Era Forrest Gump el que decía que la vida era como una caja de chocolates donde uno nunca sabía lo que le iba a tocar. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo es como una cajita de chocolates legislativa llena de bombones de diferentes sabores donde hay que escoger cuidadosamente cuales le gustan a uno y cuales no.
A mí, en general, me gustan mucho los bombones de este plan porque me parece coherente, serio y realista. Pero hay uno que me parece particularmente interesante porque aborda el problema mas serio del país que a nadie le importa.
Es el artículo 126 que modifica la forma como la Comisión Nacional del Servicio Civil, la CNSC, contrata los concursos para la selección de los funcionarios de la carrera administrativa. En otras palabras, cambia la forma como se escoge la burocracia gubernamental.
En Colombia la palabra “burocracia” tiene una connotación negativa porque se asimila básicamente a la tramitomanía estatal. Pero la burocracia es en realidad uno de los grandes inventos del mundo contemporáneo. Es la existencia de un cuerpo de administradores públicos, ajenos a la actividad política, cuya responsabilidad es gestionar profesionalmente el aparato gubernamental.
Esto permite la continuidad, independencia y calidad en la gestión pública al desligarla de los vaivenes de la política electoral.
Un servicio civil serio, poderoso y profesional inmuniza al aparato gubernamental del clientelismo, obligando a los políticos a pensar en programas y proyectos no en puestos y contratos.
La constitución colombiana determina que los empleos estatales son de carrera y que se eligen por concurso de méritos, otorgándole a la CNSC la administración del sistema. Es decir ordena la creación de una burocracia estatal meritocrática, independiente y estable.
La razón por la cual esto no es así es un verdadero estudio de caso de porqué en Colombia las buenas ideas no se traducen en buenos resultados. En resumidas cuentas, lo que se llama la carrera administrativa colombiana ni es meritocrática, ni es independiente, ni es estable y sobre todo no es carrera.
Todo gracias a las nobles intenciones de los magistrados de la Corte Constitucional que sin saber muy bien cómo debe funcionar un sistema de carrera administrativa y sin las ganas de averiguar, en las últimas décadas han convertido al servicio civil en un monstruo de mil cabezas.
El almendrón del asunto es que realizar concursos de méritos resulta increíblemente caro y complicado. Deben ser abiertos a los treinta millones de ciudadanos mayores de edad, lo que hace que por un cargo, digamos de profesional especializado, concursen cincuenta mil personas. Llenar tan solo una vacante en una superintendencia por ejemplo puede costar casi veinte millones de pesos. Además del costo, lo cierto es que para un funcionario que aspira ascender a un cargo superior vacante, es decir seguir la carrera, resulta casi imposible por ley de probabilidades quedar de primero en el concurso abierto.
Esto hace que cuando efectivamente se hacen los concursos, que son infrecuentes debido a su costo, quienes tiene la experiencia y el conocimiento en la organización se ven remplazados por un extraño que tuvo un buen día respondiendo un examen. Es como si en el ejército los tenientes concursaran para ser generales, los coroneles estuvieran comandados por los capitanes y los generales compartieran el mando con el subteniente que es un hacha para los exámenes.
Por otra parte la idoneidad y transparencia de los concursos deja mucho que desear. Por ley la CNSC los debe contratar mediante licitación con una universidad acreditada ante ella misma pero por alguna inexplicable razón la Universidad de Pamplona siempre parece salir favorecida. Sí, la misma Universidad de Pamplona que hace poco se vio salpicada en el escándalo de la venta de exámenes a los aspirantes a jueces y magistrados en Nariño.
En otros países el examen de ingreso al servicio civil es abierto a todos los ciudadanos pero el ascenso en la carrera depende del mérito. O sea, como un ejército civil donde ingresan muchos subtenientes y finalizan cuarenta años después un puñado de generales que tienen el mando de las organizaciones públicas.
Lo grave del asunto es que cambiar el sistema es imposible, literalmente. En 2012 la Corte Constitucional determinó que una modificación, así fuese temporal, al régimen constitucional del servicio civil constituía una sustitución de la constitución. Es en serio. En Colombia se puede mediante acto legislativo cambiar el régimen político de la nación pero no se pueden modificar las puntuaciones de los exámenes del servicio civil.
Ante esta catástrofe constitucional autoinfligida la única solución es un cambio incremental. El artículo 126 del PND corrige dos cosas importantes. La primera le permite a la CNSC contratar con el ICFES la elaboración de los exámenes, algo que debería ser obvio pero que durante veinte años no lo ha sido. Y la segunda, ata los costos de los concursos a los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente.
Ojalá que a la Corte no se le ocurra ahora que la tarifa del acuerdo marco de precios es también una sustitución de la constitución.