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¿Cómo arranca la apuesta de Duque al sol y al viento?

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Este martes el Gobierno dará un paso clave en su estrategia para lograr que en 2022 haya más energía solar y eólica, lo que haría más difícil un apagón por culpa de El Niño.

Ese día será la primera subasta para comprometerse a financiar proyectos de energías renovables no convencionales, que hoy representan el 2 por ciento de la energía del país y el Gobierno quiere que sean el 10 por ciento en 2022.

La subasta representa un cambio para los jugadores del sector, con retos de infraestructura y financieros, y también uno de la dirección de la matriz energética, con impactos ambientales. Para entender las implicaciones de la subasta invitamos a nuestro podcast a dos conocedores del tema: Ángela Cadena, profesora de la Universidad de la Andes, y Camilo Tautiva, experto y consultor en temas de energía.

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, StitcherAkörde FD, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify!

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Cartagena ratifica decisión de Fajardo de fortalecerse por fuera de la Coalición Colombia

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Este año de elecciones, el excandidato presidencial Sergio Fajardo le apuntará a fortalecer sobre todo su movimiento Compromiso Ciudadano en las regiones, independientemente de la Coalición Colombia. Ya se evidencia en Cali y en Antioquia. Ahora también en Cartagena.

Aunque el día en que perdió las presidenciales, Fajardo afirmó que la coalición entre su grupo, la Alianza Verde y el Polo se mantendría en las regionales, las últimas movidas del fajardismo reflejan que esto no será así en todo el país.

No sólo en la capital del Valle el fajardismo y los verdes tendrán cada uno candidato propio para competir por la Alcaldía (Fajardo al empresario Alejandro Éder y los verdes, en alianza con movimientos de izquierda, al actual presidente de ese partido, el polémico Jorge Iván Ospina).

En Cartagena se repite el caso, con el agregado de que ésta sería la segunda vez en la que, en La Heroica, la Coalición Colombia no logra llevar a un único candidato.

La apuesta fajardista en Cartagena

El movimiento que lidera Fajardo respaldará la candidatura en Cartagena de su principal figura en el Caribe: Claudia Fadul, quien lleva diez años militando en el fajardismo y ha ocupado importantes cargos en la ciudad como alcaldesa encargada, presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y gerente de la empresa promotora de turismo de la ciudad.

Fadul aspirará por firmas y el movimiento, con el cual empezará esta próxima semana a recoger apoyos en la capital de Bolívar, se llama ‘Compromiso Ciudadano por Cartagena’.

Por ahora, ni el Polo ni los verdes han hablado de unirse a esta aspiración y, por el contrario, también están moviendo sus propias fichas.

El Polo va a apoyar al empresario y gerente de Canal Cartagena, Nabil Baladi, quien ya ha sonado en pasadas elecciones para ser el candidato del Polo y otros sectores alternativos.

La idea, según lo que nos aseguró el exconcejal  y dirigente local del Polo David Múnera, es que el partido lleve candidato propio y que éste sea Baladi.

Los verdes, por su lado, harán una consulta para decidir cuál será su candidato.

Entre los que suenan para participar en esta consulta están el excandidato verde a la Alcaldía Fabio Castellanos, el también excandidato Armando Córdoba y el exconcejal y exdirector de Reconciliación y Memoria Histórica en la Secretaría de Víctimas de Bolívar Jorge Cárcamo.

Aunque no hace parte propiamente de Alianza Verde, Cárcamo, como contamos, quiere llegar a la Alcaldía con el apoyo de los verdes y otros sectores alternativos de la ciudad.

Él hacía parte del sector liberal que estaba buscando la restitución de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y perteneció al grupo político de Judith Pinedo, ‘la Mariamulata’, la primera alcaldesa en la historia de Cartagena, quien llegó al Palacio de la Aduana con el apoyo de un movimiento ciudadano.

La Coalición Colombia en Cartagena tampoco había podido ser, en las atípicas que tuvo la ciudad en 2018.

En esa ocasión, los verdes, el Polo y Compromiso Ciudadano no pudieron ponerse de acuerdo para lanzar un candidato único.

Como contamos en La Silla Caribe,  los polistas, con el apoyo de Compromiso Ciudadano, llevaron a David Múnera y los verdes se dividieron entre Múnera y el candidato que avaló el partido: el literato Armando Córdoba, quien también era el candidato del petrismo.

Más allá de las diferencias que a nivel local tienen los tres partidos, la aspiración de Fadul hace parte de una estrategia nacional del fajardismo que no incluye necesariamente a los otros partidos de la Coalición Colombia.

La estrategia 2019 de Fajardo

Según lo que nos contaron por aparte Fadul y Sara Moreno, coordinadora nacional de Compromiso Ciudadano, la estrategia principal del fajardismo este año es expandirse y consolidar el movimiento en las regiones.

Esto es clave porque, en las pasadas presidenciales, la votación de Fajardo se concentró principalmente en las capitales del país.

Por ejemplo, más de un tercio de sus votos en primera vuelta fueron en Bogotá, Medellín y Cali.

En cambio, en todo el Caribe su votación fue tan solo de 245 mil votos, casi 40 mil votos menos de lo que sacó solo en Cali. (Una de las reflexiones que quedó después de la campaña, según nos dijo una fuente de los verdes, es que con una mejor votación en el Caribe Fajardo hubiese podido pasar a segunda vuelta).

Por eso, con vistas a una posible candidatura en 2022, la estrategia de Fajardo para consolidar su movimiento por fuera de las principales ciudades tiene dos vías.

La primera es lanzar, por medio de la recolección de firmas, candidatos propios que vengan de las entrañas del fajardismo.

“Compromiso Ciudadano le está apostando a consolidar liderazgos regionales con las personas que han apoyado a Sergio Fajardo en estos 19 años”, nos dijo Sara Moreno.

Esto es posible evidenciarlo, además de los casos de Cali y Cartagena, en Antioquia en donde la carta de Fajardo para la Gobernación es, como lo contó La Silla Paisa, Mauricio Pérez, quien trabajó con Fajardo desde que fue alcalde de Medellín y llegó a ser su secretario de Desarrollo Social al final de su Administración.

Los movimientos por medio de los cuales los aspirantes recogerán las firmas para ser candidatos tendrán, todos, el nombre de ‘Compromiso Ciudadano por…’, seguido por la ciudad o departamento por el cual se esté haciendo campaña.

Así, por ejemplo, el movimiento de Walter Lacharme, un viejo seguidor de Fajardo que aspira a la Alcaldía de Villavicencio, se llama ‘Compromiso Ciudadano por Villavicencio’.

Aunque en algunas ciudades el fajardismo irá por su cuenta, en otras sí conformará alianzas con los partidos de la Coalición Colombia. Esto dependerá, como nos contó Moreno, de las dinámicas particulares de cada región.

“La coalición se interpreta en las regiones de distintas formas, todos los lugares tienen sus particularidades. Nosotros, en Compromiso, no vamos a imponer desde Bogotá alianzas ni a decir quién se debe aliar con quién”, nos dijo.

Así, mientras en Cartagena Polo, verdes y Compromiso llevan cada uno un candidato, en Soledad, Atlántico, los fajardistas ya tienen un candidato, el exconcejal de La U Bryan Orozco, que aspirará por firmas y, además, tiene el respaldo del Polo.

Del mismo modo, en Bogotá, Fajardo aseguró que apoyará la candidatura del candidato verde (ya sea el exsenador Antonio Navarro o la exsenadora Claudia López).

La segunda forma como Fajardo piensa fortalecer su movimiento en las regiones es por medio de su Escuela de Formación Política.

El objetivo de esta escuela es la formación de líderes que sigan los principios que ha promovido Fajardo a lo largo de su carrera.

Se trata de una serie de conferencias, talleres y foros, que duran en promedio dos días, en los que Fajardo y miembros de su movimiento enseñan formas de hacer campaña movilizando a la ciudadanía. También enseñan herramientas para gobernar de manera transparente.

La escuela también tiene una segunda parte de foros con la ciudadanía en donde los participantes, que no deben pagar y solo deben inscribirse, debaten y cuentan los problemas específicos de la región.

Este proyecto de Fajardo comenzó en noviembre en Bogotá, pero la idea es llevarlo a todos los departamentos del país.

El primero que hubo por fuera de la capital fue el pasado 15 y 16 de febrero en Armenia.

De acuerdo a lo que nos contó Sara Moreno, la idea es que la próxima escuela sea en un municipio del Caribe.

Este fin de semana el excandidato se reunió en Medellín con los nueve candidatos a alcaldías y gobernaciones de todo el país que ya tiene en firme.

Como no en todos los casos se trata de figuras de peso regional (Fadul, por ejemplo, no ha demostrado tener en Cartagena ningún peso electoral), habrá que ver si esta fórmula le funciona a quien ha dicho que es “altamente probable” que aspire a la Presidencia en el 2022.

Lo que por ahora queda claro es que la Coalición Colombia no es Coalición en toda Colombia.

Silla Caribe
Sergio Fajardo

Sergio Fajardo

Excandidato presidencial del Polo y Alianza Verde

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Silla Caribe
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Los secuestrados del Huila muestran el límite de la JEP con los terceros

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Con el Estado Mayor de las Farc dando sus versiones libres ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, varios ex secuestrados del Huila están a la espera de una verdad que hasta ahora ha sido muy esquiva: saber si políticos o empresarios recomendaron sus nombres y ayudaron de alguna manera a que la guerrilla se los llevara por años al monte.

Esos terceros, que el investigador Luis Jorge Garay describe como los hombres ‘grises’, por ser personas que viven en la legalidad pero son puentes con los ilegales, no están obligados a ir a la JEP.

Pueden ir si quieren, en caso de que una avalancha de confesiones de ex combatientes cree los incentivos para que se acojan y obtengan los beneficios de una pena reducida en la JEP, antes de que la Fiscalía -que según la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, debe priorizar estos casos- los investigue. Como esos delitos no prescriben, no hay Fiscal que les pueda dar ‘garantías’ de que no les va a pasar nada.

Por eso, la ilusión de ex secuestrados como Orlando Beltrán, Consuelo González y Jorge Eduardo Géchem, que eran del Partido Liberal cuando las Farc se los llevaron y ya hablaron ante la Sala de Reconocimiento, y de empresarios que también estuvieron en cautiverio como Aníbal Rodríguez, es que la JEP les resuelva esa duda, entre tantas otras. 

El primer lío es que el cerebro detrás de sus secuestros es ‘El Paisa’, ex comandante de la columna móvil Teófilo Forero, que no ha aparecido, tiene un incidente de incumplimiento abierto en la JEP y está citado el próximo 18 de marzo a dar su versión. La esperanza para estas víctimas es que no deje la silla vacía.

El golpe a los políticos liberales

Era mediados de 2001 y la campaña para las elecciones a Congreso, que serían en marzo del año siguiente, se estaba calentando. Al tiempo, las negociaciones del Caguán entre las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana estaban en crisis.

 

El Gobierno y la guerrilla acababan de firmar un acuerdo humanitario en el que las Farc se comprometían a liberar 42 soldados y policías enfermos y a cambio, el Gobierno debía sacar de la cárcel a 15 guerrilleros.

Pero a pesar de ese compromiso y en el marco de la estrategia de seguir engordando la bolsa para presionar al Gobierno, Manuel Marulanda y el Mono Jojoy mantuvieron la orden de secuestrar políticos.  

Uno de los blancos de esa estrategia de secuestro político fue el Huila, departamento vecino a la zona de distensión en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Un mes después de la firma del acuerdo humanitario, las Farc secuestraron a cuatro congresistas huilenses, tres de ellos del Partido Liberal.

El 26 de julio de 2001 la Teófilo Forero se tomó el edificio Miraflores, en pleno centro de Neiva, y entre las 15 personas que secuestró, se llevó a Gloria Polanco y sus dos hijos. Su esposo, el ex gobernador Jaime Lozada (que tiempo después asesinaron las Farc), decidió lanzar el nombre de ella al Senado en 2002 por el Partido Conservador y quedó elegida estando secuestrada.

Polanco salió libre en febrero de 2008 y en noviembre del año pasado habló en la JEP, pero quiso que su testimonio fuera privado.

Un mes después de su secuestro, el 28 de agosto de 2001, el turno fue para el representante liberal Orlando Beltrán. La Teófilo se lo llevó de su finca ‘El Rubí’, paso obligado entre la Uribe, Meta, y San Vicente del Caguán. Beltrán hacía parte de la comisión de Paz de la Cámara.

“Ellos (las Farc) me dijeron algo que no he podido olvidar y es que además de las órdenes de la dirección de la guerrilla, también tenían contactos con políticos en diferentes regiones que estuvieron de acuerdo con la delincuencia”, dijo Beltrán ante las cámaras y micrófonos de la JEP, cuando fue a dar su testimonio, en octubre del año pasado.

“Nos desaparecieron. Después de nuestros secuestros, ninguno pudo resurgir como quiso políticamente”, nos dijo Beltrán en su casa en Bogotá.

Trece días después de su secuestro, el 10 de septiembre de 2001, la Teófilo se llevó a la también representante liberal huilense Consuelo González de Perdomo, en la carretera entre Pitalito y Neiva.

González también hacía parte de la comisión de paz de la Cámara y había viajado a la zona de distensión a hablar con la cúpula.

El día que se la llevaron, a pesar de que el departamento estaba en alerta por todos los secuestros recientes, no había un solo retén de Policía ni Ejército en la vía, nos dijo González.

Nos contó también que, tiempo después del secuestro, sus dos hijas viajaron a la zona de distensión para confirmar si realmente las Farc la tenía porque no habían recibido pruebas de supervivencia.

“En esa oportunidad, que fue la única que tuvieron de hablar con la guerrilla, las recibe Joaquín Gómez y les dice que alguien del departamento del Huila sugirió mi nombre para que fuera secuestrada”, dijo González a La Silla Sur en su casa en Pitalito.

Aunque González hizo parte de un grupo de víctimas que viajó a La Habana durante la negociación del Acuerdo con las Farc, nunca pudo carear a Gómez para preguntarle a quién se refería.

”En esa oportunidad, que fue la única que tuvieron de hablar con la guerrilla, las recibe Joaquín Gómez y les dice que alguien del departamento del Huila sugirió mi nombre para que fuera secuestrada”

Consuelo González

Esa posiblemente será una pregunta que la Sala de Reconocimiento le hará al ex comandante del bloque sur el próximo 4 de marzo, fecha en la que está citado a dar su versión.

La Silla buscó Gómez, quien, como contamos, es el candidato a la gobernación de La Guajira por la Farc, pero nunca nos respondió.

Cinco meses después del secuestro de Consuelo, el 20 de febrero de 2002, en una operación sin precedentes, la Teófilo secuestró un avión de Aires con 30 personas a bordo para llevarse a Jorge Eduardo Géchem, el único senador liberal huilense de la época y presidente de la comisión de paz en el Senado.

Su secuestro fue el detonante para que el presidente Pastrana decidiera acabar con los diálogos del Caguán.

El caso de Géchem también tiene varios cabos sueltos. Ese día, cuando se iba a montar al avión, no funcionó el detector de metales del aeropuerto Benito Salas de Neiva, lo que permitió que guerrilleros disfrazados de civiles se montaran armados sin problema.

Por esos días, Géchem se estaba cuidando mucho. Estaba advertido, hasta por el Ejército y por sus escoltas, de que era mejor que no viajara mucho por tierra y de que lo estaban persiguiendo.

Durante esos días de campaña en Neiva tenía un conductor provisional, que oyó cuando él llamó a su empleada a decirle que le planchara unas camisas, porque iba a viajar para Bogotá.

“A ese señor nunca más lo volví a ver y a la empleada tampoco”, nos dijo.

Aunque para él su secuestro fue más para que las Farc inflaran la bolsa de negociación con el Gobierno, también tiene sus dudas.

“Si los tres (González, Beltrán y Géchem) estábamos tan comprometidos en el tema de paz, ¿por qué la Farc la emprendió contra nosotros? ¿por qué sobre todo contra el Partido Liberal en el Huila?” se pregunta Géchem, que también ya dio su testimonio ante la JEP el año pasado.

La pregunta por el liberalismo es necesaria.

De acuerdo con el libro ‘Una sociedad secuestrada’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, de los 665 funcionarios públicos secuestrados entre 1970 y 2010 y que eran miembros de partidos o grupos políticos, 339, más de la mitad, militaban en el Partido Liberal.

Beltrán, González y Géchem representaban por ese entonces a la clase dirigente del liberalismo, el primero liderando una disidencia llamada ‘Convergencia Popular Civil’, y  Géchem y González como el ala oficialista.

Sus secuestros cambiaron el mapa político del Huila, porque más allá de si hubo o no terceros en sus casos, el vacío que dejaron favoreció políticamente a otros.

Los que siguieron

Para terminar sus periodos en la Cámara, en lugar de Beltrán asumió Carlos Alberto Martín Salinas, que venía de ser alcalde de Pitalito.

Martín Salinas siguió su carrera pública en el Huila y en 2013 llegó a ser secretario general y luego secretario de cultura y turismo en la gobernación de Carlos Mauricio Iriarte.

Por Consuelo González entró el ingeniero Gustavo Montealegre, que había sido concejal y diputado liberal y se había lanzado a la gobernación en 1997, aunque se quemó con 20 mil votos. Sin embargo, esa votación le dio para que quedara como segundo en la lista que encabezaba Consuelo y por eso terminó reemplazándola.

Montealegre, que era del equipo político de Géchem, hizo una especialización en Ciencias Mecánicas en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, Rusia, la misma en la que estudió ingeniería agrícola el ex comandante Joaquín Gómez.

En diciembre de 2001, cuando asumió la curul de González, Montealegre renunció a ser diputado, época en la que lanzó duras críticas contra la zona de distensión, para estar en el Congreso hasta julio de 2002.

Un mes después, Montealegre salió del país en exilio a Australia porque, según dijo, recibió amenazas de paramilitares que lo señalaban de ser militante de izquierda y auxiliador de las Farc.

La Silla Sur habló con Montealegre, que ahora vive en Moscú y que decidió hablar con un medio por primera vez después del exilio.

Nos dijo que en sus tiempos de estudiante en Moscú nunca fue amigo ni conocido de Joaquín Gómez. “Lo vi por mucho tres veces y no pasó más allá del saludo. No tuve nada que ver con él ni con nadie de las Farc”.Dijo también que en noviembre de 2001, tres meses después del secuestro de Consuelo González,"me enteré que era objetivo militar de las Farc porque el gobierno departamental tuvo conocimiento de ello y por eso, por instrucción del gobernador se solicitó al al comandante de la Policía del Huila y a la seccional del DAS darme la debida protección." 

