adelantara su próxima visita, que estaba programada para el 6 de marzo, para este viernes 22 de febrero.

En todo caso, los campesinos ya están preparados en caso de que no arranque la sustitución. “Si nos aplazan más las reuniones del Pnis, inmediatamente habrá movilización, y más grande, con las 52 veredas inscritas en Ituango”, nos dijo el coordinador Durango.

Los cocaleros de Ituango ya habían protestado por ese mismo choque de trenes entre sustitución y erradicación en abril de 2018, cuando soldados erradicaron en dos veredas de El Aro, donde ya había un acuerdo colectivo para parar de cultivar.

Por eso, el Pnis acordó acelerar la inscripción individual, pero no volvió y ahora van 668 hectáreas erradicadas en ese corregimiento, según fuentes de la Secretaría de Gobierno de Antioquia.

La huella del gobierno Duque

Las nuevas quejas de los cocaleros de Santa Rita tienen relación con la nueva política de seguridad que Duque presentó hace menos de dos semanas.

El despliegue de militares a veredas con cocaleros ya inscritos individualmente en el Pnis se puede explicar con la declaración que nos dio, a comienzos de enero, un miembro de la Fuerza Pública que no nos dejó citarlo por no ser vocero oficial, y que muestra que se trata de una medida para luchar contra los grupos ilegales de la región.

"Van a llegar pelotones de hombres que solo se van a encargar de erradicar manualmente. Antes de Duque no teníamos una directriz clara”, dijo.

“Desde agosto del 2018 a hoy, el Ejército triplicó su número de hombres en el Bajo Cauca, el Norte y el Sur de Córdoba, donde se focaliza hoy la guerra. Con Duque se fortaleció toda la estrategia militar, porque antes de que él llegara acá no dábamos abasto", añadió.

Frente a eso, el general de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, le dijo a La Silla que la llegada de soldados a erradicar a Santa Rita obedece al Plan Bicentenario de las Fuerzas Militares, que aterriza la nueva Política de Seguridad y Defensa.

Esa política, como contó La Silla, incluye un capítulo que cambia la lógica del Pnis, pues dice que se debe eliminar la intermediación de organizaciones sociales como la Coccam, que han sido claves para la implementación del punto de drogas del Acuerdo con las Farc.

Esa idea de eliminar mediadores la materializa el general Ramírez: “Donde hay sembrados hay erradicación, inclusive asistida con las familias inscritas”.

Luis Fernando Pineda, coordinador del Pnis en Antioquia, coincide en que el cambio se debe al nuevo Gobierno.

“En el gobierno anterior, primero era el Pnis y luego la erradicación”, dijo. “El Ejército no erradicaba ni en los municipios inscritos colectivamente”.

“La metida de soldados a Santa Rita muestra la asimetría entre los propósitos de erradicación y sustitución. Ahora (con Duque) puede ser que el énfasis sea erradicar y luego sustituir”, añadió.

Pero puede haber una luz

A pesar de la tensa situación, la sustitución todavía puede avanzar.

Pineda le dijo a La Silla que los retrasos del Pnis en Ituango han sido más que todo por la emergencia de la hidroeléctrica y porque en agosto, en los últimos días de presidencia de Juan Manuel Santos, al ver que no se ejecutaban, el Gobierno trasladó los recursos para la implementación en Ituango a otra parte.

Cuando llegó Duque la cosa siguió igual, y solo hasta enero volvió a haber recursos para el Pnis, con el fondo Colombia en Paz.

Con esa plata, el programa espera hacer la inscripción individual de las 1.200 familias que están cobijadas por el acuerdo colectivo de Ituango, pero faltan las 3.000 que están pendientes de lo mismo en los aledaños Valdivia y Campamento.

Por su parte, el consejero Archila le dijo a La Silla que en los municipios donde haya inscripciones colectivas a la espera de dar el siguiente paso e inscribirse individualmente, “les vamos a cumplir”.

De lo que pase en los próximos días dependerá si en Ituango por fin despega la sustitución, o si se convierte en un caso más en que los cocaleros le muestren los dientes a Duque.

En los últimos dos días se hicieron públicos tres nuevos nombramientos del Gobierno de Iván Duque en cargos en el exterior. El factor común: el uribismo purasangre.

El primero fue el decreto de Presidencia, de ayer, que nombra a Mario Javier Pacheco cónsul general en Ciudad de Panamá.

Ese nombramiento se da cuatro meses después de una polémica por su posible llegada a la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues dijo en una columna que “el lenguaje de Santos en el CNMH, deberá redireccionarse, corrigiendo la tendencia de culpar al Estado y a las fuerzas militares”, una postura afín a la del uribismo, que suele defender en sus publicaciones.

Pacheco es un periodista de Ocaña, Norte de Santander, sin experiencia en asuntos consulares.

Tiene una especialización en Comunicación digital y medios Interactivos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ha sido profesor de Literatura y de conflicto armado y paz; es militante de vieja data del Partido Conservador y fue contratista en el Ministerio de Cultura entre 2007 y 2010.  

También trabajó en la gerencia de campaña de Iván Duque con Luis Guillermo Echeverri.

El segundo es el ingeniero paisa Darío Montoya, quien era una de las cuotas uribistas en la gobernación de Luis Pérez, como rector de la Universidad Digital. Su hoja de vida también apareció hoy en Presidencia como aspirante a embajador en Brasil. 

De origen conservador, Montoya fue director del Sena en los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe. De hecho, en la campaña presidencial de 2010 hubo polémica por presuntamente haber favorecido la campaña de Juan Manuel Santos desde la entidad, como contamos.

Cuando renunció al Sena en 2010, se fue de rector de la universidad Élite, que se inventó Uribe con su ayuda y con la del hoy superministro de Iván Duque, Carlos Enrique Moreno, una prueba de la cercanía entre los dos.

Es tan cercano a Uribe que, sin trayectoria previa en política, sonó como candidato a la Alcaldía de Medellín en 2011 por La U y para la Gobernación de Antioquia en 2015.

También hizo parte de la comisión de empalme de Duque para Trabajo y Educación, como contó La Silla Paisa.

El tercero es Antonio José Ardila Gaviria, hijo y heredero del megaempresario uribista Carlos Ardila Lülle, como embajador en Londres. Hoy su hoja de vida apareció publicada en la página web de Presidencia.

Si bien Ardila junior no tiene vínculos directos con el uribismo, su papá sí. Como hemos contado, Ardila Lülle aportó a las campañas de Álvaro Uribe a Presidencia en 2002 y en 2006; y su cercanía ha sido tal que entre las primeras cosas que hizo Uribe cuando ganó por segunda vez, fue ir a darle las gracias.

Ardila, economista de Harvard y esposo de Luz Ángela Sarmiento, hija del hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha hecho toda su carrera al lado de su papá, y desde hace más de 20 años es vicepresidente de la Organización Ardila Lülle.

Ha estado más cerca del negocio central de la Organización, las gaseosas, que de los medios (en los que se mete más su hermano Carlos Julio, quien fue embajador en Madrid del gobierno de Andrés Pastrana) y se ha dedicado bastante al deporte, a través de Atlético Nacional, equipo del grupo económico, y como delegado de Juan Manuel Santos en el consejo directivo de Coldeportes.

Esos tres nombramientos se suman a otros que prueban que el presidente Duque premia viejas lealtades uribistas con cargos diplomáticos.

La reunión de esta mañana en el centro de Bogotá entre distintos sectores que defienden el Acuerdo de Paz con las Farc, y que movieron en redes con #DefendamosLaPaz, abre un camino para que haya una voz unificada en respuesta a las decisiones del Gobierno y las peticiones del uribismo de imponer su poder y frenar con más bríos la implementación de ese acuerdo.

Si funciona, en un año de elecciones locales la división entre quienes votaron SÍ y quienes optaron por el NO en el plebiscito de 2016, puede volver a ser central en la política. El desafío es que puedan mantenerse coordinados y que lo que hablaron hoy no se quede en ideas.

La antesala

Aunque el detonante de la reunión fue la arremetida del Centro Democrático para que el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria de la JEP e incluso, como trinó  el expresidente Uribe, desaparezca ese sistema de justicia transicional, la idea de volver a unir a todos los sectores del Sí viene de atrás.

Desde diciembre dos exministros liberales de Interior de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y el exjefe negociador del Gobierno en La Habana y excandidato presidencial liberal, Humberto De La Calle, venían hablando de hacerlo.

En concreto, querían sentar a los sectores que impulsan la implementación del Acuerdo para pensar acciones conjuntas que sirvan para defenderlo de las decisiones del Gobierno y las críticas de la orilla del No.

La contaron al expresidente Santos de la idea desde el principio, pero no se ha metido en nada, según nos dijo Cristo.

“Para nosotros era clarísimo que en marzo el Centro Democrático se iba a venir con proyectos en contra del Acuerdo y queríamos anticiparnos”, dijo a La Silla Rivera.

Cristo le contó la idea al senador del Polo, Iván Cepeda, y éste comenzó a regar la bola con los congresistas de la bancada pro paz en el Congreso - es decir, de la oposición del Polo, los verdes, la Farc, el Mais y los ‘Decentes’, más Roy Barreras de la U.

“Queríamos lanzarlo más temprano pero no habíamos encontrado un momento”, dijo a La Silla Cepeda.

El momento apareció esta semana, cuando se juntaron varios hechos que ven como embates contra el Acuerdo y su implementación

• La avalancha de críticas del uribismo contra el proyecto de ley estatutaria de la JEP, sumadas a la petición del Fiscal General al Presidente para que la objete

• El nombramiento oficial de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica

• Las decisiones del Plan de Desarrollo de no detallar en el articulado el plan plurianual de inversiones para La Paz, que solo quedó en un capítulo de las bases.

• La reforma constitucional que presentó la senadora uribista Paloma Valencia para que crear salas especiales dentro de la JEP para juzgar a militares. 

• El asesinato de líderes sociales.

