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| El Presidente Santos tuiteó esta foto con los generales Mora y Naranjo riéndose en su vuelo a una instalación militar en Rionegro que envía el mensaje de que entre ellos no hay ninguna ruptura. |
La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos no perdió oportunidad para disipar la tormenta causada en las Fuerzas Militares por la ausencia del general Jorge Enrique Mora en la mesa de negociación en La Habana. La estrategia del Presidente de visitar algunas instalaciones militares con el General –incluida una foto en el avión muertos de la risa- ayudó a bajar la tensión. Sin embargo, el incidente revela lo difícil que es el tema de la verdad en todo el debate sobre la justicia transicional.
En la Mesa de La Habana no se está discutiendo la doctrina militar, ni el tamaño ideal del Ejército durante el posconflicto ni mucho menos su control del territorio como han especulado algunos columnistas. Lo que se está discutiendo es cómo podría ser una Comisión de la Verdad, como antesala para discutir una fórmula de justicia transicional.
El Gobierno considera que esta Comisión debería ser un mecanismo extrajudicial, “que haga visible lo ocurrido y contribuya a su comprensión, para que no se vuelva a repetir”, según lo dijo en un discurso el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo durante la visita de Kofi Annan hace un mes.
En esa ocasión explicó que esta Comisión debería ser un espacio en el que participen las víctimas y cuenten lo que les pasó y donde los que tuvieron alguna responsabilidad en el conflicto rindan cuentas.
La fórmula sobre la que ya existe un consenso del lado del equipo negociador del gobierno, pero a la que el general Mora se opone, es que la Comisión de la Verdad debería contribuir a esclarecer responsabilidades colectivas de carácter político, organizacional e institucional de quienes participaron en el conflicto.
El General abogaba por sustraer el elemento institucional porque considera -en la línea del discurso tradicional del Ejército- que las violaciones de derechos humanos que se le puedan atribuir a las Fuerzas Militares son el reflejo de unas “manzanas podridas” y no de un comportamiento institucional.
Al perder el pulso frente a los demás miembros del equipo negociador, Mora optó por retirarse voluntariamente de esa discusión. Seguramente en el siguiente ciclo, cuando el Presidente ha dicho que el general Mora volverá a La Habana, la negociación habrá avanzado a otro punto.
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Las Comisiones de Verdad tienen cuatro objetivos, según explican las expertas Margaret Popkin y Naomi Roht-Arriaza en un estudio comparativo: 1) marcar un antes y un después del conflicto al crear “una versión autorizada de lo que sucedió”; 2) crear una plataforma para que las víctimas puedan contar sus historias y ser dignificadas al ser escuchadas “oficialmente”; 3) recomendar cambios legislativos, institucionales y de otra índole para evitar que se repitan los abusos; y 4) permitir que aquellos que fueron responsables rindan cuentas.
“El informe final de la Comisión es su legado. Es un resumen de los principales hallazgos. Se delinean los patrones de abuso. Más importante aún, el reporte de la Comisión provee recomendaciones para reconstruir la sociedad”, explica el investigador Eric Brahm. “Uno de los aspectos fundamentales del reporte es destacar los factores institucionales que facilitaron el abuso de los derechos humanos”.
Muchas comisiones de la verdad que se han creado en el mundo se han centrado en identificar las responsabilidades institucionales de los actores involucrados en el conflicto en cambio de dar los nombres de los individuos responsables de las atrocidades.
Por ejemplo, la comisión chilena creada para esclarecer los abusos durante la época de Pinochet no mencionó nombres pero sí asignó una responsabilidad institucional a sectores de las Fuerzas Militares. La de Guatemala igual.
En cambio, la de El Salvador –en la dirección que defendía Mora para la de Colombia- especificó que la responsabilidad no debería recaer en la institución sino en los individuos que cometieron u ordenaron actos violentos.
La de Honduras siguió un camino intermedio: se focalizó en la responsabilidad institucional de la cúpula del Ejército y de ciertas unidades especiales o de inteligencia y dio los nombres de quienes las habían dirigido.
Más que la cárcel para los víctimarios, y más incluso que una indemnización económica, las víctimas suelen sentir que la verdad las ayudaría a moverse hacia delante. Por eso, en lo que más insistieron las que fueron a La Habana el año pasado es en que querían conocer la verdad de lo ocurrido a sus familiares.
Sin embargo, para un país en el que se han cometido tantas atrocidades, asimilar la verdad no será un proceso fácil.
En Sudáfrica, por ejemplo, donde las audiencias de la Comisión de Verdad y Reconciliación fueron transmitidas en vivo por radio, la gente del común lloraba escuchando los relatos de los victimarios y fueron esas audiencias las que lograron marcar el comienzo de una difícil reconciliación que aún no se ha logrado del todo.
Después de esas sesiones, ya ningún blanco se atrevió a negar que las políticas racistas del apartheid habían hecho sufrir a millones de compatriotas. Ningún negro pudo negar que en su lucha por la igualdad habían cometido atrocidades contra los blancos.
Y más allá de lo duro que es reconocer individualmente que se ha vivido –muchas veces con indiferencia- en medio de tanto sufrimiento, para las instituciones aceptar la cuota de dolor que pusieron es particularmente complejo.
Las Fuerzas Militares, que representa y defiende el general Mora, son una institución particularmente apreciada por los colombianos de las grandes ciudades, según revelan las encuestas en las que suelen aparecer con una imagen favorable superior al 70 por ciento. Mantener esa popularidad después de una Comisión de la Verdad será todo un reto.
En una Comisión de la Verdad se pondrían en evidencia los vínculos y la acción articulada en algunas zonas entre brigadas del Ejército y frentes paramilitares, que se han documentado en algunos relatos periodísticos o en informes del Grupo de Memoria Histórica pero que no forman parte del relato ‘oficial’; se sabría si los falsos positivos fueron el resultado de incentivos institucionales; se conocería si los seguimientos ilegales a opositores y activistas de derechos humanos fueron una práctica rutinaria de inteligencia militar en algunos momentos de la historia.
A la vez se sabría si estas acciones fueron concertadas con los respectivos ministros o presidentes de turno. Si contaron con la complicidad de los partidos políticos. Si los medios supimos que esto estaba ocurriendo y no lo contamos. Si contó con la bendición de sectores de la Iglesia.
Muchos expertos coinciden en que solo hasta que este tipo de verdades salgan a flote, y duelan y averguencen, inicia un nuevo comienzo y la verdadera reconciliación. Aceptar que esto suceda no es un proceso fácil como ha quedado en evidencia con la ausencia de La Habana del general Mora.