“Creo que esas amenazas pudieron ser porque yo fui un duro crítico de la zona de distensión”, nos dijo. En 2002 también recibió amenazas de dos bloques de las autodefensas, aunque nos dijo que no sabía por qué lo amenazó ese grupo.

“No he sido un auxiliador de las Farc ni he tenido vinculación alguna con un movimiento de izquierda”, nos dijo. “Si a mi me dan las debidas garantías de que no me va a pasar nada en Colombia, estoy dispuesto a hablar en la JEP”, agregó.

En todo caso, para las elecciones de 2002, sin Géchem, Gónzalez y Beltrán en el ruedo, cambió el mapa político del departamento.

”Si a mi me dan las debidas garantías de que no me va a pasar nada en Colombia, estoy dispuesto a hablar en la JEP”

Gustavo Montealegre

Aunque el nombre de González apareció en el tarjetón a pesar de estar secuestrada porque su esposo así lo pidió, resultaron electos a la Cámara políticos nuevos.

Por el liberalismo oficial Carlos Julio González Villa (actual gobernador), por el movimiento Colombia Siempre, que era otra punta liberal, Luis Enrique Dussán, y por el partido Conservador Gloria Polanco (que estaba secuestrada) y Luis Jairo Ibarra Obando.

Al Senado, ocupando el vacío de Géchem llegaron el conservador Hernán Andrade, que dio el salto desde la Cámara, y el liberal Édgar Artunduaga, que venía de cotizarse políticamente como uno de los periodistas más críticos del gobierno Pastrana.  

Las banderas del liberalismo oficial las tomó Rodrigo Villalba, que después de haber sido ministro de Agricultura de Pastrana entre 1999 y 2002, regresó al Huila para ganar la Gobernación en 2004.

Ese recambio ha dejado interrogantes entre los ex secuestrados.

“Al desaparecer el fuerte del Partido Liberal, sin atreverme a hablar de nombres, se abrieron espacios para otras personas que podrían estar limitados en avanzar dentro del partido. Que quiénes, no me atrevo a decir quiénes, pero es un análisis elemental”, nos dijo González.

Al regresar a la libertad los tres intentaron volver a la política pero con suerte diferente. Géchem y Consuelo se presentaron en las elecciones de 2010 y ganaron una curul en el Senado y Cámara, respectivamente. Pero en las de 2014, cuando también volvió al ruedo Beltrán buscando la Cámara, los tres se quemaron. En las de 2018 mientras Consuelo y Beltrán desistieron y se apartaron, Géchem lo volvió a intentar y volvió a perder. 

Además, otros secuestros a civiles también despertaron dudas similares sobre terceros.

Los civiles, también con dudas

En la toma del edificio de Miraflores, además de Polanco y sus hijos, entre los otros secuestrados estaba Aníbal Rodríguez, un reconocido constructor huilense.

Aunque esa operación la dirigió alias ‘El Paisa’, comandante de la Teófilo, hay dudas sobre quienes  ayudaron con información para montarla.

“Siempre hemos tenido la duda y sabemos que hay terceros que entregaron información porque hay muchos cabos sueltos que no pueden tener explicación por factores de azar”, dijo a La Silla Sur Rodríguez, quien duró tres años, tres meses y cuatro días en poder de las Farc. “Tenían información específica de propiedades mías y valores comerciales de inmuebles que yo le había comentado a una persona y ese valor lo tenía la guerrilla”, agregó.

“Tenemos identificadas personas, en concreto una familia de empresarios de la región, pero no podemos hacer señalamientos sin tener las pruebas suficientes”, nos dijo. “No sé por qué pudieron haber participado, si es que estaban amenazados o si eran colaboradores”.

Por ese entonces era normal en Neiva, como lo confirmamos con una familia a la que le pasó directamente, que las Farc mandaran el mensaje de que si no querían que los secuestraran, tenían que dar el nombre de “secuestrables”, que para la guerrilla era gente con plata.

También había otra modalidad.

Dos personas del Huila que tuvieron familiares secuestrados a finales de los noventas y que nos hablaron bajo la condición de no citarlas, nos contaron por aparte, que además de plata en efectivo, la guerrilla “exigía una lista de referidos, de personas potencialmente secuestrables”, nos dijo una de ellas.

En uno de esos casos, un familiar de un secuestrado nos contó que luego de pagar el rescate en efectivo y mandar un listado de personas que según nos dijo, se inventó, lo liberaron. Pero que después lo volvieron a secuestrar porque “los referidos no salieron buenos”.

Esos “terceros coaccionados”, como los llama el libro ‘Entre colaboración y coacción: Verdad Judicial, actores económicos y conflicto armado en Colombia’ de Dejusticia,  seguramente tendrán incentivos para ir a la Sala a contar que los presionaron para que dieran nombres, en vez de quedarse callados y correr el riesgo de que les abran un proceso en la justicia ordinaria.

El que sí está obligado a ir y que es el que puede resolver en buena medida todos estos casos porque era el comandante de la Teófilo Forero, es ‘El Paisa’, que lleva meses sin darle la cara a la JEP y que si decide quedarse callado, haría que la Farc quede debiendo muchas verdades.

Silla Sur
Jerson Ortiz
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Con Garzón, Uribe encuentra su centro en Bogotá

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La designación de la concejal Ángela Garzón como candidata del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá le da a ese partido de derecha un chance de meterse en la pelea por conquistar a los electores de centro, que será la franja más peleada.

Lo que sigue es su posible participación en una consulta interpartidista en mayo que defina un solo candidato de la centroderecha, y para la que hasta el momento sólo tiene un competidor: el exsecretario de Gobierno de Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Turbay (puede que Cambio Radical tenga otro).

Frente a Uribe, que es el candidato que más representa la continuidad de las políticas del Alcalde a pesar de la impopularidad de éste, Garzón tiene la ventaja de que se ha venido distanciando de Peñalosa al tiempo que mantiene sus críticas a la izquierda.

Lo que está por verse es si eso la impulse al punto de vencer a un político como Uribe Turbay, que ha tejido vínculos con los distintos partidos tradicionales que integran la coalición que ha respaldado a Peñalosa.

 

Ni de sangre uribista ni peñalosista

El Centro Democrático informó que el resultado final, frente a la pregunta de quién debería ser el candidato de ese partido a la alcaldía, la ganó Garzón con el 41,9 por ciento, seguida del ex representante Samuel Hoyos (37,7 por ciento) y del concejal Diego Molano (20,4 por ciento).

La Silla Cachaca solicitó desde el momento en que se conocieron esos resultados los pormenores de la encuesta con su ficha técnica, pero al cierre de esta historia no nos los habían eniviado ni Nubia Stella Martínez, Directora del partido, ni concejales y militantes a los que se los solicitamos.

“A nosotros no nos los pasaron”, nos dijo un concejal que estuvo presente en la sede del partido cuando se dio a conocer el resultado.

Lo que nos explicaron es que hubo dos encuestas.

Una que hizo el Centro Nacional de Consultoría (CNC) por teléfono a 2.316 militantes del Centro Democrático, que tenía un peso del 15 por ciento; y otra que hizo Yanhass de manera presencial a 2.312 personas del común, sin importar su filiación política, y que tuvo un peso del 85 por ciento.

En la que se hizo entre militantes uribistas ganó Hoyos con el 39,4 por ciento, seguido de Molano con el 31,4, y de Garzón con el 29,2.

Mientras que la que se hizo sin importar la filiación política la ganó Garzón, aunque no pudimos conocer sus resultados. Haciendo el cálculo, Garzón debió sacar 44,14 por ciento, Hoyos 37,4 y Molano 18,46.

Como la encuesta presencial entre no uribistas tenía muchos más peso, fue la que impulsó a Garzón.

Es decir: a ella la eligieron los encuestados no uribistas, mientras que entre los militantes del partido ganó el más godo de los tres y la ahora candidata quedó de última.

Quizás por eso, la candidtura fue un palo, según nos dijeron cuatro políticos uribistas.

Ese resultado es consistente con la más reciente encuesta que se había conocido sobre intención de voto para la Alcaldía, que también es del CNC e incluía a todos los posibles candidatos de todos los partidos, y en la que Garzón quedó de primera entre los tres aspirantes Centro Democrático.

Además, que ella haya ganado impulsada por votantes no uribistas tiene sentido y puede comenzar a explicarse por su trayectoria política.

Ella, en primer lugar, no es uribista de cuna. Su papá, Angelino Garzón, hizo carrera como sindicalista hasta que se alió con Uribe y tmerinó inculso siendo vicepresidente de Juan Manuel Santos, como parte de una fórmula uirbista de centro.

Además, Ángela fue subdirectora en la Dirección de Relaciones Exteriores de la administración de Samuel Moreno; luego entró al Partido Liberal como Secretaria social y de participación ciudadana en 2013 y como parte de una estrategia de SImón Gaviria, sonó como cabeza de lista a la Cámara para 2014 y fue Gerente de la campaña al Congreso en 2014.

Esos orígenes le sirven para decir, como se lo dijo a La Silla Cachaca, que tiene “una historia muy diferente a la de muchos militantes del partido”.

Es diferente, al menos, a la historia de Molano, que trabajó en los dos gobiernos de Uribe hasta ser director de Acción Social; y a la de Samuel Hoyos, que viene de la casa conservadora de los Gómez Hurtado. Ellos dos sólo han hecho política electoral como parte del Centro Democrático.

La apuesta de ella, de hecho, no sólo se centra en defender principios esenciales del Centro Democrático, como la seguridad, sino a los animalistas, ambientalistas, víctimas de abuso sexual, indígenas “y grupos que no se sienten acompañados por gente del partido, pero sí conmigo. Trato de hacer alianzas con ellos, como lo hacía mi padre”.

Es por eso que su discurso de campaña desde el año pasado tiene como bandera resaltar que ella está alineada con lo que llama “el centro social”, algo que ha justificado al volver la esencia de su discurso la educación, y la atención a la primera infancia y ancianos.

Esa apuesta por hacer calar su discurso entre el votante de centro también la tenía Molano, mientras que Hoyos siempre se mostró mucho más a la derecha y haciendo pesar en su discurso, por encima de muchas otras cosas, el discurso antiizquierda y antipetro.

Hay otro factor que la aparta de los otros dos, y es la distancia que tomó de Peñalosa para hacer campaña.

Aunque los tres le tiraron pullas al Alcalde, Garzón ha hecho de eso una parte importante de su bandera: no sólo le cuestiona su forma de gobernar, que considera falta de diálogo, sino que ha dicho que no está de acuerdo ni con el Transmilenio por la Séptima ni con el proyecto de Peñalosa para intervenir la Reserva Van der Hammen.

Además, no sólo votó no a la valorización que le aprobaron al Alcalde en el Concejo, sino que la demandó y con eso también ha hecho campaña.

Ser mujer, le dijeron a La Silla un concejal uribista y uno de Cambio Radical, puede influir para atraer votantes, sobre todo si ella se convierte en la contraparte de Claudia López en caso de que ésta se quede con la candidatura de los verdes.

Sin embargo, Garzón aún no tiene ganado el pase que le permita llegar hasta el final.

La puja por la consulta

El distanciamiento de Garzón frente a Peñalosa la puede ayudar a diferenciarse de Miguel Uribe y hacer que una posible consulta de la centroderecha muestre matices muy claros entre la una y el otro, y no a dos candidatos con discursos casi iguales.

Montarse en la ola antipeñalosa sin decir que va a destruir lo que ha hecho el Alcalde puede ser rentable para ella y para el uribismo, teniendo en cuenta la impopularidad del mandatario.

Sin embargo, aún no es claro que eso le garantice la victoria.

Primero porque en medio de esa puja seguramente saldrá a relucir, por cuenta de Uribe Turbay o de los críticos de Garzón, que a pesar de los cuestionamientos que ella le hace al Alcalde, votó los principales proyectos de Peñalosa en el Concejo, como la plata para el Transmilenio por la Séptima al que hoy se opone.

Además, como la consulta se define con votos, Uribe Turbay tiene a su favor las conexiones con concejales, tanto liberales como de otros partidos, que hizo mientras fue Secretario de Gobierno, y la posibilidad de que eso le ayude a mover votos.

Eses es un impulso importante, más allá de que para Alcaldía no pese tanto la maquinaria, porque la consulta se haría el 26 de mayo, en una fecha que definió el Consejo Nacional Elecotral para todas las consultas en Colombia, y cuando no habría otras votaciones.

Por eso, si Uribe Turbay logra que los concejales le muevan votos y la consulta no despierta pasiones, tiene cómo sacar ventaja. Más si los uribistas no se entusiasman con una candidata que no es de su entraña.

Lo primero, en todo caso, es definir si harán la consulta, para lo que se tiene que reunir con Uribe Turbay, quien ya pidió oficialmente la consulta, y tantear en el Centro Democrático, que es quien toma la decisión final.

Con o sin consulta ya es claro que con Garzón, Álvaro Uribe tiene una candidata muy distinta a lo que representó hace cuatro años Pacho Santos, con el que el uribismo se quedó apostado en la derecha y al final quedó de cuarto con 327 mil votos, el promedio de la votación del uribismo en Bogotá para concejo y Congreso sin Uribe.

Silla Cachaca
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Silla Cachaca
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Maduro, más cerca de más presión económica que militar

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Después del fallido intento de entrar comida e insumos médicos a Venezuela desde Colombia, Brasil y Curazao, el sábado pasado, y de la reunión de  cancilleres y jefes de Estado de 12 países de América ayer en Bogotá, la pregunta del millón es qué sigue dentro de la estrategia del cerco diplomático al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Estos son los principales escenarios y su probabilidad.

  • Por qué podría ocurrir: La declaración oficial del Grupo de Lima al término de la reunión en Bogotá de ayer, mostró que la intención es meterle tanta presión diplomática como sea posible a Nicolás Maduro.
    Como había anticipado La Silla, el saldo de víctimas que dejó el 23F por los enfrentamientos en los puntos de la frontera en los que Guaidó quería cruzar la comida y los insumos médicos, se convirtió en el nuevo caballo de batalla de la oposición venezolana y de los países que lo respaldan.
    Bajo ese argumento, ayer le pidieron a la Corte Penal Internacional que incluyera los sucesos del sábado dentro del trámite de la denuncia que en septiembre pasado instauraron seis países que hacen parte del Grupo contra el régimen de Maduro por considerarlos "crímenes de lesa humanidad".
    Además, le empezaron a meter presión en dos frentes a la ONU, que no respaldó la entrega de ayuda humanitaria porque no había acuerdo y entrar le implicaba saltar su neutralidad.
    Por un lado le pidieron que tomara posición y enviara una comisión de investigación, y por otro la situación de ese país se metiera en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la situación de ese país por considerarla un riesgo para la estabilidad de la región.
    Por todo eso, en lo inmediato es el escenario más probable y mantiene la estrategia del poder blando -buscar de soluciones pacíficas a un conflicto- del cerco diplomático del Grupo de Lima, por la Organización de Estados Americanos, OEA, y Estados Unidos - eso aunque ese país ha mantenido sobre la mesa "todas las opciones", incluyendo la posibilidad de una intervención militar.
  • Qué efecto tendría:  El principal efecto es mantener unido al Grupo de Lima y dejar abierta la puerta para que ese grupo de países pueda sumar nuevos miembros.
    Aunque Estados Unidos ha dicho que hay tener "todas las opciones sobre la mesa", ayer los países de esa coalición reiteraron que no estarían de acuerdo con el uso de la fuerza. Incluso ayer el canciller Carlos Holmes lo hizo.
    Así que cualquier posición extrema sobre la intervención a Venezuela podría generar fracturas dentro del Grupo de Lima, algo que sería devastador en la estrategia del cerco diplomático, que en buena medida está cimentado en la unión de la región en cuanto al reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea Nacional.
    En el largo plazo ese escenario puede terminar perdiendo efectividad y dispersando la atención sobre esa crisis, especialmente en los países del Grupo que no están directamente afectados por lo que sucede en Venezuela. Eso también puede llevar a que se desinfle la figura de Guaidó, pues entre más tarde en brindar soluciones a los venezolanos de oposición, más difícil sería mantener su liderazgo.

 

  • Por qué podría ocurrir: Es probable que la oposición y sus aliados externos lo vuelvan a intentar.
    Eso porque la bandera del cerco diplomático es frenar la crisis humanitaria, y en esa medida el envío de comida e implementos médicos permite mantener el mensaje de que la intervención no es política, recordar que Venezuela está pasando por una profunda crisi económica y así subrayar que el Gobierno Maduro no es capaz de asegurar un nivel mínimo de vida a gran parte de su población.
    Sin embargo, esa estrategia podría volver a exponer a venezolanos a enfrentamientos con uniformados (ya sean policías, guaridas, militares o miembros de 'colectivos'), y eso podría ser costoso políticamente, si se entiende que las víctimas se deben a esos envíos.
    Más proque el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU se marginaron de entregar la ayuda, porque la entienden enmarcada en una confrontación política y no neutral, lo que deja sobre el tapete el argumento de que es une envía poco legítima, y puede terminar desgastanto la legitimidad de quienes la financian, la envían o facilitan su entrega.
  • Qué efecto tendría: Tendría dos efectos positivos para los opositores de Maduro.
    El primero es que mantendría vigente el mensaje humanitario cuando hay una disputa por la legitimidad de sus acciones; y el segundo está en que podría ayudar a aumentar el rechazo al régimen de Maduro y llevar a que más países u organismos (como la ONU) apoyen esa presión.
    "Es el uso del fracaso táctico como una ventaja estrategica", dijo a La Silla Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política en el área de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, venezolano y experto en política exterior de Venezuela.
    Eso debido a que si Maduro se sigue negando a la entrada de comida y medicinas a su territorio, refuerza el argumento del Grupo de Lima sobre que está cometiendo crímenes de lesa humanidad.

