El cuestionado magistrado Jorge Pretelt le envió una carta a sus colegas en la Corte Constitucional contándoles que se declarará impedido en una demanda clave de tierras de la que depende el emblemático caso de los campesinos víctimas de Las Pavas, por estar él mismo involucrado en un escándalo por presunta apropiación irregular de tierras baldías en otro lugar.
Como contó La Silla, hay dos acciones judiciales cruciales para las 106 familias de Las Pavas el despacho de Pretelt desde hace año y medio. Ambas llegaron hace tres semanas a la Sala Plena de la Corte, donde desataron un tierrero después de que el magistrado Jorge Iván Palacio invitara a Pretelt a declararse impedido por tener un proceso agrario en su contra desde 2008 por Las Gaviotas, un islote en San Bernardo del Viento que sigue siendo baldío de la Nación y donde él tiene una casa.
El argumento de Palacio era que uno de los dos casos habría beneficiado a Pretelt si era fallado como él les anticipó ese día que iría su ponencia. Pretelt se negó inicialmente a declararse impedido, por lo que su otro colega Alberto Rojas le abrió un incidente de recusación para definir si él podía quedar de ponente en los dos casos de Las Pavas o si éstos pasaban a manos de otro magistrado.
Pero, antes de que se resolviera esa recusación, Pretelt cambió de opinión y se declaró impedido en la demanda contra un artículo de la Ley 160 agraria que congela todas las decisiones anteriores que se toman en un proceso de extinción de dominio mientras sale un fallo definitivo de una corte o tribunal. (La tutela puntual por el caso de Las Pavas sigue, hasta donde supo La Silla, en su despacho).
Ese artículo de la Ley 160 fue el que permitió que se frenara la extinción de dominio que había decretado el Incoder sobre varios de los predios que los campesinos de Las Pavas encontraron abandonados en 1997, después de que su actual propietario José Ernesto Macías solicitara un proceso especial de revisión, su última instancia, ante el Consejo de Estado.
Y también es el artículo que permitiría que Pretelt mantenga el uso de su casa-isla mientras le sale a él una decisión final también en el Consejo de Estado.
De modo que, tras la presión de sus colegas, el caso pasará al despacho del siguiente magistrado en orden alfabético. Es decir, Rojas.