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| La semana pasada arracó el jucio contra la cúpula militar del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, el que ganó el concurso por haber presentado más bajas en combate de todo el país en el 2006. |
De las 817 condenas que hay contra militares involucrados en los mal llamados falsos positivos sólo 6 corresponden a coroneles (no hay ningún general condenado). Sin embargo, desde el pasado viernes 24 de abril, está empezando una serie de juicios que podrían casi duplicar esa cifra de condenas de un solo tajo. y terminar condenando a toda la cúpula del batallón que ganó el concurso de falsos positivos.
Esos juicios son el fruto de la primera investigación que vincula a toda la cúpula de un batallón, y que muestra que el giro que le ha dado el Fiscal General Eduardo Montealegre a la Fiscalía puede llevar a que caigan más oficiales de alto rango para dar con los máximos responsables por estos crímenes. Y así, poner en marcha la estrategia de entender estos delitos como un sistema, su contexto, su modus operandi y los distintos tipos que se han se han cometido en el país.
Se trata de la investigación en contra del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina que, según la Fiscalía, era “un grupo sicarial dedicado a la consecución de víctimas para presentarlos como muertos en combate”.
Para llegar a esa conclusión el fiscal del caso usó la estrategia de la investigación sistemática, algo que se diferencia de los procesos que han dado con las condenas de los seis coroneles que existen hasta la fecha.
A diferencia de muchos fiscales que llevan casos de falsos positivos, el fiscal que conduce la investigación contra el Batallón Pedro Nel Ospina, Luis Fernando Zapata, de la Unidad de Derechos Humanos, arrancó por recopilar los casos de las víctimas atribuidas a este batallón en particular y que hasta ese momento estaban dispersas en distintos despachos judiciales.
Ese proceso empezó aproximadamente hace 7 años. Hoy, con el apoyo de otro fiscal de la misma Unidad, Fabio Rebollón, y un equipo de cuatro asesores y analistas, han logrado armar un prontuario de 36 hechos en los que murieron 71 personas entre diciembre de 2005 y junio de 2007 en manos del Batallón Pedro Nel Ospina.
Ese es el mismo período en el que estuvo al mando del batallón el coronel Edgar Emilio Ávila Doria que desde finales de marzo está detenido en la cárcel de Yarumita en Antioquia por estos hechos. Además de él, la cúpula del batallón también está en la cárcel esperando a ser juzgados, como contó La Silla. Todos ellos están a punto de ser imputados por la Fiscalía por ser coautores de los crímenes y haber dado las órdenes que dieron lugar a estas muertes.
La pluralidad de hechos y que cinco coroneles de un mismo batallón estén siendo procesados casi al mismo tiempo (todos se entregaron a la justicia después de que se profirió una orden de captura en su contra) diferencia este caso de los que llevaron a la condena de los seis coroneles que están pagando penas actualmente.
Hasta ahora, la mayoría de las condenas contra coroneles se han logrado por la investigación de unos crímenes puntuales y no un entramado de hechos.
Así se dio por ejemplo con las condenas del coronel Gabriel de Jesús Rincón (que está pagando 40 años de cárcel por el homicidio de un mototaxista y sigue investigado por los falsos positivos de Soacha); el coronel Wilson Javier Castro Pinto fue condenado a 55 años por el asesinato de dos jóvenes que su tropa hizo pasar como miembros de bandas criminales; el teniente coronel William Roberto del Valle, condenado por la tortura y asesinato de un guerrillero del ELN; y el coronel Juan F. Borja condenado por su participación en 57 casos de falsos positivos que él mismo confesó su participación en esas muertes. Todos ellos presentados como bajas en combate.
Hasta ahora, el proceso más exitoso es el de los coroneles del Batallón de La Popa Hernán Mejía Gutiérrez y la del teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha, (condenados por aliarse con los paras para presentar como positivos a guerrilleros reclutados por los últimos), pero que sólo logró vincular a dos de sus más altos dirigentes.
Pero lo que ahora pretende lograr el fiscal Zapata es atar la responsabilidad de esos 71 homicidios a toda la cúpula. Una investigación ambiciosa que según supo la Silla por una fuente que trabaja muy cerca al fiscal, él priorizó frente a otras investigaciones que también adelanta su despacho para lograr prontos resultados.
La estrategia implica descubrir el modus operandi con el que actuaban, y que según el fiscal, es relativamente simple: a través de informantes y reclutadores (delincuentes, taxistas, finqueros, miembros de la Junta de acción comunal de la comuna 13 de Medellín y los mismos soldados que eran recompensados con premios), el Batallón conseguía a las víctimas. Luego, a través de engaños como ofertas de trabajo, los llevaban hasta el sitio donde se necesitaba hacer una baja y allí, los mataban. Esas operaciones se hacían sobre todo los fines de semana.
Zapata lo ha logrado hasta ahora gracias a los testimonios de los familiares de las víctimas, de las pruebas técnicas de cada hecho y de las versiones que entregaron los militares que están colaborando con la justicia para esclarecer estos hechos. Muchos de ellos están procesados por haber sido los autores materiales de los mismos, como el Sargento William Darley García Ospina, a quien ya Zapata le imputó responsabilidad material en 19 de estos homicidios y que se ha convertido en uno de los testigos estrella de este caso.