 

  • Por qué podría ocurrir: Desde 2015 Estados Unidos empenzó a meterle presión económica al régimen de Maduro, en ese entonces con sanciones y restricciones económicas a varios miembros claves del chavismo.
    El año pasado además prohibió las transacciones con el 'Petro', moneda digital que creó Maduro; hace un mes restringió las transacciones con títulos emitidos por el Gobierno y la petrolera estatal Pdvsa (excpeto algunas compras a corto plazo); y hoy el vicepresidente de ese país, Mike Pence, pidió a los demás aliados que tienen relaciones comerciales con Venezuela hacerlo.
    Que eso suceda no es tan claro porque las relaciones económicas con los países opositores a Maduro están disminuidas desde hace años, además, porque por su poder la Nación que puede ejercer ese tipo de presión e impactar de fondo al régimen en Venezuela es Estados Unidos.
    Principalmente, porque más allá de ese país, los únicos que tienen una injerencia económica directa sobre Venezuela que pueda afectarla de fondo son Rusia y China. En ambos casos no están interesados en cercar económicamente al Gobierno de Maduro porque es un aliado, y por lo que se ha visto hasta ahora no se moverán en su contra siempre y cuando vean viva la posibilidad de que se mantenga en el poder.
    En el corto plazo es el escenario más probable junto al de la presión diplomática porque le sigue quitando aire a Maduro, quien con activos petroleros congelados se está quedadon sin margen de maniobra para importar alimentos y pagar las deuda externa. Además, porque seguir cercando individualmente a las cabezas de su grupo puede meter presión para que existan rupturas y se empiece a desbaratar desde adentro el Gobierno. 
  • Qué efecto tendría:  Aumenta la presión directa y le da dientes al cerco diplomático, debido a que es más agresiva. La acorralada puede servir para desestabilizar desde adentro a los aliados de Maduro porque gran parte de las sanciones económicas se han hecho directamente sobre las cabezas del régimen.
    Sin embargo, los primeras víctimas serían los venezolanos más pobres, por lo que hay un dilema moral grande en aplicarlas, y encima propiciaría las condiciones para que la migración siga en aumento, algo que recaería directamente sobre Colombia.
    Además, en el largo plazo esas decisiones podrían tener un efecto devastador en las pocas industrias que aún existen en Venezuela y atrasar aún más su economía, además de que le da contenido a la narrativa madurista de que el problema económico se debe a una "guerra económica".

 

  • Por qué podría ocurrir: El objetivo expreso de la Asamblea Nacional que encabeza su presidente, Juan Guaidó, es que haya nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.
    En su declaración de ayer, el Grupo de Lima hizo énfasis en ese punto y reiteró su respaldo a "a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas".
    Sin embargo, el régimen de Maduro ha sido enfático en que no considera esa posibilidad y ha dicho que para responder las acciones del cerco diplomático "no le tiembla el pulso".
    Además, hacerlo no es sencillo en la medida en que habría que crear instituciones electorales libres de sospecha para todos los bandos y tener un gobierno que de garantías durante el período electoral, como han propuesto líderes como Jeffrey Sachs.
  • Qué efecto tendría:  Sería una salida institucional y no violenta, que de funcionar bien podría devolver la fe en la democracia en Venezuela. Además, sería un éxito diplomático para todas las partes.

 

  • Por qué podría ocurrir: Una intervención armada indirecta puede ser una alternativa a la presión diplomática y económica, que evitaría el problema de tener 'marines' gringos en suelo venezolano o guerras internacionales, además de que solo Estados Unidos y líderes de la oposición venezolana más extrema, como María Corina Machado y Antonio Ledezma, o Andrés Pastrana en Colombia, han apoyado esa posibilidad.
    Una intervención indirecta implicaría incentivar la molestia popular para armar civiles, o incentivar rupturas dentro de los cuerpos armados venezolanos, al estilo de el apoyo de Estados Unidos a grupos anticomunistas durante la Guerra Fría en países como Nicaragua (los 'contras').
  • Qué efecto tendría: Los resultados son impredecibles, y podría llevar a Venezuela a un espiral de guerra civil, o a escenarios de colapso del Estado como el de Libia. Además, sería muy controversial que se descubriera algún incentivo externo.

 

  • Por qué podría ocurrir: Es el escenario más improbable de todos, porque implicaría enviar tropas de otros países, poner en riesgo vidas de militares y, en el caso de Colombia, probablemente usar su territorio para lanzar la invasión (aunque Estados Unidos ha hecho grandes invasiones navales y aerotransportadas, desde el día D en Normandía hasta invasiones caribeñas como las de Granada y República Dominicana, solo la primera tuvo la envergadura de la que requeriría entrar a Venezuela sin usar Colombia).
    A pesar del asilacionismo del presidente Donald Trump, que está retirando las tropas de Siria, su gobierno ha dejado la opción sobre la mesa. Sin embargo, ningún otro país de la región ha querido subirse a ese bus, y varios analistas creen que se trata de un cañazo para mantener la presión sobre Maduro, pues a menos de un año del inicio de las primarias presidenciales de Estados Unidos, Trump podría perder la opción de la reelección de lanzarse una aventura azarosa, contraria al dicurso con el que se eligió en 2016 y con antecedentes criticados en Estados Unidos como las invasiones de Irak, Afganistán o Vietnam.
    Por eso, su probabilidad hoy es remota.
  • Qué efecto tendría: Los efectos serían devastadores para Venezuela y para Colombia, que probablemente se desestabilizaría con una migración aún mayor que la actual.
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JINETHPRIETO
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Venezuela: el cerco de Duque

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Después de todo lo que ocurrió el pasado fin de semana en la frontera colombo-venezolana, el presidente Iván Duque por fin tiene la atención que no había logrado con los discursos de la economía naranja, la equidad o la legalidad. En medio de la música y el espectáculo, Duque logró reunir a presidentes de otros países y fue el líder en la recolección y fracasada distribución de la ayuda que llegó de diferentes partes del mundo. El problema ahora es que quien parece estar en un cerco diplomático es el propio Duque. Mientras el gobierno colombiano intenta bajarse de la retórica guerrerista, Estados Unidos, opositores venezolanos, miembros del Centro Democrático y Juan Guaidó, piden mantener todas las opciones sobrea la mesa. 

Dirige y presenta Carlos Cortés

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Maduro, más cerca de más presión económica que militar
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El exministro de Santos que quiere ser gobernador uribista

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Juan Guillermo Zuluaga, el último ministro de Agricultura de Juan Manuel Santos y quien ha sido defensor del Acuerdo con las Farc y su implementación, quiere ser gobernador del Meta avalado por el uribismo, fuerte opositor de ese mismo Acuerdo.

Zuluaga, quien ha hecho carrera como liberal y luego en La U, se inscribió ante el directorio departamental del Centro Democrático, el primer paso para pedir el aval.

Eduardo Espinel, directivo del partido en el Meta, le dijo a La Silla Vacía que sí se inscribió, como queda claro en este listado.  Espinel nos dijo que el directorio departamental va a revisar las hojas de vida de los inscritos, darles un puntaje y decidir si recomiendan o no que el directorio nacional los avale.

Por ahora, aparte de Zuluaga, se ha inscrito Hernán Gómez, uribista de vieja data y fallido candidato a la Gobernación del Centro Democrático en 2015.

La decisión de Zuluaga tiene sorprendido hasta al uribismo local.

“Anoche tuvimos una reunión del partido y se tocó el punto de él. No tengo la menor idea de por qué decidió inscribirse por nuestro partido”, nos dijo Espinel.

La decisión del ex ministro es llamativa porque no ha hecho carrera política en el uribismo.

Fue concejal liberal y luego alcalde de Villavicencio por La U, entre 2012 a 2015. Casi toda su carrera local fue como parte del grupo que encabezan la senadora de La U, Maritza Martínez, y su esposo, Luis Carlos Torres, uno de los más poderosos del departamento.

Martínez nos dijo que la decisión de Zuluaga de buscar al uribismo se explica porque “quiere liderar una gran coalición multipartidista y al inscribirse al CD simultáneamente envió una carta explicando su intención en ese sentido”.

Sin embargo, en el directorio departamental nos dijeron que no han recibido ninguna carta.

Además de que nunca ha militado en el uribismo, Zuluaga ha sido un defensor del Acuerdo de Paz.

Una prueba reciente de eso es que hace tres semanas estuvo en el cóctel de lanzamiento de La línea del medio, el portal que dirige la politóloga Laura Gil y que tiene como norte defender la paz.

De hecho, el portal se sumó a la iniciativa de ‘Defendamos la paz’, que juntó a varios sectores del Sí la semana pasada, y entre sus colaboradores hay varios ex ministro de Santos de esa orilla, como Juan Fernando Cristo, Yesid Reyes, María Ángela Holguín, Mariana Garcés o Guillermo Rivera.

Tanto Cristo como Rivera y Alfonso Prada, que fue secretario de presidencia de Santos, nos confirmaron por aparte que Zuluaga fue al lanzamiento del evento.

La Silla buscó a Zuluaga para preguntarle por su triple salto mortal, pero no respondió nuestros mensajes y llamadas.

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Juan Guillermo Zuluaga

Juan Guillermo Zuluaga

Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia

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Los conservadores definen su barón para negociar con Duque

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La semana pasada, miembros del Partido Conservador encabezados por el senador Efraín “Fincho” Cepeda, trataron de tumbar al exsenador huilense Hernán Andrade de la presidencia de ese partido. Aunque no lo lograron, dejaron abierta la puerta para una puja más grande para definir quién será el vocero azul que estará encima de la entrega de los avales en un año electoral.

Eso porque si bien el presidente del directorio nacional conservador no define los avales, que para las elecciones regionales entregan los directorios departamentales, sí incide en lugares donde el partido no tiene jefes políticos, que es donde el partido trataría de crecer.

Además, es quien maneja la interlocución con el Gobierno, que será clave si los conservadores quieren tener una representación política más directa o alinear sus mensajes para las elecciones con ejecutorias o proyectos de Iván Duque.

Por ahora suenan fuerte dos candidatos para reemplazar a Andrade, y ambos vienen del corazón de la política tradicional.

Uno es el ex ternado para Contralor que empuja Cepeda, Wilson Ruiz, que ha hecho carrera en lo público con la ayuda de sus buenas relaciones con la clase política vallecaucana, especialmente el ex ministro azul Carlos Holguín Sardi, y a su cercanía con el ex procurador Alejandro Ordóñez, de quien fue delegado ante el Consejo de Estado.

El otro es el ex senador y antiguo barón de Caldas, Ómar Yepes Alzate, quien por décadas controló la política en ese departamento en alianza con el liberal Víctor Renán Barco, y es viejo miembro del ala ospinista - pastranista del conservatismo.

Eso, sí Andrade no logra retomar fuerzas para quedarse.

La puja inicial

El miércoles pasado el senador atlanticense Efraín “Fincho” Cepeda y el risaraldense Juan Samy Merheg, que están en el Directorio Nacional empezaron a mover sus fichas para tumbar a Andrade, para lo que necesitaban armar una mayoría de 10 votos entre los 19 miembros del Directorio en la reunión que estaba citada para el jueves pasado.

Aunque ni Merheg ni Cepeda le respondieron a La Silla al cierre de esta nota para dar su versión, según dos congresistas que nos hablaron bajo reserva para no meterse en líos, el objetivo de Cepeda era tener un director cercano, que le diera fuerza dentro del Partido y  tener una interlocución más directa con el Gobierno.

Eso con el trasfondo de que que, como contamos, Cepeda ha perdido cuotas burocráticas en el Gobierno Duque, mientras que otros conservadores las han mantenido.

Sin embargo, los representante Yamil Arana, Wadith Manzur y Carlos Andrés Trujillo, que podían darle los votos necesarios a Cepeda para tumbar a Andrade prefieren romper el quórum antes de tumbar así a Andrade.

“De cara a las elecciones locales y frente al Gobierno no podíamos mostrarnos divididos, y por eso decidimos romper el quórum”, le explicó a La Silla un congresista conservador que hace parte del directorio.    

Efectivamente no hubo quórum, pero como la motivación es llegar a un consenso, no es fijo que Andrade se mantenga, De hecho, según cuatro congresistas con los que hablamos, su salida parece inminente porque hay diferentes molestias frente a él.

Las molestias

Según cuatro congresistas y un funcionario del Gobierno que estuvo en el partido, hay dos razones por las que quieren que Andrade deje ese cargo.

La primera es porque creen que no tiene tan buena interlocución con el Gobierno y buscan a alguien que la tenga mejor: según dos de los congresistas y el funcionario, como Andrade fue santista es más difícil para él relacionarse con Palacio.

“El partido tiene que tener un interlocutor diferente con el Gobierno. Ya Cambio Radical lo hizo en el momento en que Vargas se hizo a un lado y le delegó esa tarea a Rodrigo Lara, y supe que La U también lo está considerando”, explicó un congresista conservador que pidió no ser citado para no ofender a Andrade. “Si tenemos a alguien nuevo eso, puede mejorar nuestra relación”.

Su esperanza es que con una mejor relación logren tener representación política directa en el Gobierno, algo que, como contamos la semana pasada, por ahora es no tienen a pesar de que la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, es de origen azul.

La segunda razón es que quieren a alguien  sin intereses propios como presidente de la colectividad.

Esas cuatro fuentes coinciden en que Andrade ha demostrado que tiene intereses propios, como fortalecer a su grupo político que tiene de senadora a su hermana Esperanza a través de la entrega de avales o el apoyo a candidatos en zonas con poca presencia azul, donde no haya congresistas que le hagan contrapeso.

Para eso dan como ejemplo el apoyo de Esperanza a un candidato en el Meta:

“Andrade buscaría la manera de fortalecer su grupo político y de hacer alianzas propias para seguir teniendo su curul en el Senado”, explicó otro representante conservador que pidió no ser citado.

Agregó que el partido necesita fortalecer el logo y no a través de un interés particular: “muchos conservadores han migrado al Centro Democrático y no podemos perder fuerza en las regiones”, concluyó.

A pesar de eso, la novela no tiene conclusión clara.

La puja actual

Después de la fallida reunión de la semana pasada, inició la puja para definir el reemplazo a Andrade.

Para eso, según cuatro fuentes conservadoras, han circulado los nombres de conservadores de vieja data y sin apuestas electorales para octubre, como Yepes, Ruiz, la ex candidata presidencial Noemí Sanín o los ex ministros Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas.

Sin embargo, los siete conservadores con los que hablamos por separado coinciden en que Yepes lleva la delantera, porque es el que más se ha movido y porque tiene cercanía con el Gobierno.

Yepes le contó a La Silla que sí está aspirando pero que no se metería en tratar de “tumbar” a Andrade: “en caso de que él renuncie pondría mi nombre a consideración del directorio nacional”, explicó, agregando que tiene el apoyo del senador cordobés David Barguil, como nos confirmaron 5 fuentes por separado.

Un congresista que hace parte del directorio le confirmó a La Silla que Yepes, personalmente, lo llamó para decirle que le gustaría llegar a la dirección del partido y que tiene el apoyo del expresidente Andrés Pastrana.

Le preguntamos a Pastrana si era cierto, pero al cierre de esta nota no habíamos tenido respuesta. Cuatro congresistas y un funcionario del Gobierno, que fue miembro del partido y está al tanto de la movida, nos confirmaron que Pastrana sí está impulsando a Yepes.

Uno de esos congresistas, que hace parte del directorio nacional, dijo que incluso el mismo Pastrana ha estado llamando a miembros del directorio para que apoyen a Yepes. Al preguntarle, el ex senador contestó: “Tengo excelentes relaciones con Pastrana”, y aceptó que si tiene ese apoyo.

Ese empujón podría ser clave pues, para tres congresistas, tener a Pastrana apadrinando y moviéndose por los azules puede ser lo que les ha hecho falta.

“Tenemos el papayazo de que Pastrana vuelva al partido, él fue el que ayudó a armar la consulta entre Duque y Marta Lucía, eso nos podría ayudar en la interlocución con el Gobierno”, explicó uno de esos congresistas.  

Además, Yepes es cercano a la Vicepresidenta, por lo que hay rumores de que ella lo está apoyando. La Silla no obtuvo ninguna prueba de eso y, al preguntarle a Ramírez, ella lo negó.

Sin embargo, como ella le explicó a La Silla, cuando fue candidata presidencial por ese partido en 2014, Yepes dirigía el partido y, de hecho, en la pelea de Ramírez contra la mayoría de barones azules, el exsenador estuvo de su lado, como reportó La Silla en su momento.

Todavía no es claro cuando se reunirá el directorio nacional ni si Yepes tiene la mayoría.

De cómo se resuelva esta puja depende qué grupo de azules se quedan con la visibilidad, la interlocución con el Gobierno y la posibilidad de incidir en los avales en un año en que la clase política se juega la posibilidad de mantener sus fortines burocráticos locales y regionales. No en vano los tres candidatos fuertes vienen de la política tradicional.

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El aliado afro de María Fernanda Cabal dirigirá la Prosperidad Social en Chocó

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Anoche la Presidencia publicó la hoja de vida del abogado Darío Blandón Caicedo para ser director de la regional Chocó del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el último paso antes de posesionarlo. Ese nombramiento reconfirma la tendencia de la directora de la entidad, Susana Correa, de poner en estos cargos poderosos en las regiones a aliados y amigos del uribismo.

 

Blandón, como contamos, es un aliados político de la senadora uribista María Fernanda Cabal, ha sido militante del uribismo en la última década y de hecho fue su fallido candidato a la Cámara afro hace un año.

El consejo comunitario que lo avaló para esas elecciones, Asafroscol 4 del barrio San Cristóbal de Bogotá, ocupó el último lugar de votación en marzo de 2018, con poco más de mil votos.

Blandón nació en Riosucio, Chocó, donde fue personero municipal en 2008.

Como parte de su militancia uribista, en 2014 tuvo el puesto 35 en la lista cerrada que encabezó Álvaro Uribe al Senado. Se quemó porque la votación alcanzó para los primeros 21 puestos.

Como contamos, Cabal lo considera un “amigo del alma” y lo contrató en su UTL como asesor en temas legales, después de esas elecciones de 2014 y cuando ella era Representante por Bogotá.

En Chocó, la llegada de Blandón significa una derrota para La U, que desde hace años tenía el control de la regional del DPS, y se suma a dos nombramientos más de Correa en el Pacífico: en Nariño puso al exgerente de la campaña de Duque, José Jaime Morales, y en Valle a la excandidata al Senado por el Centro Democrático, Brasilia Romero.

En lo nacional, la llegada de Blandón ratifica que Correa tiene la tendencia de poner en cargos directivos regionales a aliados de su círculo cercano del uribismo y de congresistas de ese Partido, como revelamos hace una semana.

Este último en Chocó no fue la excepción.

Silla Pacífico
Susana Correa Borrero

Susana Correa Borrero

Directora del Departamento de Prosperidad Social

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La marca de Enel en el fracaso de la subasta de energías verdes

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Con caras largas se cerró ayer la subasta de energías renovables con la que el Gobierno pretendía multiplicar por 10 la capacidad del país para generar este tipo de energía. Eso porque el resultado habría llevado a dejar esa apuesta en pocas manos, justamente cuando la multinacional italiana Enel tiene una fuerte apuesta por ese mercado y fue uno de los que más proyectos presentó.

