Desde hace un año, el Caribe lidera un reclamo regional en contra del Gobierno de Juan Manuel Santos por el alza en los precios del gas. La posibilidad de que en el próximo lustro esta región pague mucho más que el interior del país tiene unidos en un solo coro, como pocas veces ocurre, a empresarios, congresistas y medios de comunicación. Desde La Guajira hasta Córdoba. Uno de los poderes más visibles de ese frente, cuyas movidas no se han contado, es Ramón Dávila, gerente de Gases del Caribe, principal distribuidor y comercializador en la Costa.
Dávila fue quien se movió para que la opinión pública se enterara, en diciembre pasado y a través de El Heraldo, que con la fórmula que comenzaría a regir en enero de este año, la industria y los hogares costeños pagarían hasta 25% más en sus facturas, mientras en el interior el precio disminuiría 3%. La razón está en unos cambios que hizo la Comisión de Regulación de Gas y Energía (CREG), integrada por un grupo de técnicos y presidida por el ministro de Minas.
A productores y distribuidores, esas modificaciones les plantea un escenario de negociación completamente distinto al de los últimos 35 años, porque de transar guiados por las tarifas internacionales del petróleo pasarían a un complejo esquema de 170 páginas con muchas más variables. Y también les representarían eventuales pérdidas de plata. Ellos y los políticos son los mayores indignados, pues a diferencia de lo que pasa con Electricaribe, en este caso no se ha manifestado aún mayor inconformidad ciudadana.
La semana pasada, después de casi un año de medidas temporales para evitar un alza tan pronunciado mientras se encuentra una fórmula definitiva y más favorecedora para el Caribe, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que la CREG tenía un “mensaje de urgencia” del Gobierno para bajarle los precios del gas a la región. Y justo el jueves hubo una reunión en Bogotá a la que asistieron representantes de los dos principales distribuidores (Gases del Caribe y Surtigas), de la Andi y del comité intergremial.
Por eso, los distribuidores y los empresarios esperan que con los cambios a la fórmula, anunciados por la CREG para hoy, los precios que rigen desde mañana y para los próximos años sean más equitativos, es decir, más similares a los del interior. Especialmente porque, con la devaluación, ya el precio está 35% más caro.
En el caso del Caribe, los actores del gas son las compañías explotadoras de los pozos de La Guajira: la multinacional Chevron y la estatal Ecopetrol. Y los comercializadores y distribuidores, Gases del Caribe, Surtigas y Gases de La Guajira. Estos últimos le venden y le llevan el gas a la pequeña y mediana industria y a los hogares. Mientras que gigantes como Argos, que tienen un consumo similar al de toda Bogotá, negocian directamente con los productores.
Dávila ha jugado un papel protagónico en el reclamo. La empresa que gerencia es la que más clientes surte en el Caribe: tiene 850 mil del más de millón y medio de usuarios de la región. Y presta sus servicios en Atlántico, Magdalena y Cesar, y de manera indirecta en Riohacha y Maicao, con Gases de La Guajira. En ésta, Gases del Caribe tiene acciones. También es una de las dueñas de Efigás, la empresa de gas del Eje Cafetero. Mientras que en la junta directiva de Surtigás, que atiende a Bolívar, Sucre y Córdoba, ocupa un puesto.
Las movidas de Dávila
El frente Caribe por los precios del gas se remonta a finales del año pasado, cuando Dávila visitó la sede en Barranquilla de El Heraldo, el diario más leído de la región. Lo hizo para contarle al director Marco Schwartz sobre el aumento y pedirle que esa información se diera a conocer.
El diario informó en primicia el 4 de diciembre sobre las “drásticas subidas” de los precios que sufriría la región desde enero de 2015.
Desde ese momento, el alza del gas se volvió una de las banderas informativas del periódico. Tanto, que una serie de artículos publicados durante el semestre pasado ganó hace unas semanas el premio de periodismo que entrega anualmente en Bogotá la Revista Semana.
Con el impulso de El Heraldo, movido por Dávila, el gas también se volvió parte de la agenda de otros periódicos tradicionales del Caribe, como El Universal. De hecho, ambos periódicos publicaron ayer un editorial conjunto. También los últimos meses ha sido usual ver a Dávila explicando en medios nacionales las razones del pulso que enfrenta a la dupla CREG-Minminas con el sector empresarial, del que él hace parte.
Hablar con los congresistas para que la discusión del gas no salga de la agenda pública ha sido otra de sus movidas. A un legislador de la Unidad Nacional lo llamó para que “evidenciara la situación” desde el Capitolio, en defensa de la región Caribe, como el mismo político se lo contó a La Silla.
