Hace una semana se terminó una asamblea del sínodo de obispos en el Vaticano. Ese encuentro de los principales obispos del catolicismo, que giraba alrededor de la familia, tuvo dos participantes de Colombia: además del presidente de la Conferencia Episcopal estuvo la Procuradora Delegada para la Niñez Ilva Myriam Hoyos.
No solo es llamativo que una funcionaria pública haya ido a Roma para una asamblea de la Iglesia Católica (en la que participan altos sacerdotes de otras iglesias cristianas), sino que en los documentos oficiales del evento aparece en función de su cargo, a pesar de representar a un Estado que por Constitución es laico.
Hoyos fue una de los 38 “auditores” del Sínodo, que son laicos que trabajan el tema y asisten sin ser religiosos. Pero a diferencia de Hoyos, los demás eran voceros de asociaciones de familias católicas.
Por ejemplo, estaban los esposos George y Cynthia Campos, de la organización filipina “Parejas para Cristo”; Riyadh Albeer Naoom Azzo y Sanaa Namir Ibrahim Habeeb, de la iraquí “Testigos de vida familiar cristiana en ambiente Islámico”; Ute Eberl, responsable de la pastoral matrimonial y familiar en Berlín; o Jeffry y Alice Heinzen, de la oficina de planificación familiar natural de la diócesis de La Crosse en Estados Unidos.
De los 253 asistentes Hoyos es la única funcionaria pública, o por lo menos la única persona que se presentó con su cargo público.