De hecho, según otros participantes, su papel, a través de su filial Enel Green Power, fue determinante para el fracaso.

La apuesta de Enel por las renovables empezó desde 2012. La compañía está construyendo la planta de energía solar más grande en el país, en El Paso Cesar, de 86,2 megavatios de capacidad instalada,  anunció en mayo del año pasado que estaba buscando hacer otra planta similar y tiene registrados en la Unidad de Planeación Minero Energética tres proyectos eólicos en La Guajira en Fase 2 con 498 megavatios de capacidad.

La meta, dijo el director de la División Global de Enel Green Power, Antonio Cammisecra en una entrevista a Portafolio el año pasado es a 5 o 10 años tener 1,5 gigavatios de generación, para lo que piensan invertir 200 millones de dólares en ese periodo.

Con estos anuncios se preveía que la apuesta de generación de Enel podría ser grande, además de que tiene la ventaja de controlar dos empresas que compran energía mediante contratos Emgesa y Codensa.

“Esta era una jugada de Enel Green Power para asegurar los contratos para sus proyectos, pero les salió el tiro por la culata y de paso nos dañaron la subasta a todos”, nos dijo una asesora de uno de los proyectos que participaron en la subasta.

La asesora se refiere a que Enel, a pesar de no tener hasta ahora una marca muy conocida, es uno de los más grandes jugadores del sector energético.

La multinacional italiana compró a la española Endesa en 2009, y a través de esa movida terminó siendo socia del Distrito de Bogotá en la comercializadora Codensa, que tiene una participación de 24 por ciento en el mercado nacional, y la generadora Emgesa, que es la segunda de mayor generación del país. El acuerdo es que Bogotá, a través del Grupo Energía de Bogotá, tiene la mayoría de las acciones pero Enel es quien maneja las empresas.

Esa sociedad con el Distrito empezó a pasar por un mal momento desde el año pasado, cuando Enel decidió cambiar las marcas Codensa y Emgesa por la suya, y a la vez decidió meterse por su cuenta en el negocio de las renovables.

Las dos cosas molestaron al Distrito, que cree que violan su acuerdo marco para que vayan juntas en todo en negocio de generación, a través de Emgesa. Enel entiende que ese es un negocio nuevo y que Enel Green Power, que no depende de Enel Colombia, sí puede participar.

Por eso, desde octubre del año pasado el grupo convocó a Enel a un tribunal de arbitramento, que sigue avanzando e impactó la subasta.

Esto porque, según nos dijo una alta fuente del Grupo Energía de Bogotá decidieron no participar en ella para no contradecir sus argumentos en el tribunal, pues si se presentaban por aparte, demostrarían que entienden que tanto ellos como Enel sí lo pueden hacer.

En contraste, Enel participó con Enel Green Power, de un lado, y con Emgesa y Codensa, de otro de tal forma que si la subasta hubiera tenido éxito y se la ganaban con las tres, las empresas que tienen con Bogotá (y que tienen asegurado un mercado para vender la energía), le comprarían a su negocio propio.

Eso, porque la subasta buscaba juntar proyectos de energía renovable nuevos, como los de Enel Green Power, con compradores de energía, como Emgesa y Codensa.

Una subasta particular

La subasta, que estructuró en lo esencial el Gobierno Santos, fue inusual en Colombia.

Mientras que lo normal es que haya pujas para ganarse contratos con el Estado, ésta buscaba que los nuevos proyectos de generación con fuentes renovables aseguraran contratos con otros privados para venderles energía. La meta del Gobierno era que sumaran 1.183 gigavatios hora año.

Se presentaron 22 ofertas de venta, de 15 empresas, y 20 de compra, de 12 empresas. Después de una evaluación técnica, resultaron precalificadas 9 ofertas de venta, de 8 empresas, y 14, de compra de otras 8 empresas.

De las 9 de venta, dos eran de Enel Green Power, y de las 14 de compra, 5 eran de Emgesa y 3 de Codensa. Solo otro jugador, el fondo canadiense Brookfield, tenía también ofertas en las dos orillas: una de venta con Isagen y una de compra con el Empresa de Energía de Boyacá.

Con eso, Enel se convirtió en el jugador más visible.

Del lado de la oferta se presentaron ocho empresas: Además de Enel Green Power e Isagén se presentaron la Empresa de Energía del Pacífico (de Celsia, que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño), Canadian Solar Energy, la china Trina Solar Colombia, SPV Villanueva (del Grupo Valorem de los Santo Domingo), Guajira Eólica SAS y Solapack Colombia S.A.S.

Del lado de la demanda aparecieron además de Codensa y Emgesa, Empresa de Energía de Boyacá, participaron Electricaribe (que está hoy intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos) y Gecelca, controlada por el Gobierno, y las electrificadoras públicas de Nariño, Meta y Huila.

Finalmente, ayer en la mañana se presentaron 8 ofertas para vender y 12 para comprar. Enel Green Power se bajó de una de las ofertas de venta y Emgesa de dos de las de compra.

Aunque no se conocen las ofertas específicas, porque su confidencialidad solo se levantaba si salía adelante la subasta, los datos publicados dejan claro que uno de los principales jugadores fue Enel.

Para que la subasta funcionara, además de los precios, el Gobierno incluyó tres requisitos que buscaban que el mercado que estaba incentivando no terminara en muy pocas manos.

Dos de ellos no se cumplieron, y ambos mostraban que un solo oferente se iba a quedar con el grueso del negocio

Uno buscaba que la oferta no estuviera concentrada en pocas manos. Para eso, definió que elíndice de Herfindahl e Hirschman, que mide el grado de competencia en un mercado de 1 a 10.000, no podía ser de más de 2.800.

Sin embargo, al simular (de forma confidencial) el efecto que habría tenido adjudicar la subasta, el resultado fue de 7.836, cuando 10.000 es un monopolio perfecto.

Es decir, una empresa se habría quedado con casi toda la subasta.

“Ese número debe ser porque hay un operador con más del 50%”, dijo a la Silla un antiguo superintendente delegado que trabajó en muchos casos de mercados concentrados. “Solo se ve en monopolios naturales quedaba muy concentrado. El riesgo era alto”.

El otro factor que tampoco se cumplió buscaba evitar que entre las ofertas ganadoras hubiera una tan grande que pudiera controlar el mercado.

Según una persona que conoció las ofertas pero no puede dar detalles ni su nombre por confidencialidad, esos resultados se deben a que las ofertas que llegaron eran grandes y a que hubo muy poca demanda, lo que sorprendió en el Ministerio pero no tanto en el mercado.

Cinco conocedores del sector, entre antiguos altos funcionarios y expertos de empresas y gremios, coinciden en que los contratos que ofrecía la subasta no son tan atractivos, porque no brindan seguridad a quienes los comercializan.

“Te garantizan un volumen de energía en el año, pero no es seguro cuándo te la entregan, depende de la disponibilidad”, nos dijo una de estas fuentes. Y eso es porque la energía eólica y la solar dependen de fuentes que varían con el clima y no se pueden controlar.

Si a esto se suma que los comercializadores de energía puede conseguir ofertas similares sin necesidad de presentar las garantías y trámites que exige una subasta, se puede entender esa falta de apetito .

Pero el factor Enel, según cuatro fuentes del sector, también influyó.

Eso porque había una sospecha difundida de que Enel Green Power iba a hacer una oferta muy agresiva, con mucha energía a un precio competitivo, que podía terminar acaparando el mercado. Eso, a pesar de que corría el riesgo de que se cayera la subasta, pues desde entonces se sabía de los requisitos de competencia por los que finalmente se cayó.

Pese a la sospecha no se sabe a ciencia cierta si eso fue lo que ocurrió, ni si va a volver a ocurrir en la nueva subasta que anunció ayer la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, para antes del 30 de junio.

En ella seguramente replanteará varias de las condiciones de la subasta que acaba de cerrar.

El chicharrón que le queda al Ministerio

A pesar de que no hubo adjudicación, la Ministra resaltó el lado bueno a la convocatoria.

“En esta participación fue evidente que las energías alternativas pueden, incluso, ofrecer al mercado energía a largo plazo a precios significativamente inferiores a los que hoy se cierran en contratos bilaterales, entre generadores y comercializadores de energía”, dijo Suárez finalizada la subasta.

Le queda el chicharrón de cómo hacer una subasta que sea interesante para los compradores, impulsando la competencia para que los contratos no terminen en un yo con yo.

Eso con el reto de que los proyectos de empresas nuevas no se bajen del bus.

“Son empresas que han asumidos costos altos, tener congelados 5 o 10 millones de dólares para asegurar las garantías que se necesitaban la subasta es una inversión alta para una empresa, ojalá y se mantenga la intención de invertir para la próxima subasta”, nos dijo una consultora experta en temas de energía.

Encontrar esa fórmula es clave para el presidente Iván Duque, quien tiene la apuesta por las energías limpias como una de las grandes promesas de su gobierno, con la meta de dejar al país con instalaciones para producir 1.500 megavatios de energías renovables no convencionales.

Antes de que acabe el primer semestre, se sabrá si logran solucionarse los chicharrones de la subasta y si les aplica el adagio popular que dice que la tercera es la vencida.

Silla Nacional
María Fernanda Suárez Londoño

María Fernanda Suárez Londoño

Ministra de Minas y Energía

Iván Duque Márquez

Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

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Vargas regresa a lo electoral con una bandera anti Duque

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Después de unas largas vacaciones de fin de año en Asia, el ex candidato presidencial y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras regresó al país a comienzos de febrero para empezar a organizar la estrategia electoral de Cambio Radical para las elecciones locales de octubre.

Aunque el año pasado quedó golpeado electoralmente por sus malos resultados en primera vuelta, regresó a la cancha con una gira nacional para mandar señales de que su partido está fuerte y unido, acercarse a sus bases y socializar con ellas sus críticas al Plan Nacional de Desarrollo.

Así, cuando el Plan se empiece a debatir en el Congreso en unas semanas, la bancada podrá tener una posición unificada y alineada a las críticas que Vargas ha venido presentando en su columna semanal en El Tiempo.

Ese arranque, y que haya delegado la interlocución con el presidente Iván Duque a seis congresistas, muestran que se dedicará a las elecciones locales a la vez que mantiene su visibilidad en opinión.

Aunque los seis voceros de Cambio se sentaron el martes con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y definieron cinco mesas técnicas para precisar cómo podría el Gobierno apoyar cinco proyectos de Vargas (reformas a la justicia, a la salud y a las regalías; creación del ministerio de la familia y cielos abiertos) eso no garantiza que el partido vaya a pasar de ser independiente a gobiernista.

Menos cuando Cambio se muestra unido, Vargas manda el mensaje de que el Plan de Duque es flojo- lleva meses escribiendo columnas para demostrar que él tenía listo su plan de Gobierno- y su bancada se ha encargado de demostrar que tenía una agenda legislativa lista.

Justamente eso muestra también la gira que acaba de iniciar.

Barranquilla, la muestra de unión

Hace dos semanas, la bancada Caribe de Cambio, mayoritariamente liderada por el clan Char, se reunió con vargas en la casa del senador Arturo Char.

“Fue más que todo una comida, la idea no era plantear estrategias políticas”, le explicó a La Silla el representante atlanticense y charista César Lorduy.

Aunque haya sido solo un evento social, como estaban todos los congresistas y Vargas, dejó un mensaje político: la unidad entre Char y Vargas, que se había rumorado que estaba dañada porque los Char querían acercarse al Gobierno mientras el ex vicepresidente no.

Con eso se selló el mensaje de que la posición de Vargas e impuso, como ya se había ido decantando cuando Cambio oficialmente se declaró independiente frente al Gobierno.

“Las cosas están muy bien, tan es así que Vargas, como siempre que viene a Barranquilla, se quedó en la casa de Arturo”, concluyó Lorduy.

Y con ese mensaje de unidad, empezó la gira de Vargas, para discutir el Plan Nacional de Desarrollo con las bases del partido.

La gira

Después de Barranquilla, Vargas eligió a Popayán como primer destino para su gira de unidad de Cambio y de críticas al Plan:

El anfitrión fue el senador caucano Temístocles Ortega, ficha clave del crecimiento de Cambio en el suroccidente.

“Yo los invité y convoqué a las bases del partido, fue una reunión de unas 700 personas”, explicó a La Silla el senador Ortega.

En el encuentro, los asistentes le contaron a las directivas del partido sus inquietudes sobre el Plan y expresaron las necesidades de la región. Eso, según le dijo a La Silla el secretario del partido, Germán Córdoba, para ir armando un documento que ayude a mostrar los temas centrales de la campaña regional y alimente la posición crítica sobre el Plan.

Un congresista que estuvo en la reunión le contó a La Silla que Vargas primero contó las falencias que encuentre en el Plan, y que a partir de ahí los demás dieron sus opiniones y expresaron las necesidades.

“Al final uno oía a personas gritando: ‘nos equivocamos poniendo a Duque, nos equivocamos’”, le explicó a La Silla un representante a la Cámara que pidió no ser citado.  

Vargas piensa hacer ese tipo de reuniones, en principio con la misma dinámica, en cuatro regiones más. La siguiente será en Valledupar el 22 de marzo, organizada por el representante Eloy Chichí Quintero y el senador Didier Lobo Chinchilla.

Quintero le explicó a La Silla que convocaron a personas de todos los sectores y a las bases del partido, y que alquilarán un lugar donde quepan por lo menos las mismas personas que en Popayán.

Las tres siguientes están menos definidas, pero serán en la región paisa, en los santanderes y en Bogotá, a donde esperan convocar a miembros del partido del centro y sur del país, y de los Llanos Orientales.

Con eso, el ex vicepresidente habrá hecho una mini gira nacional a tiempo para que sus bases se sientan escuchadas y representadas en las posiciones de la bancada en los debates del Plan en el Congreso, y antes de que se definan los candidatos a alcaldías y gobernaciones.

La campaña

Para definir la estrategia electoral, Vargas convocó a los congresistas a un “retiro espiritual” en Paipa, Boyacá, el próximo viernes.  

Se espera que allí se defina cómo y quiénes entregarán los avales, uno de los elementos centrales de la definición en las últimas elecciones se delegaron a caciques regionales, pero no es seguro que eso se repita.

Para revisar potenciales candidatos y sus avales, la gira sirve de abrebocas. “En esos espacios buscan lucirse los congresistas y principalmente sus candidatos”, explicó el director del Partido, Germán Córdoba.

“La idea es que haya una congruencia a la hora de entregar avales entre lo que expresan las líderes de las regiones y la dirección del partido”, explica Córdoba, quien agregó que no firmará ningún aval sin antes hacer la tarea de inspeccionar los perfiles.

Como el primer fogueo de esos posibles candidatos es alrededor de las críticas al Plan y las necesidades regionales, el regreso de Vargas al terreno electoral no es solo de estructura y mecánica, sino de potenciales propuestas locales y de unidad de discurso en lo nacional.

Es temprano para saber qué tan exitosa será, pero como el año pasado su estrategia para las legislativas fue un éxito y en 2015 no le fue mal en las regionales, lo que es fijo es que arranca con una base mucho mayor que en las anteriores.

Vargas y un grupo de congresistas en un charter camino a Popayán
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Las minas en Tumaco le dan combustible al uribismo para defender el glifosato

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La Fiscalía anunció que se cometieron al menos dos delitos en la contratación entre Hidroituango y EPM para la construcción de la hidroeléctrica. Entre tanto La Silla Pacífico le cuenta las siguientes historias. 

Items boletin: 
Las minas en Tumaco le dan combustible al uribismo para defender el glifosato
El Rector de la Unipacífico perdió el pulso contra el Consejo Superior
El aliado afro de María Fernanda Cabal dirigirá la Prosperidad Social en Chocó
La marca de Enel en el fracaso de la subasta de energías verdes

Las minas en Tumaco le dan combustible al uribismo para defender el glifosato

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Ayer falleció un erradicador que quedó herido en la explosión de una mina antipersona en la zona rural de Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño. Es la segunda víctima mortal de la explosión, que ocurrió en medio de un operativo de erradicación forzada de cultivos ilegales, que dejó 10 heridos más.

Esas muertes revivieron las voces que piden que la principal estrategia para erradicar los cultivos ilícitos sea asperjar con el glifosato, comenzando por el jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

La situación puede darle munición a esa postura justo a una semana de que la Corte Constitucional revise cómo ha sido la aplicación de su sentencia de 2017 que puso estrictas condiciones para el uso de este herbicida.

Además, en lo local, revivió viejas tensiones pero siempre presentes entre campesinos y cocaleros que no se acogieron al Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis) y la fuerza pública.

La munición

El próximo jueves Corte Constitucional hará una audiencia pública para revisar cómo se ha implementado su sentencia de 2017 que puso para el regreso del glifosato.

Como en su decisión exigió pruebas científicas de que no existen daños a la salud al usar el herbicida, que se consulte previamente a las comunidades afectadas y que haya representación étnica en el Consejo de Estupefacientes, y como el Gobierno Duque incluyó la aspersión en su política de drogas, incluyendo planes pilotos para hacerlo con equipos teledirigidos, la Corte convocó a varias entidades del Gobierno a que expliquen qué decisiones han tomado y con qué sustentos.

 

Eso pondrá sobre la mesa la postura de retomar la aspersión, que desde el inicio del Gobierno defiende el ministro de Defensa, Guillermo Botero, la voz más radical sobre el tema. Esa postura ha ganado tracción en el Gobierno, como muestra que se haya sumado la voz más moderada de su colega de Justicia, Gloria María Borrero, quien indicó en diciembre que “no hay evidencia científica de que esta sustancia genere daños naturales o en la salud“.

Por ahora, mientras según Borrero el Gobierno está recogiendo la evidencia de ello para presentarla ante la Corte, lo ocurrido en Tumaco muestra los efectos más violentos de la erradicación forzosa.

Por un lado, porque refuerza la tendencia que ya había advertido el Gobierno en torno a que desde el año pasado están aumentando las víctimas de minas antipersona: hubo 113 casos, cuando en 2017 solo hubo 47, la cifra más baja en la década.

De acuerdo con el comisionado de paz, Miguel Ceballos, los hechos se han presentado en lugares donde hay disidencias y ELN.

Es decir, sitios como Tumaco, donde confluye la guerra por la ruta narco entre el Frente Oliver Sinisterra (FOS) -que hace presencia en Alto Mira- y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP), contra el grupo narco que comandan Contador y Mario Lata.