Todo este lobby, “para que el Gobierno reconozca la paridad en los precios de Bogotá y la Costa Caribe”, como Dávila nos lo dijo, lo hace un barranquillero que lleva 30 años en Gases del Caribe. Tiempo que lo convierte en una de las voces con mayor peso en el negocio colombiano del gas.
Lo motiva la pérdida de clientes que la empresa que dirige podría tener a mediano plazo porque estos tienen en el carbón una fuente de sustitución del gas. Aunque es un escenario posible, no se da de un día para otro. Menos con un costo ambiental tan alto.
Dávila le dijo a La Silla que con los cambios en el precio del gas los últimos meses, especialmente por la devaluación, la demanda ya “se está resintiendo” y los usuarios, día a día, le reclaman que ejerza su poder como distribuidor para que las tarifas no sigan subiendo.
Ramón Dávila es el gerente de una de las organizaciones con mejor imagen. En las mediciones de percepción de la red Cómo vamos, supera el 90% de calificación, lo que la hace la empresa de servicios públicos mejor evaluada en Barranquilla y Valledupar.
Además, es un actor importante en la financiación de la cultura y la educación de la región a través de la Fundación Gases del Caribe. Como parte de su responsabilidad social, esa compañía patrocina La Cueva, el mantenimiento de uno de los parques más concurridos del barrio El Prado en Barranquilla, el Museo de la danza de Carnaval El Torito, a las tejedoras del corregimiento de Chorrera y a las cocineras de arepa de huevo.
Más allá del mundo económico, Dávila es conocido por ser el papá de la exreina del Carnaval Marcela Dávila y por haber hecho parte de un sonajero, el año pasado, de precandidatos a la Gobernación del Atlántico. Posibilidad que no cuajó, pese a su cercanía con la familia Char y más recientemente con los hermanos Segebre: el constructor de centros comerciales Jorge Andrés y el actual gobernador del Atlántico, el liberal José Antonio.
Aunque los empresarios y congresistas consultados por La Silla aplauden la gestión de Gases del Caribe en esta cruzada, no faltaron los que cuestionaron que el sector del gas no le viera reparos a la decisión de Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de venderle a Venezuela los excedentes del gas explotado en La Guajira.
Como parte de ese compromiso, los venezolanos deben comenzar a retribuirle el gas a Colombia en enero de 2016, pero hay dudas de si ese país podrá cumplir con lo débil que está su industria petrolera.
Ese hecho tiene nerviosos a los empresarios del Caribe, aunado a la alta demanda de gas de las termoélectricas por el Fenómeno del Niño, al dólar por los cielos y a la falta de consenso con la CREG para fijar los nuevos precios.
Entre las empresas grandes que se ven afectadas porque tienen sede en el Caribe están Monómeros, Bavaria, Acesco, Tecnoglass, Procaps, Sempertex, Pizano y Postobón. Ellos argumentan que perderían competitividad si a sus costos de operación tendrían que sumarle un gas más caro los próximos años.
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Otros actores por un “gas más equitativo”
El gas, además, se volvió un denominador común en el discurso de columnistas y políticos, especialmente de la bancada costeña en el Congreso. Entre ellos, Efraín Cepeda (Conservador), José Name (La U), Jaime Amín (Centro Democrático), Álvaro Ashton (Liberal), Arturo Char (Cambio Radical) y Mauricio Gómez (Liberal).
Desde hace un año, le reclaman al Gobierno por esa fórmula que consideran “inequitativa” para la región y por este tema han hecho tres debates en el Congreso. Un senador nos dijo que “el ministro de Minas tiene buena voluntad, pero ha sido demasiado lento” en encontrar una solución.
Y uno de los que más fuerte ha alzado la voz ha sido el uribista Amín, quien en diálogo con La Silla recordó que a la CREG “no puede pedírsele más de lo que puede dar” porque es una comisión de técnicos y lo que la Costa necesita es una “decisión política de fondo”, que solo depende del presidente Santos.
También, tras bambalinas, se ha movido un peso pesado del gas en el país como lo es Antonio Celia, gerente de Promigas (compañía accionista de Surtigas y Gases del Caribe). La Silla supo que él, aunque no ha salido públicamente a pedir el cambio de la fórmula, ha hecho gestiones ante el ministro de Minas Tomás González y especialmente el presidente Juan Manuel Santos, de quien es amigo.
Solo con el anuncio que haga hoy la CREG, los políticos, los empresarios y los distribuidores de gas, en cabeza de Gases del Caribe, sabrán si ganaron el pulso y el Caribe podrá tener garantizado un gas más barato para los próximos cinco años. Y ellos sus ganancias a salvo.