Anoche, después de que el Senado aprobó la prórroga de la ley 418 que permite adelantar las negociaciones de paz y que incluye una proposición añadida a última hora por los uribistas, los grandes medios titularon que le habían tirado “un salvavidas a Luis Carlos Restrepo”, el ex comisionado de paz de Álvaro Uribe, hoy prófugo de la justicia. Pero lo cierto es que el párrafo metido por el Centro Democrático es jurídicamente inocuo. Sin embargo, sirvió para matar tres pájaros de un tiro.
Resulta que en la plenaria de Cámara, la semana pasada, la coalición de Gobierno había logrado aprobar de manera más bien tranquila que los negociadores gozaran de inmunidad disciplinaria para adelantar un proceso de paz.
Era un punto muy importante para Santos porque dada la oposición del Procurador al proceso de paz se corría un riesgo muy grande de que vía una destitución Alejandro Ordóñez terminara descabezando el equipo negociador apelando a cualquiera de los argumentos que ha esgrimido en contra de las negociaciones en La Habana.
El argumento del gobierno es que dado que ya existía en la Ley de Orden Público una excepción penal desde 1997 para que funcionarios expresamente autorizados por el Gobierno de turno se sienten a hablar con grupos ilegales para buscar una salida negociada lo lógico es que también existiera la inmunidad disciplinaria.
El día que la ley se votó en la plenaria de la Cámara algunos representantes de Cambio Radical se ausentaron, al parecer en medio de una protesta contra el Gobierno por temas burocráticos y se habría disuelto el quórum si no fuera porque la bancada uribista le echó la mano al gobierno e increíblemente -con los votos del Centro Democrático- la ley que le da la base a todo el proceso de paz pasó sin problemas.
Anoche fue la votación en la plenaria del Senado. El quórum y los votos de la coalición santista estaban completos, pero en medio del debate la bancada del Centro Democrático le planteó al Fiscal General por qué esa inmunidad penal que existe desde el 2002 en esa ley que estaba a punto de prorrogarse no había beneficiado al excomisionado Luis Carlos Restrepo, ad portas de un juicio por la falsa desmovilización de un bloque de las Farc.
La senadora uribista Paloma Valencia le explicó a La Silla que ellos quisieron centrar la discusión en que “por qué si existe la inmunidad penal, Luis Carlos Restrepo está siendo investigado”.
“Antes no había quórum y estábamos pensando en irnos, y nos ofrecieron (los del Gobierno) que retiraban lo disciplinario si nos quedábamos y ahí inició el tema de la discusión sobre lo penal”, le dijo Valencia a La Silla al ser consultada.
Acto seguido, los uribistas, encabezados por el senador Alfredo Rangel, presentaron una proposición para que los negociadores de paz, además de gozar de las excepciones penales para poder dialogar, puedan solicitar el archivo o preclusión de sus procesos cuando se demuestre que los hechos ocurrieron en cualquiera de las etapas de la negociación. Es decir, en el proceso de acercamientos, en el de los diálogos con los ilegales o en la fase de implementación de los acuerdos.
La senadora Viviane Morales, que como Fiscal General fue la que le abrió la investigación a Luis Carlos Restrepo, denunció que se trataba de un “mico” de los uribistas para tirarle un salvavidas a Luis Carlos Restrepo, que hoy está prófugo, de manera que el exfuncionario uribista pueda solicitar el archivo de su proceso alegando que los hechos sucedieron en medio de una negociación.
Su interpretación fue retomada por la mayoría de medios. “En pocas palabras, una ley presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos podría ser el salvavidas jurídico para Restrepo, que hoy se encuentra fuera del país”, dijo Semana.com. Caracol tituló que “Con ley de orden público se archivaría el proceso penal contra Luis Carlos Restrepo”.
Pero tanto el Fiscal General, como una fuente que tuvo que ver con todo esto por parte del Gobierno, como senadores de la coalición santista le confirmaron a La Silla que la proposición uribista es totalmente inocua y que en nada cambia jurídicamente la situación de Restrepo.
La propuesta de los uribistas fue aprobada con el apoyo de la coalición del Gobierno, y en concreto del senador Roy Barreras (codirector de La U y ponente), quien le pidió a su colectividad que la votara a favor.
Para mayor sorpresa, el fiscal general Eduardo Montealegre (defensor del proceso de paz y crítico de quienes se oponen a él, como los uribistas) presente en la plenaria respondió a una pregunta de los uribistas que la Fiscalía evaluará la posible inmunidad judicial para el excomisionado.
“Esta norma tendrá que ser en su momento evaluada por la Fiscalía General de la Nación y por jueces a la terminación del juicio contra el excomisionado Luis Carlos Restrepo… Porque aquellos hechos que sean desarrollo exclusivo de su actividad como comisionado, si se le ha hecho alguna imputación por hechos que están estrechamente relacionados con el ejercicio de su función en el marco de la Ley 418, pues tendrá que ser un tema que deberá evaluar la Fiscalía y por el juez correspondiente al momento de dictar sentencia”. Fue lo que dijo el Fiscal.