También muestra esos efectos violentos porque la erradicación forzada en sí misma revive viejas pero siempre presentes tensiones entre los campesinos cocaleros que no entraron en el Programa de Sustitución de Cultivos (Pnis) y la fuerza pública, pues eso habría ocurrido en la mañana del martes en la zona donde ocurrieron las explosiones.

Según informó el Comando Especial de Policía Pacífico Sur, el martes en la mañana los miembros del Grupo Manual de Erradicadores cayeron en un campo minado en la vereda Mata de Plátano, en la zona del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera.

Según denunció ayer en la mañana la asociación de campesinos colonos Asominuma, minutos después llegaron uniformados a la vereda El Dorado a intimidar a la población.

Según ese comunicado, los campesinos escucharon tres detonaciones y poco después ocho policías llegaron "disparando de forma indiscriminada, apuntando a la población civil incluyendo mujeres y niños exigiéndoles que se tiren al piso, gritándoles que todos son unos guerrilleros y que no se irían del lugar hasta que aparezcan los responsables de dichas detonaciones." 

Los uniformados habrían preguntado por el dueño de la finca donde sucedieron las explosiones, y habrían amenazado a su esposa.

Además, el comunicado dice que “los uniformados ingresaron sin orden judicial a las viviendas de varios campesinos, sin encontrar nada. En medio de las agresiones uno de los uniformados apuntó sobre la cabeza del señor (sic) Marco Fidel López Castro (...). Los policiales obligaron a la señorita (sic) Yinet Arrigui Valenuela a borrar los videos en los que había registrado lo ocurrido”.  

Foto que campesinos de Asominuma tomaron de los supuestos casquetes que quedaron luego de los disparos al aire de la Policía. Foto: Cortesía. 

El general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Policía Pacífico Sur, le dijo a La Silla Pacífico que la versión de lo hechos del martes de los uniformados no coincide con lo dicho por las comunidades, que ya están al tanto de la denuncia y que empezarán a hacer las investigaciones pertinentes y, si es el caso, sancionar a los policías.

Al fondo a la derecha se alcanza a ver a un uniformado en la vereda El Dorado, al parecer, la foto es del martes pasado. Foto: Cortesía. 

Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo que supo del caso, si se comprueba la denuncia de Asominuma, sería una “clara violación al Derecho Internacional Humanitario” en lo que tiene que ver con la distinción de civiles y actores armados, una separación que es clave para no poner en peligro a los campesinos que están en medio de la guerra narco.

Lo del martes también revivió los miedos de que se repitan crímenes como la masacre de El Tandil de octubre de 2017, en la que siete campesinos cocaleros miembros de Asominuma fueron asesinados en hechos en los que están involucrados dos altos uniformados de la fuerza pública.

En ese caso van dos años de investigación sin decisiones judiciales concluyentes.

Los riesgos para comunidades y funcionarios probablemente seguirán latentes, porque la meta impuesta por Duque de erradicar 280 mil hectáreas de coca obliga a que haya más operativos de erradicación.

Por eso, seguramente las minas seguirán presentes.

Además, los campesinos que no entraron al Pnis siguen sembrando, mientras que un estudio reciente de la Unodc, la entidad de la ONU encargada de la lucha contra las drogas, muestra que solo el 0,6 por ciento de quienes entraron a ese programa, resembraron coca.

Aunque 16 mil familias de Tumaco entraron a ese programa, pero un porcentaje de familias asociadas a Asominuma y que viven en Alto Mira y Frontera no entraron porque, aunque las matas de coca eran suyas, el territorio es del consejo comunitario, por lo que no era claro hasta qué punto podían recibir los beneficios del Pnis.

Esas familias alcanzaron a firmar acuerdos colectivos, que era el primer paso para entrar al Pnis, pero luego quedaron en ese limbo - el mismo en el que están todas las familias que llegaron a ese punto pero no al de firmar acuerdos individuales, como explicó La Silla Vacía.

El problema arrancó, según un asesor de Asominuma que nos pidió no citarlo porque “el Gobierno Santos no buscó una herramienta que ajustara el Pnis a las condiciones del territorio”.

Y ahora se profundizó, porque el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Duque no incluye cumplir los compromisos con estas familias que firmaron acuerdos colectivos e incluso tiene al propio Pnis a la deriva.  

Además, como explicó Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz en su reciente entrada en la Red Rural, la política antidrogas de Duque se concentra en atacar el cultivo, que no solo es un eslabón débil del negocio (“La participación de la hoja de coca en el valor total del negocio es pequeña (9 por ciento) mientras que la mayor parte del valor se concentra en el tráfico de cocaína (71 por ciento)”, escribió) sino que implica una lucha con bajo nivel de efectividad.

Justamente, lo ocurrido en Tumaco muestra que los peligros persisten en la erradicación manual en terreno, que pueden convertirse en argumento del Gobierno para defender, ante la Corte Constitucional, retomar la aspersión.

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Las preguntas que deja la primera imputación por Hidroituango

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Ayer a finales de la tarde el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que en marzo habrá una audiencia de imputación de cargos a dos exgerentes de EPM y a la Sociedad Hidroituango, por el contrato que firmaron en 2010 para que esa empresa hiciera la obra y que el Fiscal llama “pecado original de Hidroituango”.

También dijo que llamará a interrogatorio a ocho miembros de la junta directiva de la Sociedad Hidroituango de ese entonces, por la misma decisión.

Esas medidas, que ocuparon las primeras planas y fueron discutidas en los programas radiales de la mañana, dejan algunas preguntas. Estas son:

 

1

¿Por qué ahora?

A pesar de que los hechos son de 2010, el Fiscal dijo ayer en su rueda de prensa que en su administración abrió la investigación hace dos años a raíz de una información que le llegó sobre posible soborno en contratación -algo de lo que hasta ahora no han revelado que tengan más indicios.

Dijo que la decisión sale de “miles y miles de documentos y páginas que hemos tenido que estudiar”, y en concreto la imputación se basa en documentos como actas de Junta Directiva y archivos de procesos de contratación, de EPM y la Sociedad Hidroituango.

Aunque esos documentos son de acceso fácil, es posible que hayan tardado en dar con ellos si la investigación incluía muchos más.

En concreto, la Sociedad Hidroituango y EPM firmaron el contrato para que la segunda construyera, manejara y luego le transfiera la hidroeléctrica hace más de ocho años, el 9 de agosto de 2010.

La oportunidad para anunciarlo coincide con otros anuncios de alto perfil sobre Hidroituango.

Por un lado, este martes la Contraloría General le metió el acelerador a su investigación y empezó a revelar sus hallazgos fiscales, lo que hace más ruido sobre posibles actos de corrupción.

Por otro, ayer mismo el Procurador General, Fernando Carrillo, hizo una audiencia pública en Medellín en la que participaron protagonistas de la pelea alrededor de la crisi, como el Alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia y el gerente de EPM.

Carrillo también anunció que va a instaurar una acción popular para proteger los derechos de las comunidades afectadas por la crisis ambiental que ha desatado el proyecto, lo que puede significar más sanciones para EPM.

Además, se dio justo antes de que hoy EPM presente su oferta en la subasta de energía por confiabilidad que compromete al proyecto a funcionar a partir del 2021, y dos días antes de que la empresa revele el estudio que contrató para determinar la causa de la contingencia.

 
2

¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía?

Para la Fiscalía, el convenio entre la Sociedad Hidroituango y EPM es ilegal porque fue a dedo, a pesar de que la Sociedad iniciado un proceso de subasta internacional, y las dos son entidades públicas.

Por eso, a su juicio, quienes lo firmaron son responsables del delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.

El investigador del caso y asesor del Fiscal, el ex director del instituto de Desarrollo Urbano IDU y exdirectivo de la ANI, Héctor Jaime Pinilla, explicó el razonamiento esta mañana en Blu Radio.

Dijo que la decisión de la Sociedad Hidroituango de suspender la subasta para entregar el contrato de forma directa a EPM -a través de EPM Ituango, una división de la misma Sociedad pero que sería solo de propiedad de EPM-  se dio por fuera de los criterios técnicos y financieros de la subasta.

“Excluyeron por razones locales a competidores extranjeros, lo cual violenta tratados internacionales que ha firmado Colombia en términos de contratación pública, ni contratación objetiva”, dijo Martínez.

Sin embargo, no aclaró exactamente por qué la Sociedad Hidroituango, que se rige por derecho privado -es decir, no se rige por la ley de contratación pública- debía hacer un concurso ni por qué su decisión de entregarle el contrato a dedo a EPM es un delito (del que la Corte Suprema ha dicho que requiere que se pruebe que la persona tuvo la voluntad de favorecer a uno de los interesados y que para eso se saltó a conciencia las normas de contratación).

Es claro que sí se buscó favorecer a EPM: esa decisión la impulsaron en ese entonces gremios, medios de comunicación y políticos antioqueños.

Como contamos, el mediador clave para que eso se diera fue Álvaro Uribe, que estaba saliendo de la Presidencia, con el argumento de que EPM tenía experiencia operando centrales hidroeléctricas como Guatapé y Porce II y III (en total son ocho con alrededor de 2 mil megavatios de capacidad en total) y que es una empresa local.

La suscripción del contrato entre EPM y la Sociedad Hidroituango, que mencionamos como un hecho clave del proyecto en esta historiamojó prensa en su momento como un hito positivo y no tuvo críticas ni demandas alrededor, algo que sí pasó después, por ejemplo, cuando EPM adjudicó la obra al consorcio CCC, integrado por la brasilera Camargo Correa (involucrada en el caso Lava Jato, como Odebrecht), y las antioqueñas Coninsa Ramon H. y Conconcreto, un hito que también investiga la Fiscalía.

Por eso, esta primera decisión penal sobre Hidroituango surge más de una interpretación legal que de una investigación judicial compleja, con testimonios, delatores, interceptaciones o peritos.

 
3

¿Por qué el Fiscal solo menciona algunos directivos?

Aunque la investigación involucra ocho miembros de la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango que participaron en la decisión de darle el contrato a EPM, el Fiscal no menciona al entonces gerente del Idea y presidente de la Junta Álvaro Vásquez.

Según las actas que mostró la Fiscalía, Vásquez fue quien propuso a la junta suspender la subasta internacional, e hizo parte de la negociación para que EPM terminará siendo el contratista.

La Fiscalía también cita a Juan Esteban Calle, gerente de EPM de la alcaldía siguiente (la de Aníbal Gaviria), a pesar de que Calle apareció en el panorama dos años después de los hechos.

Calle fue, como contamos, decidió en 2013 que EPM casa matriz heredara el proyecto de la empresa que había creado para ello en 2010, EPM Ituango, pero la Fiscalía no dejado claro por qué hechos o delitos lo interrogan.

Hay dos primeros imputados: Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de la Sociedad Hidroituango entre 2008 y 2011, nombrado por el entonces gobernador Luis Alfredo Ramos y postulado por Vásquez; y Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango en la alcaldía de Alonso Salazar y cuando el excandidato fajardista a la Gobernación de Antioquia, Federico Restrepo, gerenciaba EPM.

Vélez Duque, técnico en EPM desde los años 80, fue el director del proyecto Ituango y vicepresidente de Generación de Energía de la empresa de servicios públicos hasta agosto de 2018, cuando lo cambiaron de cargo para “brindar todas las garantías y facilitar los diferentes procesos derivados de la contingencia”.

Además de ellos dos, los otros miembros de Junta son la exdirectora de Planeación de Ramos y precandidata uribista a la Alcaldía de Medellín, Ana Cristina Moreno; el político conservador y constructor Álvaro Villegas; el secretario general del Idea de Ramos, Hugo Alejandro Mora; el gerente de EPM de Fajardo, Juan Felipe Gaviria; el exdirectivo de EPM y actual miembro de Junta de la Sociedad Hidroituango Jesús Arturo Aristizábal; y el secretario de Productividad de Ramos, Maximiliano Valderrama.

 
4

¿Qué más está revisando la Fiscalía?

La investigación que va en las dos imputaciones es solo una de las ocho que adelanta la Fiscalía desde el 2017, según dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa ayer.

Tres de ellas tienen que ver con los daños ambientales ocasionados por la construcción de túneles sin licencia, el manejo de los escombros y de contingencias en la construcción de la obra.

Algo de lo que se viene hablando desde que ocurrió la emergencia hace diez meses, pero que hasta ahora solo se ha visto reflejado en requerimientos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

Las otras seis tienen que ver con los contratos que firmó EPM, como el de adjudicación al consorcio CCC, el pacto de aceleración en 2015 y la construcción de túneles y la presa, que han tenido más ruidos en la opinión pública sobre la transparencia de la empresa paisa.

Todas ellas requieren de análisis más complejos que la que ya reventó.

Silla Paisa
juaneslewin
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Silla Paisa
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¿Hasta dónde va la libertad de expresión en internet?

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Hoy en la Corte Constitucional hubo una audiencia pública sobre libertad de expresión en en plataformas digitales, alrededor de tres tutelas que fueron seleccionó para definir su jurisprudencia. Por eso el debate fue mucho más allá de los casos y planteó grandes preguntas sobre cómo entender la libertad de expresión en internet.

En nuestro podcast de esta semana invitamos a dos expertos en el tema para pensar sobre lo que se discutió en la Corte. Ellos son María Paula Ángel, investigadora en Dejusticia, y a Emmanuel Vargas, asesor de dirección en la Fundación para la Libertad de Prensa.

 

Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, StitcherAkörde FD, Google Podcast. ¡Y ahora en Spotify!

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Ocho peleas que inspirarán los artículos del Plan de Desarrollo

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El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, que socializa el gobierno mientras inicia su trámite en el Congreso, ya ha creado molestia por los subsidios de energía, y las regalías, en los que se se echó para atrás el presidente.

Pero hay por lo menos seis temas más que quedaron en los artículos del Plan en los que probablemente habrá puja en el Congreso, por los intereses que se mueven alrededor de ellos y la capacidad de cabildeo que tienen los interesados, eso, sin contar las pujas que puede desatar las más de 1.300 páginas del documento de Bases del Plan.

Del articulado, estos ocho estarán entre los temas que darán de qué hablar:

1

Los sindicatos contra la imposibilidad de tener dos pensiones

Doce de los los 185 artículos del plan tienen que ver con temas laborales y pensionales, entre los que hay siete que no les gustan para nada a los sindicatos. (Otro, el que aumentaba la base de cotización de salud de algunos trabajadores independientes que ganan más de un salario mínimo, también estaba en la lista pero sobre ese Duque se echó para atrás).

Dos de ellos pueden generar mayor debate, y las centrales obreras más grandes ya se han empezado a mover.

Uno, el número 58, impediría que una persona pueda acceder a la vez a una pensión por invalidez o accidente laboral y otra por vejez al mismo tiempo, algo que la Corte Suprema ha dicho que se puede porque tienen motivos diferentes y los cubren fondos distintos.

Eso a pesar de que la ley 100 no permite que una persona reciba a la vez la de invalidez general, que no venga de accidentes laborales, y la de vejez a la vez.

Eliminar esa posibilidad no le gusta a la CUT, que es de clara oposición, ni a la CGT, que suele ser más moderada.

 
2

Los sindicatos contra auxilios tipo pensión por menos del salario mínimo

Otro artículo, el 113, busca que los trabajadores puedan afiliarse a un régimen diferente y menos robusto de protección social. En él estarían afiliados al Sisbén en vez de a una EPS, a los Beneficios Periódicos de Protección Social en vez de un fondo pensional, y a un microseguro en vez de una ARL.

Aunque eso no aplicaría a todos los trabajadores y el Ministerio de Trabajo debería definir a quiénes, la idea es que por esta vía todos los empleados puedan acceder a un mínimo de seguridad social.

El artículo dice que el 14 por ciento del salario se debe destinar a los BEPS, que es un mecanismo de ahorro que se puede convertir en una renta de por vida una vez el trabajador cumpla la edad de pensión, y el 1 por ciento a un microseguro que cubra al trabajador de accidentes y riesgos laborales.

Y aunque en las bases del plan se dice que este tipo de beneficios serían solo para personas que ganen menos del mínimo, en la ley queda abierto a que pueda aplicarse este mecanismo a personas que ganen más. De hecho dice que los empleadores están obligados a cubrir estos aportes sólo para los trabajadores que ganen menos del mínimo, lo que prendió las alarmas de los sindicatos.

“Esto desmonta las garantías mínimas del Sistema General de Seguridad Social Integral proponiendo que estos accedan a salud subsidiada, Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y microseguro, en vez de pensión, salud, riesgos laborales y caja de compensación familiar, derechos consagrados en la legislación colombiana y elementos indispensables del trabajo decente”, escribió el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela.

Para la CGT, este mecanismo busca hacer pasar por formales empleos que no lo son.

“Es una protección social a cargo del estado, quedan exonerados los empresarios, sin pago de incapacidades, ni de licencias de maternidad, ni accidentes de trabajo. Un informal más, ahora "formalizado"”, nos dijo Wilson Arias, vocero de esa central sindical.

La CGT y la CUT se han acercado a senadores de la bancada alternativa para pedirles que se opongan a estos artículos, y Arias nos confirmó que también se están acercando a senadores liberales y de La U para lo mismo.

 
3

Los ambientalistas contra las licencias mineras para proyectos pequeños o en líos

Trece artículos hacen ajustes al sector minero y al menos cuatro de ellos levantan roncha.

Uno, el 18, ya ha causado reacciones por parte de ambientalistas como Manuel Rodríguez y la senadora verde Angélica Lozano, es crear licencias ambientales temporales para formalizar la minería tradicional.

Se trataría de una licencia que los pequeños mineros podrían tramitar en un mes, y que estaría vigente mientras terminan su proceso de formalización y un mes más.

Actualmente, según datos de la Agencia Nacional de Minería, hay 1.634 solicitudes de formalización minera que están en el limbo desde que en 2015 el Consejo de Estado tumbó el decreto que reglamentaba el proceso de formalización. Los dueños de esos títulos podrían acceder a la licencia temporal.

La preocupación de Lozano y Rodríguez es que se convierta en una licencia exprés que afloje las normas ambientales del sector minero.

Para el Gobierno eso no va a pasar porque solo aplica para proyectos de formalización que hoy no tienen que cumplir ningún parámetro ambiental mientras dura el proceso, y la licencia es tan temporal que una vez formalizado el título, el minero deberá sacar una licencia convencional.

Otro artículo al que le caben las críticas de Lozano y Rodríguez, el 26, es la que ordena que se flexibilicen los términos de referencia de las licencias ambientales para proyectos de pequeña minería y de comunidades étnicas.

Aunque la idea es que los mineros tradicionales y de subsistencia puedan formalizarse, también implica exigencias ambientales para ellos sean más laxas.