“La verdad, lo de la estatutaria no lo veíamos venir ni Humberto ni yo”, nos dijo Cristo. “Nadie tenía en la cabeza que quisieran objetarla, y cuando vimos que Uribe ya fue más allá y dijo que había que desaparecer la JEP, fue como si nos devolvieran al 2 de octubre (de 2016)”, agregó.

Por eso, lo que comenzó a pasar esta mañana es la semilla de un ‘Sí’ más articulado en la era Duque.

La reunión

Según diez fuentes que fueron a la reunión, éste fue un encuentro espontáneo para compartir ideas de cómo pueden movilizarse en pro de defender el Acuerdo.

El auditorio era un salón no muy grande del centro cultural Gabriel García Márquez, lo alquilaron Cristo y Rivera por 300 mil pesos, según nos contó Rivera.

Además de De La Calle, que se sentó al lado de Timochenko, y de Cepeda, Cristo y Rivera, llegaron congresistas verde como Antanas Mockus, Angélica Lozano, Iván Marulanda y Antonio Sanguino; Ángela María Robledo de la Colombia Humana; Aída Avella de la Unión Patriótica; congresistas farianos como Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada y también de la U, como Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez.

A ellos se sumaron líderes de izquierda como Clara López; exfuncionarios del gobierno Santos como el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, el ex viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez y Eduardo Díaz, quien fue director de drogas de Presidencia; y activistas y miembros de la sociedad civil como la activista de Twitter, Catherine Juvinao, la ex directora de Transparencia por Colombia, Elisabeth Ungar y delegados de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, y la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y Contra la Guerra, entre otras.

En la reunión acordaron sacar un primer comunicado defendiendo el Acuerdo, que ya salió en medios, y otro, que esperan enviar al final del día a Duque y que está terminando de redactar Rivera, pidiéndole que firme sin objeciones la ley estatutaria de la JEP.

Más allá de la reacción inmediata sobre la JEP, hablaron de priorizar otros cuatro asuntos

• Defender el punto agrario del Acuerdo, sobre lo que habló Juan Camilo Restrepo.

• Defender la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

• Hacerle un seguimiento con lupa al plan plurianual de inversiones para la paz, como dijo la representante verde Juanita Goebertus.

• Hacer presión para pedirle respuestas al Gobierno por el asesinato de líderes sociales y por los que están amenazados.

Con eso, la bancada de oposición salió con la idea de enfocarse en vigilar cómo queda la financiación para el Acuerdo, y sobre todo para la reforma rural, en el Plan de Desarrollo.

Aparte de esa incidencia en el Congreso, también lanzaron ideas para movilizarse en medios y en la calle.

Por ejemplo, ya comenzaron a hacerlo con el portal de opinión ‘La Línea del medio’, que lanzó la politóloga Laura Gil justo hace unas semanas con el apoyo y la participación de varios de los asistentes, como Cristo y Rivera, y que tiene como norte defender la paz, y que ya anunció que se va a unir a la iniciativa.

Este portal https://t.co/KKJzglz1dz se une a #DefendamosLaPaz. La defenderemos con opinión informada, responsable y leal con los hechos.

— La Línea del Medio (@lineadelmedioco) February 20, 2019

También quedaron sobre la mesa otras propuestas:

• Replicar el encuentro de hoy en regiones, con por lo menos uno o dos de los asistentes a la reunión.

• Hacer marchas en las próximas semanas, como las que convocaron los estudiantes después de que ganó el No en el plebiscito.

• Relanzar encuentros entre personas del común y exguerrilleros “para que la ciudadanía vaya involucrándose cada vez más con el Proceso”, como nos dijo Juvinao.

• Repetir el mandato ciudadano por la paz de las elecciones de 1997, incluyendo una papeleta adicional en la urna en las elecciones regionales de octubre de este año y pidiéndole al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría que las cuenten, como en esa ocasión.

“Todas son ideas y miraremos cuáles son los pros y contras. Esto es algo que está muy en pañales todavía”, dice Cristo.

Falta ver si el bebé que nació hoy crece y empieza a caminar, lo que dependerá de si pesa más la competencia de las apuestas electorales de muchos de quienes se reunieron o las decisiones de Duque que debiliten o golpeen al Acuerdo.

Como lo contamos esta semana, la política de no entregar cuotas burocráticas que anunció el presidente Iván Duque no está aplicando ni siquiera para la antigua coalición de Juan Manuel Santos. De manera particular, una entidad está funcionando como la despensa de la burocracia para uribistas y, especialmente, para su directora: el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

La entidad encargada de sacar a las comunidades más pobres de esa situación, con un presupuesto anual cercano a los dos billones de pesos, es dirigida por la exsenadora uribista Susana Correa, una nueva súper poderosa del Pacífico.

Como revelan los nombramientos que ha hecho desde que llegó al cargo, en agosto del año pasado, y nos lo confirmaron 68 fuentes, entre ellas funcionarios de Palacio y del DPS, además de políticos en las regiones que cubrimos,  viene repartiendo las sillas clave de Prosperidad Social a aliados suyos y a contados uribistas (incluyendo unos que militan en partidos distintos al Centro Democrático).

Ese asunto está generando molestia en parte de la orilla uribista, en donde le reclaman al Gobierno por la “falta de repartición equitativa”, como nos lo dijo un congresista uribista que no ha recibido cuotas y prefirió no ser citado para evitarse líos.

Sobre la posición del Presidente frente a esto, lo que arrojó nuestra reportería (que incluye a varios de los congresistas que tienen cuotas en el DPS) es que Correa está manejando la burocracia de la entidad de manera autónoma, sin que medie directriz de Palacio.

Un representante costeño de Cambio Radical nos detalló: “Esto es ella, si uno quiere algo ahí (en el DPS) no hay (Jaime) Amín (consejero presidencial para la política) que valga, tiene que ser con Susana”; “Ella misma da las citas”, agregó por su lado otro congresista de la misma región, pero de La U.

Incluso, un alto funcionario del DPS nos contó que Correa prohibió a los subdirectores que manejan recursos y proyectos hablar con políticos “para evitar malentendidos o que crean que les prometemos algo”, nos dijo esa fuente que pidió no ser citado porque no es vocero y no puede hablar a medios.

Según el congresista uribista sin cuotas, hace poco en una reunión en Casa de Nariño algunos legisladores le pusieron la queja a Duque: “Le dijimos de la importancia de que hagamos Gobierno. Literalmente no dijo nada. Es mudo. No dice siquiera que hablemos con sus ministros. Hay un desorden tenaz”.

Una versión que evidenciaría que, al menos, el Primer Mandatario está enterado de la repartija burocrática que prometió no se vería en su Gobierno.

“Es una representación (burocrática) fiel al gobierno Duque. Llega el Presidente y llega su Partido. Es apenas lógico que en las altas esferas haya representación. Cada entidad se maneja de manera autónoma”, nos dijo, a su turno, la alta fuente de Palacio consultada para esta historia.

Así se está dando en detalle el recambio de poder, en una entidad que durante el Gobierno pasado de Santos fue una de las joyas de la corona y principal botín burocrático, especialmente del Partido de La U.

El primer caramelo de la Directora es… para la Directora

Desde que llegó a su puesto, Susana Correa ha cambiado las cabezas de 14 de las 35 direcciones regionales del DPS en todo el país (32 de los departamentos, más la de Bogotá, Urabá Antioqueño y Magdalena Medio) y ha puesto a 19 personas en cargos directivos en el nivel central de la entidad.

De esos 33 cambios, cinco han sido para aliados directos de ella y de su grupo en el Valle.

Así ocurre en Nariño con el economista José Jaime Morales, quien fue gerente de la campaña de Duque en ese departamento y al que Correa le ofreció directamente el cargo, como nos dijo una fuente que conoció de primera mano esa movida. Ambos se conocían porque la familia del nombrado director (que se posesionará en las próximas semanas pero ya está en empalme) es amiga del expresidente Álvaro Uribe.

Algo similar ocurrió en Valle con la contadora Brasilia Romero, quien venía de quemarse en las legislativas buscando una curul al Senado con el uribismo y dos fuentes del Partido en Valle y una más en Cauca -de donde es oriunda la directora regional- nos confirmaron esa cercanía.

En el nivel central también metió a aliados políticos en su primer círculo.

Así pasa con la directora de acompañamiento territorial, Carolina Náder, exasistente de la UTL del senador uribista Fernando Nicolás Araújo y esposa del directivo uribista del Valle, Daniel García Arizabaleta, de quien Correa es aliada de hace años; el director de inclusión Carlos Bernal, quien hizo parte de la lista uribista del Valle al Congreso que armó Correa en 2017; o el asesor de despacho Luis Eduardo García, quien trabajó en la UTL de Correa desde 2015.

Una alta fuente de esa entidad nos dijo que Correa “llegó a trabajar con sus aliados más cercanos, pero todos debían cumplir perfil técnico”, como lo muestra, por ejemplo, que la subdirectora de superación de Pobreza, Viviana Taboada es economista con maestría de administración pública en Harvard; o Bernal tiene un MBA y una maestría en administración de negocios, estudios relacionados con sus cargos.

El diputado del Valle, Julio César García, aliado de vieja data de la Directora defendió dichos nombramientos, aduciendo que allí “lo que se nota es que Susana ha demostrado que representa al Centro Democrático y no es una uribista vergonzante”.

Pero también hay varios otros grupos uribistas o aliados del uribismo (incluyendo los de un senador de La U y otro de Cambio Radical que apoyaron a Duque en segunda vuelta) que han salido ganadores hasta ahora en el DPS.

A los que les ha ido bien con Susana

Los puestos en las subdirecciones nacionales del DPS y los cambios en las 14 direcciones regionales del DPS han beneficiado a ocho grupos uribistas y a dos senadores exsantistas, que respaldaron a Duque.

En lo nacional, Correa nombró a la subdirectora de superación de la pobreza, Viviana Taboada Arango, hija de la ministra de Trabajo y uribista de vieja data, Alicia Arango, quien fue la jefe de debate de Duque en campaña.

