Entre los casi 300 artículos del Plan de Desarrollo que aprobó el Congreso el miércoles pasado, hay varios que crean un nuevo negocio o mejoran la situación de alguno. La Silla revisó el articulado y encontró estos siete grandes negocios que ganan con el Plan.
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El gas licuado
¿Quién lo metió?
Olga Lucía Velásquez, representante liberal por Bogotá
¿A quién beneficia?
A las empresas de gas en pipetas. Hay tres grandes grupos en el sector, todos de capital chileno afiliados al gremio Gasnova. Son Inversiones del Nordeste, cuyo accionista mayoritario es la chilena Copec; Vidagas, de la también chilena Gasco, y Chilco, de la chilena Lipigas.
¿Por qué?
Una de las decisiones de más contenido social del Plan es prorrogar los subsidios al gas y la energía eléctrica que existen desde 2006. Pero en el caso del gas el Plan fue más allá: si hasta ahora ese subsidio solo servía para el gas que llega por tuberías a las casas, ahora se quita esa restricción. Eso cambia en buena medida el mercado del gas, en el que compiten el gas natural (que se encuentra como gas en yacimientos como el de Ballenas y llega por tubería en las grandes ciudades del país) y el gas licuado del petróleo o GLP (que se entrega en pipetas y es un producto de la extracción de petróleo).
EL GLP sale ganando con esa decisión, que tiene también un contenido social importante, pues mientras el gas natural llega a las zonas urbanas consolidadas, de cualquier estrato, las pipetas se usan más en barrios marginales y pobres (ya sea porque no tienen tuberías o porque con ellas no hay que pagar un cargo fijo, que es costoso para los más pobres).
Y esa no fue la única victoria del GLP. También logró que el permiso para que se usen regalías en proyectos de masificación de gas de uso doméstico, incluya los dos tipos de gas (inicialmente iba solo para gas natural); y que se permita usar GLP como combustible para carros (hoy solo se puede con gas natural).
Las motos pequeñas
¿Quién lo metió?
Alejandro Carlos Chacón, representante liberal por Norte de Santander
¿A quién beneficia?
A los ensambladores, importadores o comercializadores de motos. Entre los grandes competidores de ese mercado están la antioqueña Auteco (con las marcas Bajaj y Kawsaki); Incolmotos (que ensambla las Yamaha); Akt, del cacao antioqueño Manuel Santiago Mejía; y Fanalca, de las familias caleñas Herrera Barona y Losada Salcedo. Esas cuatro marcas venden cuatro de cada cinco motos, y la mayoría son de 125 cm3 o menos.
¿Por qué?
Una de las debatidas contribuciones que aparecen en el Plan, y que podrán aplicar los municipios y distritos si sus concejos las autorizan, son los llamados cobros por congestión o por contaminación, y las sobretasas a los parqueaderos. En los dos casos el Plan dejó por fuera de esos cobros a las motocicletas de motores pequeños (de 125 cm3 o menos), lo que servirá para que las clases medias que ahora tienen acceso a ese tipo de vehículos queden exentos, pero también para que quienes venden esas motos tengan un producto con un atractivo más.
El registro de facturas electrónicas
¿Quién lo metió?
El gobierno, desde el proyecto original
¿A quién beneficia?
A una compañía por definir
¿Por qué?
El Plan deja listo un negocio grande, aunque su beneficiado aún no se conoce: al crear el Registro de Facturas Electrónicas para facilitar el comercio electrónico y el negocio de compraventa de facturas (fáctoring) sobre éstas, dice explícitamente que el Ministerio de Comercio podrá contratar con un tercero su administración.
Aunque no es claro cuánto valdría el negocio, el que diga expresamente que se puede contratar un tercero (lo que incluye un privado) muestra que el Gobierno por lo menos no descarta entregarlo. Más cuando también define que ese registro se va a financiar cobrándole dinero a los que lo consulten, los que pidan registrar ua transferencia de factura y a quienes pidan certificados. Además, determina que el valor de esos cobros lo definirá el Ministerio teniendo en cuenta la inversión para montar el registro, además de los costos de operación. Es decir, está todo establecido para crear el negocio.