 
4

Algunos megamineros contra nuevas regalías para ellos

Otra norma obliga a que los dueños de las minas más viejas, muchas veces centenarias como las de Marmato en Caldas o Frontino en Antioquia (en total son 28 títulos), paguen regalías.

Hoy sus dueños, grandes empresas como Mineros S.A. y GranColombiaGold, no lo hacen porque cuando nacieron esas minas, hace más de medio siglo, los privados podían ser dueños del subsuelo, y se ha mantenido ese derecho, lo que hace que sean de propiedad privada, no paguen regalías ni sea fácil para el Estado entrar a controlarlas.

Hoy este tipo de proyectos de oro, plata y platino paga un impuesto de 4 por ciento y el resto de minerales paga 0,4 por ciento. El plan les pondría a pagar adicionalmente a los títulos de oro que se saca de los ríos 2 puntos adicionales, al platino 1 punto adicional y al resto de minerales entre 2,1 y 4,6 puntos adicionales.

La Asociación Colombiana de Minería, gremio que agrupa a ambas empresas, aún están estudiando el artículo.

 
5

La batalla entre Planeación y Hacienda

Como contamos en La Silla, la idea del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de empezar a manejar el presupuesto de inversión, que hoy es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación a Hacienda, es un punto polémico.

Aunque el Presidente apoya ese artículo, el 35, y la directora de Planeación, Gloria Alonso, la ha defendido públicamente, once exdirectores de planeación y exministros de Hacienda hicieron una declaración pública advirtiendo que era inconveniente, porque el DNP es clave para que el presupuesto de inversión le apueste a proyectos estratégicos.

Además, una vez iniciado el debate, el exministro de Hacienda de Álvaro Uribe, Roberto Junguito, puso en duda uno de los principales argumentos para defender esta medida.

En el Nuevo Siglo dijo que la Comisión del Gasto Público que él presidió en 2017 sí recomendó unificar el presupuesto, pero que no hubo consenso de que se debiera hacer en Hacienda. Eso a pesar de que el Ministro de Hacienda ha defendido la idea que este ministerio asuma ambos presupuestos con el argumento de la Comisión de Gasto Público.

Además, La Silla supo que la directora Alonso le ha seguido insistiendo al presidente Duque que elimine el artículo, incluso en una reunión en Presidencia este miércoles, aunque sin éxito.

 
6

Un Duque superpoderoso contra un Congreso sin mayoría gobiernista

En el Plan, el Gobierno pide facultades extraordinarias por dos meses para hacer una reforma al Estado, algo similar las que obtuvo Juan Manuel Santos en 2011 y que le permitieron separar los ministerios de Ambiente y Vivienda, Salud y Trabajo y el del Interior y Justicia, y crear casi 20 entidades, entre otras.

Ante eso Norma Hurtado, representante vallecaucana de La U y del grupo de la gobernadora Dilian Francisca Toro, ha dicho que considera que es un cheque en blanco sin que exista un documento técnico que especifique qué entidades piensa crear o modificar Duque, y por qué.

En línea similar, el senador verde Antonio Sanguino dijo que el artículo permitiría desmantelar entidades creadas para implementar el Acuerdo con las Farc, y que eso le genera temor.

Por eso desde ya se avecina que será uno de los puntos álgidos de la discusión del Plan en el Congreso.

 
7

Los fondos de pensiones contra los sindicatos

El artículo 119 extiende a los fondos privados de pensiones una protección que hoy le da el Gobierno a las aseguradoras de vida en sus planes de renta vitalicia, que se parece a pensiones.

Para que fuera más atractivo ofrecerlas, el Gobierno Santos creó un mecanismo voluntario, en que el Estado les paga cuando la parte del incremento del salario mínimo de un año, que supera a la inflación, es más alta que el promedio de esa misma diferencia en la década anterior, pero las aseguradoras deben pagar si el caso es el contrario.

La justificación es que en Colombia el aumento del salario mínimo es impredecible porque no está atado a cifras como la inflación y la productividad, que los economistas proyectan, pues dependen de las negociaciones anuales entre Gobierno, empresarios y sindicatos.

La idea del artículo es que los fondos privados de pensiones (Old Mutual, Protección del GEA, Porvenir de Aval y Colfondos de Scotiabank Colpatria) también puedan acceder a esa protección, lo que tendría sentido para que las pensiones voluntarias tengan la misma protección que los productos con los que les compiten las aseguradoras.

Aunque no es claro exactamente qué terminará cubriendo este mecanismo, si el Gobierno lo reglamenta, desde ya se anticipa la oposición porque para sindicatos como la CGT es una gabela y en la reglamentación puede terminar beneficiando también a las pensiones obligatorias, poniendo a los Fondos en ventaja frente a Colpensiones.

 
8

La pelea de los licores, aún sin artículo no ha terminado

Uno de los temas más delicados de la relación entre la Nación y los gobernadores es el de los licores, porque es una de las principales fuentes de recursos de los departamentos. Por eso, el Gobierno aceptó sacar el artículo que cambiaba la forma de calcular el impuesto a las bebidas alcohólicas.

Gobernadores se molestaron con la propuesta de Hacienda de calcular el impuesto solo por el porcentaje de alcohol de cada botella, y no por su precio, cuando hoy se hace con los dos.

Eso porque el efecto práctico es que los licores importados bajarían de precio y serían una mayor competencia para los aguardientes y rones que producen las licoreras de varios departamentos (Caldas, del Valle, Antioquia, Cundinamarca, Cauca y Boyacá).

También argumentaban que, como se trataba de un cambio tributario, debió incluirse en la reforma del año pasado y no en el Plan.

Aunque el artículo se cayó, la pelea puede continuar en el Congreso porque el cambio beneficiaba a multinacionales como Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, William Grant & Sons y Brown-Forman Corporation, y a afiliados de gremios como Asovinos y la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas que tiene a Bavaria y Pedro Domecq.

Eso hasta el punto de que cuando se conoció el articulado, publicaron este comunicado en el que les gustaba el sentido del ajuste.

Estas empresas tienen capacidad de cabildeo en el Congreso y de hecho conocimos que contrataron a un exministro para promover el cambio en el impuesto en el legislativo.

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'Si se sigue hablando de intervención militar, el Grupo de Lima va a fracturarse'

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El pasado lunes, tras reunirse en Bogotá, el Grupo de Lima rechazó unánimemente una intervención militar como salida a la crisis en Venezuela tras el fracasado intento de entrar alimentos y medicinas al vecino país.

Dicha declaración contrasta con la presión que está ejerciendo la oposición venezolana y con el hecho de que el mismo vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no descartó esa posibilidad.

La Silla Académica habló con Sébastien Dubé, profesor canadiense del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, autor del artículo “Foreign Policy in Latin America”.

Dubé analiza el futuro de la crisis de Venezuela desde la perspectiva de lo que caracteriza la política exterior latinoamericana y su peso frente a una potencia como Estados Unidos.

Su artículo se titula “Política exterior en Latinoamérica”.  ¿El Grupo de Lima sería un ejemplo de una política exterior en bloque?

Sébastien Dubé: El Grupo de Lima no es un ejemplo de política exterior en bloque sino de alineamiento de diferentes países sobre un tema de política exterior. Es más que nada un grupo ad hoc, un foro de discusión de cancilleres de países preocupados por la crisis en Venezuela y que no reconocen como democráticas  las últimas elecciones presidenciales en ese país.

No tiene ninguna institucionalidad y no va a tener permanencia en el tiempo. Se conformó en un contexto muy puntual, de cambio hacia gobiernos de derecha en América Latina, de paralización de la Unasur desde 2016 y de crecimiento vertiginoso de los flujos migratorios hacia Sudamérica.

LSA: ¿Qué es entonces una política exterior en bloque?

S.D.: Un buen ejemplo de política exterior en bloque es el de la Unión Europea, basta con mirar los tweets de Federica Mogherini que es una especie de canciller de esa comunidad. El Grupo de Lima son 12 cancilleres, nadie habla en nombre del Grupo ni hay una figura autorizada para hablar en nombre de todos.

Ahora bien, en el caso de Latinoamérica, todas las políticas exteriores a mi juicio comparten una serie de características que al final hacen que haya lógicas de conflicto o de cooperación entre los países de la región y entre éstos y el resto del mundo.

LSA: En su artículo usted describe la política exterior latinoamericana a partir del impacto de lo que denomina factores “I”¿Qué características han quedado en evidencia en el manejo de la crisis de Venezuela?

S.D.: Uno de los elementos a través de los cuales se puede analizar dicha política exterior es el de la identidad que queda al descubierto, por ejemplo, con las tensiones que causa el protagonismo de Estados Unidos en el manejo de la crisis de Venezuela.

Ahí tenemos muchos gobiernos latinoamericanos que realmente quieren un cambio de régimen pero que por un tema de historia y solidaridad latinoamericana se resisten a la idea de una intervención de un país por fuera de la región, como Estados Unidos.

Si se sigue hablando de intervención militar más y más seriamente, creo que el Grupo de Lima va a fracturarse. Hay una lógica de que los problemas de los países en América Latina se deben resolver entre ellos, aún para varios gobiernos de derecha muy opositores a Maduro.

Si se sigue hablando de intervención militar más y más seriamente el Grupo de Lima va a fracturarse.

Sébastien Dubé

LSA: ¿Qué otros factores “I” sirven para analizar el manejo de la crisis?

S.D.: Otro de los factores que pesa en la política exterior latinoamericana es la ideología. Lo que explica la suspensión de Venezuela de Mercosur no es el incumplimiento de los objetivos de Mercosur sino el cambio ideológico en los gobiernos de Brasil y Argentina, con la llegada Michel Temer y Mauricio Macri, respectivamente. Desde antes Venezuela no cumplía ya con las reglas de la organización y durante años fue un miembro influyente.

Esto se conecta con la debilidad institucional. Los cancilleres y las cancillerías de América Latina tienen muy poco peso. Con un cambio de gobierno podemos tener una cambio de política exterior muy rápido.

Si mañana cambia el primer ministro de Suecia, los funcionarios de la Cancillería siguen siendo los mismos. En la región, Cristina Fernández de Kirchner pierde las elecciones, por poner un ejemplo, y todos los altos funcionarios son despedidos, con lo que se produce un giro de 180 grados en la política exterior con el  nuevo presidente.

LSA: Usted también menciona la debilidad institucional de las organizaciones regionales...

S.D.: La incapacidad de las organizaciones regionales de poder tener un protagonismo mayor viene de la debilidad de todas las organizaciones regionales latinoamericanas. Ni la Unasur ni la Celac están presentes en esta crisis.

El sistema de votación de la Unasur, por ejemplo, se rige por la unanimidad de los 12 países miembros, que no se han podido poner de acuerdo en nombrar el Secretario general y lleva vacante dos años, con la situación de Venezuela no hay una posibilidad en el corto plazo de designar a alguien.

A su vez, la debilidad institucional en la política exterior es un reflejo de la debilidad interna.

Por eso, incluso en el Grupo de Lima hay socios muy incómodos para un país como Canadá. Comenzando con Bolsonaro en Brasil, siguiendo con Orlando Hernández, que fue elegido presidente de Honduras en una elección que la misma OEA desconoció o con Jimmy Morales, presidente de Guatemala, que acaba de expulsar a la comisión de la ONU contra la corrupción que estaba en ese país.

En otras palabras no todos los presidentes del Grupo de Lima demuestran en su actuar ser grandes líderes demócratas, preocupados por el desarrollo social.

LSA: ¿Qué peso tiene que Canadá haga parte del Grupo de Lima?

S.D.:  Le da una cierta autoridad moral dado por su tradición democrática y por no tener un pasado colonialista, algo que Estados Unidos no tiene. Adicionalmente, le dio una visibilidad internacional frente a Europa, que de otra manera el Grupo de Lima no tendría.

LSA: Usted dice que una actividad diplomática intensa en Latinoamérica no garantiza una política exterior eficiente . ¿Qué tan efectivo ha sido el Grupo de Lima?

S.D.: Viendo el vaso medio lleno, un logro del Grupo de Lima ha sido llamar la atención de la comunidad internacional hacia la crisis en Venezuela.

Mirándolo medio vacío, la fase más dramática de la crisis comenzó en 2014 y la región latinoamericana fue incapaz de articular una respuesta hasta el 2018.

LSA: ¿Tiene alguna hipótesis de por qué solo lo lograron hasta ahora?

S.D.: Lo que provocó un verdadero cambio fue el aumento dramático de los flujos migratorios en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil, que se convirtió en un desafío enorme.

Adicionalmente, muchos gobiernos de derecha vieron que podían sacar provecho político y electoral del ocaso de un gobierno de izquierda que ha provocado una crisis identitaria en las izquierdas latinoamericanos.

Varios gobiernos de izquierda en la región han tenido una postura muy ambigua de negación o de ceguera voluntaria y han caído en esa trampa y facilitado por parte de la derecha el uso de la crisis venezolana con fines electorales.

La diabolización de los candidatos de izquierda por parte de Sebastián Piñera en Chile y de Jair Bolsonaro en Brasil fue determinante para ganar la presidencia.

LSA: ¿Los tweets de Gustavo Petro que cuestionan el manejo de la crisis de Venezuela, incluyendo la entrega de la ayuda humanitaria, podrían ser reflejo de esa ambigüedad?

S.D.: Creo que sí. En la diplomacia, el mensajero importa mucho. No es lo mismo en términos políticos y comunicacionales que la ONU diga que no avala la entrega de la ayuda humanitaria del sábado 23 de febrero, dados los intereses políticos que estaban de por medio y el hecho de que no cumple con los criterios internacionales para ese tipo de ayudas y otra que Gustavo Petro diga que es más política que ayuda humanitaria.

LSA: ¿Cuál es la diferencia, más allá de lo obvio que son las partes

S.D.: La diferencia es que ni la ONU ni su Secretario General son figuras identificables con la izquierda ni con la derecha. La evaluación que hacen de los hechos es alejada de la pelea partidista. Mientras que si uno analiza la postura de Petro, hay una cuestión de cercanía ideológica y de interés político.

Una cosa es lo que diga la Onu y otra que Gustavo Petro diga que es más política que ayuda humanitaria.

Sébastien Dubé

LSA: Pero esos tweets le han traído críticas aún en su electorado…

S.D.: A Petro le pasa lo que a Tabaré Vázquez en Uruguay y a López Obrador en México que ganó las elecciones presidenciales este año. Y es que hay sectores políticos que tienen una cantidad de votantes importantes que le siguen apostando al proyecto chavista por un tema ideológico, de la misma manera que siguen apoyando al régimen cubano por un tema simbólico.

Cuando Tabaré Vázquez dice que hay que buscar otra salida para el caso de Venezuela, lo hace desde una dimensión interna de la política, buscando no enojar a su base de votantes porque los necesita para la próxima elección.

Aunque sea solamente, digamos el 20 por ciento de los votantes de Petro los que siguen apoyando el proyecto chavista, si eres Gustavo Petro necesitas ese apoyo y en ese sentido tomar una postura crítica frente a Maduro es arriesgado, y es mejor mantener una "pseudo neutralidad".

LSA: ¿Cuál es su balance en términos de política exterior de la jornada del viernes y el sábado pasado? ¿Qué ganaron y qué perdieron las partes involucradas?

S.D.: Me parece que la jornada del sábado pasado obligó a Maduro a reconocer que sí hay una crisis. Haber anunciado que recibirá 300 toneladas de alimentos de Rusia es muestra de ello.

Sin embargo, la oposición terminó perdiendo lo que esperaban más allá de la entrada de los camiones porque no provocó el debilitamiento del régimen de Maduro para nada.

LSA: ¿Para nada?

S.D.: No hubo ninguna renuncia significativa de militares, no hubo fractura en los altos mandos, de forma que hubieran desbloqueado las fronteras ni entre los de más bajo rango que hubieran desbloqueado las calles para que entrara la ayuda. Hubo deserciones, sí, pero no para debilitar al régimen de Maduro. No hubo tampoco renuncias masivas ni un levantamiento popular al interior del país.

Si yo hubiese sido de la cúpula de la oposición, habría esperado que frente a las imágenes de los militares bloqueando el puente y sabiendo en qué condiciones están los hospitales y los supermercados, la gente saliera a protestar, o que hiciera un cacerolazo contra el Gobierno.

En Caracas no fueron a protestar frente al Palacio de Miraflores o yo por lo menos no los vi, y había muchos periodistas extranjeros en el país vecino.

Desde que Guaidó se proclamó presidente interino el pasado 23 de enero ha habido una agenda de movilización y en el lugar y fecha que él ha señalado, han habido protestas pero ese día eso no pasó a pesar de la indignación. Parece muy difícil, probablemente por temas de seguridad, que haya protestas masivas sin una coordinación con la oposición.

Y por el contrario, al interior del gobierno de Maduro se percibe mayor unidad.

Dentro de la oposición, en cambio, veo una gran preocupación después del sábado. No es coincidencia que a partir del fracaso en la entrada de la ayuda humanitaria se haya empezado a hablar más de intervención militar. El mismo Mike Pence no descartó la posibilidad.

LSA: ¿El endurecimiento del discurso de intervención militar es un fracaso de Guaidó?

S.D.: Es un fracaso para alguien que esperaba una salida negociada y una transición pacífica y democrática. La apuesta de la oposición con Guaidó es una solución moderada a la crisis que incluye otorgar garantías de no juzgamiento a cambio de una nueva elección libre y transparente. La total oposición del régimen de Maduro a negociar implica que tengan que pensar en otras estrategias.

LSA: ¿Qué efecto práctico tiene aplicarle la Carta Democrática Interamericana que propone el Grupo de Lima?

S.D.:  Desde la OEA ninguno. Los estatutos están pensados en una lógica de asistencia a un gobierno que tiene una amenaza de golpe de Estado y para poder intervenir o estar presente en un país tienen que tener el consentimiento del gobierno.

En el caso de Venezuela, es el mismo gobierno quien viola la Constitución y recurre a prácticas antidemocráticas. Claramente Venezuela no lo va a autorizar.

Lo único que pueden hacer son declaraciones y amenazar con suspenderlo de esa organización.

LSA: ¿Y que la Corte Penal Internacional intervenga?

S.D.:  Lo veo muy improbable. 

Aunque haya violaciones masivas a los derechos humanos y prisioneros políticos, en estricto sentido no estamos frente a un genocidio ni frente a una guerra civil como lo exige el Derecho Internacional Humanitario para que haya una intervención.

Sin ser demasiado cínico si la CPI pudiese investigar lo que está pasando en Venezuela tendría que empezar a investigar lo que está sucediendo fácilmente en 120 países actualmente.

