Estas son las entidades para la paz

Salas de la jurisdicción para la paz

La jurisdicción especial tendrá una fase inicial que consiste entre tres salas y un órgano de investigación, que son los envargados de llevar al Tribunal los casos tanto de quienes aceptan que comoetieron delitos en el marco del conflcito como de quienes no lo aceptan. No se ha definido cuántos miembros tendrán, si deberán ser abogados o no, si tendrán el rango de magistrados u otro ni cuáles serán sus ingresos o el equipo total de trabajao. De hecho, podrá definir autónomamente cuánta gente necesita para ajustarse a lo que resulte necesario, por lo que puede temrianr siendo una entidad pequeña y eficiente o un gran monstruo.

Si esas tres salas tienen en total 20 magistrados (algo que no es seguro, pues ni siquiera es fijo que deban ser abogados) pueden costar unos 6.000 millones de epsos al año. Y si el órgano de investigación no tiene que investogar sino recoger los datos de la Fiscalía, la Procuraduría y otras fuentes, y producir acusaciones con esos datos, podría costar una décima parte de lo que vale cada año Dirección Especializada de Justicia Transicional (que sirve para revisar el costo, pues tiene funciones similares a la del órgano pero para Justicia y Paz y con investigadores), costaría unos 20 mil millones de pesos más.

No se ha avanzado porque aún falta incluso por terminar el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre el punto de la justicia transicaional.

Tribunal de paz

Será el tribunal ad hoc que emitirá las sentencias de los procesados en la jursdicción especial para la paz, es decir, de los hechos vinculados al conflicto. Tendrá 20 magistrados, repartidos en tres secciones, más los abogados asesores y demás funcionarios judiciales que se necesitan para sacar adelante los procesos.

Un cálculo muy por encima daría algo similar a lo que cuesta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (que tiene 23 magistrados y alrededor de 300 funcionarios en total): unos 6 mil millones de pesos al año.

No se ha avanzado porque aún falta incluso por terminar el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre el punto de la justicia transicaional.

Entidad nacional de tierras

Gran parte del éxito del acuerdo agrario y del de drogas girará en torno a que los campesinos puedan tener acceso a la tierra y que mejoren sus condiciones de vida. Por eso la importancia de esta entidad que manejará el nuevo Fondo de tierras para repartirle parcelas a los campesinos sin tierra y a los que erradiquen voluntariamente la coca. Esta entidad -que puede ser nueva o resultar de una restructuración del Incoder- se encargará de todas las gestiones de acceso, formalización y administración de tierras en el país y en particular de cuatro tipos de procesos agrarios: la titulación de baldíos a campesinos sin tierra, la formalización de predios a campesinos que no tienen títulos formales sobre su tierra (incluyendo los que necesiten clarificaciones de linderos y desenglobles por sucesiones familiares), la extinción de dominio a los narcos y a quienes tienen tierras ociosas, y la recuperación de baldíos robados al Estado (incluyendo aquellos en playonas y ciénagas). Todos esos procesos (a excepción de la titulación de baldíos) pasarán de esa etapa administrativa en esta entidad a manos de un juez, que tendrá la última palabra y siguiendo un modelo parecido al que hoy rige la Unidad de Restitución de Tierras.

Un cálculo por encima es que la entidad de tierras podría tener un presupuesto un poco menor al del Incoder, que actualmente se ocupa de los temas de tierras y de desarrollo rural y que en 2015 manejó 404 mil millones de pesos. Aunque tendría solo parte de las funciones que hoy tiene el Incoder, la nueva entidad se ocuparía del Fondo de tierras que -siendo crucial para la implementación de dos de los acuerdos de La Habana- supondría una ejecución mucho más ambiciosa y necesita presupuesto para temas como compras de tierras.

Aún no se ha definido el diseño que tendrá la entidad o si esas tareas quedarán en manos de un Incoder reformado, pero -como contó La Silla- uno de los aterrizajes de La Habana que vino con el Plan Nacional de Desarrollo que aprobó este año el Congreso es otorgarle al presidente Santos las facultades extraordinarias para organizar este tema. Eso significa que el proceso será mucho más expedito, ya que no tendrá que pasar vía proyecto de ley por el Congreso. La Misión Rural, el grupo de expertos del sector agrario que convocó Santos y que lidera el ex ministro José Antonio Ocampo, ya tiene casi lista una propuesta de esa entidad que le entregará al Presidente en noviembre. Y luego el Gobierno tendrá que decidir.

