La semana pasada chocaron dos de los principales congresistas del Partido Liberal: la ex Fiscal General Viviane Morales anunció que rechazaba varios de los avales de su partido, acusó al ex candidato presidencial Horacio Serpa de haberlos definido por interés puramente electoral, y renunció a su cargo en la dirección del partido. El momento que eligió Morales para renunciar dejó claro no solo que el proceso de entregar avales fue enredado, sino que la puja roja para las elecciones de 2018 no va a ser sencilla.
La salida de Morales fue el epílogo de un pulso de más de un mes dentro de la codirección, compuesta por seis senadores y seis representantes a la Cámara y que tenía entre sus funciones definir quién ganaba los avales, en conjunto con los congresistas de cada departamento.
La pelea empezó cuando, a principios de abril, el liberalismo se comprometió a entregarle el aval a la gobernación de Antioquia al ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez. Incluso circuló un comunicado dándolo por hecho, que llevó a la senadora y codirectora Sofía Gaviria a oponerse.
Al final a Gaviria le tocó sentarse en una mesa con Pérez a fines de abril, cuando el partido entregó cartas en las que se comprometía a avalarlo a la Gobernación y al ex senador Eugenio Prieto, del mismo grupo político de Gaviria, a la alcaldía de Medellín - pero, después de recibir críticas por esa foto, salió públicamente a recordar que se opuso al aval a Pérez.
Igual el choque continuó, con los senadores y codirectores Édison Delgado y Viviane Morales alineados con Gaviria en varios avales. Especialmente dos.
Delgado impulsaba la entrega del aval a la alcaldía de Cali al ex congresista Roberto ‘Chontico’ Ortiz, una decisión que tenía lógica política (Ortiz tiene una estructura de base allá, está de segundo en las encuestas, fue el candidato más votado el año pasado fallido intento de saltar de la Cámara al Senado y siempre ha sido liberal) pero que se enfrentaba a la aspiración del concejal Carlos Clavijo, impulsado por el destituido ex gobernador Juan Carlos Abadía y sin mayor intención de voto ni estructura política. Es decir, se jugaba la posibilidad de que el liberalismo tenga un candidato fuerte en la tercer ciudad del país.
El otro aval que armó revuelo fue el de la gobernación del Atlántico que, como contó la Silla Caribe, estaba entre el ex gobernador liberal Eduardo Verano de la Rosa y Jaime Pumarejo, la ficha de la familia Char (de Cambio Radical).
Morales defendió públicamente la aspiración de Verano, en contra de la posición de los congresistas del departamento, el senador Álvaro Ashton y el representante Mauricio Gómez Amín.
La tensión se mantuvo hasta el punto de que hace un mes Gaviria y Morales dijeron que estaban pensado en renunciar a la codirección. Al final la codirección decidió delegar la definición de los avales en Serpa y Amín (que estatutariamente son los dos directores), para que los otros 10 congresistas no estuvieran en todo el trámite sino que solo fueran un comité consultivo.
Según una fuente cercana a Serpa, se siguieron reuniendo frecuentemente y el norte siguió siendo armar el consenso más amplio posible. En cambio, según dos fuentes cercanas a Gaviria y a Morales, se armó un bloque mayoritario entre los representantes a la Cámara y Serpa, que empezó a imponer decisiones.
Al final, el miércoles Ortiz recibió el aval y Verano lo recibirá en los próximos días. Pero esas decisiones no fueron suficientes para evitar la sonada renuncia de Morales a la codirección y sus señalamientos públicos de que los avales se entregaron sin criterios éticos y centrándose en los potenciales resultados electorales.
Además del aval a Luis Pérez, entre algunos liberales han causado molestias otros, porque los avalados no tienen experiencia política ni administrativa y son familiares de congresistas locales o porque se trata de personas con cuestionamientos e investigaciones abiertas.
Para el caso de los familiares, han causado molestia el de Ronald, hermano del representante Jack Housni, para la Gobernación de San Andrés; y el de Reynaldo, el muy joven hermano de la representante Argenis Velásquez, en Putumayo.
Y entre los investigados avalados están el ex congresista del PIN Didier Tavera, investigado por homicidio, a la Gobernación de Santander (con el impulso de Serpa); el de la ex alcaldesa de Yopal Fernanda Salcedo, quien fue sancionada por la Contraloría por un contrato de salud que firmó siendo alcaldesa pero se puede lanzar porque pagó la multa, para su reelección; y el de Álvaro Pacheco, quien tiene un proceso penal en segunda instancia por parapolítica, a la de Caquetá.
Esas molestias, sin embargo, no rompieron la unidad del partido porque en los departamentos solo hay un congresista o grupo con congresistas, éste puso a sus fichas (como en Cauca, en Huila, en Bolívar, en Córdoba o en Norte de Santander); y en los que hay más de uno como Valle, Santander, Antioquia y Bogotá, quedaron con candidatos los diferentes grupos políticos.
Y esa unidad es fundamental para el futuro del partido.
