Por: Santiago Wills
Si la situación actual se mantiene, existe una posibilidad de que en un futuro el Lago de Tota, una de las fuentes hídricas más importantes del país, se convierta en una maloliente charca cubierta de plantas acuáticas.
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Pero las primeras impresiones engañan. Los paisajes de Tota ocultan sus problemas. Muchos de los hoteles, que imitan chalets suizos y cabañas de esquí, vierten sus desechos en el agua. Las elodeas, esas algas verdes, rojas y amarillas, aparentemente pintorescas, son un síntoma del proceso de eutrofización –el enriquecimiento de nutrientes del ecosistema—que poco a poco agota el oxígeno para los peces que aún habitan la laguna. Fertilizantes, pesticidas y desechos orgánicos animales y humanos fomentan el crecimiento de las algas, al tiempo que hacen daño a las 12 aves endémicas y a las 14 aves migratorias que habitan el lago en el curso del año.
Tío Conejo visitó el área hace un par de meses y habló con ambientalistas, representantes de la industria y políticos de la región para tratar de identificar quiénes son los responsables del deterioro del lago más grande del país.
De acuerdo con ambientalistas de la región, hay por lo menos tres graves problemas que aquejan el lago: la eutrofización, producto de los cultivos de cebolla, los jaulones de truchas y parte de la industria hotelera que mató miles e truchas en julio de este año; la contaminación hídrica –el agua de Cuítiba y Firavitoba, dos municipios cercanos al lago, no es apta para consumo humano, según el informe de la Contraloría--; y la extracción indiscriminada de agua.
A esto se suma un cuarto problema que se encuentra relacionado con todos los anteriores: los políticos más importantes de la región tienen intereses en gran parte de las actividades económicas que causan dichos problemas ambientales.
Miembros de las familias Pedraza, Montaña, Cardozo y Torres, cuatro apellidos que se repiten a menudo en alcaldías y otros cargos públicos de Sogamoso, Aquitania y otros municipios aledaños, se encuentran relacionados con la cebolla–una actividad agrícola que mueve alrededor de 300 mil millones de pesos al año según la Contraloría-- o la truchicultura. En ese sentido, la familia Pedraza, un grupo que se asentó en la región hace cerca de 80 años, es ejemplar.
El senador conservador Jorge Hernando Pedraza, un abogado que lleva más de 20 años en la vida pública y que ha impulsado numerosas iniciativas en pro de Tota, posee un cultivo en las inmediaciones del lago, y su hermana Emperatriz tiene dos fincas más. Su primo Diego es el presidente de Asolago, Asociación de Usuarios de Distritos de Riego de Aquitania, Cuítiva y Tota, organización que recibió fondos de Agro Ingreso Seguro en 2009. Entretanto, su hermano Gustavo, con quien el senador afirma haber roto relaciones, participa en un negocio de jaulones de truchas con un empresario agroindustrial llamado Eduard Sarmiento.
El senador Pedraza afirma que su rol como funcionario público no tiene ninguna injerencia sobre los negocios de su familia, y que se ha declarado impedido cada vez que surge un conflicto de intereses.
Ambientalistas de la región, entre tanto, critican que la familia Pedraza y los demás clanes políticos de la región no hagan más por la protección del lago. “Uno se pregunta por qué la familia Pedraza sigue apoyando una situación insostenible,” dijo una fuente refiriéndose a los cultivos de cebolla larga que no son limpios u orgánicos.
El premio y la promesa de cambio
En parte por lo anterior, no es claro que exista una solución para los problemas de Tota. Aunque a menudo surgen iniciativas prometedoras, en general todo vuelve a su curso normal al poco tiempo.
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El 7 de julio de 2012, por ejemplo, la World Wetlands Network (WWN), una organización global compuesta por ONGs especializadas en la protección y conservación de humedales, premió al Lago de Tota con un Globo Gris, un “reconocimiento” al avanzado deterioro de la laguna.
Según la WWN, el lago más grande de Colombia sufre de numerosos focos de contaminación, cada uno de los cuales está contribuyendo a la eventual ruina de esta fuente hídrica, cuya cuenca abastece cerca de 400.000 habitantes. El lago carece de protección estatal, afirmó la organización, y existe una ignorancia generalizada acerca de su importancia ecológica.
A raíz de ese “reconocimiento”, el Lago de Tota ocupó brevemente los titulares de diarios como El Tiempo, El Espectador y BBC Mundo. En parte gracias a la atención mediática, políticos boyacenses convocaron un debate en el Congreso para discutir la laguna.
Se presentaron proyectos académicos para estudiar el estado del lago. Se creó una mesa de trabajo permanente desde el gobierno central, y el senador Pedraza propuso crear un documento CONPES para orientar la planeación en la zona.
Pocos meses después, la embajada de Francia prometió 3 millones de euros (aproximadamente 7.780 millones de pesos) en ayudas para la laguna. Corpoboyacá decretó una cota de inundación mínima para el lago y una ronda de 30 metros de protección alrededor del agua, a pesar de las protestas de campesinos de la zona. Todo parecía apuntar hacia un cambio y ambientalistas locales como Felipe Andrés Velasco de la Fundación Montecito, una ONG de Sogamoso que promueve la protección de la laguna, celebraron los hechos como un posible punto de inflexión en la historia reciente del lago.
Cerca de año y medio después, el balance de ese entusiasmo no es fácil de evaluar. Los estudios académicos revelan que el lago poco a poco se acerca a un punto de no retorno. El gobierno se ha olvidado del tema y un reciente informe de la Contraloría revela de manera exhaustiva la existencia de serios problemas e irregularidades fiscales y administrativas en Corpoboyacá y los demás entes encargados de regular el uso de la laguna.
El documento CONPES es aún una hoja en blanco y por el momento no se ha visto un centavo del dinero prometido por la embajada de Francia debido a demoras burocráticas. La cota y la ronda aún no se han implementado, y, como lo comprobó Tio conejo, resulta sumamente difícil imaginar que algún día se lleguen a implementar, dada la localización actual de los cultivos de cebolla --en algunos casos, los cultivadores han creado colchones de tierra a partir de llantas para poder sembrar sobre el agua cerca de la orilla.
Poco se escucha hablar sobre programas de la Gobernación o de Corpoboyacá para educar a los campesinos que continúan con estas prácticas, a pesar del relativo éxito de grupos como Asoparcela que cultivan cebollas orgánicas.
De hecho, hasta la presente administración, Corpoboyacá era considerado un bastión político que poco parecía preocuparse por hacer algo por la laguna. Miguel Arturo Rodríguez Monroy, el director de la administración pasada, fue cuestionado en numerables ocasiones por la entrega licencias ambientales en lugares protegidos, y era un secreto a voces que nada sucedía en la Corporación sin antes ser consultado con el senador Juan de Jesús Córdoba. “Era muy politizado y era muy difícil hacer algo durante esa administración,” le dijo a Tío Conejo una fuente que trabajó con la Corporación durante el tiempo de Rodríguez Monroy.
El nuevo director, el ingeniero José Ricardo López, parece ser un cambio bienvenido por políticos como el senador Pedraza y por los ambientalistas más importantes de la zona. Varios de ellos le dijeron a Tío Conejo que esperan que López establezca límites a los cultivos de cebolla y trucha. Otros esperan que se ataque lo que consideran el verdadero origen de todos los problemas: la falta de educación. Sólo de esa manera, afirman, tal vez se pueda empezar a dar vuelta a los procesos que en este momento amenazan con acabar el Lago de Tota.
Eso le contaron a Tío Conejo
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