El país tuvo una sensación de déjà vu la semana pasada cuando el doctor Jorge Pretelt repitió la indagatoria de Santiago Medina, esta vez no ante un fiscal sin rostro, sino en vivo y en directo en una emisora radial.
“Prendió el ventilador” fue la opinión de los comentaristas al escuchar la confesión radial del magistrado, las mismas palabras que había usado Fernando Botero hace casi 20 años para describir la pieza procesal que eventualmente lo metería preso.
Las similitudes, sin embargo, no paran allí. El magistrado también actualizó una frase de la historia colombiana, el “aquí estoy, aquí me quedo”, con una versión más ajustada a los gustos contemporáneos: “si renuncio nos vamos todos”. De hecho la larga entrevista-indagatoria radial fue publicada en varios medios escritos, no en su transcripción literal sino en escolios, a la manera de un Nicolás Gómez Dávila sinuano.
Tiene razón Pretelt en inspirarse en la gesta del presidente Samper para defender su honra y buen nombre. De pronto, si las cosas le salen bien, hasta lo puede reemplazar en la presidencia de UNASUR, aunque primero tendrá que pasar el pequeño pero incomodo escollo de la comisión de acusaciones de la Cámara.
Para su fortuna, sin embargo, las cosas parecen estar dándose. Ya no podrá contar con el jurista Heyne Mogollón como representante investigador, paisano cordobés del atribulado magistrado, pero en su reemplazo se encuentra el doctor Julián Bedoya, cuasi-abogado y ex teniente de la Policía con antigüedad de tres días, debido a que su arma de dotación se escondió sola y a sus espaldas en la cisterna de un baño.
Por otra parte, resulta apenas natural que el doctor Pretelt ejerza adecuadamente su derecho a la defensa frente a la Comisión de Acusaciones, la cual tiene represados 1.570 procesos, de los cuales 1.052 son contra magistrados de las altas cortes. De avanzar el suyo, como lo ha anunciado el representante Bedoya, el doctor Pretelt podrá alegar violación a su derecho a la igualdad: la impunidad debe ser la misma para todos, sin ningún tipo de discriminación.
En todo caso, el problema de la Corte no puede por ahora si no agravarse, a pesar de las actuaciones un tanto improvisadas de los magistrados supérstites, que se quieren sacudir del problema de Pretelt pero no pueden, como el que se le pega un chicle a la suela del zapato.
Para colmos, la negación por parte del Senado de una licencia temporal para el magistrado y la propia negativa de la Corte a sesionar si Pretelt continuaba ejerciendo los puso en un encrucijada irresoluble. Se pintaron así mismos en una esquina como dirían los gringos. A lo cual se le debe sumar el llamado editorial de la revista Semana a que todos los magistrados presenten su renuncia, en una especie de harakiri colectivo, que resultaría en una paradoja de dimensiones cuánticas: todos los magistrados renunciados en la calle y Pretelt, solo, sentado en la Corte despachando tutelas.
Ante semejante descalabro institucional, le tocó al presidente Santos ponerse al frente del asunto y sacarle las castañas del fuego a los magistrados, quienes para el día lunes seguían en improvisaciones, al convocar una rendición publica de cuentas, como si fueran el INVIAS, presumiblemente para explicarle a los colombianos porque no son una parranda de corruptos.
La respuesta presidencial, defendiendo la institucionalidad y advirtiendo sobre soluciones improvisadas de corte radical, es una ratificación del apoyo al proyecto de equilibrio de poderes en versión 2.0 que vendrá en la segunda ronda de trámite legislativo. Es tal vez la mejor alternativa en estas circunstancias, considerando que una renuncia masiva, una constituyente o un revocatoria de las cortes complacería a la galería pero podría generar más problemas de los que pretende solucionar.
A pesar de que la iniciativa trae cambios importantes, como el tribunal de aforados, el aumento de la edad para ser magistrado, el fin del yo-me-elijo-tu-me-elijes, la terminación de las funciones electorales y la liquidación del Consejo Superior de la Judicatura queda la sensación de que se puede hacer más.
Como lo comentó hace unos días LSV, el concurso de méritos para escoger magistrados no es garantía ni de transparencia, ni de idoneidad, sobretodo cuando los concursos los hacen universidades patito como la de Pamplona. El aumento de la edad, vía mayor experiencia, puede ser útil; sin duda acceder a una alta corte debe ser el fin de la carrera profesional y no el principio, pero no resuelve el aberrante espectáculo de un ex magistrado cobrando miles de millones de pesos a una entidad pública para “defenderla” de las decisiones de sus ex colegas.
En este sentido la reforma a la tutela, hasta hace poco un tema tabú, es bienvenida. La posibilidad de tutelar sentencias, algo teóricamente entendible, se ha convertido en la principal fuente de incertidumbre jurídica del país y, como lo demostró el caso de Fidupetrol, en un filón de corrupción judicial infinito. Sería también necesario fijar nuevas reglas de competencia para los jueces de tutela, para evitar por ejemplo que jueces penales municipales acaben tutelando procesos concursales sobre los cuales no tienen ni el más mínimo conocimiento.
Otro tema que no toca la reforma es la roscocracia judicial. ¿Cuántos familiares de magistrados están colocados en el ejecutivo, en la rama y los entes de control? Según la reveladora entrevista de Pretelt parece que no son tan poquitos. Obviamente, muchos serán personas competentes que tienen todos los méritos para ocupar los cargos, sin embargo se debe imponer la obligación de revelar los vínculos de consanguinidad entre funcionarios públicos cualesquiera sean sus origines.
Puede que el 8.000 no hubiera tumbado a Samper, pero si cambió muchas cosas. La Corte Suprema se empoderó e hizo la primera purga de parlamentarios que luego profundizó en el proceso de parapolítica. Se revivió la extradición que culminó con el aprisionamiento de los carteles del Cali y del Norte del Valle y luego con el envío de los jefes paras. De la descertificación se pasó al Plan Colombia y a la normalización de relaciones con Estados Unidos.
Quien sabe, pero es posible que del 8.000 de la Corte también resulte, al final, algo positivo.