(Podrían conocerse más cambios en los próximos días, toda vez que, según tres congresistas de La U por aparte, la semana pasada les pidieron la renuncia protocolaria a los que no han salido. El DPS no nos había confirmado eso al momento de la publicación de esta historia).

Por ejemplo en Urabá, en donde el nexo político con Correa ayudó.

Allí fue nombrado el abogado Robert Rivera, quien es amigo personal del representante uribista Juan Espinal, del grupo de la senadora Paola Holguín. Espinal nos dijo que le pidió la hoja de vida a Rivera para hacerla llegar al DPS y que él mismo se la recomendó a Correa, quien es muy cercana a él y a la senadora Holguín.

El congresista Espinal nos confirmó que “Susana y Paola son las mejores amigas” y otro parlamentario que pidió no ser citado nos dijo que es a través de Holguín que esos puestos se están tramitando.

Sin nexo directo con la exsenadora Correa, las otras regionales también quedaron en manos de uribistas o aliados de esta orilla.

En Caldas, la dirección encargada la tiene el veterinario Héctor Iván González, hermano del exrepresentante uribista Hugo Hernán González, del grupo del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El director (e) lleva 15 años en la entidad y ya ha sido encargado en esas funciones.

Según nos dijo el representante uribista Luis Fernando Gómez, el Partido en Caldas envió a Presidencia una lista de siete u ocho perfiles de personas “capacitadas para estar en el cargo”.

Si nada cambia, al cargo llegará el empresario Jorge Iván Arias, quien milita en el uribismo desde cuando La U respondía a Uribe y que apoyó al senador Carlos Felipe Mejía en las últimas elecciones.

Arias nos dijo que no sabe si su nombre está en la lista que envió el representante Gómez, pero que desde hace semanas lo llamaron para decirle que tenía el mejor puntaje, y ya hizo pruebas psicotécnicas, pero no le han confirmado si ya quedó en el cargo.

En Amazonas llegó la trabajadora social Leidy Neira, hermana de César Neira Duque, el secretario financiero de la Alcaldía de Leticia, y uno de los hombres de confianza del alcalde José Araujo, del Centro Democrático.

De acuerdo con tres fuentes consultadas en Leticia (dos concejales y un excandidato a la Gobernación), fue la representante uribista Yénica Acosta quien presentó la hoja de vida de Neira en Bogotá.

En Córdoba, el DPS dejó de estar en manos de la Ñoñomanía del otrora poderoso exsenador Bernardo ‘el Ñoño’ Elías (uno de los hacedores de la reelección de Santos) a pasar a ser del Centro Democrático.

En octubre entró Clara Eugenia Ramos Álvarez, exfuncionaria del Gobierno de Álvaro Uribe y cercana a Centro Democrático, como nos lo confirmó una alta fuente de ese Partido.

Lo mismo ocurre en Huila y Bogotá: en el primero llegó al cargola administradora Maira Alexandra Toro, exlíder de la campaña del presidente del Senado, Ernesto Macías, quien tiene a la hija de la nueva Directora en su Unidad de Trabajo Legislativo.

En Bogotá llegó la politóloga Allison González, quien fue donante de la campaña al Concejo del uribismo en 2015. Es cercana al hoy precandidato de ese Partido a la Alcaldía, Diego Molano, con quien trabajó en Acción Social, el antiguo DPS.

Ambos hacen parte del ala uribista que lidera el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, a quien Correa, siendo senadora, apoyó en 2017, cuando competía por la nominación uribista.

Por último, están los casos de los dos senadores que no son del Centro Democrático, pero sí aliados del Gobierno: Eduardo Pulgar (del Atlántico, vicepresidente del Senado que estuvo con Duque desde la primera vuelta y es punta de lanza del Gobierno en La U) y Carlos Motoa (del Valle y Cambio Radical, quien le hizo campaña a Duque en segunda vuelta).

En el caso de Pulgar, su grupo recibió el DPS regional que antes estaba en manos de José David Name.

Al igual que Pulgar, Name apoyó a Duque desde la primera vuelta, pero Pulgar es una de las puntas de lanza del actual Gobierno dentro del dividido Partido de La U, mientras que Name lo fue pero del Gobierno pasado dentro de la misma colectividad (aunque igual respalda a Duque y ha recibido otras cuotas de su Administración).

Por su parte, a Motoa le dieron representación en el DPS de Risaralda, a donde llegó en diciembre la administradora Luz Faride Grisales del grupo político del diputado de Cambio Radical Alexander García, quien es aliado del senador valluno, según nos dijeron tres políticos risaraldenses por aparte.

Varios de estos nombramientos no han caído bien.

Las quejas

La primera queja ocurre, justamente, en Risaralda y también se oyen quejas en Quindío y Cundinamarca.

Al uribismo de Risaralda, representado por el senador Alejandro Corrales, no le pidieron hojas de vida para el nombramiento que le dieron al vargasllerista Motoa. Esa movida, según un militante uribista allá, lo sintieron como un guiño para alguien que ni siquiera apoyó a Duque desde el principio.

En Quindío pasó algo similar porque la semana pasada apareció publicada la hoja de vida de Héctor Alberto Marín para ocupar la dirección regional.

Marín trabajó con la hoy exalcaldesa de Armenia y capturada por corrupción Luz Piedad Valencia. Aunque es abogado con dos pregrados más, dos especializaciones y una maestría, parte de la junta directiva del Centro Democrático en el Quindío está molesta, según tres militantes que consultamos por aparte, porque representa al grupo político liberal y cuestionado de Valencia.

En Cundinamarca, hace 15 días Correa nombró como director a Ricardo Antonio Giraldo Gómez, que viene de ser edil del Centro Democrático en Bogotá y de hacerle campaña activamente a Duque el año pasado.

Al uribismo de allá no les gustó la movida porque Giraldo no ha trabajado en los municipios y porque, como nos dijo una alta fuente del Partido, allá “no ha sido posible hablar con Susana Correa. Para ese nombramiento no se tuvo en cuenta a Cundinamarca para nada”.

¿Y la mermelada?

En una versión que por ahora no hemos podido confirmar y trabajaremos en una siguiente investigación, dos legisladores del Caribe y dos políticos de Nariño (un senador y un veterano político) nos aseguraron por aparte que, además de fortín burocrático, el DPS sigue siendo usado para repartir partidas presupuestales para invertir en región, cuyo destino es decidido informalmente por congresistas amigos del Gobierno. Es decir, 'mermelada'.

“Están aprobando proyectos a alcaldes que llegan allá con congresistas y viendo cuáles no se han ejecutado para cancelarlos y redirigir la plata a otros”, aseguró uno de los parlamentarios del Caribe.

En Nariño, ambos políticos tenían la versión de que a dos alcaldes, los de San Pablo y Gualmatán, les habrían dicho del DPS que tenían que apoyar al uribismo en las regionales para entregar proyectos.

Ambos mandatarios negaron, por aparte, que eso haya ocurrido. Coincidieron en que, por el contrario, Correa les dijo que no había plata para proyectos este año porque el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2017 dejó la plata comprometida.

Otra versión que escuchamos de un congresista en los santanderes es que los tres directores regionales del DPS, que siguen en siendo cuotas liberales, acordaron con el uribismo seguir en el cargo siempre a cambio de garantizarles participación burocrática.

Ninguna de las otras seis fuentes consultadas en esa región para esta historia nos dio una versión similar.

Intentamos comunicarnos con Susana Correa para preguntarle por estas versiones y por su criterio para la repartición de los puestos del DPS y no había sido posible al momento de esta publicación.

Con este panorama queda claro que cuotas con Duque sí hay, aunque no necesariamente para todo el mundo.

Esta columna fue escrita junto con José Luis Bernal

Esta semana, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, estuvo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para aclarar preocupaciones sobre los recursos para la paz y el compromiso del Gobierno con el Acuerdo de Paz.

Allí habló de la meta de erradicación de cultivos que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, es eliminar 280.000 hectáreas, 109.000 hectáreas más de las que existen en Colombia según el más reciente monitoreo de cultivos de coca de la Unodc, que va hasta 2017.

¿Por qué Duque se propone erradicar más hectáreas de las que existen?

La evidencia dice que para que al final del día el total de cultivos de coca se reduzca en una hectárea, hay que erradicar muchas más. Eso explica la meta del Plan.

Según la directora del DNP “somos conscientes de que cuando hay erradicación hay resiembra, incluso esta meta es superior a lo que hoy en día se reconoce”.

Su subdirector, Rafael Puyana, aclaró: “si ustedes hacen el cálculo son 70.000 (erradicadas) cada año ¿por qué eso es superior de la línea base? Lo que nos ha mostrado la experiencia de las estrategias de erradicación en años anteriores es que en la medida en que uno erradica tres hectáreas, usualmente se resiembra una hectárea, entonces tenemos que tener unas metas que nos permitan tener una velocidad de erradicación superior a la de resiembra”.

Según esta estimación, si se erradican forzosamente 70.000 hectáreas cada año, serán resembradas 23.000; por lo que cada año habría 47.000 hectáreas menos de coca. En cuatro años, eso sumaría 188.000 hectáreas menos.

Si a eso se suma que hay otra meta, la de eliminar otras 17.000 hectáreas vía sustitución, la meta total es de 205.000 hectáreas, por lo que cuentas siguen sin cuadrar: estás son 34.000 más que la cifra de la Unodc.

No es la primera vez que esto ocurre en un Plan de Desarrollo.

Para el periodo 2006-2010 el gobierno del presidente Álvaro Uribe se propuso asperjar 640.000 hectáreas de coca y amapola, y erradicar forzosamente 110.000 hectáreas, para un total de 750.000 a pesar de que en 2006 había apenas 146.000 ha de coca.

Entre 2007 y 2010 fueron asperjadas alrededor de 494.000 hectáreas y erradicadas otras 267.000 hectáreas, para un total 761.000. A pesar de eso, al final de este periodo los cultivos se habían reducido en solo un poco más de 37.000 hectáreas.

Es decir que para disminuir una hectárea de coca, entre 2006 y 2010 el Estado tuvo que erradicar o asperjar 20.

