El viernes pasado un tribunal de arbitramento le dio la razón a los operadores privados de basuras en el tema de quién es el dueño de los camiones de aseo, uno de los puntos que seguían pendientes en la que quizás fue la mayor batalla de toda la alcaldía de Gustavo Petro. Con esto, el Alcalde sufre una nueva derrota en un tema en el que invirtió buena parte de su capital político.
La pelea arrancó a fines de 2012, cuando la administración Petro decidió sacar a los privados del negocio y les exigió entregar al Distrito los vehículos que usaban para recoger la basura.
Su argumento era que en los contratos de concesión como el de basuras, los privados debían devolver al Estado los bienes que les fueron concesionados, lo que se conoce como reversión.
Los operadores siempre han dicho que no hay tal reversión en los contratos de aseo, porque a diferencia de la concesión de una carretera o de un aeropuerto, el Estado no puso los carros para que los privados los operaran.
Esa puja fue la que terminó con la Administración usando volquetas a las carreras, cuando Petro cambió el esquema de basuras en diciembre de 2012 pero no logró que los privados le entregaran los carros. Y como no se los entregaron, les cobró lo que valían a juicio de un avaluador que contrató el Distrito. En total, 32 mil millones de pesos que los privados no han pagado porque consideran que no tienen por qué.
Aunque el asunto bajó de temperatura, no se acabó en 2012. Como contó recientemente El Espectador, quedó abierta una pelea jurídica para saber si las cuatro empresas privadas (Lime, Atesa, Aseo Capital y Ciudad Limpia) tenían que entregar los vehículos: el Distrito inició en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca procesos ejecutivos para hacerles esos cobros, mientras los cuatro privados convocaron tribunales de arbitramento para tumbarlos. Los tribunales de arbitramento no los componen jueces, sino abogados que se ponen la camisa de árbitros porque así lo deciden las partes de un pleito al momento de convenir un contrato.
En junio, el Tribunal emitió un primer auto en el que le ordenó a Atesa pagarle al Distrito. Y Petro lo anunció en Twitter como una victoria, hablando incluso de condena a la empresa de William Vélez
Violentaron el derecho al saneamiento básico y ahora la justicia los condena. Teníamos razón en defender lo público pic.twitter.com/tcIfJoVeNU
— Gustavo Petro (@petrogustavo) junio 19, 2015
Tribunal admon d cun/marca ordena a empresa Atesa d aseo d William Velez pagar 7.000 millones a Bogotá por no revertir bienes d la concesión
— Gustavo Petro (@petrogustavo) junio 19, 2015
En realidad, ese auto era apenas el inicio de un proceso ejecutivo, que -si bien es un proceso corto- aún no se ha acabado.
Y que, como revela hoy La Silla, ya no va en una victoria sino en una derrota de Petro: a mediados de julio el auto contra Atesa se cayó porque el mismo Tribunal estudió el recurso de reposición que ejerció la empresa y encontró que, por motivos técnicos (a la Alcaldía le faltó un documento en la presentación de la demanda y no ejecutó a la aseguradora del contrato) el proceso se debía caer:
2015-819 Resuelve Recurso de Reposicion by lasillavacia
Aunque ese problema eventualmente se puede subsanar, lo que sí deja sin piso a los cobros es una decisión de fondo de un tribunal de arbitramento que diga que el Distrito no tenía derecho a recibir los carros o a cobrar por ellos. De ahí lo importante de la decisión de este viernes.
Esencialmente (porque la discusión es larga y compleja), la decisión recuerda que la reversión es automática en los contratos de explotación o concesión de bienes del Estado (como los de un oleoducto o una carretera) y que los contratos de aseo sí son de concesión, pero no de un bien sino de un servicio.
Además, dicen que los contratos podrían haber incluido esa reversión, como se hizo para “el software, plataformas y desarrollos tecnológicos asociados" (que de hecho ya entregó la empresa) pero que no incluyó a los camiones.
Ciudad Limpia - Laudo Septiembre 4 by lasillavacia
Aunque faltan las decisiones de los otros tres tribunales de arbitramento (en los que también hay otros abogados reconocidos y expertos en contratación pública o derecho comercial, como el ex magistrado de la Corte Constitucional Alvaro Tafur Galvis, la ex consejera de Estado Consuelo Sarria o el ex Supersociedades y ex Superbancaria Jorge Pinzón Sánchez) y contra un laudo cabe un recurso de anulación en el Consejo de Estado, para Petro la del viernes es una derrota más fuerte que la victoria de junio.
Sobre todo, si es el preludio de una seguidilla de decisiones en su contra en uno de los asuntos más visibles y polémicos de su administración y justo al final de ésta. Quizás por eso o coincidencialmente, ayer el alcalde de Bogotá trinó fuertemente contra los tribunales de arbitramento.
Circular e a todas las dependencias del Distrito: no mas tribunales de arbitramento privados para dirimir la contratación pública
— Gustavo Petro (@petrogustavo) septiembre 10, 2015
Hay una profunda tendencia de corrupción en los tribunales privados de arbitramento en contra del interés general y el Estado
— Gustavo Petro (@petrogustavo) septiembre 10, 2015
Esos trinos encajan en su discurso de defensa de lo público pero resultaron sorpresivos porque no explicó por qué lo hacía y sobre todo, porque la toma cuando solo le quedan cien días de alcalde. De pronto la explicación esté en este fallo.