Este lunes la Policía capturó a cuatro directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, incluyendo a su mayor accionista Benito Molina Velarde, por compras irregulares de tierra en alianza con los paramilitares y por ser uno de los mayores propietarias de terrenos que alguna vez fueron despojados a campesinos y que ahora se encuentran en proceso de restitución.
Lo que no se ha mencionado es que el Fondo Ganadero está en el ojo del huracán por prácticamente todos los tipos de irregularidades que hay en temas de tierras, incluyendo la apropiación ilegal de baldíos que pertenecen al Estado (es decir, por haberle hecho trampa al Incoder con los terrenos que se reservan para campesinos sin tierra) y por acumulación indebida de antiguos baldíos que tuvieron ese mismo origen, a la manera del 'modelo Riopaila'.
Hasta ahora la Unidad de Restitución ha presentado demandas contra el Fondo Ganadero -que en su momento fue uno de los más importantes del país- por haber comprado, como documentó Verdad Abierta, más de 4 mil hectáreas de tierra en el Urabá antioqueño. Esas tierras fueron despojadas por el clan de los Castaño -con ayuda de su cuñada Sor Teresa Gómez- y luego entregadas al Fondo. Restitución calcula que sólo en Turbo hubo 800 familias desplazadas.
Pero ahí no paran los líos de tierras del Fondo. En abril pasado, el Incoder recuperó cuatro terrenos baldíos -y, por lo tanto, propiedad de la Nación y destinados a la reforma agraria- que habían sido fraudulentamente entregados al Fondo en Turbo. Lo había logrado con falsas resoluciones de adjudicación en la época del antiguo Incora, usando papelería y firmas irregulares pero que se habían validado.
Y también es una de las 13 empresas que el Incoder demandó, en tiempos de Miriam Villegas, por apropiación de antiguos baldíos, usando estrategias jurídicas similares a las de Riopaila Castilla, Mónica Semillas y Poligrow para saltarse los topes legales en la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
Esas fueron las investigaciones que, como ha contado La Silla, terminaron costándole el puesto a Villegas y su subgerente de tierras Jhenifer Mojica después de que el Gobierno cambiara de opinión sobre un trabajo que habían adelantado el Incoder, Supernotariado y el Ministerio de Agricultura.
En particular, el Fondo acumuló irregularmente 3770 hectáreas originalmente destinadas para campesinos sin tierra en Turbo y Necoclí, donde la UAF es de 68 hectáreas, como consta en el informe final de gestión de tierras del ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo. Esas 3770 hectáreas son parte de las que están en proceso de restitución.
El Incoder presentó una demanda de nulidad contra las compras del Fondo en junio del año pasado, que inicialmente fue devuelta por el juez por considerar que no debían juntarse todas las compras en un caso y que fue vuelta a presentar en noviembre. Actualmente está en el Juzgado Civil del circuito de Montería.
La foto de portada es parte del trabajo fotográfigo de Stephen Ferry para el informe sobre restitución de tierras de Human Rights Watch.