Con este antecedente, la cifra propuesta en el actual Plan de Desarrollo no parece tan ilógica, aunque surge la pregunta sobre cual será el resultado final.

A diferencia de los dos últimos planes de desarrollo del presidente Santos, el de Duque no tiene una meta de reducción en el número total de cultivos. Todo dependerá de la eficacia con la que se apliquen las herramientas y de intervenciones que se desarrollen para evitar la resiembra, golpeando a los eslabones más fuertes y generando alternativas para el tránsito a la legalidad de las poblaciones dependientes de esta economía ilegal.

Pero si repite la relación entre hectáreas intervenidas y reducción final del segundo periodo de Uribe, la reducción sería inferior a las 10.000 hectáreas

¿Esto quiere decir que el PND debería incrementar la erradicación? No. El punto está en la selección de las herramientas y cuáles serán sus apuestas.

¿Si la opción no es aumentar la erradicación, cuáles son las alternativas?

Aumentar los niveles de erradicación forzada o sumar la estrategia de aspersión aérea no garantizará mejores resultados.

Sobre la aspersión, que no está incluida en el Plan de Desarrollo pero que sí mencionan las políticas de Drogas y de Seguridad y Defensa, la evidencia disponible señala que para erradicar de manera definitiva una hectárea es necesario asperjar 30, debido a que un porcentaje alto de esos cultivos se resiembran. Respecto a la erradicación manual, las estimaciones de Unodc y el Ministerio de Justicia señalan que en promedio la resiembra es del 37 por ciento.

Esto quiere decir que en cualquiera de los dos casos hay que hacer un esfuerzo mayúsculo para provocar un descenso, que no garantiza que en el mediano plazo los cultivos de coca no vuelvan a aparecer si persisten las condiciones de vulnerabilidad y baja presencia estatal en los territorios.

Además, hay que tener en cuenta que los costos de la aspersión y la erradicación no solo se limitan a lo monetario, sino que tienen efectos directos en las poblaciones y los escuadrones que participan en las operaciones.

Otras alternativas que han mostrado ser más efectivas en la reducción de los cultivos se mencionan en el Plan de Desarrollo pero no tienen metas concretas.

Este es el caso de la interdicción y la destrucción de infraestructura para la producción, que están enfocadas en pegarle a los eslabones más fuertes de la cadena – teniendo en cuenta que la participación de la hoja de coca en el valor total del negocio es pequeña (9 por ciento) mientras que la mayor parte del valor se concentra en el tráfico de cocaína (71 por ciento).

El trabajo realizado por Cote (2017), citado por Hernando Zuleta, señala que la interdicción tiene un impacto negativo en los cultivos de coca del siguiente año. Según Cote, cada centro de procesamiento de cocaína destruido reduce el cultivo de coca en cerca de 10 hectáreas.

Igualmente, las incautaciones de base de coca reducen los cultivos. Un kilogramo adicional de base de coca incautado provoca una reducción de aproximadamente 0,17 hectáreas en un municipio.

También está la herramienta de la sustitución de cultivos ilícitos, que sí está incluida en el PND pero de manera muy limitada. Hay pocas estimaciones disponibles sobre la resiembra en el caso del desarrollo alternativo, aunque los actores involucrados afirman que es muy baja. En el caso del programa “Familias Guardabosques”, según los reportes de la Agencia Presidencial para la Acción Social y Unodc, la tasa de resiembra fue del 1 por ciento.

Si esto es lo que sabemos, a partir de la evidencia disponible ¿Por qué el Plan pone el énfasis en la erradicación forzada de cultivos y no establece metas concretas para herramientas que tendrían una mayor eficacia (como la interdicción y la destrucción de infraestructura) o le da más fuerza a aquellas que son más sostenibles (como la sustitución)?

Lo anterior sin entrar en la discusión de si la reducción de los cultivos de coca debería ser la meta central. ¿No sería mejor abordar el potencial de producción? O, como lo propuso Hernando Zuleta, adoptar como indicador de “éxito” la reducción de la cocaína que efectivamente llegar al mercado en lugar del área cultivada.

De hecho, siendo más coherentes con el eje central del Plan, “el Pacto por la Equidad”, sería necesario establecer un vínculo directo entre la legalidad (la disminución de cultivos ilícitos) con el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que dependen de esta economía legal, lo cual pasa por conectar – en términos de metas y recursos – los Pdet con la sustitución de cultivos.

En la etapa final del gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de Justicia, Unodc y el DNP, trabajaron en lo que se llamó el “Tablero de Control” que tenía como uno de sus ejes la “transformación territorial”, que incluía indicadores como la Incidencia de Pobreza Multidimensional, el rezago de rendimiento agropecuario en municipios con afectación de cultivos ilícitos (coca) y los costos de comercialización de productos agrícolas en territorios con afectación de cultivos ilícitos.

Esto podría ser un importante insumo para el Plan.

¿Por qué esta coja la sustitución de cultivos en el Plan Nacional de Desarrollo?

En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Duque se fija como meta que para 2022 haya 64.000 familias “con proceso de sustitución finalizado”.

El Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, ha señalado que el compromiso de la administración es con las 130.000 familias comprometidas con la sustitución voluntaria, que incluyen las familias vinculadas al Pnis y aquellas que firmaron acuerdos colectivos.

¿Qué pasa entonces con las 66.000 familias que no están en el Plan?

Según el más reciente informe de Monitoreo y verificación de compromisos de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Unodc, 99.096 familias se encuentran efectivamente vinculadas al Pnis. De estas, 67.465 son cultivadores de coca, 14.758 son no cultivadoras y 16.863 son recolectoras.

Es decir que, con la meta fijada en el Plan, el gobierno lograría terminar el proceso de sustitución con las familias cultivadoras. No es claro que pasará con el resto de las familias que hacen parte del Pnis.

A esto habría que agregarle las familias relacionadas en Acuerdos Colectivos, que estarían en el orden de las 33.000, ubicadas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño. Atenderlas supondría un esfuerzo presupuestal adicional de $1.3billones en el periodo 2019-2022.

La meta fijada en el PND no incluye a estas familias y hay serias dudas que el gobierno vaya a contar con los recursos, las capacidades y el tiempo para cumplir los compromisos con ellos, que para ser claros fueron asumidos por la administración anterior.

De otro lado, en cuanto a la meta de erradicación en el marco de la sustitución, se estableció en 50.000 hectáreas. A la fecha, en el marco del Pnis se han erradicado voluntariamente 32.929 hectáreas, es decir que se requerirían 17.000 hectáreas adicionales, que son todas las de las familias vinculadas actualmente al programa.

Eso quiere decir que en el Pan de Desarrollo la estrategia de sustitución se limita a terminar la tarea que comenzó el gobierno de Santos, lo que no es un reto menor, teniendo en cuenta los problemas administrativos, de planeación y de recursos heredados de la anterior administración.

Diferentes funcionarios de alto rango del gobierno han sostenido que la sustitución de cultivos debería ser una herramienta clave para “la inclusión económica alternativa” de las comunidades que dependen de esta economía ilegal – de esta manera se menciona por ejemplo en le caso de las Zonas Especiales de Intervención Integral (ZEII).

Si esto es así, el gobierno debería tener una apuesta más ambiciosa en el PND e impulsar programas como “formalizar para sustituir” que podría tener un impacto positivo en las regiones cocaleras.

La propuesta

Nuestra propuesta de ajuste a los indicadores del PND es la siguiente:

- Balancear la meta de erradicación forzada con el uso de otras herramientas como la interdicción y la destrucción de infraestructura, que han mostrado mayor efectividad.

- Sumar a la meta “familias con proceso de sustitución finalizado” a todas las familias que hacen parte del Pnis. 

- Incluir indicadores de transformación territorial y mejoramiento de la calidad de vida conectados con las zonas de sustitución de cultivos (retomando el trabajo que venían haciendo el Ministerio de Justica y Planeación Nacional, con el apoyo de Unodc).

- Incluir una meta específica para el programa “Formalizar para Sustituir”.

- Plantear una meta más ambiciosa de erradicación voluntaria en el marco de la sustitución.

- Integrar las metas que tienen que ver con la política de drogas, estableciendo su complementariedad.

Una tarea pendiente será establecer cómo se reportan los avances sobre estas metas, quién produce los indicadores y cómo se puede garantizar el desarrollo transparente de la política de drogas.

Un primer paso sería revivir el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y en todo caso evitar los auto-reportes que dejan muchas dudas sobre la veracidad y consistencia de los resultados.

Las audiencias con las que avanza poco a poco el juicio contra José Elías Melo, ex presidente de Corficolombiana, por su presunta participación en el pago del soborno con el que la corrupta multinacional Odebrecht aseguró ganar el contrato para la Ruta del Sol 2, han vuelto a poner en primera plana ese mega escándalo. 

Acá toda nuestra información para entenderlo.

El domingo pasó inadvertido un detalle dentro de la organización del concierto Venezuela Aid Live, que mostró una de las movidas más políticas en terreno hasta ahora de ese evento. 

Aunque inicialmente todo estaba planeado para que el concierto se hiciera en la autopista internacional, que es el principal paso terrestre entre Colombia y Venezuela, en un giro de última hora los organizadores decidieron realizarlo en el puente internacional de Tienditas, unos kilómetros hacia el oriente sobre todo el borde la línea fronteriza.

Es decir, apenas a unos pasos de territorio venezolano y militarizado. 

Que las autoridades colombianas hubieran aceptado ese cambio, hizo que en el fondo el evento se convirtiera en la primera movida directa que materializará el cerco diplomático que el presidente Iván Duque ha promovido desde su llegada al Palacio de Nariño con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. 

Eso, porque aunque en esencia el concierto es una declaración de la sociedad civil contra el régimen de Nicolás Maduro auspiciada por artistas sin militancia partidista, dos fuentes que han estado dentro de la organización le contaron a La Silla bajo la condición de no ser citadas, que tras bambalinas esa decisión sí obedeció a un criterio de estrategia política. 