Sin ser demasiado cínico si la CPI pudiese investigar lo que está pasando en Venezuela tendría que empezar a investigar lo que está sucediendo fácilmente en 120 países.

Sébastien Dubé

LSA: Usted dice que ninguno de los países de América Latina representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos ni de Europa ¿Cree entonces que prospere la solicitud del Grupo de Lima de incluir a Venezuela en la agenda del consejo de Seguridad?

S.D.:  Lo que es interesante es que estamos al lado del volcán.

La crisis del país vecino es un tema de altísima importancia para la cancillería colombiana, y para América Latina es el problema más importante que define la agenda. Pero Venezuela está muy abajo en la lista de prioridades de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China y de Rusia.  

Estados Unidos puede decidir no comprarle petróleo a Venezuela y así lo tenga que conseguir a un mayor costo. Venezuela no puede dejar de vender el 40 por ciento de su petróleo mañana si no tiene otros compradores.  Hay una asimetría enorme.

LSA: Si Venezuela no es tan relevante para Estados Unidos ¿Por qué está interviniendo en este asunto?

S.D.:  Lo que le da una mayor importancia al tema de Venezuela es su conexión con Cuba.

No es casualidad que Trump haya ido a Miami la semana pasada a hablarle a la comunidad cubana y venezolana de Florida. La política interna pesa mucho y el peso electoral del voto cubano, del voto latino es clave en las próximas elecciones. No es probable que un candidato gane las elecciones en Estados Unidos sin el estado de Florida.

LSA: ¿No es contradictorio que Trump promueva una política aislacionista y que a la vez haya invocado la ‘doctrina Monroe’ en conexión con Venezuela?

S.D.:  Es contradictorio si se tiene en cuenta que Trump ganó las elecciones diciendo que se acabó la época en la cual Estados Unidos estaba metida en todos los conflictos del mundo, volviendo con ello la mirada hacia una política aislacionista. Pero lo que hay que leer entre líneas en el discurso de Trump es no solamente la idea de presionar a Maduro sino el mensaje a China, Rusia e incluso a Turquía, país con quien Estados Unidos tiene un conflicto diplomático muy fuerte actualmente. Es una advertencia de que  no se metan tanto en Venezuela.

LSA: El vicepresidente Mike Pence instó a los países latinoamericanos a congelar los activos petroleros de Venezuela ¿Cuál es el impacto de eso?

S.D.:  No va a ser significativo porque los países latinoamericanos no tienen casi nada de comercio con Venezuela.

Por ejemplo, Chile no puede presionar a Maduro amenazándolo con no importar más petróleo porque no le está comprando.

Y en general, en el sistema internacional las sanciones no generan los efectos perseguidos.

Además, hay un dilema político. Los gobiernos que están en contra del régimen de Maduro tienen dos opciones: o adoptan sanciones que van a tener efectos muy limitados, o no hacen nada. Y no hacer nada tiene un costo político es muy alto pues puede ser visto como indiferencia o apoyo pasivo. De manera que, aunque no den muchos resultados hay una lógica comunicacional de las sanciones.

En todo caso, hasta ahora las sanciones contra los altos dirigentes políticos y militares de Venezuela no han provocado alguna crisis, vamos a ver próximamente si con las sanciones económicas a Pdvsa el régimen de Maduro sí empieza a sentir un apretón financiero grande que no puede compensar con ayuda ni de China, Rusia o Turquía.

LSA: El Grupo de Lima habló de hacer uso de los medios políticos y diplomáticos para lograr una transición en Venezuela.  ¿Qué alternativas tienen?

S.D.:  Lo que yo creo que va a pasar es que la lógica de movilización del Grupo de Lima va a perder el sentido de urgencia frente a Venezuela, porque muchos países miembros tienen elecciones presidenciales y legislativas este año y la agenda interna va a volver a pesar más.

Si se llega a la conclusión de que el gobierno de Maduro no va a caer y, teniendo en cuenta que una de las principales motivaciones de los países miembros del Grupo de Lima es reducir los flujos migratorios, lo que deberán hacer es promover con ayuda de organizaciones internacionales una campaña de ayuda humanitaria para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos y que no busquen migrar a los países vecinos.

El objetivo va a ser debilitar el régimen de Maduro tratando de evitar el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población.

la lógica de movilización del Grupo de Lima va a perder el sentido de urgencia frente a Venezuela.

Sébastien Dubé

LSA: ¿Qué debería hacer el Grupo de Lima frente a Cuba, el principal aliado de Venezuela en latinoamérica?

S.D.:  Lógicamente, debería venir algún anuncio en camino pero lo que me parece interesante destacar es que toda la lógica de suspensión y expulsión de Venezuela ocurrió al tiempo en que se hacía muchos esfuerzos para reintegrar a Cuba en el sistema internacional y en organizaciones regionales en América Latina.

A la Cumbre de las Américas que se celebró en Lima, Venezuela no fue invitada por las violaciones a los derechos humanos y una elección fraudulenta pero Cuba sí, donde no se ha celebrado una elección democrática hace 60 años. Hay una lógica de doble estándar ahí.

LSA: ¿Cómo se explica eso?

S.D.:  Yo creo que Cuba sigue teniendo un capital de simpatía muy elevado en América Latina en sectores de izquierda que pueden ser muy críticos de Maduro pero que valoran la capacidad de ese país de resistir la intervención, las sanciones y amenazas norteamericanas.

Es un tema muy sensible que muchos líderes de izquierda o de centro de izquierda no quieren tocar porque produce roces internos.

Dentro de la antigua coalición de gobierno de Michelle Bachelet en Chile, por ejemplo, estaban la Democracia Cristiana que era totalmente anticastrista, y el Partido Socialista y el Comunista, siendo éste último totalmente partidario de ese Régimen. Es más un tema de política interna que de política exterior.

LSA: ¿Qué tanto peso tiene el Grupo de Lima frente a Estados Unidos? ... usted reconoce que nadie en la región ha sido protagonista en el escenario internacional…

S.D.:  Estados Unidos necesita al Grupo de Lima. Si ese país fuera el único que estuviera ejerciendo presión y hablando de contemplar todas las opciones, la postura de Maduro sería muy confrontacional. Que haya otras presiones un poco más moderadas le dan espacio a la diplomacia.  De hecho, ayer el canciller venezolano habló de negociar con Trump directamente, en un claro mensaje de que, para Maduro, Guaidó no es un interlocutor legítimo en esta crisis.

LSA: Siguiendo con sus tesis, usted dice que la región está en la periferia y no es una fuente de problemas que pueda desafiar el orden internacional. ¿Eso juega a favor o en contra de una intervención militar de EE.UU.?

S.D.:  Lo hace menos probable pero al mismo tiempo Trump es tan imprevisible que no se puede descartar nada.

Maduro había cerrado todos los canales de negociación para una resolución política al tiempo que ha habido una radicalización del discurso de la oposición. Guaidó se fue a Brasil hace dos días, pese a que había dicho que volaría de Bogotá a Caracas, y la gran incógnita es qué va a hacer el régimen de Maduro, que le había dicho que no podía salir del país, cuando Guaidó aterrice. En caso que lo arresten entramos en otra dinámica.

LSA: ¿Tiene Latinoamérica capacidad de influir en la política de EE.UU. hacia esta región?

S.D.:  Yo creo que que el hecho de que el Grupo de Lima de manera unánime declare y reitere su rechazo a una intervención militar extranjera es una señal potente diplomáticamente hablando y le quita legitimidad a una intervención militar de Estados Unidos.

A menos que haya una provocación directa de Venezuela hacia ese país que legitime una intervención, con las declaraciones del Grupo de Lima, sería muy insostenible.

LSA: ¿Cuál sería una provocación directa?

S.D.:  Por ejemplo, si con todo lo del sábado pasado hubiera zarpado un barco norteamericano desde Puerto Rico y la marina de Venezuela lo hubiera interceptado y amenazado por considerar que está invadiendo aguas venezolanas, eso podría considerarse una provocación directa.

LSA: Usted dice que en la literatura internacional, Latinoamérica es “una zona de paz” ¿Por qué se dice eso?

S.D.:  Porque en la región es común que aunque haya tensiones políticas muy fuertes no se recurra a la fuerza sino que se opte por resolver los conflictos por la vía diplomática y judicial. Los diferendos limítrofes que abundan en América Latina son muestra de ello. El que hay entre Colombia y Nicaragua, por ejemplo, no dio lugar a una confrontación bélica sino que se sometió al Tribunal de la Haya.

E irónicamente, la capacidad de resolver los conflictos internacionales pacíficamente en latinoamérica es tan alta que hasta le da la oportunidad a los líderes políticos de insultarse y lanzar amenazas porque confían que no va a pasar nada.

La capacidad de resolver los conflictos internacionales pacíficamente en latinoamérica es tan alta que los líderes políticos se insultan y lanzan amenazas confiando que no va a pasar nada.

Sébastien Dubé

LSA: ¿Puede eso evitar que el tema de Venezuela se militarice?

S.D.:  De nuevo es difícil hacer predicciones. Lo que podría pasar y me sorprende que no hay pasado hasta ahora son escaramuzas, tensiones muy aisladas. Me sorprende que no haya habido un disparo, una patrulla que entra en el territorio del país vecino, lo que no pasa casi nunca sobre todo pensando en las fronteras, que tienen presencia de guerrilleros y grupos armados venezolanos y que son muy difíciles de controlar por la geografía.  Lo mismo pasa en la frontera entre Brasil y Venezuela.

Tu debiste ver el sábado pasado decenas de policías o soldados venezolanos armados, entrando en territorio colombiano y la misma Cancillería sostuvo que no era una intervención militar, sino personas, que seguramente estaban huyendo del régimen de Maduro. No se militarizó ese acto de un soldado extranjero entrando al territorio nacional.

Silla Académica

Foreign Policy in Latin America

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Latin American foreign policies are public policies implemented by the political leaders of thecountries of the region in order to reach higher levels of development and security throughcooperation with the international system. Their analysis, therefore, has to combine a high number ofelements ranging from world politics, patterns and trends of the global economy, national politicalsystems, leaders’worldviews, and strategies of development to the nature of the threats to the states ortheir population.

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Lunes, Enero 23, 2017 - 00:00
Silla Académica

EPM comienza a compartir el centro del debate por Hidroituango

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Esta semana fue la más álgida para EPM en los diez meses de crisis de Hidroituango, que la ha puesto en el paredón. Sin embargo, al final los dedos comenzaron a apuntar hacia otros lados y no recibió ningún golpe duro.

Fue la semana más dura porque la Fiscalía anunció imputaciones, la Contraloría hallazgos y la Procuraduría una acción popular en su contra.

Pero se cerró sin polémica una subasta de energía que prometía debate porque EPM concursó con Hidroituango; y porque reveló un esperado estudio chileno que señala a otra empresa como causante de la emergencia. 

De las últimas dos y de las imputaciones de la Fiscalía, EPM toma aire, por ahora.

Reveló un estudio con el no quedó tan mal (y era casi imposible que quedara mal)

Ayer EPM hizo público el resultado del estudio que contrató para encontrar el motivo de que se haya taponado un túnel el año pasado, lo que dio lugar a la crisis. Según la firma chileno-noruega que lo hizo, el problema viene de decisiones erradas de Integral, firma antioqueña de ingeniería que EPM contrató para diseñar y asesorar la construcción del proyecto.

Eso hace que Integral entre a la baraja de señalados, lo que baja la presión a EPM. Además, puede llevar a que el foco de la polémica pase de la idea misma del proyecto a una parte de su ejecución.

EPM contrató el estudio de análisis causa-raíz en julio por un requerimiento de la Anla.

Más que encontrar culpables, el estudio buscaba determinar qué hizo que se taponara el primer túnel de desviación el 28 de abril de 2018, y como EPM subcontrató la obra, cualquier conclusión iba a ayudar a bajarle la presión.

EPM escogió a Skava Consulting, experta en túneles, que encontró que el lío lo causó la erosión del piso del túnel que no fue debidamente tratado por una “deficiencia en el diseño en la etapa de asesoría”.

Con ese resultado, la pelota le cayó a la diseñadora y asesora Integral S.A., que ya había participado en los estudios previos de la hidroeléctrica en 2004, en la alcaldía de Sergio Fajardo, años antes de que el proyecto quedara en manos de EPM.

Eso no le da munición a los opositores del proyecto Hidroituango, que critican la pertinencia de la presa y los daños sociales y ambientales que ha generado; tampoco lleva a que la Anla permita continuar las obras, pues para esto le pide un peritaje diferente, según dijo el director de la Anla Rodrigo Suárez el Blu Radio.

Además, el estudio de Skava no basta para que las aseguradoras del proyecto asuman los gastos generados por el taponamiento del túnel: el gerente de EPM Jorge Londoño dijo que cada una hará su propio estudio para definirlo.

A pesar de esas dudas, el estudio muestra que un tercero experto encontró otro responsable, por lo menos de la crisis.

La subasta fue más tilín que paletas

La decisión de EPM de participar en una subasta de cargo por confiabilidad con Hidroituango recibió críticas de algunos generadores de energía, como contamos, y de la opinión pública en general.

Pero los resultados, que salieron el viernes, dejaron esas preocupaciones sin buena parte de su piso.

Hidroituango no se ganó toda la energía que ofreció entregar a partir de 2022, 15.6 gigas sino 3.15. Es apenas el 1.8 por ciento de los 164 gigavatios subastados.

Otras generadoras de EPM que ya existen quedaron e incluso con más energía asignada que Hidroituango, como la termoeléctrica La Sierra (7,8 gigas), Guatapé (4 gigas), Porce II (3,3 gigas) y Porce III (9,2 gigas); y hubo centrales que quedaron con dos y tres veces más energía a cargo, como Guavio (11,5 gigas) y Pagua (10,2 gigas), de Emgesa, y San Carlos (12 gigas), de Isagen.

En todo caso, EPM siguió ganando frente a otras generadoras con 40 gigas asignadas. Emgesa, por ejemplo, quedó con 33.

Esa falta de protagonismo de Hidroituango, el hidroeléctrico más grande del país, y de EPM dejó a un lado la polémica por ahora.

La Fiscalía señaló más al pasado que a EPM

La noticia de la primera imputación de cargos a funcionarios por Hidroituango, nada tuvo que ver con las decisiones constructivas de EPM.

Lo que investiga es que la Sociedad Hidroituango (en la que la Gobernación es socio mayoritario y EPM minoritario) le entregara a EPM el contrato para hacer y operar la hidroeléctrica, a dedo y luego de haber abierto una subasta internacional.

Una decisión, pública y aplaudida en su momento, que tuvo el impulso de varios sectores sociales, gremiales y políticos, incluyendo al entonces presidente Álvaro Uribe.

Ese primer caso que reventó, como contamos, no tiene que ver con la contratación del constructor y el diseñador-asesor, los daños ambientales o el plan de aceleración de obra, que son los temas más álgidos hasta ahora.

Además, las imputaciones no afectan directivos actuales, que son los que le han hecho frente a la emergencia, sino a exdirectivos con carrera técnica, nombrados por el entonces gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el exgerente de EPM Federico Restrepo, en la alcaldía de Alonso Salazar.

Con eso, el debatido golpe de la Fiscalía fue suave para EPM, aunque anunció que investiga las decisiones relacionadas con la obra, lo que más adelante puede volver a poner a EPM en el ojo del huracán.

Los golpes de Contraloría y Procuraduría aún no llegan

Las declaraciones de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación esta semana fueron más un golpe de opinión, pues aunque advierten hallazgos y medidas judiciales, no se sabe cuándo llegarán.

Empezó la Contraloría General de la Nación, el lunes, con el anuncio de que le va a aplicar el control excepcional a Hidroituango, es decir que va a asumir por completo las investigaciones sobre ese caso, quitándole el poder a las contralorías de Antioquia y Medellín.

Con esa decisión, le pidió a EPM más pruebas y reveló que entre los más de 200 contratos que están auditando ya tienen hallazgos fiscales como la desviación del presupuesto y pagos excesivos en la ejecución del proyecto.

La Contraloría de Antioquia se pronunció para mostrar que ellos también habían estado investigando, y dijeron que a la fecha tenían 11 procesos, cinco de ellos en etapa probatoria, en los que ya habían recibido declaraciones y pruebas documentales.

Esos procesos que comenzaron desde el 2016 estarán desde ahora en Bogotá y, según el contralor de Antioquia Rubén Darío Naranjo, “a mediados de este año, se tendrían decisiones sobre estos hallazgos con responsabilidad fiscal”.

Luego, el miércoles, la Procuraduría General de la Nación le hizo una auditoría al proyecto en Medellín, con la presencia de ministros, gobernadores, directivos de EPM, expertos y movimientos sociales como Ríos Vivos -el más crítico del proyecto-, para hablar de las afectaciones de la comunidad.

Pero el tono de esa audiencia la determinó desde el principio el procurador Fernando Carrillo, quien dijo que no sería “un tribunal inquisitivo”o un careo, sino un diálogo constructivo.

Sin embargo, luego de la Audiencia, Carrillo dijo que la atención de EPM a los afectados por su proyecto era insuficiente y que radicará una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que le ordene a la empresa responder por los daños.

Esa medida judicial la hará con el respaldo de los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar.

Sin embargo, las acciones populares suelen ser medidas que se tardan años en los Tribunales, y en muchas ocasiones, así el juez falle a favor del demandante con una sentencia, no asegura que el demandado la acate.

Silla Paisa
Sara Lopera
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“No tengo ninguna responsabilidad como miembro del Estado Mayor”: Fabián Ramírez

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El excomandante dentro Bloque Sur de las Farc, Fabián Ramírez, dio esta semana su versión libre ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP.

También fue a la Comisión de la Verdad. 

Ramírez está metido de lleno haciendo política en el sur. Dice que quiere armar dos puntos de agrupamiento en Caquetá y Huila para que los ex combatientes que se han ido de los espacios de capacitación no le pierdan la fe a la implementación y también que a donde va en Caquetá, le piden que sea el próximo alcalde de Cartagena del Chairá, el pueblo en el que vive su familia.

En esta entrevista para La Silla Sur que nos dio al día siguiente de dar su versión en la JEP, habló del partido, de cómo ve la implementación y de las elecciones regionales en las que por primera vez la Farc lanzará candidatos.

La Silla Sur: ¿Cómo recibió la noticia de que Estados Unidos no va a mandar las pruebas contra Santrich y la decisión del Consejo de Estado de no decretar la pérdida de su investidura?