.jpg)
Como todos los partidos, los liberales esperan aprovechar las elecciones de octubre para aumentar el tamaño de su torta de poder. Para el caso liberal, la apuesta es pasar de ser la cuarta fuerza más votada a Senado, a convertirse en la segunda y la más grande de la Unidad Nacional.
En concreto, esperan quedarse con 19 gobernaciones (Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Antioquia, Chocó, Cauca, Tolima, Santander, Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada y Sucre) y estar en las coaliciones ganadoras en otros cuatro departamentos (Norte de Santander, Quindío, Córdoba y Boyacá). Es decir ganar directamente más de la mitad y estar en el poder en tres de cada cuatro Gobernaciones.
Además, le apuntan a 22 de las 33 capitales (Bogotá, Riohacha, Valledupar, Santa Marta, Sincelejo, Montería, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Quibdó, Manizales, Armenia, Pereira, Florencia, Mocoa, Leticia, Mitú, Puerto Inírida, Puerto Carreño, Tunja, Ibagué y Neiva).
Para lograr esa meta sumaron dos cosas.
Una fue la entrega de avales a los consentidos de los congresistas, lo que en varias regiones significó tener como criterio principal la posibilidad de ganar (y de ahí los avales criticados).
La segunda fue armar una estrategia nacional que coordinó el secretario general, el sucrense Héctor Olimpo Espinosa.
Contraron a un director de publicidad (Carlos Méndez, gerente general de la agencia de publicidad gran Comunicaciones), una de investigaciones (Verónica Pinto, ex directora de las encuestas polimétricas de Cifras y Conceptos, ex secretaria privada de Cristina Plazas en el Icbf, miembro de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos e hija del director de fútbol Jorge Luis Pinto y un estratega político (Diego Corrales, quien ha asesorado varias campañas políticas y lo hizo con Sofía Gaviria el año pasado).
Pinto y Corrales coordinaron, en una primera etapa entre mayo y junio, la elaboración de 3 mil encuestas en 22 ciudades y 20 grupos focales en seis regiones, para definir qué piensa y siente la gente cuando le hablan del liberalismo.
Luego, con Méndez, armaron la marca que se presentó la semana pasada, y que se centra en el lema “oportunidades para todos”, que ya están usando candidatos como Rafael Pardo en Bogotá.
Si lograran todas sus metas, el Partido Liberal sería de lejos la fuerza más poderosa en Colombia. Aún si logran solo la mitad de lo que se proponen, seguramente quedarán como la segunda o tercera más grandes.
Y se ganan algunos de los cargos con más visibilidad, presupuesto y capacidad de mostrar resultados, como las alcaldías de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y las gobernaciones de Atlántico, Antioquia, Santander y Bolívar, tendrán además una plataforma para el objetivo que está más allá: la Presidencia.
Si en algo hay consenso entre los rojos, según seis altas fuentes del partido, es en que el horizonte detrás de toda la estrategia es tener candidato propio para volver al poder en 2018, 20 años después de haberlo tenido por última vez.
Para eso, y según cinco fuentes del partido, hoy se ven seis potenciales candidatos: los senadores Juan Manuel Galán, Luis Fernando Velasco y.Viviane Morales, el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, el ministro de Interior Juan Fernando Cristo y el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria.
Una sexta fuente opina que están los cinco primeros y no Simón, quien es el único de los seis que no está en el Senado ni tiene allí un familiar (Gaviria tiene a su hermana Sofía y Cristo a su hermano Andrés), pero a la vez es el más conocido de ellos. Él siempre ha dicho que está tan joven que no tiene afán en ser candidato en el 2018.
Dos de ellos tienen tiene una ficha directa en estas elecciones: Velasco a su su hermana Jimena, que es la ficha roja a la alcaldía de Popayán, y Aníbal Gaviria (que como alcalde tiene prohibidom hacer política) tiene al ex senador Eugenio Prieto en la de Medellín.
Cristo, quien como Ministro no peude hacer política, no puso candidato en su departamento (el candidato que van a apoyar los liberales es el ex gobernador William Villamizar, de La U) ni en Cúcuta (lo hizo el representante Alejandro Carlos Chacón) pero sí en la vecina Villa del Rosario y en otros municipios cercanos.
En cambio, Simón Gaviria (quien tampoco puede hacer política), Galán y Morales no tienen grandes fichas propias en octubre - aunque Gaviria podría tener a varios amigos, como Rafael Pardo en Bogotá, y con su renuncia a la codirección, Morales ha vuelto a sonar en medios.
En todo caso, ninguno de los seis tiene el reconocimiento de quienes ya han sido candidatos presidenciales y están en el partidor para 2018, como la conservadora Marta Lucía Ramírez, el uribista Óscar Iván Zuluaga o el vicepresidente Germán Vargas.
Por eso los resultados de octubre son tan importantes, pues le darían a cualquier candidato rojo una plataforma amplia. Y la apuesta es que sea mayor que la conservadora, la del Centro Democrático y la de Cambio Radical, los partidos de esos tres pesos pesados.