La portada de la revista Semana en su última edición dice: “Petro: ¡No más balcón! Señor alcalde: por favor deje que la justicia actúe sin meterle populismo. Los bogotanos están dispuestos a aceptar el veredicto final, sea cual sea”. Semana teme al populismo chavista y agrega: “su apelación directa al pueblo en estilo gaitanista no es más que un recurso para neutralizar un fallo disciplinario con una supuesta opinión mayoritaria”. El artículo concluye: “pero lo que sí se sabe es que, mientras se llega a un fallo definitivo, es necesario dejar que la justicia actúe sin presiones populistas […]”.
Estoy de acuerdo con dos asuntos del artículo de Semana: Bogotá ha caído en una polarización innecesaria y contraproducente. También creo que debemos seguir con cuidado algunas manías grandilocuentes y desafueros que ha cometido Gustavo Petro. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la crítica de Semana a la movilización política y al uso del derecho por parte de los ciudadanos. La portada parece el llamado al orden y la disciplina del “establecimiento”.
La revista Semana se alineó con la oligarquía colombiana que teme al pueblo porque lo percibe como peligroso e ignorante. “Populacho”, “chusma”, “lumpen” son palabras que han surgido estos días en algunos medios y por parte de la élite capitalina. Así ha sido desde la revolución de los comuneros hasta el paro agrario. Las élites colombianas temen a la movilización popular y la desestimulan por las vías legales o ilegales.
De hecho, en este país santanderista nos inventamos la expresión “vías de hecho” para estigmatizar cualquier movilización social. En una actitud sorprendente, la revista Semana critica la movilización política, máxime cuando es pacífica y democrática. Semana se alineó, tal vez sin querer, con los críticos de los movimientos por derechos civiles, de la primavera árabe y de todo los indignados que se han levantado y se levantan en el mundo.
Ahora hablemos de la visión de la relación entre el pueblo y el derecho que subyace a la intervención de la revista Semana. Los abogados, jueces y procuradores han jugado el rol tradicional de defender la democracia oligárquica colombiana. Gabriel García Márquez narra en “Cien años de soledad” un laberinto leguleyo que crean los empresarios para no reconocer los derechos de los trabajadores de las bananeras:
"Los decrépitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buendía, y que entonces eran apoderados de la compañía bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecían cosa de magia.... Cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca ni tendría jamás trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. De modo que se desbarató la patraña del jamón de Virginia, las píldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores. La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pasó en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos"*
Esta es la narrativa del fracaso del derecho cuando el derecho se hace sin el pueblo y contra sus derechos. Parece ser el camino sugerido por la revista Semana, esperar que luctuosos abogados hagan juegos hermenéuticos sin contar con la ciudadanía.
Sin embargo, una narrativa alternativa nació con la Constitución de 1991. La acción de tutela creó una verdadera revolución política que permitió que el pueblo pudiera acudir a la justicia, y con ello se inició un período de movilización del derecho nunca antes visto en Colombia. Los movimientos sociales como los indígenas, afrodescendientes, desplazados, deudores del UPAC, mujeres, gays y lesbianas, pacientes, trabajadores, personas sin casa, estudiantes embarazadas, víctimas, reclusos y otros muchos excluídos del sistema político han levantado su voz y han logrado el reconocimiento justo de sus derechos a través de la acción de tutela y la acción de los jueces.
No lo han hecho sólo a través de la acción de tutela, sino de una combinación inteligente entre organización, movilización política y acciones judiciales. La historia global y local nos muestra que sin la movilización social y legal muchas personas no tendrían derechos: los negros serían segregados, las mujeres serían inferiores, los gays y lesbianas seguirían siendo criminales, los presos serían tratados como animales, los pacientes serían cadáveres. Muchas de estas tareas están inconclusas, pero renunciar a la movilización sería como renunciar a la política misma.
La movilización del derecho ha hecho de nuestro país una democracia más grande y próspera. Decía el gran jurista alemán Rudolf von Ihering: “la primera y originaria fuente del derecho está dentro del corazón del ser humano”**. Nuestro corazón ha creado un mejor derecho y se ha enriquecido de los derechos que nosotros hemos construido. De hecho, la acción de tutela y nuestros derechos fundamentales son admirados y estudiados por personas de otras latitudes.