Su respuesta motivó este trino de la senadora verde Claudia López: “Teatro: uribismo insulta a Fiscal por caso Luis Carlos Restrepo. A continuación, Fiscal, ponente y uribismo redactan parágrafo para favorecerlo”.
Efectivamente, el parágrafo presentado por el uribismo fue redactado luego por el senador y ponente santista Roy Barreras y al parecer también por una funcionaria del Gobierno.
A pesar de la oposición de algunos liberales como la senadora y exfiscal Viviane Morales, el grueso de los partidos de La U y Cambio Radical votaron positivamente el parágrafo uribista.
Los uribistas, por su parte, apoyaron de manera unánime al Gobierno al votar positivamente no solo la norma que le da piso jurídico a toda la negociación de paz sino que además, garantiza la inmunidad disciplinaria que blindará a los negociadores de cualquier arbitrariedad del Procurador.
La coalición oficial ya tenía los votos y el quórum para lograr pasar las excepciones disciplinarias sin ningún problema ni ayuda del Centro Democrático. ¿Por qué, entonces, ayudó a aprobar el parágrafo que supuestamente ayudaba a Luis Carlos Restrepo?
Un congresista santista que estuvo en esa movida le explicó a La Silla que lo hicieron porque la proposición “es inane” y porque querían contar con los votos uribistas para el tema disciplinario “como una forma de lograr apoyos al proceso de paz”.
El Fiscal Montealegre también le confirmó a La Silla que “resulta inocua porque ya en el Código de Procedimiento Penal se dice que si aparece una prueba que indique que el comportamiento no es delictivo el proceso se archiva”.
En otras palabras, Luis Carlos Restrepo está cobijado desde el 2002 por la inmunidad penal que establece esta ley que fue prorrogada. El párrafo que metieron los uribistas que dice procesalmente cómo se haría efectiva esa norma es una redundancia de lo que ya existe en el Código de Procedimiento Penal. Nada cambia. La Fiscalía antes de lo que pasó anoche como ahora tendrá que demostrar que Restrepo actuó dolosamente y que sabía que la desmovilización era falsa, y un juez tendrá que evaluar ese argumento para condenarlo o dejarlo en libertad.
La senadora Claudia López dice que, además de Restrepo, políticos como el exgobernador uribista Luis Alfredo Ramos (en juicio por presuntos nexos con paramilitares), podrían verse beneficiados debido a que alegan que se habrían reunido con ilegales para concretar unos beneficios en la Ley de Justicia y Paz.
Tanto el Fiscal General como uno de los funcionarios que trabajó en la redacción de esta norma le explicaron a La Silla que la interpretación de López sobre los parapolíticos no tiene cabida porque esta inmunidad solo aplica para los negociadores que hayan sido autorizados expresamente por el Gobierno de turno para ejercer esas tareas.
El artículo 10 de la ley dice: “La dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.”
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Este artículo existe desde el 2002, antes de que los parapolíticos fueran condenados y ni ellos ni Uribe han salido a decir que esa autorización o esas instrucciones existían. Y sin esa autorización formal no aplica la inmunidad de esta ley.
Hoy en día, en la Oficina del Alto Comisionado de Paz hay un Registro de Autorizaciones muy detallado a las personas que van a hablar con los negociadores en la Habana donde se dice explícitamente a qué van y cuál es el tipo de participación de estos expertos.
Entonces los parapolíticos pueden decir que estaban haciendo “gestiones de paz” pero solo los cobijaría la inmunidad si contaran con una instrucción formal del Presidente para reunirse con ellos y nadie ha demostrado que Uribe los hubiera comisionado para eso.
En conclusión, la proposición del uribismo es inocua jurídicamente hablando. Pero sí puede crear el espacio político para que Luis Carlos Restrepo sea exonerado.
La Silla supo por dos fuentes distintas y con conocimiento de los pormenores del caso de Restrepo que el caso que tiene la Fiscalía contra el ex alto Comisionado es muy débil y que no tiene mucho futuro jurídico.
Como el Fiscal Montealegre no dijo explícitamente durante la sesión del Congreso que lo propuesto por los uribistas era inocuo, quedó la impresión -como se refleja en el cubrimiento de la mayoría de medios- de que la Fiscalía reevaluaría el caso de Restrepo a la luz de la nueva proposición uribista.
Si en unos meses la Fiscalía lo archiva o precluye la investigación, seguramente la interpretación que prevalecerá en la opinión pública es que es el resultado del ‘mico’ uribista.
Si esto sucede, la Fiscalía se salvará de enfrentar una andanada de críticas por haber mantenido a un ex funcionario en el exilio por un proceso quizás injusto.
Al final, la proposición terminó matando tres pájaros de un tiro: al gobierno le sirvió para que los uribistas aceptaran blindar el proceso frente al Procurador; a los uribistas les podría servir para justificar ante sus seguidores que hayan avalado la norma sobre la cual se sustenta todo el proceso de paz; y al Fiscal le podría servir para salvar la cara cuando tenga que archivar la investigación contra Restrepo.