Las cartas de la Habana están sobre la mesa

Antes de que arrancaran en forma las negociaciones con las Farc, la guerrilla lo incluyó como negociador plenipotenciario en la Habana. Con la “pequeña” dificultad de que ‘Simón Trinidad’ está preso en una cárcel de Colorado en Estados Unidos, donde purga una condena inapelable de 60 años de cárcel por secuestro. Pero, como se lo reiteró Verdad Abierta el abogado de Trinidad, Mark Burton, “las Farc han dicho que sin Simón Trinidad no firmarán un acuerdo final”.

Esta semana, el Alto Comisionado Sergio Jaramillo dejó saber en una entrevista con la BBC en Londres que le gustaría ver a Trinidad firmando el Acuerdo Final y que han hecho gestiones en ese sentido.

En el Foro por la Paz en España en marzo ya lo había dicho el asesor de la Mesa de la Habana Shlomo Ben Ami cuando preguntado por Trinidad dijo que "Eso ya se ha mencionado en conversaciones con el vicepresidente (estadounidense) Jhon Biden".

Aunque es improbable que Barack Obama acceda a concederle un perdón presidencial similar al que le dio a los cubanos en vísperas al anuncio de normalización de relaciones con la Isla antes de las elecciones presidenciales de 2016, este asunto –que hace unos años parecía muy improbable- ahora parece más posible.

De hecho, según contó el periodista Gonzalo Guillén hace unos años, cuando los tres contratistas estadounidenses Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves estaban secuestrados por las Farc (crimen por el que está pagando condena ahora Trinidad), la entonces senadora Piedad Córdoba conformó un equipo de abogados de alto nivel que se reunió con el Departamento de Estado y con la Embajada de Francia.

Juntos discutieron la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos, que tiene acuerdos de cooperación de manejo de presos con algunos países y con la Unión Europea, sacara a Trinidad a la isla de Guadalupe, que es francesa, para que el guerrillero cumpliera allí su pena a cambio de que las Farc liberaran a los tres estadounidenses y a Ingrid Betancur.

Al final, los contratistas fueron liberados en la Operación Jaque y Trinidad sigue recluido 22 horas al día en una celda de 15 metros cuadrados. Pero, ahora, literalmente podrá ver la luz al final del túnel si las Farc firman un Acuerdo de Paz.

Desde el inicio de los diálogos de paz, la Corte Penal Internacional y la justicia internacional en general, han pesado como una espada de Damócles sobre la negociación. Internamente, el debate sobre qué tanta impunidad para los guerrilleros y militares que han cometido crímenes permite la CPI ha oscilado entre los que consideran que el margen de maniobra para el gobierno es mínimo y los que creen que la Corte Penal Internacional sería incapaz de intervenir en Colombia si se firma un Acuerdo de Paz. Muestran como ejemplo las poquísimas condenas que ha logrado hasta ahora esta corte internacional.

El miércoles pasado, el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, estuvo en Colombia en el foro sobre ‘Justicia transicional en Colombia y el papel de la Corte Penal Internacional’, organizado por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario, la ONU y algunas ONG, y destapó completamente las cartas del Fiscal de la CPI. En su pedagógico discurso, Stewart explicó claramente varias cosas:

1. Que la Fiscalía del CPI está haciéndole un seguimiento regular a las acciones de los máximos responsables de crímenes de guerra por parte de las Farc, Eln, Ejército y paramilitares y a los procesos penales contra ellos. Específicamente, está interesada en los crímenes de carácter sexual o basados en consideraciones de género, los desplazamientos forzados, y los falsos positivos así como el apoyo a grupos paramilitares.

2. Que si la justicia colombiana no se centraba en las personas que podrían tener mayor responsabilidad por los falsos positivos dentro de la jerarquía militar, la Fiscalía de la CPI podría intervenir en Colombia.

3. Que en materia de las penas que imponga la justicia transicional como parte de un proceso de paz, los Estados tienen “amplia discrecionalidad” mientras estas sanciones se impongan y satisfagan los siguientes objetivos: la condena pública de la conducta criminal, el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, y la disuasión de conductas criminales ulteriores.

4.Dentro de esa “discrecionalidad” no estaría ni las amnistías ni la suspensión de la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esto, según el vicefiscal, “implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal.”

5.Si sería compatible con el Estatuto de Roma reducir las penas de los máximos responsables mientras reconozcan su responsabilidad penal, dejen las armas y contribuyan al esclarecimiento de la verdad respecto de los crímenes graves y acepten una “posible prohibición temporal de tomar parte en los asuntos públicos”.

6.Sobre las penas alternativas, que es lo que el Gobierno está contemplando para las Farc, el Fiscal Adjunto dijo que “en última instancia, la pregunta será si, en el contexto de un proceso de justicia transicional, las penas alternativas cumplen adecuadamente los objetivos de las sentencias para los crímenes más graves.”