Jueces agrarios

Para lograr resolver los conflictos que surjan de aquí en adelante sobre tierras, el acuerdo entre Farc y Gobierno contempla una nueva jurisdicción agraria, con lo que la solución de todos los conflictos surgidos –que están hoy en manos de jueces civiles y del Consejo de Estado- pasarían a jueces especializados en el tema agrario. El problema es que la jurisdicción agraria, que existe en el papel desde 1989, nunca se ha desarrollado por falta de presupuesto para nombrar jueces especializados en el tema: si la idea era crear 52 magistrados y 115 jueces, solo hubo 6 magistrados (en salas agrarias de los tribunales de Antioquia y Cundinamarca) y tres jueces especializados en Antioquia, y en 1996 se suspendieron esos cargos. La idea es que los jueces agrarios resuelvan los casos de extinción de dominio, formalización de la tierra y recuperación de baldíos robados que hacen su proceso administrativo en la entidad de tierras, siguiendo el modelo que creó la Ley de Víctimas para la restitución de tierras (donde la Unidad de Restitución documenta el caso y los jueces y magistrados especializados en restitución los fallan).

Para el próximo año, cada juez de restitución de tierras costará más o menos 400 millones anualmente y cada sala de tres magistrados costaría unos 1500 millones. Si se conformara una sala por cada uno de los 32 tribunales que hay en el país, significaría una inversión de 48 mil millones. Y si se creara el mismo número de jueces que se contemplaba en 1989, es decir 115, se necesitarían otros 46 mil millones por año.

Al interior del Gobierno se alcanzó a discutir si el tema de la jurisdicción agraria debería quedar en el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que al final no sucedió.

Sistema de seguridad alimentaria

El acuerdo agrario crea un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional para la población rural, que estaría conformado por consejos departamentales y municipales de alimentación y nutrición -en los que tendrían representación el Gobierno y las comunidades- para definir lineamientos para la puesta en marcha de políticas alimentarias y nutricionales. Esto dado que hoy en día el campo tiene los peores niveles de desnutrición y además se suele comer de manera muy poco balanceada. (Aún hay una diferencia no resuelta entre las Farc y el Gobierno en este punto, ya que la guerrilla habla de 'soberanía' y el Gobierno de 'seguridad')

En el Congreso está en curso un proyecto de ley presentado por el Partido Liberal, que creará un Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinsan) y una Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria que se encargará de llevar a una escala nacional la política que ya existe de seguridad alimentaria pero que aún no tiene un alcance en todo el país. "Para eso se necesita una estructura nacional", según una persona que ha asesorado al Gobierno en el tema. En todo caso, a ese proyecto de ley le faltan dos debates y después que el Gobierno lo reglamente.

Comisión sobre seguridad de la oposición

El acuerdo de participación política contempla que se cree un Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que pueda garantizarle las condiciones de seguridad a políticos (incluidos las Farc una vez dejen sus armas y resuelvan su situación jurídica), los líderes de movimientos sociales y los líderes de derechos humanos.

El general Óscar Naranjo arrancó a liderar ese tema en el Ministerio del posconflicto al que renunció hace dos meses, creando una mesa técnica de alistamiento para la participación en política que tenía varias submesas. Una de esas submesas empezó a pensar en el tema de garantías de seguridad, bajo el liderazgo del director de la Unidad de Protección Diego Fernando Mora. Luego se creó en La Habana la subcomisión de fin del conflicto -en la que está Naranjo- por lo que el tema volvió a La Habana, aunque la otra submesa continúa trabajando en el tema.

Consejo nacional para la reconciliación

El acuerdo sobre participación política contempla que se cree un Consejo nacional de reconciliación y convivencia que, entre otras cosas, promueva el respeto por la oposición política, por el trabajo de las organizaciones sociales en temas de paz, por hacer pedagogía de la paz (y crear la cátedra de la paz), y por capacitar a las comunidades en todo el país en resolución de conflictos.

Sistema de atención al consumidor de drogas

El acuerdo sobre drogas plantea crear un Sistema de atención al consumidor que aterrice en todo el país la idea, que el Ministerio de Salud ha venido impulsando, de tratar el consumo como un problema de salud pública. Eso incluye tres patas fundamentales: los programas de prevención (que buscan reducir el consumo en menores de edad y postergar la edad de consumo pero que, como ha contado La Silla, por lo general no han sido integrales ni apuntan a transformar las condiciones de vida de los jóvenes consumidores en potencia, sino que se limitan al tradicional mensaje de 'Di no' que todas las noches promovía el búho Dino en los comerciales de televisión de la Policía), la mitigación del daño (que consiste en ayudarle y enseñarle a la gente cómo consumir de manera más sana) y la superación de la dependencia (los programas para dejar el consumo).

