Por Marc Hofstetter (@mahofste)
Es difícil encontrar políticas públicas en las que no haya consecuencias no intencionadas, daños colaterales que podrían o no haber sido previstos cuando la política se impuso. Por ejemplo, sabiendo que hay pocos eventos tan devastadores para el bienestar de un individuo como perder el empleo, las sociedades modernas tienen seguros de desempleo. A primera vista uno podría estar tentado a darle al desempleado el mismo sueldo que venía devengando antes del despido, mientras consigue otro. Sin embargo, una consecuencia no intencionada de ese esquema es que el nuevo desempleado buscará trabajo con menos ahínco, estará menos dispuesto a aceptar ofertas de trabajo y eso puede terminar aumentando la tasa de desempleo misma. Así, muchas sociedades han convergido a seguros en los que las ayudas decaen sobre el tiempo, o en los que éstas se cortan si el desempleado rechaza ofertas laborales o en las que la ayuda llega sólo a cambio de capacitaciones. Las consecuencias no intencionadas de la política matizan el diseño de la misma.
Otra política bienintencionada podría proponer duplicar el salario mínimo para mejorar la calidad de vida de los empleados. Sin embargo, las consecuencias no intencionadas de la política podrían hacer que muchos trabajadores sean despedidos ante la imposibilidad de contratarlos con esos sueldos. La política le mejoraría la vida a los que no pierden el empleo, pero el daño colateral implicaría que otros ahora estén sin puesto y otros más pasen al sector informal. Una política laboral debe balancear las (buenas) intenciones de la misma con sus efectos colaterales. De nuevo, las consecuencias no intencionadas de la política matizan el diseño de la misma.
En el ámbito policial también hay dilemas. El objetivo de un operativo puede ser capturar a un sindicado. Pero si el sindicado está un bus público y su captura termina con la muerte de varios pasajeros inocentes, el daño colateral nos puede parecer inaceptable. Los operativos policiales suelen tener entre sus prioridades no poner en riesgo la vida de inocentes. Una vez más, las consecuencias no intencionadas de la política matizan el diseño de la misma.
Traslademos los argumentos a las aspersiones aéreas con glifosfato a los cultivos ilícitos. El objetivo de la política es bienintencionado: queremos eliminar la oferta de productos como la cocaína que como sociedad hemos decidido que no queremos que lleguen a nuestras calles. Pero que una política sea bienintencionada no quiere decir que sea efectiva. Ni que no tenga daños colaterales. Sobre lo primero, la efectividad, un estudio de Mejía, Restrepo y Rozo (2015) muestra que hay que asperjar esa hectárea hasta 30 veces para erradicarla y que hay alternativas mucho más eficientes para evitar que esa droga llegue a las calles. El argumento de la efectividad no parece resistir el escrutinio juicioso de los datos.
Y luego está el tema del daño colateral. Teníamos de tiempo atrás indicios que sugerían que las aspersiones en Colombia aumentaban la incidencia de enfermedades dermatológicas y de abortos. Ahora aparecen estudios que vinculan al herbicida con el cáncer. Dada la importancia del tema, Nature presentó un resumen de la evidencia sobre este vínculo. Ante esta nueva realidad el Ministerio de Salud recomendó suspender las aspersiones aéreas con glifosfato. El Ministro de Justicia apoyó la recomendación. El Procurador no; el Ministro de Defensa tampoco. Curioso; dudo que sus despachos le sugieran a un policía detener a un bandido en un bus, si tienen indicios que eso causará la muerte de los pasajeros que lo acompañan. ¿Por qué no miden con esa misma vara las aspersiones? ¿Por qué si el daño colateral es tan grave insisten en la estrategia? ¿No está entre sus principales misiones defender la vida de los colombianos?
Ahora algunos se oponen a la medida argumentado que el sector agrícola usa intensivamente el herbicida. Ojo, nadie ha dicho que ese uso se vaya a prohibir. Lo que se suspendería serían las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos con aspersiones aéreas. El resto, no; vendrá un etiquetado en el herbicida advirtiendo de esta evidencia y recomendaciones sobre su uso para evitar esas consecuencias, como equipos protectores apropiados, mascarillas, etc. Eso es muy diferente a que el Estado, a nombre de todos, asperje por sorpresa unos cultivos y a quién quiera que esté por la zona. La pena de muerte lenta por andar en los alrededores de un cultivo no está en nuestro ordenamiento jurídico.