El problema de fondo es que en Norte de Santander hay preocupación por las implicaciones de esa movida. 

Porque si bien es mucho más simbólico realizar un concierto con 32 artistas internacionales en todo el borde de la línea fronteriza, que a un par de kilómetros (que es la autopista internacional), hacerlo ahí representa una provocación en la que estarán de por medio al menos 200 mil civiles cuando la zona es un polvorín que en cualquier momento puede estallar.

No solo porque se está militarizando en el lado venezolano por el envío de tropas de Maduro y hay incertidumbre por su reacción, sino porque en toda esa área hay control de bandas criminales y tiene presencia del ELN, guerrilla que reactivó por completo su acción militar luego de que se levantara la mesa de diálogos de La Habana, y a ninguno de esos actores les conviene el cambio en la dinámica de la frontera. 

Todo en la previa del día cero que trazó el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó para entrar la ayuda humanitaria que fue enviada, en su gran mayoría, por el gobierno de Trump. 

El concierto

Desde que se anunció el Venezuela Aid Live ha sido promovido como un evento humanitario organizado por el magnate británico de la industria musical, Richard Branson. 

Según le contó a La Silla el empresario Bruno Ocampo, uno de los organizadores del concierto, la idea empezó a tomar forma el 28 de enero cuando Branson, de quien es amigo personal, se comunicó con él para idear la manera de apoyar la entrada de ayuda humanitaria por la frontera.

La idea del concierto se concretó tres días después cuando Ocampo lo conectó a través de una videollamada con Guaidó y Leopoldo López (otro líder de la oposición).

Bruno es hermano de Fernán Ocampo, quien hasta ahora ha sido la cara más visible de la organización del evento desde Colombia y quien es bien conocido dentro de los círculos de poder del país porque su empresa LinkTic, que se encarga de desarrollar software, estuvo metida en varios ruidos por un programa poco funcional que le vendió a la Contraloría, y por estar detrás de las ‘bodegas’ de las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y de Enrique Peñalosa en 2015 y durante su administración. 

Desde entonces empezaron a correr los anuncios sobre la nómina de artistas que asistirían  y la meta de recaudar 100 millones de dólares, a través de donaciones en todo el mundo.

El primer lugar que se propuso y que fue sugerido por las autoridades locales fue la autopista internacional que es el principal paso terrestre entre Colombia y Venezuela.

Tres fuentes conocedoras que nos lo contaron por aparte, nos detallaron que ese había sido el lugar referido porque, aunque es cercano a la frontera, no estaba sobre todo el borde.

Eso era algo particularmente importante debido a que con la escalada de la tensión en Venezuela, en palabras de una de las fuentes que nos habló, “había que evitar convertirse en el epicentro de la provocación, cuando cualquier cosa que suceda nosotros somos los que recibimos el impacto directo”.

Si bien, al inicio todos los anuncios se dieron en torno a ese lugar, el fin de semana hubo un giro y la información del día estuvo en que el evento ahora sería en el puente internacional de Tienditas, que es actualmente el paso más simbólico por dos razones. 

La primera es que se trata de un mega puente que se terminó de construir en 2016 y que estaba pensado para convertirse en el paso más importante entre los dos países, pero que jamás se estrenó porque desde 2015 el cruce ha sido restringido. 

La segunda obedece a que ahí fue que Maduro puso los dos containers y el camión cisterna para bloquear el paso luego de que se conociera que ese era uno de los puntos por los que querían pasar la ayuda, y es ahí donde están represadas las 200 toneladas de medicinas y alimentos.
 
Sobre cómo se dio el cambio del lugar las dos versiones de adentro coincidieron en que vino del lado de los organizadores y que las razones fueron tanto logísticas (el terreno es un semicírculo que permite visibilidad de la tarima, mientras que en la autopista los asistentes perdían de vista el escenario), como del mensaje que querían enviar.

“Es un símbolo, ahí es donde está el bloqueo y donde están acopiadas las ayudas. Pero es un mensaje totalmente pacífico el que queremos enviar”, dijo a La Silla Bruno Ocampo.

Sin embargo, trasfondo está en que las autoridades colombianas accedieron a habilitar un lugar que por las condiciones políticas representa riesgo para los asistentes.

El jaque

Una fuente de las que estuvo adentro de la organización le contó a La Silla que el riesgo de realizar el concierto en el puente de Tienditas fue motivo de discusión al interior del Puesto de Mando Unificado, que es donde confluyen todas las autoridades para coordinar los detalles del evento.

En el caso de este concierto confirmamos que existen dos. 

Uno donde se discutieron puramente los temas de logística, y otro donde tuvieron asiento todas las personas con capacidad de tomar decisiones y con intereses, entre esas, una delegación del Gobierno de Guaidó.

“Claramente fue una decisión política permitir el concierto ahí. Al final se hizo énfasis en que había que minimizar los riesgos, pero era la manera más directa de hacer presión”, explicó esa fuente a La Silla.  

La Silla también confirmó que la idea de cambiar el lugar no fue consultada con las autoridades locales.

Desde la organización del concierto y en Presidencia le negaron a La Silla que el Gobierno de Iván Duque tenga o haya tenido alguna injerencia en las decisiones administrativas del evento, y en su lugar dijeron que toda la ayuda había estado enfocada en la logística de policía, ambulancias y médicos, que es lo mismo que el Estado garantiza en cualquier evento multitudinario.

Sin embargo, y aún cuando la iniciativa tiene raíces puramente artísticas, el cambio del lugar se explica en que el concierto es funcional a la estrategia del cerco diplomático a Maduro en varios sentidos .

No solo crea condiciones para forzar el ingreso de la ayuda humanitaria a menos de 24 horas de que se cumpla la hora cero que trazó Guaidó, sino que le mete presión a los militares, cuya lealtad a Maduro se va a poner a prueba mañana cuando la oposición empiece a moverse para dejar entrar la ayuda, mientras pone la atención del mundo sobre lo que suceda.

“El concierto es un medio, más que un fin”, explicó a La Silla Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política en el área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, venezolano y experto en política exterior de Venezuela. “Responde perfectamente con el cerco diplomático, donde se usa una aproximación más blanda del poder traducida en acciones pacíficas para la resolución de un conflicto”.

Y si bien, desde Presidencia no se han movido de frente, el uso político del concierto sí ha sido evidente.

Por un lado, la Cruz Roja se marginó tanto del concierto como de la ayuda humanitaria y su presidente, Christoph Harnisch, dijo que no participarían“en lo que no es para nosotros una ayuda humanitaria". 

Además, a diferencia del concierto ‘Paz sin fronteras’, que hizo Juanes en el Puente Internacional Simón Bolívar, al que no asistieron presidentes porque los organizadores no querían que el evento tuviera tintes políticos; en este, junto a Duque estarán Sebastián Piñera de Chile, Juan Carlos Varela de Panamá, Mario Abdo de Paraguay y Luis Almagro, secretario general de la OEA, que es el órgano diplomático del hemisferio que más ha presionado la salida de Maduro del poder y en enero decidió no reconocer su elección.

Además, habrá espacio para comitivas diplomáticas de varios países que ya reconocieron a Guaidó como Presidente. 

También varios congresistas del Centro Democrático asistirán y estarán el día de la entrega de la ayuda humanitaria, y Juan Carlos Capacho, el único concejal de ese partido en Cúcuta, ha estado detrás de la logística del evento e incluso ha ocupado asiento en la mesa principal de los organizadores en ruedas de prensa oficiales. 

“Esta es la sede de un centro de estrategia política”, dijo a La Silla una de las fuentes de adentro que nos habló.

El polvorín

En Cúcuta la tensión sobre lo que pueda suceder está dentro de las oficinas de los que toman las decisiones y no afuera en las calles.

La Silla recorrió las inmediaciones de los puentes internacionales Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, y la sensación de zozobra era más por la posibilidad del cierre de esos pasos fronterizos en los que todos los días cruzan al menos 35 mil personas, según cifras de Migración Colombia, que por lo que pueda suceder entre hoy y mañana.

Hablamos con siete comerciantes colombianos y todos nos dijeron que el principal temor era que si había un cierre, una estampida de venezolanos cruzara, generara disturbios y los saquearan. 

Los venezolanos que trabajan en la frontera, y que han improvisado negocios informales que van desde puestos de venta de comida típica venezolana, hasta la compra y venta de cabello, dicen en su mayoría que lo que esperan es que estos dos días exista una ruptura de fondo en el Gobierno de Maduro.

“Que pase lo que tenga que pasar, pero que pase algo”, dijo a La Silla Tibisai (no nos quiso dar su apellido), una desplaza de Venezuela que trabaja en la frontera cruzando maletas. Similar fue la versión de otros 12 venezolanos con los que hablamos.  

Institucionalmente en Norte de Santander ya lanzaron todas las alertas por el riesgo de cualquier eventualidad.

La semana pasada el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, declaró en ‘calamidad pública’ al departamento, según dice en la página oficial de su Administración, para tener margen de maniobra “basados en las acciones y situaciones que se puedan presentar en la región… cuando se tiene prevista la entrada de las ayudas humanitarias hacia Venezuela”.

Además, en todos los hospitales y centros de salud ya decretaron alertas amarillas, e incluso en los días previos hubo donatones de sangre en universidades de la región. 

“Uno sí entiende los riesgos y que la posibilidad de que esto se salga de control es muy alta”, nos dijo un alto funcionario del departamento que pidió no ser citado para no meterse en problemas con Presidencia.

Y es que más allá de la tensión por la militarización de lado venezolano de la frontera y la incertidumbre por la respuesta, en el área metropolitana de Cúcuta hay varios actores que acrecientan el riesgo de que el megaconcierto sea exactamente en la línea fronteriza.

Por un lado, está la presencia de bandas criminales que controlan el microtráfico, el contrabando, el tráfico de inmigrantes, y que están en medio de una bonanza desde que el paso entre los dos países se restringió.