7.En algunos casos excepcionales, y habiendo razones para intervenir, la Fiscalía podría decidir no iniciar una investigación con el argumento del “interés de la justicia”. “Deberá entonces evaluar si, tomando en consideración la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, existen sin embargo razones sustanciales para creer que una investigación no serviría al interés de la justicia.”

8.Consideraciones relativas a la paz y la seguridad habitualmente están excluidas de los alcances de la fórmula del interés de la justicia en el Estatuto de Roma. Pero el Consejo de Seguridad puede suspender una investigación de la CPI si determina que la investigación podría poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

Aunque ahora parece obvio, cuando arrancó el proceso de paz existía un serio debate sobre si en efecto existía un conflicto armado o una amenaza terrorista, como lo había defendido el ex presidente Uribe durante los ocho años de su gobierno. El tema ha sido despejado, no solo en el discurso oficial y en las encuestas en las que la mayoría de los colombianos aceptan que se haga una negociación con las Farc, sino también a nivel judicial.

Esta semana, en la sentencia que condenó a la Nación por la toma guerrillera a la Base Militar de Las Delicias, ocurrida el 30 de agosto de 1996 en Puerto Leguízamo (Putumayo), el Consejo de Estado indicó que esa actuación no puede calificarse jurídicamente como terrorismo pues se trataron de hostilidades propias del conflicto armado.

“Ese ataque –se reafirma– no puede ser considerado, per se, un acto terrorista, toda vez que se dirigió contra un objetivo militar –la Base Militar en mención– y contra personas que se encontraban participando directamente en las hostilidades –los soldados acantonados en la aludida repartición castrense– quienes, al menos mientras repelieron la agresión de los guerrilleros también haciendo uso de las armas, no gozaban de la condición de personas protegidas en los términos del DIH”, señala la decisión, con ponencia del magistrado Hernán Andrade Rincón.

Esta decisión es crucial para el tema de justicia transicional.

En los últimos meses las Farc adelantaron un proceso de consulta interna que concluyó con la decisión mayoritaria de seguir con los diálogos de paz hasta el final y permitir que sea Santos el que los ejecute. Aquellos jefes que no estaban seguros, decidieron acogerse a la decisión mayoritaria.

De esta manera, la incógnita sobre si todos los frentes estarían unidos para la firma de un Acuerdo Final parecería despejada.

El levantamiento de más de 100 órdenes de captura a Timochenko y su nombramiento formal como negociador así no haya nunca participado en la Mesa de Negociación –asunto que reveló el Fiscal General esta semana y que estaría vigente desde diciembre pasado- facilitará las decisiones que tendrá que tomar el grupo en adelante respecto a la fórmula de justicia transicional que se decida.

Desde que arrancaron las negociaciones se ha pensado en que lo ideal sería que el Eln arrancara una negociación paralela que convergiera con la de las Farc. Esta semana se supo que el último intento de que esto se diera ocurrió a finales de abril cuando el gobierno facilitó un encuentro entre alias ‘Gabino’, jefe del Eln, y ‘Timochenko, jefe de las Farc. El esfuerzo no arrojó frutos.

“Sin embargo, tras el encuentro entre ‘Gabino’ y el máximo jefe de las Farc en La Habana hubo una nueva reunión de los delegados del Gobierno y del Eln en los diálogos exploratorios, y los avances fueron mínimos”, contó El Tiempo. “Incluso, quedó abierta la posibilidad de que no se intente nada más con la guerrilla de ‘Gabino’, con la que se tienen acercamientos exploratorios desde el 2013.”

De hecho, el jueves el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, anunció que se incrementaron los operativos en contra el grupo guerrillero, porque, según el funcionario, “el ELN no quiere la paz”.

El principal obstáculo es que el Eln cree que la negociación debe ser entre el Gobierno y la sociedad representada en una Convención Nacional lo que vuelve muy difícil la definición de un agenda. Además, quiere incluir entre los puntos de la agenda la política minero-energética, que el gobierno ha insistido que no es materia de negociación.

Así las cosas, pareciera que la carta del Eln por lo pronto no estará sobre la mesa.

Una de las incógnitas en este proceso de paz era si los militares lo aceptarían. Durante los primeros años del proceso, hubo una resistencia soterrada de amplios sectores de las Fuerzas Militares que estaban más alineados con las preocupaciones del ex presidente Uribe.

Sin embargo, en los últimos meses todo parece indicar que los militares finalmente aceptaron no solo el proceso de paz sino que ellos entrarán en una fórmula de justicia transicional que están pactando con el gobierno y la Fiscalía.

Su entrada al proceso quedará aún más en evidencia esta semana cuando comience el desminado conjunto entre el Batallón de desminado del Ejército y guerrilleros de las Farc bajo la supervisión de una ONG noruega.