En apenas tres semanas, desde que las Farc rompieron su cese al fuego unilateral, esta guerrilla derramó 284 mil galones de gasolina en la selva de Putumayo, dejó sin luz a cuatro ciudades (Tumaco, Buenaventura, Florencia y Ocaña) y asesinó a un coronel de la Policía (el primero de su rango desde 2012).
Esos atentados están llevando al país a niveles de violencia similares a los que estábamos en 2011 o comienzos de 2012, cuando el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo y 'El Médico' no habían firmado aún el Acuerdo marco que llevaría a instalar el proceso de paz con las Farc en La Habana.
Entre el 22 de mayo y hoy, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) -que monitorea los niveles de violencia en el país- ha registrado 63 acciones ofensivas intencionales que se le pueden atribuir con alguna certeza a esta guerrilla.
Es decir, el triple de lo que habían sumado en los cinco meses que duró su cese al fuego, que según el director del Cerac Jorge Restrepo había reflejado “el nivel más bajo de violencia desde comienzos de los años ochenta”. (El Cerac contabilizó 20 acciones en todo el período del cese).
Si se tiene en cuenta que esa concentración de atentados de las Farc ha ocurrido en solo tres semanas, estamos de regreso a un nivel como los que eran habituales antes de arrancar el proceso de paz en octubre de 2012 (y que solamente igualaron en tres ocasiones, todas durante 2013, desde que están negociando).
La reciente ofensiva de las Farc incluye 12 atentados contra infraestructura petrolera, 11 contra infraestructura de servicios públicos (sobre todo tumbando torres de energía, aunque también volando una planta de tratamiento de agua en Algeciras) y 3 contra vías.
Si ese número de atentados se mantuviera en lo que queda de este año, igualaría las cifras del año récord de violencia perpetrada por las Farc (2002). Y si ese ritmo fuese el de todo un año, duplicaría el año con mayor número de acciones ofensivas de esa guerrilla contra infraestructura.
En total, su ofensiva después de romper el cese unilateral ha dejado un saldo de 8 muertos (siete policías y dos soldados) y 19 heridos (incluyendo 11 civiles, 5 policías y 3 militares). Más de la mitad de esas acciones (37) se concentraron en los departamentos sureños de Cauca, Nariño y Putumayo, donde operan sus columnas móviles.
Esa escalada supuso un salto en los niveles de intensidad del conflicto. La Fundación Paz y Reconciliación -que los monitorea desde hace cuatro años- contabilizó 124 acciones armadas en las últimas tres semanas, una cifra que incluye atentados, emboscadas y hostigamientos de la guerrilla, bombardeos militares o combates entre ambos. Es decir, todas las acciones propias de una guerra.
“Estamos volviendo a niveles similares a 2001, cuando había unas 179 acciones por mes. No hay una ofensiva [de las Farc] en sentido estricto, pero estamos volviendo a los estándares normales de conflicto armado antes de la negociación”, le dijo a La Silla Ariel Ávila, el investigador principal de la Fundación. “Eso significa que el cese unilateral sí estaba funcionando”.
Ese escalamiento de las Farc tras una distensión de cinco meses -ya que el Gobierno también había suspendido sus bombardeos- seguramente contribuirá a aumentar el pesimismo sobre el proceso de paz. Ya está -desde el asesinato de los 11 militares en Buenos Aires (Cauca)- en su punto más alto desde el inicio de las negociaciones.
Aún con la reducción significativa en la violencia que supuso el cese, el número de colombianos que prefieren una salida negociada es el más bajo desde que comenzaron las conversaciones en La Habana (57 por ciento) y el de gente que no cree en ella el más alto también (40 por ciento), según la encuesta Gallup del 29 de abril.
Planteada esa pregunta en términos de optimismo o pesimismo sobre el proceso de paz, el 69 por ciento dijo sentirse pesimista y solo el 29 por ciento optimista, según la encuesta de Ipsos del 4 de mayo.
Esa misma encuesta de Ipsos reflejaba un aumento en la imagen desfavorable de las Farc, que llegó a un 93 por ciento, su punto más alto desde que arrancaron los diálogos en La Habana.
La pregunta es si esta oleada de atentados terminará por reducir aún más la porción de 17 por ciento más de colombianos que están a favor del proceso de paz.
“Nosotros hemos visto que a nivel rural, donde sí se siente el conflicto, la gente veía que el cese estaba funcionando y ahora está perdiendo esa confianza”, dice Ariel Ávila.
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Sobre todo porque esta intensificación del conflicto ocurre en un período preelectoral, en el que los discursos bélicos son más rentables políticamente que los que apuestan a una negociación que por naturaleza requiere paciencia y que, además, está en un momento de definiciones que no son fáciles de asimilar para muchos colombianos.
Como dice María Victoria Llorente, la directora de la Fundación Ideas para la Paz que monitorea temas de seguridad, “lo único que quedó del desescalamiento fue el desminado. Hasta la confianza ciudadana se perdió”.