También hay una fuerte presencia del ELN a través de células urbanas y del bloque nororiental, que es, como hemos contado, el nuevo mandamás del Catatumbo, una de las zonas más convulsionadas del país que es controlada por guerillas y es uno de los eslabones claves del narcotráfico (es la tercera región de Colombia con más cultivos de coca).

Todos esos grupos tienen en común que no les funciona que Venezuela se estabilice, porque ese país se ha convertido en su retaguardia y en una zona estratégica que les brinda refugio.

“Es como si usted metiera todos los ingredientes para poner una bomba y espere a ver quién la detona”, dijo a La Silla Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, una de las ONG que estudia el conflicto con mayor credibilidad en la región. 

De hecho, desde Progresar el 19 de febrero le enviaron una carta a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y al director general de la Policía, Óscar Atehortúa, alertando que realizar el concierto en Tienditas creaba “un riesgo innecesario que podría desencadenar en hechos que pueden poner en riesgo la vida de los asistentes y la ciudadanía en general”.
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El concierto se realizará en paralelo a uno de tres días que Maduro ya organizó también en Tienditas, cuando ya ordenó el cierre de la frontera en Brasil y del paso marítimo en Curazao, los otros dos puntos desde los que saldrá la ayuda humanitaria de Estados Unidos. 

Habrá que ver si el Venezuela Aid Live pone en jaque a Maduro y propicia las condiciones para la entrega humanitaria del sábado, o si la decisión de reunir al menos a 200 mil personas en una zona de máxima tensión se traduce en un riesgo que no era necesario correr.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez destapó ayer en Neiva, ante los precandidatos del Centro Democrático de Huila y Caquetá, la estrategia de su partido para ganar las elecciones de octubre en esta región, y probablemente en todo el país.

Uribe les dijo que se deben concentrar en lograr un discurso tan unificado como el que tuvieron en la exitosa campaña del No al plebiscito en 2016.

“En el año 2016, cuando se votó el plebiscito, el discurso del partido fue muy bueno. Dimos seis o siete puntos de por qué no nos gustaba el plebiscito, entonces ¿qué se hizo?, se repitió por todo el mundo, ustedes lo repetían en toda parte, este departamento fue ejemplo”, señaló el expresidente.

La idea de repetir esa estrategia, dijo evitaría que corran la misma suerte de hace cuatro años, cuando en el Huila venían de barrer en los 37 municipios con Óscar Iván Zuluaga a la Presidencia, pero fracasaron en lo local porque perdieron la Gobernación y solo sacaron un alcalde y un diputado.

“Miren la diferencia, nosotros barrimos en el plebiscito porque había discurso, sabíamos por qué se estaba hablando del No. Si el Centro Democrático gana las elecciones en los 37 municipios del Huila, no hay derecho a que no tengamos alcaldes”, añadió el senador huilense Ernesto Macías.

Dándole contenido a ese discurso único, Uribe, Macías y el representante Álvaro Hernán Prada aprovecharon el evento para aterrizar su oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en lo que han hecho énfasis ahora que Duque tiene en su escritorio la ley estatutaria de la JEP y debe decidir a más tardar el 11 de marzo si la firma o la objeta.

“A nosotros no nos gusta la JEP, pero hay una realidad y es que la JEP está vigente. Mientras eso no se desacredite y no haya un espacio de eliminarla, tenemos que buscarle unas reformas”, dijo el expresidente.

Además de retomar ese punto del No, que puede sumar otros como los de la fumigación de cultivos ilícitos, la otra apuesta de Uribe es que sus candidatos sean voceros del Gobierno y unifiquen su discurso haciendo propaganda de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Para eso, la exdiputada de Cundinamarca Yenny Rozo, que ahora trabaja en la organización de los talleres del Centro Democrático, repartió a los más de cien precandidatos que fueron, un folleto con las 20 ‘metas clave’ del Plan Nacional de Desarrollo que definió el mismo Gobierno.

Entre esas metas están duplicar el número de estudiantes en jornada única, 600 mil mejoramientos de vivienda, la creación de 1.6 millones de empleos y sacar a 1.5 millones de personas de la pobreza extrema.

Que Uribe haya decidido repartir las metas que definió el Gobierno y no otras que reflejaran más directamente el uribismo, muestra que la estrategia sí estará alineada con el Gobierno y, en concreto, en las cosas que más le importan a Duque.

Además de las metas del Plan, Uribe dijo que deben explotar temas o promesas de la campaña presidencial que, a su juicio, Duque ya ha implementado.

“Menos impuestos más salarios, eso fue determinante. Vea. analicemos esto: yo creo que la reducción de impuestos a las empresas es buena. Las personas naturales de altos ingresos van a tener que pagar más, ustedes tienen un gran discurso en esa parte”, comentó.

Añadió que por esa vía deben echarse al bolsillo a los pequeños comerciantes, que para él se beneficiarán con la reforma tributaria.

“Si uno va a un supermercado como el Éxito a comprar una canasta de cerveza o gaseosa le cobran el IVA porque se definió el plurifásico, pero si uno va a las tiendas de barrio no se cobra ese IVA. Hombre, hay que ganarnos a todos los tenderos del Huila; Manuel (Macías), ponga a los tenderos como jefes de debate”, dijo.

También le pidió a los aspirantes apropiarse de banderas de Duque como la prohibición de la dosis mínima. “En esto es importante apoyarnos del decreto, exigir que se cumpla y que ustedes estén cerca de los policías para exigir que ese decreto se cumpla”, dijo.

Todos esos elementos muestran que a pesar de las molestias en algunos sectores del uribismo por los nombramientos a solo algunos de ellos en cargos regionales del DPS, y de que en el Partido hay quienes quieren ver más mano dura de Duque en sus decisiones, Uribe se la está jugando por ser su vocero en las locales.

En nuestro #ViernesEnLaSilla de esta semana, hablamos con Ana María Araóz, Investigadora en Cambio Cultural y con Felipe van Cotthem, Arquitecto y Diseñador Urbano.

Lo primero que hay que reconocer, es que el país ha avanzado, en los tres últimos años, en materia de restricción al porte de armas legales en manos de los particulares, a pesar de los permisos especiales que estaban incluidos en los dos decretos del gobierno Juan Manuel Santos (decretos 155 de 2016 y 2268 de 2017) y el último del presidente Iván Duque (decreto 2362 de 2018). Estos tres decretos marcan una gran diferencia.

Hasta antes de 2016, solo unas pocas ciudades tenían restricción al porte de armas y en algunos casos esa medida se aplicaba unos pocos días, meses, fines de semana o ante eventos especiales como los procesos electorales, o ante circunstancias que pudieran alterar el orden público de manera grave.

A pesar de estos importantes avances, todavía al Estado colombiano le falta mucho para tener el monopolio de armas, si se tiene en cuenta el accionar e intimidación, a través del terror y la violencia que les dan las armas ilegales, del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Pelusos y un sin número de organizaciones criminales, que ejercen control violento sobre las actividades cotidianas de los ciudadanos en los territorios donde operan. Aquí también hay que contar las armas ilegales que portan algunos ciudadanos y el gran comercio de este tipo de armas, que manejan casi todas las organizaciones criminales.        

¿Se flexibiliza la entrega de armas a los ciudadanos?

Leyendo el ABC de la suspensión al porte de armas entregado por el Ministerio de Defensa, que reglamenta la entrega de “permisos especiales”, previstos en el decreto 2362 de 2018, se puede asegurar que con los nuevos requisitos se hace más estricto este proceso.

Además de tener el permiso de porte vigente, que se entregó con base en los requisitos que establece el decreto 2535 de 1993, la nueva reglamentación establece nuevos requisitos para la autorización de los permisos especiales, regionales y nacionales, como son:

- No tener antecedentes en la base de datos de la SIJIN, para permiso regional y en DIJIN, para permiso nacional.

- No tener procesos judiciales activos en la Fiscalía General de la Nación.

- No aparecer en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como contraventor (contravenciones de Código de Policía, artículo 27 comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas).

- Elaborar carta dirigida al jefe de Estado Mayor de la Unidad Operativa Menor de las Fuerzas (Brigada Ejercito, ARC, FAC), donde haya seccional de Control Comercio de Armas, con datos personales y dirección del solicitante.

- Justificar las razones de urgencia o seguridad de requerir un permiso especial de porte, con soportes.

- Certificación de residencia que permita verificar la jurisdicción de la Unidad Militar donde se solicita el permiso especial.

- Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, adjuntar los documentos que demuestren su actividad comercial, laboral o profesional y la necesidad del porte del arma en distintas jurisdicciones.

Además:

- Se crearon una serie de comités nacionales y locales de evaluación con más funcionarios del Ministerio de Defensa, que tienen que decidir sobre la autorización o rechazo de la autorización.

- Las Unidades Operativas Menores (regionales) deben presentar informes mensuales sobre la medida.

- Se evaluará la medida trimestralmente por parte de Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional en coordinación con los Comandantes de Brigada con seccional de control de comercio de armas.

Con estos avances que eliminan la discrecionalidad que tenían los comandantes regionales de las Fuerzas Militares para entregar los permisos especiales y hacer más claro el proceso, se esperaría que:

- Una vez revisados los permisos especiales otorgados con los anteriores decretos (decretos 155 de 2016 y 2268 de 2017), disminuya su número, es decir que sea inferior a los 6827, de los cuales 5.630 son regionales y 1.197 nacionales.

- Que los informes trimestrales del Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de Fuerza y la Dirección de la Policía Nacional, sean públicos para hacerle seguimiento a la medida.

- Que no se incremente la entrega de permisos para porte nuevos, con permiso especial.

- De continuar y sostener esta política, en un tiempo prudencial, el Estado debe comenzar a recoger las armas con permiso de porte que no van a tener permiso especial. Hay que recordar que estas armas no les pertenecen a los ciudadanos y que son de propiedad del Estado. Si no se hace esto, algunas de las 339.160, en manos de los particulares que tienen permiso para porte, pueden terminar en el mercado ilegal, después de una denuncia por pérdida o robo.     