“Desde que yo llegué (al Batallón), a mi me informaron (...) que aquí se trabajaba así. Estos hechos sucedían como de costumbre. Era simplemente arrancar en un carro y ya la gente le tenía coordinado todo”, le dijo García a Zapata en un interrogatorio.
Además de eso, el fiscal encontró otras pruebas que vinculan directamente a la cúpula máxima del batallón: los formularios de requisitos que tenían que cumplir los oficiales del Pedro Nel Ospina para poder dar evaluaciones positivas.
Por ejemplo, en el caso del coronel José Zanguña Duarte, que en el 2006 era el segundo comandante del batallón (en una época que tenía el grado de mayor y ya había sido jefe de operaciones), éste les exigía a sus oficiales de más bajo rango cumplir con 30 bajas sólo en el primer semestre del año.
“No dice si tenían que ser legales o ilegales sino que tenían que ser 30 bajas como fuera”, dijo el fiscal en la primera audiencia que se celebró contra esta cúpula el pasado 24 de abril. Y lo lograron: en ese primer semestre del 2006, el Batallón logró 41 bajas.
Zanguña también era evaluado por el Comandante Ávila Doria, que ese año recibió 20 felicitaciones por su comportamiento.
En el folio de la hoja de vida de Zanguña firmado por Ávila se lee: “el evaluador se complace en lanzar un concepto positivo en el indicador de ejercicio en el mando al mayor José Zanguña Duarte, por su excelente conocimiento del personal con el que conduce las operaciones, generando apreciaciones correctas y juiciosas que le permiten explotar las oportunidades y fortalezas del material humano puesto bajo su responsabilidad. Fomentando equipos de trabajo victoriosos y que vienen aunque de manera esporádica haciendo presente en el marcador (...)”.
Ese “marcador” es el que llevaba las cuentas de las bajas en combate y que finalmente, fue el que le dio el triunfo en número de bajas al Batallón Pedro Nel Ospina en todo el país. Pero también es la evidencia de que este Batallón participó en el macabro concurso que terminó con al menos 71 víctimas de falsos positivos.
El pasado fin de semana (viernes y sábado) el juez avaló con esos argumentos la imputación de cargos que presentó la Fiscalía contra el coronel Zanguña, el primero de los cinco que tiene su juicio andando. Se le imputaron los cargos de homicidio en persona protegida de 11 de las 71 víctimas de este Batallón en ese período, secuestro simple, desaparición forzada, porte ilegal de armas, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Además, el sábado Zanguña fue enviado a la cárcel y no se podrá defender en libertad porque fue catalogado como “un peligro para la sociedad”.
Si Zanguña, dijo Zapata, “para llegar al punto en el que se encuentra de su carrera militar, se valió de la comisión de estos hechos, ¿qué más podemos pensar nosotros que hará para sostenerse o para seguir adelante dentro de la misma?”
Estos son los delitos que se imputarán también al resto de la cúpula hoy presa de ese batallón y que está integrada por los coroneles Ávila, la cabeza principal, el jefe de operaciones de entonces Diego Hernán Padilla Ospina y los dos oficiales de operaciones, Segundo Raúl Huertas Ceballos y Carlos Iván Cadena Montenegro. Según la Fiscalía, todos ellos fueron coautores de estos crímenes y así se convirtieron en "una organización criminal".
“(El estado mayor del Batallón) debía supervigilar como era que se estaban ejecutando esas bajas porque de ahí dependía la calificación de los oficiales que tenían a cargo y esa calificación es la que determina, hacia futuro, cómo van a ascender las personas dentro del Ejército Nacional. En esa época, las personas ascendían por bajas. Por eso es que hoy tenemos al señor Zanguña Duarte de coronel, al señor Padilla Ospina de coronel, al señor Huertas Ceballos de coronel”, dijo el fiscal Zapata en la audiencia.
La próxima audiencia en la que están citados Padilla, Huertas y Ceballos se realizará el próximo 8 de mayo. Aunque en la audiencia del pasado viernes también se iba a imputar al comandante del Batallón Ávila Doria, esta se aplazó porque el abogado defensor presentó excusa por enfermedad. Algo que el fiscal descalificó como una artimaña para retrasar el juicio, a pesar de que el ex comandante lo negó.
Pero en cualquier caso, la diligencia con la que se está avanzando esta serie de juicios casi en conjunto demuestra que la estrategia del fiscal Zapata está en plena marcha. En los juicios que se viene promete revelar mucho más de su modus operandi porque aún no se han destapado todas las pruebas que los podrían incriminar como máximos responsables.
Una apuesta que la Fiscalía está tratando de replicar a más casos, como quedó claro con el compromiso del Fiscal Eduardo Montealegre en el marco del foro de víctimas de falsos positivos de hace dos semanas.
“Este año yo asumo el compromiso con el país, de que antes de diciembre, una vez culminemos estas investigaciones, nosotros vamos a tomar decisiones (...) frente a los generales que están siendo investigados. Es decir que aquí asumo un compromiso público y ante el país, de que las decisiones se van a tomar antes de que yo finalice mi periodo como Fiscal”.
Si el Fiscal cumple, y a final de año las investigaciones contra generales empiezan a generar resultados, seguramente el caso del Batallón Pedro Nel Ospina podrá servir como ejemplo para llegar a los máximos responsables de estos hechos.