El derecho es movilizado por los ciudadanos y en esta acción reside una labor política y creativa. Ese es el sentido de nuestra constitución: “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público” y, por supuesto, del derecho. Necesitamos más ciudadanos que usen las instituciones, pero no como simples espectadores del juego de los jueces y procuradores, sino que también se movilicen en la calle o en las redes sociales. Las instituciones fuertes también necesitan movilización social, la gente es la sangre de las instituciones. Es por ello que las protestas pacíficas enriquecen la vida política, mejoran la administración y nos hacen ciudadanos más críticos y exigentes.
En el caso de Petro, la ciudadanía organizada está haciendo uso de la calle y del derecho. Esto es legítimo y necesario. Más aún, el Procurador y el establecimento están haciendo lo mismo. De hecho, la revocatoria del alcalde es una forma de movilización social legítima que tampoco se puede estigmatizar.
La revista Semana en su deseo de ver a Petro fuera de la alcaldía terminó haciendo una mala caricatura chavista. Despreció a los bogotanos que protestan y nos trató como títeres de un caudillo. Lo más grave aún: se alineó con la oligarquía colombiana que teme al pueblo. Además, alimentó una idea formalista y falsa de separación entre el pueblo y el derecho. No sugiero que se haga todo lo que el pueblo quiera, simplemente propongo que no se desprecie al ciudadano indignado que sale a la calle a reclamar por lo que considera una injusticia.
Punto seguido: Por cierto, algunos medios se están preguntando para qué sirve la movilización social. En este video le responden a Vicky Dávila:
Punto aparte: el pasado 19 de diciembre me reuní en las oficinas de La Silla Vacia con el señor Ronald Valencia para conversar sobre mi última entrada en este blog. El señor Valencia reiteró que no había hecho la amenaza allí descrita. Sin embargo, Valencia se ratificó en su ideología política y religiosa (que relaté en la entrada), y dijo no avergonzarse de ellas. Me comentó también que algunas afirmaciones y calificativos en el texto de mi entrada creaban un "ambiente feo" y que podrían llevar al resentimiento en el plano religioso o político. En esto último estoy en desacuerdo con el asesor del Procurador. Le reiteré al señor Valencia y lo reitero nuevamente: no tengo ningún odio por los católicos tradicionalistas (o conocidos en la opinión como lefevristas) ni mucho menos por los católicos. De hecho tengo un gran respeto por los creyentes de todas las confesiones religiosas y sus valores. Simplemente hice una defensa de los valores democráticos y de las libertades contra el fundamentalismo religioso.
El señor Valencia me invita a conocer a los católicos tradicionalistas y yo por este medio también lo invito a conocer la situación de derechos de la población LGBT. El papa emérito Benedicto XVI escribió: “¿Se puede seguir hablando de justicia y de derecho cuando, por ejemplo, una mayoría, incluso si es grande, aplasta con leyes opresivas a una minoría religiosa o racial?”***. Esto es precisamente lo que ocurre con gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas. En gran parte del mundo, vivimos bajo leyes opresivas que nos niegan los más elementales derechos a vivir libremente y a conformar una familia.
El espíritu del Concilio Vaticano II y posteriormente del papa Francisco es de apertura al diálogo sin fundamentalismo y acogiendo la diversidad al interior de la Iglesia y fuera de ella, incluso, con los no creyentes como lo hizo en diciembre pasado. Espero que católicos como el señor Valencia y todos los que discuten en la vida pública sigan las enseñanzas de la constitución pastoral Gaudium et Spes: “Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial pro el bien común”****. Al menos a mí –que no soy católico– me parece una buena sugerencia.
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* García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Alfaguara. 2007.
** Ihering, Rudolf. ¿Es el derecho una ciencia? Editoral Comares. 2002. p. 67. (Conferencia de 1933).
*** Ratzinger, Joseph. Lo que cohesiona el mundo. En: Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph (2008). Entre razón y religión: dialéctica de la secularización. Centzontle. 2008. p.39.
**** Gaudium et Spes, 43.