Qué hacer para hacer más efectiva la restricción

Hay que reconocer que con el decreto 2362 de 2018 y la reglamentación de permisos especiales el país está avanzando en la restricción del porte legal de armas de fuego en manos de los particulares. Pero las acciones, con la expedición de las normas, hay que aplicarlas desde ya y de manera permanente, en particular el control al porte de armas legales e ilegales en manos de los ciudadanos en las calles y áreas rurales, hacer seguimiento periódico y entregar resultados públicos.

Para hacer más afectiva la medida de restricción al porte de armas, es necesario:

- Recordar y aplicar todos los días el decreto presidencial que restringe el porte de armas en todo el país. Esta no es una responsabilidad de sólo la Policía y de las Fuerzas Militares, también le corresponde ejecutarla y hacer seguimiento a los alcaldes y gobernadores y también a la Fiscalía, en lo que tiene que ver con la persecución al mercado ilegal de armas de fuego.  

- Realizar controles policiales, especialmente en aquellos lugares donde se concentran los delitos con este tipo de armas.

- En conjunto las Fuerzas Armadas y la Fiscalía debe atacar los mercados y uso de armas ilegales que existen en el país.

- Hacer seguimiento y análisis permanente sobre los resultados de los controles realizados, cantidad de armas decomisadas, ciudadanos puestos a disposición de la justicia por portar armas ilegales, armas decomisadas a comercializadores ilegales, e impacto de los operativos en la reducción de la violencia y la delincuencia. Seguramente, en este punto, la respuesta de algunas autoridades será “eso ya lo estamos haciendo”, la pregunta entonces es ¿por qué no hay mejores resultados después de tres años de restricción, donde solo se ha logrado una reducción de un 5% de los homicidios con este tipo de armas?  

- Realizar campañas de entrega voluntaria de armas de fuego, de desestímulo al porte de armas en manos de los particulares, de reconocimiento al uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades legalmente constituidas y desaprobación social de la “aplicación de justicia por mano propia”   

Finalmente, hay que reconocer que los mercados de armas y drogas están correlacionados y en este campo Colombia tiene la obligación de controlar los cultivos de coca, localizar y destruir los laboratorios, decomisar mayor cantidad de droga y detener, condenar o extraditar a los narcotraficantes. 

Y en un acto de corresponsabilidad, los Estados Unidos tiene la obligación de controlar la venta indiscriminada de armas de fuego que abastece a los grupos criminales que actúan en Colombia. Se puede asegurar que mueren más colombianos con armas producidas en Estados Unidos, que ciudadanos de ese país con droga producida en Colombia. Por esto se requiere trabajo corresponsable entre los dos países para atacar estos dos mercados criminales. Esto mismo se puede exigir a los demás países productores de armas.  

La aureola, justificada, que rodea a las Empresas Públicas de Medellín como una de las compañías más importantes y responsables del país, le ha permitido –literalmente- sobreaguar de las enormes dificultades que le ha generado la ejecución del proyecto Hidroituango. Tanto, que es muy probable que el próximo jueves se le vuelva a adjudicar la subasta que se abre para tener energía dentro de 3 o 4 años.

Paradójicamente, la subasta extraordinaria se abre para suplir los déficits que se generan porque Hidroituango no comenzó a generar en el 2018.

Después del apagón del año 1992, se diseñó un esquema para que eso no volviera a ocurrir y, en efecto, después de casi 30 años no ha vuelto a pasar.

Los colombianos todos los meses, cuando pagamos el servicio de energía, ahorramos un porcentaje para garantizar que la demanda futura va a estar satisfecha en forma confiable y le ofrecemos a quienes quieren meterse en el negocio de la generación eléctrica la garantía de que su inversión va a ser rentable. Eso es lo que se llama el cargo por confiabilidad que ha permitido desarrollar nuevos proyectos de generación eléctrica con la seguridad de que van a tener una retribución razonable.

Se les pregunta a las empresas generadoras cuál de ellas podría ofrecer una capacidad de generación eléctrica que permita abastecer el crecimiento de la economía. En 2013 o 14, EPM levantó la mano y su proyecto se seleccionó en una subasta parecida a la del próximo jueves. Quedamos tranquilos, la oferta de energía futura había quedado en buenas manos.

Por circunstancias que todavía no es posible determinar, se llegó el 2018 y EPM no pudo cumplirnos, ahora tendrá que pagarnos la garantía que habíamos pactado de 42 millones de dólares para el evento en el que no pudiera ofrecer la energía que estamos esperando.

Con EPM ya nos había pasado algo similar. Hacía pocos años, en una subasta, como la del próximo jueves, EPM nos había ofrecido construir una 4ª fase de la represa de Porce, se la asignamos y después desistió de hacerlo por razones de orden público. Después de un litigio de algunos años, finalmente EPM debió pagarnos los 13 millones de dólares que habíamos pactado como garantía para el evento en que no desarrollaran el proyecto y no contáramos con la energía que nos había prometido.

Imagino que una empresa tan seria no nos va a meter a los colombianos en otro pleito largo para que nos pague la garantía que nos otorgó por si Hidroiuango no entraba en operación.

Ahora abrimos una nueva subasta para ver quién nos ofrece la energía que EPM no nos ha podido entregar en las 2 veces anteriores y resulta que el favorito para ganarse esta nueva subasta es el propio EPM. ¡Plop!

En esta ocasión ni el Procurador, ni la Vicepresidenta, que suelen ser tan estrictos con las compañías que incumplen o que incurren en actos de corrupción, han levantado la voz. Todo lo contrario, la mayoría de las personas han sido solidarias con la empresa, han llamado a rodearla, a protegerla, a ayudarla para que los efectos negativos del proyecto Hidroituango no arrastren con toda la compañía.

Cuál sería la reacción si, por ejemplo, Electricaribe quisiera asumir la distribución de energía eléctrica en lugares distintos a los que hoy administra. Si, por ejemplo, se abriera una licitación para distribuir energía en Cali, por decir cualquier cosa, y se postulara Electricaribe. No resultaría razonable que con las deficiencias de la prestación del servicio en el Caribe se le adjudicara ese servicio en otra región.

La aureola de cumplimiento de EPM le permite, en cambio, que más allá de los debates jurídicos, probablemente el próximo jueves volvamos a renovarle nuestra confianza y, ahora sí, quedemos amarrados a la suerte de la compañía y especialmente del futuro incierto aún del proyecto Hidroituango.

La ejemplar planeación del sistema eléctrico colombiano nos ha permitido soportar duros fenómenos climáticos y los incumplimientos de EPM. No estamos cerca de un apagón, pero si EPM nos volviera a incumplir en el 2021, sí estaríamos en dificultades.

Por las bondades del sistema, la generación eléctrica en Colombia es un gran negocio, en él participan grandes compañías, con capitales públicos y privados, y entidades territoriales como Bogotá y Medellín han soportado sus multimillonarias inversiones sociales en las utilidades que perciben por ese negocio.

Antioquia ha tenido la fuerza política para lograr que los más grandes proyectos hidroeléctricos se construyan en su territorio y con Hidroituango funcionando tendría casi el 70% de esa generación. Pero no solo eso, con las utilidades de Hidroituango el Departamento duplicaría sus ingresos si el proyecto funcionara como estaba previsto.

Plausible ese empeño paisa, pero es legítimo preguntar si, desde el punto de vista del desarrollo territorial equilibrado, esa, la de concentrar la generación en Antioquia, ha sido una decisión correcta.

En el Cauca, que tiene condiciones hidrológicas incluso mejores, llevan años impulsando proyectos que, sin embargo, no consiguen la capacidad política para impulsarlos.

Una buena manera de reparar a éste departamento por todos los efectos del conflicto sería promover que un proyecto con inversión pública, quizás fondeado con regalías, pudiera emprender –ahora sí- la hidroeléctrica de Arrieros del Micay, por ejemplo.

El debate del Plan de desarrollo sería el escenario ideal para abrir esas discusiones.

Por ahora, EPM, con justicia, disfruta del efecto halo: todos pensamos que una empresa con esas características no pudo haber incumplido las normas ambientales, debió ser rigurosa técnicamente, tuvo que haber contratado a los mejores ingenieros, sus procesos debieron ser transparentes, no debió haber coimas en la adjudicación de los contratos y más todavía, a pesar de que nos ha incumplido dos veces, no es por su negligencia y en la tercera sí nos va a cumplir.

El efecto halo es eso que los psicólogos llaman un sesgo cognitivo. 

Luego de poner los ojos del mundo sobre la frontera con el Venezuela Aid Live, el hambre y la miseria de los venezolanos se convirtieron en la punta de lanza de la segunda movida en terreno del cerco diplomático al Gobierno de Nicolás Maduro.

Los 235 heridos por las fuerzas militares, los 60 oficiales que desertaron, los cuatro indígenas asesinados en Brasil, y las imágenes que rodaron por todo el mundo de civiles siendo atacados con gases y perdigones, son ahora el nuevo símbolo de la oposición para presionar la salida de ese régimen.

Aunque el autoproclamado presidente Juan Guaidó no dijo explícitamente que estaba pensando en una intervención militar, anoche trinó anunciando que pediría a sus aliados "tener abiertas todas las opciones para lograr la liberación de esta Patria que lucha y seguirá luchando".

Que lo haya hecho luego de un discurso en el que dijo que “el mundo había visto la peor cara de la dictadura venezolana” por los hechos ocurridos ayer, y cuando el lunes habrá reunión del Grupo Lima, y se encontrará con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es clave.

Principalmente porque aunque ayer Maduro tomó la decisión que más le convenía para mantener el status quo a su favor internamente y estuvo firme en la decisión de no dejar entrar la ayuda humanitaria de Estados Unidos, perdió en varios frentes. 

Por un lado quedó claro que, si bien las fuerzas armadas le siguen respondiendo, están fracturadas por dentro y al menos en una porción están actuando coaccionadas; segundo, porque su imagen internacional quedó aún más golpeada; y tercero porque sus intentos de contrarrestar las movidas del cerco han fracasado.