La construcción en Bogotá
¿Quién lo metió?
La plenaria del Senado
¿A quién beneficia?
Los grandes constructores como Amarilo o Constructora Colpatria.
¿Por qué?
El enredo del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, que ha llenado de incertidumbre a los constructores después de que el Consejo de Estado suspendió el de Gustavo Petro, tiene una salida con el Plan.
Un artículo que entró en la Plenaria de la Cámara por ponencia del representante de Cambio Radical por el Guanía Carlos Cuenca Chaux, determina que las licencias que fueron expedidas con el POT anterior están vigentes por cuenta de esas suspensión, algo que estaba en duda. Eso ayudaría a desatascar proyectos de vivienda, algo fundamental para el futuro alcalde de Bogotá y para la ejecución del gobierno en cabeza del vicepresidente Germán Vargas, cabeza del partido de Cuenca.
La parafiscalidad ganadera
¿Quién lo metió?
Los ponentes en Cámara
¿A quién beneficia?
Fedegan
¿Por qué?
Fedegan lo maneja por orden legal desde 1989, pero el Plan iba a derogar esa ley, según la ponencia para debatir en la plenaria de la Cámara. De esa manera zanjaría una agria y vieja polémica entre ganaderos, pues hay grandes acusaciones de mal manejo del dinero, que han reforzado varias auditorías de la Contraloría General.
Ese debate tiene también un trasfondo político, pues la cabeza de Fedegan es el ex ministro José Félix Lafaurie, conocido uribista y esposo de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal.
"este>El tercer canal
¿Quién lo metió?
El gobierno, desde el proyecto original
¿A quién beneficia?
A los futuros concesionarios del Canal Uno (posiblemente incluyendo los actuales, que son Yamid Amat y sus socios, Jorge Barón, y Daniel Coronell y sus socios)
¿Por qué?
Uno de los grandes negocios que quedó sin cerrarse en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, y que el primero de Juan Manuel Santos dejó en el aire, fue la licitación para entregar en concesión un tercer canal privado de televisión. En su momento los dos que existen, Caracol y RCN, se atravesaron con todas las armas a esa posibilidad, y lograron congelar el proceso.
Ahora el Plan permite crear un Canal Uno recargado, en manos de menos concesionarios y con mayor flexibilidad para enfrentarse a Caracol y RCN, que son los perdedores acá. Aunque no será un canal privado, pues tiene que usar los equipos públicos de Rctv, en la práctica se acerca mucho a la operación comercial de un tercer canal.
Falta ver quién se quedaría con el negocio, aunque es probable que esté entre por lo menos algunos de los concesionarios actuales del Canal.
La cesión de espectro
¿Quién lo metió?
El ministro de TIC, Diego Molano, y la bancada antioqueña
¿A quién beneficia?
Une-Tigo
¿Por qué?
Para el penúltimo debate del Plan, los ponentes le hicieron caso el Ministro de TIC y metieron un artículo que tiene un beneficiario claro: el Plan permite que un privado le ceda a otro el espectro que tiene concesionado del Estado sin pagarle a la Nación por esa cesión. ese artículo fue muy discutido en las plenarias de Cámara y Senado, y en la conciliación, y en todos esos lugares la defensa más fuerte corrió de parte de congresistas antioqueños, que tiene especial interés porque Une-Tigo es una empresa multinacional con participación del Departamento.
Como Une-Tigo tiene 135Mhz de espectro (producto de la fusión de Une, que tenía 50Mhz, y Tigo, que tenía 85Mh) y está prohibido que una empresa tenga más de 85 Mhz, deben devolver o ceder 50Mhz. Por el contrato de concesión que tenía Tigo, no pueden ceder esos 85Mhz, pero el contrato que tenía Une no es claro en este punto, por lo que hay una duda jurídica grande.
Por eso, el artículo le asegura a la empresa poderle entregar ese especto a un tercero (como la multinacional AT&T, que ya anunció que quiere llegar a Colombia) sin pagarle nada el Estado, lo que le puede representar una liquidez de unos 100 millones de dólares.