Fabián Ramírez: El Consejo de Estado falló en derecho, como tenía que fallar, y no políticamente. No le mezclaron política. Esto lo recibimos con agrado. Nos da un margen más de la confianza que habíamos perdido.

Cuando hicimos este proceso teníamos una alta confianza. Sucede lo de Santrich, que es un auténtico montaje de los que no quieren la paz, y entonces la perdimos. Ahora nuevamente, paso a paso, la venimos recuperando. Y ojalá nos den la oportunidad de que en nuestros corazones exista más confianza.

La Silla Sur: ¿Y cree que Iván Márquez y El Paisa piensan como usted y van a venir a dar la cara en la JEP?

Fabián Ramírez: Esto motiva a todo el mundo. Creo, porque no puedo opinar por otro, que así como lo recibo yo, puede ser que lo reciban muchos en Colombia.

El montaje inicialmente iba contra Iván, yo no sé por qué se equivocaron y se fueron por otro lado, porque todo era contra Iván.

Por eso Iván al conocer esto de Santrich, a mi especialmente me dijo, “cuídese, ojo porque aquí llegaron los montajes” y entonces se fue a la zona de Miravalle.

Y allá en Miravalle es donde le llegan los drones, los grupos infiltrados en la selva y los aviones. Ahí nunca pasaban aviones de reconocimiento e inteligencia. Entonces ellos (Márquez y El Paisa) dicen “contra nosotros hay una persecución” y se corren de área.

Si Santrich queda libre, esto se compone y la confianza vuelve en su totalidad.

La Silla Sur: ¿Pero dónde están Márquez y El Paisa, que llevan meses ausentes?

Fabián Ramírez: Lo debe saber la inteligencia, yo no sé dónde estarán.

La Silla Sur: ¿Qué cree que puede pasar si Duque objeta la ley estatutaria de la JEP?

Fabián Ramírez: Yo no creo que lo haga. El presidente tiene una buena posición frente a la paz. Pensábamos que era todo diferente. Usted se va a aterrar, pero esa es la visión que yo tengo. No la va a objetar, sería un error.

La Silla Sur: Hablemos de la responsabilidad de ustedes. Ayer usted tuvo su versión libre en la JEP. ¿Cómo se sintió?

Fabián Ramírez: Mire, cuando uno cumple se siente feliz. Uno da su argumento y ya ellos, los magistrados, lo contrastan. Lo que sí le digo de toda convicción es que sobre mi persona hay una mala información. Eso lo quiero dejar claro.

En Colombia a las personas se les juzga sin el derecho de que expresen que eso no es así. Y en nuestro caso se entiende, porque fue una guerra irregular, donde uno no puede venir a contradecir las declaraciones de cualquier persona que venga a decir, entonces uno quedaba allá y el juez tomaba la determinación, creía lo de esas personas.

La Silla Sur:¿Por qué dice que tienen mala información sobre usted?

Fabián Ramírez: Es que se ha magnificado una información que no es.

Primero, me dicen que yo era del secretariado y yo nunca fui del secretariado.

Segundo, que fui del estado mayor central. Fui nominado, pero nunca ejercí. En la segunda reunión del Estado Mayor ya me habían retirado.

¿Por qué nunca ejercí? porque llegó el Plan Patriota y fui nominado en esa época y lo que nos tocó fue defendernos y no se pudo jamás volver a reunir el pleno del Estado Mayor Central. Entonces nunca ejercí.

Entonces no tengo ninguna responsabilidad como miembro del Estado Mayor Central.

La Silla Sur: Pero usted fue uno de los líderes del Bloque Sur...

Fabián Ramírez: Pero es que yo comandante del Bloque Sur tampoco fui. Yo comandaba un frente, entonces en el área de ese frente no se presentaron los hechos que dicen los magistrados, porque no conocen la jurisdicción y el área del frente.

Si usted vive en Bogotá y aparece un hecho en la costa, esa no es su jurisdicción. Habrán otros que tendrán que responder. Si no conocemos la geografía de Colombia, entonces hablamos es de todo el país.

La Silla Sur: ¿Está diciendo que no le hicieron preguntas sobre su frente?

Fabián Ramírez: Las preguntas fueron correctas. Lo que digo es que hay un desconocimiento del mapa geográfico, el cual yo pude explicarles más o menos detalles de cada frente a los magistrados, como era su delimitación. Porque mi profesión es ser cartógrafo y a eso me dedicaba también allá en la guerra y tengo todavía los mapas entonces yo los voy a entregar.

La Silla Sur: Usted se movía en la región de las disidencias y hoy es clarísimo que han crecido. ¿Usted ha hablado con Gentil Duarte, cabeza de esas disidencias?

Fabián Ramírez: No, yo ando en la legalidad y ese tema ya es de otro resorte.

La Silla Sur: Pero usted está buscando que menos hombres se vayan a las disidencias ¿En qué va su idea de crear unos puntos de agrupamiento de ex combatientes en Pitalito, Huila y en Puerto Rico, Caquetá?

Fabián Ramírez: Hay una gran preocupación. Hay muchos muchachos que se han salido de los espacios, podríamos hablar de que el 70 por ciento está por fuera. Están por fuera porque ellos consideraron primero visitar a sus familias, llegar a sus regiones nuevamente, como yo que regresé al Caquetá porque allá soy conocido por toda la población.

No hay ningún problema con que los muchachos se hayan ido porque nosotros ya podemos movernos, eso es entendible. Yo informé que me iba para Caquetá y el partido me indicó que debía irme a hacer trabajo político al sur porque soy de la región. Me vine a trabajar fuertemente el Caquetá y Putumayo. Estuve en la lista al Senado para captar votos como caqueteño.

Comencé a ver que mucho ex guerrillero quedó suelto y nos preocupaba que al no tener una oportunidad de vida, eran fácilmente cooptados por el narcotráfico y por otros grupos.

Ahí hay una falencia grande. A los ex guerrilleros no se les preparó para enfrentar la vida civil.

Mirando eso me llaman los muchachos, no yo a ellos. Me dicen venga Fabián, hay una cantidad de gente que dice que nos ayude, que comience a buscar proyectos.

Entonces nos reunimos y pensamos, “bueno, hay que volverlos a organizar, no en un espacio territorial, sino en un área determinada, digamos un punto de agrupamiento, busquemos una finca. Démosle un pedacito de tierra, busquemosle una casita allí y un proyecto productivo familiar.”

La Silla Sur: ¿Y eso en qué va? ¿Ya lo lograron concretar?

Fabián Ramírez: Tenemos muy avanzado eso. Estamos aquí en Bogotá para haciendo lo que llamamos el ‘lobby’ con las embajadas, con la parte internacional, explicándoles los proyectos que ya tenemos. Tenemos la finca lista en Puerto Rico, Caquetá, en la inspección de La Aguililla. Allí la gente nos ha dicho que nos prefiere ahí con ellos que en la actividad anterior.

La Silla Sur:¿El alcalde de Puerto Rico ya está montado en la idea?

Fabián Ramírez: He hablado con él y con el concejo municipal, y están de acuerdo.

La Silla Sur:¿Y en Pitalito?

Fabián Ramírez: Allá el compañero que hemos colocado al frente, que se llama Abraham Cardoso, le ha mandado invitaciones al alcalde y no ha asistido. Yo estuve el año pasado en una reunión con todos los muchachos reincorporados, fueron 127.

Estaba invitado el alcalde para que nos escuchara, invitamos a Naciones Unidas. Pero esa reunión era para que la Comisión de la verdad nos explicara qué es, para que nuestros muchachos entendieran, porque había un resentimiento de “¿será que lo que yo digo me va a perjudicar?” y había como un enredo, una mala interpretación.

Entonces nos propusimos invitar a la Comisión y fueron, nos atendieron, les explicaron y les contamos a los muchachos el avance que llevábamos con los puntos de agrupamiento.

La Silla Sur:¿Cuántos ex guerrilleros están con su idea de irse a esos puntos?

Fabián Ramírez: Son 200 los inscritos. Pero con toda la reglamentación al día y el estudio son 160, más o menos. Esos son los que han entregado sus hojas de vida y hemos hecho un seguimiento de que no vayan a estar metidos por allá en cosas extrañas, que ese es uno de los requisitos.

La Silla Sur:¿Y por qué no se van a los espacios que ya existen? Hay muchos en el sur…

Fabián Ramírez: Muy buena su pregunta. Es que en los espacios no hay un proyecto de vida familiar. En estos espacios hay un proyecto de vida colectivo y los muchachos no ven nada.

Por ejemplo, cuando venía hacia Bogotá me encontré en La Montañita, Caquetá, con un ex combatiente que trabaja con los marranos ahí en el espacio y me dijo que no había plata. Que eso todo se iba para la cooperativa y que le tocaba para la verdura, para la remesa. Me dijo “yo tengo que salir a trabajar. Entonces yo me voy porque ahí le dedico todo el tiempo a los marranos.”

Lleva dos años cuidando marranos y nunca ve plata, y el ex guerrillero necesita tener una entrada para comprar sus cosas.

La Silla Sur: ¿Y usted de donde va a sacar la plata y las tierras para sus puntos?

Fabián Ramírez: Estamos con la comunidad internacional buscando esos recursos. Vamos a empezar a hablar con Noruega, China, España, estamos explicando nuestro proyecto a todo el que nos atienda. Si no nos atienden, ya no es culpa de nosotros, que estamos intentando que estos muchachos no regresen a actividades no agradables.

La Silla Sur: ¿Qué dice la dirección de la Farc de su idea?

Fabián Ramírez: Aquí a Bogotá llegaron dos compañeros, Arbey y Vladimir, le explicaron a Timo la cosa y a él le pareció magnífica. Ahí solo llevábamos como 50 inscritos.

Nos ha apoyado. Hemos seguido una serie de recomendaciones que nos ha hecho, como ver que esos muchachos no estén en situaciones o actos que vayan en contra del compromiso que hemos hecho.

¿Cuál es la dificultad? que la figura de los puntos de agrupamiento no existe. Pero bueno, así no exista, hay una buena intención y más que la figura, es la intención de la gente de hacer su vida y reincorporarse a la sociedad. Eso vale más que cualquier decisión que esté escrita.

Entonces yo creo que si se entiende por lógica esto, nos van a entender.

Y le aclaro. Otro de los requisitos para el que quiera vivir en estos puntos es que tienen que ayudar con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

La Silla Sur: Pues eso es una obligación según el Acuerdo, entonces ¿cómo quiere que ayuden?

Fabián Ramírez: No podemos aceptar a cualquier muchacho allá. Ellos no pueden solo pedir, también tienen que dar. Entonces el requisito es que todo el que llegue a estos puntos y conozca o sepa quien conoce dónde hay personas, o cuerpos, o restos, nos lo informan. Hacemos la investigación, vamos al sitio, tomamos unas coordenadas, averiguamos quiénes son con los demás muchachos y buscamos no a las familias, sino quién es la familia y tener todos los datos para entregarlos precisos a la Unidad.

Si estamos pidiendo, hay que corresponder. Esta es una obligación.

En Cartagena del Chairá había un muchacho y le dije “hermano necesito que si usted conoce de esto, me cuente” y me dijo “pero inscríbame ahí”.

Le dije, “pero hay una cosa, ¿usted sabe dónde hay restos de gente para entregar?” y me dijo “no, a mi no me meta en eso, yo acabo de salir de la cárcel y los abogados me dijeron que no me fuera a enredar con eso”. Le dije “pues entonces tampoco lo voy a meter aquí al punto, porque entonces ¿usted qué va a dar?”.

“A nosotros en la JEP nos van a preguntar por ciertos casos que no nos acordamos o de pronto no sabemos, pero ustedes nos pueden ayudar” y me dijo “no, a mi no me meta en eso”.

Entonces tampoco está pasando la prueba. ¿Ve?

Repito. Ahí no podemos colocar unos muchachos porque sí. Yo entiendo que al reincorporado hay que darle un proyecto de vida, pero tenemos una responsabilidad con las víctimas, que es lo principal en el Acuerdo.

La Silla Sur: Ustedes tienen muchas víctimas a las que le deben verdades y van dos años y siguen esperando algo de ustedes...

Fabián Ramírez: Nosotros estamos trabajando con víctimas en Caquetá, en el río Caguán en un punto que se llama Peñas Coloradas. Ahí tengo 744 familias víctimas de desplazamiento. Les hemos explicado, les hemos ayudado con las vueltas que hay que hacer.

Les digo, “mire hay que ir al Congreso, hay que buscarles con unos senadores para que ustedes tengan una entrevista para que les solucionen esto o lo otro, para que los reparen.”

Aquí hay una responsabilidad del Estado; hay una responsabilidad de las Farc, entonces que las Farc les busque los mecanismos, los acompañe.

La Silla Sur: Pasemos al tema de las elecciones. ¿En qué va su idea de lanzarse a la alcaldía de Cartagena del Chairá?

Fabián Ramírez: Caquetá es mi zona, es mi región, es mi gente. Por lo tanto para mi es bastante satisfactorio ver que la gente lo pide a uno. Yo nunca me he lanzado. La gente me lanzó.

En Cartagena hay 14 núcleos de juntas de acción comunal y ocho me visitaron pidiéndome que sea el alcalde.

Voy a Cartagena porque tengo familia allá, y los máximos representantes del comercio, los que colocan alcalde, me dijeron que querían que fuera alcalde. Me dijeron que ya había administrado gente por años, que sabía gerenciar.

Después los ganaderos me dijeron lo mismo, que querían cosas nuevas. En una peluquería una señora me dijo “ay, usted es el alcalde de Cartagena” y le dije “no, yo no soy” y me dice “pero va a ser”.

Hace poco me tocó ir a la alcaldía para que atendieran a las víctimas a las que estoy ayudando. Apenas entré pregunté que si yo podía ir a esa audiencia y me dijeron “claro, que venga Fabito”, y el secretario de gobierno me dijo “don Fabián, no me vaya a sacar, yo le ayudo aquí en todo”.

Después la niña de planeación también me dijo “no me vaya a mover”. Y entro a la oficina del alcalde y me dice que si le ponemos vidrios oscuros a la oficina. Y le dije “¿Por qué me está diciendo eso?” y me dice “no, es que usted ya es el alcalde”.

Entonces se siente uno orgulloso de que uno no se está proponiendo, sino es la gente la que lo propone a uno.

Si hicimos un compromiso de salir de la guerra a hacer política hay que hacerlo, aunque hay unos impedimentos que van contra mi voluntad.

La Silla Sur:¿Cuales impedimentos?

Fabián Ramírez: Yo estoy en unas listas que imposibilitan adelantar unas cuentas ¿Usted conoce la lista Ofac? (se refiere a una lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de personas con sanciones que prohíben al sistema financiero tener transacciones con ellas)

Yo no puedo tener una cuenta. Y si un alcalde no puede tener una cuenta, ¿cómo hace una transacción? Pero no es que imposibilite eso, porque se puede delegar, pero usted delega eso ¿y cree que ese responsable lo va a aceptar?

Ahí estamos, si eso se soluciona en estos días, cuente que allá vamos a necesitar gente en Cartagena.

Yo estoy dictando una conferencia en la Universidad de la Amazonía a unos alumnos de cuarto semestre de Ciencias Sociales, hace 38 años no entraba yo a un claustro de esos, y unos estudiantes me dijeron, “oiga, mire que un uribista que se va a lanzar a la Gobernación orientó a un grupo de políticos allá en Cartagena y les dijo que se unieran para poner alcalde”, y que me apoyaran a mi a la asamblea.

En la asamblea no se manejan recursos. En las alcaldías sí.

Ojalá todos los sectores políticos nos pusiéramos de acuerdo para sacar un solo candidato, sea donde sea. Porque en la actualidad lo que sucede es que no se hace oposición, se hace guerra y yo estoy contra la guerra.

La oposición ahora hace la guerra y lo que hacen los alcaldes es defenderse en vez de administrar. Hacen la guerra sin necesidad de armas, sino de bolígrafo y leyes. La oposición que vale es poderle decir a usted “madre estás equivocada”, encontrémonos, y si uno hace eso está haciendo verdadera oposición.

La Silla Sur: Aparte de usted ¿qué otros candidatos llevan en el sur?

Fabián Ramírez:

Estamos mirando en San Vicente del Caguán. Bueno, yo lo estoy haciendo porque es un principio natural lo de hacer política.

A mi por ejemplo me han llamado los que aspiran a la gobernación en el Caquetá. Me dicen “Fabián, colaboreme en esto”.

La Silla Sur: ¿Quiénes?

Fabián Ramírez:

Los sectores, los conservadores, los liberales. Ahí estamos trabajando en eso.

La Silla Sur: ¿Pero para buscar una alianza?

Fabián Ramírez:

Para apoyarlos. Hay una reunión el 10 de marzo del consejo regional (de la Farc), para mirar eso de las alianzas en concreto. Es que he estado desconectado con esto de la audiencia, preparándome, me concentré en muchas preguntas hipotéticas. Pero la audiencia fue positiva.

La Silla Sur: ¿Cómo ve la relación entre las bases del partido y la dirección? Se lo pregunto porque se nota que han tenido divisiones.

Fabián Ramírez:

Yo lo que veo es que hay desacuerdos como en cualquier organización. Uno puede no estar de acuerdo, pero eso no indica que uno esté en contra. Estamos haciendo la experiencia de la política y uno haciendo esa experiencia comete errores seguramente. ¿Nosotros cuando habíamos trabajado dentro de la legalidad en la política? Incluso nosotros desconocemos muchas de las manías que tienen todos estos politiqueros que hay acá. Que hacen cosas y se salen rápido. Nosotros si cometemos, ahora tenemos que aprender cómo salir de eso. Entonces hay divergencias, como es normal. ¿En el uribismo no hay discusiones serias? y ellos siguen siendo los mismos.

La Silla Sur: ¿Qué ha sido lo más difícil de aprender a ser un partido?

Fabián Ramírez:

Que nunca nos preparamos ni estudiamos bien qué es eso de hacer política y qué es un partido. Usted sabe que un partido, para que sea partido, tiene que tener un programa definido y aquí los partidos cada cuatro años hacen un programa. Es una característica universal para ser partido.

Dentro de nuestras expresiones decimos que en el mundo no hay partidos. Se dicen ser partidos y cuando hay un partido se convierte uno en politiquero. Eso son los partidos.

Ha sido difícil entender que no hay una reglamentación que nos de las mismas posibilidades a todos. Usted sabe que uno de los puntos de La Habana era la participación política y para eso había cambiar unas cosas para grupos minoritarios, había que sacar la reforma política y no se ha hecho.

Por lo tanto nosotros estamos en algo que parece imposible.

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