El enfoque de atención al consumo ya está incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y en el Ministerio que lidera Alejandro Gaviria ya hay dos sistemas de información que permiten entender la dimensión del problema: el Suispa que recoge los datos de consumo y el Suicad que recopila la información de los centros de atención de drogas (como los Camad bogotanos). El problema es que la pata de atención al consumidor -y en general el control a la demanda- sigue siendo la menos financiada de toda la política antidrogas: menos del 5 por ciento, comparado con el control de la oferta (como los cultivos de coca). Por eso, aunque Colombia ha liderado exitosos proyectos piloto en reducción de daños y superación de la dependencia (como proveer jeringas o metadona para los consumidores de heroína), nunca se les han asignado los recursos que permitan evaluarlos y replicarlos a una gran escala en todo el país. "El acuerdo va muy en línea con lo que se viene haciendo, pero el Gobierno tiene que meterse la mano al bolsillo para aterrizarlo, porque las políticas se materializan solo cuando hay una agenda institucional con recursos", dice la experta en consumo Inés Elvira Mejía, que formó parte de la Comisión Asesora en Política de Drogas.

Instancias contra el lavado de activos

Tal vez el brazo más invisible de la cadena de la droga sea el lavado de activos, que sigue siendo uno de los eslabones más descuidados no solo en Colombia sino en el resto del mundo. Por esto, la Comisión recomienda que el Gobierno le suba el perfil a la dimensión financiera del negocio y ponga el acento en la investigación, la supervisión y el control financiero de las rentas del negocio de la droga.

Actualmente las instancias de lucha contra el lavado de activos actúan de manera descoordinada y con diferentes niveles de eficiencia. Por ejemplo, la Uiaf ha avanzado en investigaciones de inteligencia financiera, pero por otro lado el Gobierno aprobó hace año y medio un Código de extinción de dominio que permitirá formar jueces especializados en perseguir este delito, pero lleva desde entonces estancado en el Consejo Superior de la Judicatura y no se han asignado ni los jueces ni la plata. Eso significa que solo hay 3 jueces de extinción de dominio hoy (todos en Bogotá) y que todos esos procesos los llevan jueces penales que no tienen la formación idónea para hacerlo, por lo que en un buen año la Fiscalía puede confiscar 3,5 billones de pesos a todo tipo de delincuentes mientras el solo narcotráfico factura 9 billones, según cifras del ex Vicefiscal Wilson Martínez, que dirige un observatorio sobre estos temas en la Universidad del Rosario. Esa articulación de estas instancias, como recomendó la Comisión Asesora en Política de Drogas, sigue pendiente.

Comisión de la verdad

La jurisdicción especial tendrá una fase inEl acuerdo al que llegaron las Farc y el Gobierno en junio de este año contempla la creación de una Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición que buscará satisfacer una de las necesidades más hondas de las víctimas: saber realmente qué ocurrió. Los hallazgos de esa Comisión no tendrán un carácter judicial: lo que reconozcan los responsables no podrá constituir una prueba para abrirle a estas personas un juicio y, más que una lógica acusatoria, la idea que la subyace es que la verdad debería propiciar una mejor convivencia en los territorios donde se vivió el conflicto.

Solo se acordó hace cuatro meses.

Agencia de sustitución de cultivos

El acuerdo sobre drogas plantea un revolcón en las estrategias antidrogas contra los cultivos de coca y amapola, reemplazando el modelo actual de fumigación aérea y erradicación forzosa por una voluntaria que nace de una planeación participativa con las comunidades involucradas y que viene acompañada por una transformación radical de las condiciones de vida en el campo. Es decir, que empata con el acuerdo sobre el campo y su filosofía de proveer al campo con los bienes públicos (colegios, puestos de salud, vías terciarias, distritos de riego, acueductos veredales) que no tiene y que han limitado las oportunidades de sus habitantes.

Un cálculo por encima es que la Agencia podría tener un presupuesto similar al de la Unidad de Consolidación, que aterriza la estrategia de consolidación territorial que conceptualizó el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo. Actualmente cerca del 80 por ciento del presupuesto de esa entidad se va para el Programa de Cultivos Ilícitos, la dirección más importante de esa entidad y cuyos recursos para ese tema seguramente irían a parar a la nueva agencia.

Aunque pasó de agache con el anuncio de La Habana sobre justicia, el martes en la noche el presidente Santos anunció la creación de un plan nacional de sustitución de cultivos, que comenzará a aterrizar una parte del acuerdo y que tendrá sus primeros dos pilotos de erradicación voluntaria el próximo año en Nariño y Putumayo, bajo la dirección del ex ministro de Salud Eduardo Díaz. Santos también anunció que creará este año una Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, para institucionalizar esa política y aprovechando las facultades extraordinarias que le dio el Congreso en el Plan Nacional de Desarrollo para reformar el Estado (y que le evitan a Santos tener que crear la agencia vía proyecto de ley). No son muchos los detalles que se han definido todavía, pero a cuatro expertos en drogas consultados por La Silla les preocupa que -a diferencia de lo que vienen proponiendo los expertos en el tema- la estrategia contempla planes de desarrollo alternativo (sustitución de cultivos) como los del antiguo Plante pero no habla puntualmente de transformación de las condiciones de vida en el campo con bienes públicos, como las que impulsa actualmente la Unidad de Consolidación.