En el fondo caldear los ánimos que estaban represados por la crisis humanitaria, darle un día cero -el 23F- y poner a sus protagonistas al frente -aún arriesgándolos-, sirvió de peldaño y consolidó el jaque del cerco diplomático a Maduro.

La Silla estuvo allí. 

La punta de lanza

Que todo se saliera de control fue el escenario más probable desde siempre.  

Todos lo sabían desde el inicio, pero nadie asumía la responsabilidad de decirlo de frente.

“La ayuda entra porque entra”, que se volvió la frase de cajón en la previa al día cero, o el Sí o Sí de Juan Guaidó, eran eufemismos que en retrospectiva se ven contundentes. 

En el fondo era lo que todos querían.

Los migrantes porque en su mayoría están cansados de malvivir en la frontera y quieren volver a sus casas con sus familias. Guaidó porque de lograr el paso de la ayuda humanitaria se hacía a una victoria política contra Maduro. El Grupo de Lima y la OEA porque dentro del cerco diplomático aseguraban otra movida que acorralaría aún más a Maduro. 

Sin embargo, más allá de cruzar las 600 toneladas de ayuda humanitaria a través de los puntos fronterizos de Tienditas, el Francisco de Paula Santander y el Simón Bolívar en Colombia, y en Santa Elena de Uairén en Brasil, lo verdaderamente importante era que el mundo viera la reacción de Nicolás Maduro. 

Sobre todo porque el día anterior el Venezuela Aid Live ya había puesto todos los ojos sobre la frontera y lo que se ponía a prueba ayer era la lealtad de las fuerzas militares al régimen si Maduro decidía no dejar entrar la ayuda, que en efecto fue lo que pasó.

Así que poner a los venezolanos que cargan con la miseria a cuestas a hacer una avalancha humanitaria, presionar directamente el poder en Miraflores, y cuestionar a las fuerzas militares, era el mensaje más duro que se podía dar.

También una bomba de tiempo.

En el Simón Bolívar, el punto más simbólico de los que se entregarían las ayudas porque es el que ha ocupado titulares de prensa en todo el mundo por la migración masiva y es el principal paso terrestre entre los dos países, la tensión estalló apenas con el primer contacto.

Aunque durante toda la mañana la tropa de Guaidó, que en ese punto estaba comandada por el diputado José Manuel Olivares, se mantuvo en que el mensaje era pacífico, en medio de la tensión armó una barricada de al menos 200 personas, les dio banderitas y les pidió caminar de gancho emulando una cadena humana.

Todos llegaron a la barrera que habían trazado una veintena de soldados de la Policía Nacional Bolivariana cantando el himno nacional y gritando “libertad”, pero apenas se encontraron no tardaron en enfrentarse.  

20 segundos, un par de empujones, un forcejeo y una patada los convirtieron en carne de cañón.

Fue a eso de las 11:30 de la mañana cuando desde el lado venezolano lanzaron la primera granada lacrimógena.

El humo los asfixió y los dispersó, pero no los amedrentó.

En su lugar exacerbó los ánimos, sacó a flote la frustración y marcó el banderazo de salida de una confrontación sin cuartel que escalaría durante las siguientes horas.

Para ese momento Ureña, que es el que conecta con el puente Francisco de Paula Santander, era noticia por los disturbios internos; en Brasil indígenas de la etnia pemón peleaban por el paso de los camiones; y en Tienditas la noticia era que estaban llegando desertores.

La doble estrategia no consultada

“Esto es una locura”, fue lo único que atinó a decir uno de los policías venezolanos que estaban en la primer línea resguardando la frontera por orden de Maduro, minutos antes de que estallara el enfrentamiento.

Era joven, no debía tener más de 25 años, e hizo una mueca de tristeza cuando respondió a la pregunta. 

El gesto lo repitió cuando no quiso decir si estaba obligado en la frontera. Después no quiso hablar más.

En ese momento al lado venezolano del puente se veía a un puñado de hombres agolpados. No eran más de 500, ondeaban una bandera con la cara del Ché Guevara.

En el lado colombiano, los venezolanos incluido el círculo de Manuel Mijares, hablaban de que eran colectivos (una suerte de grupos paramilitares promaduristas que se visten de civil y asesinan selectivamente).

Desde ese momento quedó claro que iba a ser casi imposible pasar la ayuda humanitaria y paralelamente se empezaron a ejecutar dos estrategias.

La de los migrantes en Colombia fue la de entrar a como dé lugar. 

“No importa qué pase, pero que pase ya”, decían varios para tomar impulso. Al tiempo se preparaban quitándose las camisetas y encapuchándose con ellas.

La de los delegados de Guaidó fue mantenerse en la zona y esperar a ver si algo se resolvía mientras alentaban el tropel de frente (las tarimas fueron los únicos espacios en los que llamaban al pacifismo).

“Valientes ¡Todo por Venezuela!”, gritó uno de los miembros del equipo cuando la turba se armaba enardecida.

La pelea se convirtió en la danza de una pieza de valls: estremecedoramente repetitiva. 

El ritmo lo marcaban los encapuchados, quienes arremetían armados con piedras, y equipados con una marca de crema dental en el espacio entre la nariz y la boca y con trapos mojados de vinagre para evitar el efecto de los lacrimógenos. 

Su salida, que se daba casi al instante del ingreso, iba acompañada de una estampida. Todos notaron que las piedras no funcionaban, que perdían el tiempo intentando entrar, pero cada tanto volvían a tomar impulso y repetían la historia. 

Encima la suerte no los acompañaba.  El viento les soplaba en contra y empeoraba el efecto de los gases. 

Una señora frustrada oraba en un costado del puente. Le pedía al Arcangel San Gabriel que cambiara el sentido de la brisa, mientras señalaba con su mano hacia Venezuela.

El ambiente solo cambiaba de vez en vez cuando pasaba alguna autoridad con heridos o cuando algún policía bolivariano desertaba.

Cada tanto se escuchaba a uno que pasaba gritando Maduro y que el resto le respondían “coño e’tu madre”.

Más tarde se sabría por boca de uno de los desertores, que, como se intuía, el Gobierno de Maduro habría mandado a atentar contra los manifestantes, estaba echando mano de los colectivos, y hasta había soltado presos para contener a los voluntarios. 

La Policía colombiana y Migración solo fueron espectadores. Los primeros ni siquiera estaban armados, los segundos ayudaban a identificar potenciales infiltrados dentro del movimiento de Guaidó y los capturaban. 

En la práctica siempre fue como si Colombia hubiera prestado el ring y puesto a los aguateros.

Cuando ya pasaban las tres horas de enfrentamientos, y además de los tiros de perdigones del lado de Venezuela, los migrantes habían incendiado la maleza que crece debajo del puente internacional y lanzaban bombas molotov como contraofensiva por los colectivos, un policía bromeó mientras evaluaba los daños: “esta es la primera vez que me toca trabajar del lado de los que tiran piedra”.

La derrota con cara de victoria

A eso de las 2:30 de la tarde empezó a ser claro en el Simón Bolívar que la idea de pasar la ayuda humanitaria por ahí no era viable.

La tensión no solo seguía escalando desde el lado colombiano, sino que encima la logística no estaba completa. Jamás lo había estado.

“Chamo, el problema es que podemos seguir matándonos acá pero aún si dispersamos el cerco, no tenemos quién nos recoja la comida allá”, decía un delegado del Gobierno de Guaidó mientras trataba de convencer a los venezolanos sobre la conveniencia de ese plan.

Aunque Ureña en ese momento era famoso en todo el mundo porque allí habían quemado dos de las tractomulas que pasaron, en el Simón Bolívar unos pocos explicaban que aún cuando eso era cierto, ya había terreno ganado.

Pero ya para ese momento era muy tarde. La turba tenía vida propia y se opuso al traslado de los camiones pese a que la Policía colombiana dio la orden. 

“Esto sería como retroceder ¿me entiendes? Lo que ha pasado aquí no puede quedar en vano, como todo el sufrimiento desde que salimos de nuestras casas”, gritaba una mujer cerca a las casetas de migración. Los que la oían aplaudían. 

Los ánimos se mantuvieron así el resto del día.

Por eso, la escena de la pelea entre guardias y civiles se repitió hasta que cayó la noche y el cansancio les ganó.

Sin embargo, cuando en los bordes fronterizos había desánimo por lo que en terreno consideraban un fracaso, en el puesto de mando unificado de Cúcuta, Juan Guaidó, el presidente Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dieron un parte de victoria a pesar de que la ayuda humanitaria no llegó.

Eso explicaría en parte la tranquilidad de todos los altos mandos del Gobierno en Colombia y de los invitados, incluyendo Guaidó y su círculo, en los eventos previos a la avalancha humanitaria.

“A ocho horas de que todo sucediera no se respiraba ni la más mínima tensión”, dijo a La Silla una fuente que compartió con toda la delegación y que pidió no ser citada para ahorrarse problemas. 

Sea como fuere, mientras que el Presidente interino anunció que irá a la reunión del Grupo de Lima, descalificó con nuevos argumentos a Maduro, dijo que había que tener todas las cartas sobre la mesa y anticipó una reunión con el vicepresidente Mike Pence; Almagro hizo un resumen del balance de la jornada y arreció las críticas contra ese régimen..

Ambos ganaron porque al reforzar sus propias posturas con el atentado a civiles de por medio ajustaron más el cerco para Maduro, quien salvo por el baile de salsa con su esposa en Caracas mientras las fronteras estaban en crisis y el anuncio del rompimiento definitivo de relaciones, no apareció. 

Duque al final también cerró el día con un balance positivo porque consolidó su imagen de líder diplomático en el hemisferio estando al frente del cerco.

Sin embargo, habrá que ver qué tan sostenible es su política a largo plazo y si al final era rentable el costo de poner a Colombia en máxima tensión con Venezuela para presionar el cambio de mando en el Palacio de Miraflores. 

Todo, cuando se negó a responderle a CNN si estaría dispuesto a dejar entrar tropas estadounidenses a Colombia en el marco de la estrategia para sacar a Maduro del poder; y Guaidó ya dejó ver que el siguiente paso puede ser el militar.