En cuatro años que lleva la Ley de Víctimas, el Tolima se ha convertido en el segundo departamento más pilo en restituirle las tierras a los campesinos despojados por la guerra, con 222 sentencias que les devolvieron casi 4 mil hectáreas.
Sin embargo, dentro de la oficina de Restitución en Ibagué se respira un ambiente de miedo y tensión parecido al que tiene contra las cuerdas actualmente al Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, una realidad que abre la discusión sobre si ese tipo de trato laboral es más común y silencioso en el Estado de lo que usualmente se cree.
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Desde que Diana Carolina Sotomayor llegó hace cinco meses a dirigir la oficina en Ibagué de esta entidad clave en aterrizar la Ley de Víctimas, hay por lo menos seis quejas por presunto maltrato laboral presentadas ante la propia Unidad de Restitución, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
La Silla conversó con nueve personas que trabajan desde hace dos a tres años en el equipo jurídico de la oficina de Restitución en Ibagué. Todos accedieron a contar sus historias y respaldarlas con documentos, aunque pidieron reservar sus nombres porque están buscando trabajo en este momento y temen que haya represalias por hablar en público.
La Silla también habló con Sotomayor, quien reconoció que hay un malestar en la entidad, pero lo atribuyó a cierta resistencia al cambio y su deseo de poder cumplir con el inmenso compromiso que tiene la Unidad con las víctimas del conflicto.
Las personas con las que habló La Silla argumentan que Sotomayor minimiza su trabajo de manera sistemática, tanto al interior del equipo como en frente de personas de otras entidades con las que tienen que coordinar el proceso administrativo de la restitución.
“El Defensor del Pueblo era más físico: insultaba y pataleaba. Esta es más psicológica y va hacia la integralidad de la persona, de modo que empiezas a dudar de tus capacidades profesionales y tu desmotivación es tal que no te sientes capaz de proyectar un acto porque sabes que te van a corregir hasta las tildes y las comas de mala manera”, dice uno de los abogados de la Unidad tolimense.
“Aparte de la carga emocional de trabajar con las víctimas del conflicto, se le suma la carga de tener alguien que en todo momento te está descalificando”, dice otra.
Eso ha llevado a que, según ellos, hayan perdido la confianza en su propio trabajo, que se esté perjudicando la labor de la Unidad en ese departamento y que ese malestar laboral se haya trasladado a sus vidas personales bajo la forma de trastornos físicos, psicológicos y emocionales.
“Yo me levanto a las 3 de la mañana pensando en el trabajo, tengo pesadillas, mi esposo me levanta porque lloro mientras duermo y, como duermo muy poco, me medicaron. Me remitieron al psiquiátra, algo que nunca me había pasado”, dice una abogada que renunció hace poco tras tres años en la Unidad, mostrando un boletín médico de hace solo dos semanas en el que le diagnosticaron un 'trastorno de ansiedad e insomnio' y la enviaron a casa por dos días.
Pero, más allá de la remisión al psicólogo, hubo un incidente que la dejó preocupada: un día de agosto, hacia las dos de la tarde, iba manejando por la Avenida Mirolindo -frente a la oficina de tránsito de la capital tolimense- cuando se quedó dormida un instante y su carro terminó subido en un separador. “Afortunadamente no había ningún peatón, porque habría sido grave”, dice ella.
Su relación con Sotomayor fue tirante desde el comienzo. Desde un día en que, poco después de la posesión de la directora, tuvieron un tenso intercambio por una serie de correcciones a un acto y, tras perder el control, terminó escondiéndose debajo de una mesa. Ese día la jefa de talento humano le dijo que se fuera para la casa.
“Empecé a cuestionarme, pese a que siempre se ha calificado mi desempeño como muy alto. Tomé la decisión de renunciar por mi bienestar emocional y físico, porque siento que esto ha afectado a mi persona, a mi salud y a mi ambiente familiar. Sin embargo, no me aceptaron la carta motivada y me dijeron que tiene que ser libre, voluntaria y espontánea. Me tocó cambiarla, respetando los lineamientos que me dieron”, remata.
Su caso no es único. La Silla vio un rosario de incapacidades médicas por estrés laboral, prescripciones de medicamentos para dormir y remisiones al psicólogo. A otro de los abogados, a quien se le movía el cachete de manera involuntaria, le diagnosticaron una 'leve contracción hemifacial derecha' por estrés laboral.
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La mayor queja de todos es que, según explican, la directora se ha inventado procesos en Ibagué que no existen a nivel nacional y que los han perjudicado laboralmente. Al que más le achacan sus problemas es a la obligación para los abogados de sustentar 20 decisiones de fondo al mes. Es decir, una cada día laboral.
El problema, argumentan, es que muchos casos son complejos y requieren un cuidadoso análisis de las pruebas aportadas por los campesinos reclamantes y el material documental recogido por los topógrafos de la Unidad al visitar los predios.
Pero que, aparte de que deben hacerle seguimiento a los procesos, Sotomayor les devuelve constantemente los actos hasta cinco veces por comas y tildes mal puestas. Y lo hace, según consta en una carta del comité de convivencia laboral de la entidad que La Silla vio, usando frases como “usted será que no pasó por el colegio”, “profesionales como usted dejan mucho que desear” o “usted no sabe la diferencia entre verbo, sujeto y predicado”.
“Todos somos objeto de revisión de nuestro trabajo, pero el tema es como lo hace de manera sistemática hiriendo el amor propio y la autoestima”, dice otro abogado.
El razonamiento de la directora es que solo así cumplirán las metas de 450 casos presentados anualmente por la territorial. Ellos dicen que la medida es arbitraria porque, con una decena de abogados y una veintena de casos cada uno, cumplirían la meta en menos de tres meses.
“Esta territorial siempre cumplió las metas nacionales, siempre fue objeto de felicitaciones”, dice uno de ellos al preguntarles si están retrasados.
En efecto, La Silla comprobó con la sede central de la Unidad que Tolima ha puesto el 15 por ciento de todas las sentencias de jueces y magistrados de restitución en todo el país y que éstos ya tienen otros 249 en sus manos por fallar.
“El tema es que para llegar a una decisión de fondo hay que hacer todo un trámite. Hay que hacer un análisis previo, un acto de pruebas que inicia formalmente el proceso, practicar las pruebas e impular actos secretariales, un proceso que es el que mas tiempo consume. Pero eso a ella no le vale, solo quiere decisiones de fondo”, dice otro de ellos.
El castigo, explican tres contratistas, por no cumplir esa condición de los 20 actos -que ellos argumentan no aparece en sus contratos- es que les retiene el pago.
En efecto, La Silla vio un correo interno de la entidad en el que le anuncian a varios contratistas que “las cuentas de cobro del mes de septiembre de dos mil quince (2015) no serán tramitadas por esta Dirección Territorial hasta tanto no se desarrollen las actividades de recuperación establecidas en dichos planes, por lo cual las mismas se mantendrán bajo la custodia de la profesional financiera hasta que ello suceda”. Y a cada uno le van llegando correos, recordándole cuántos casos debe de cada mes vencido.
Una de las abogadas, que es madre cabeza de hogar, cuenta que en septiembre le anunciaron que retendrían un pago mensual completo por no cumplir, pese a que -según ella- hubo varios casos que tuvo que corregir pero que no le fueron contados.
“Si no trabajo, no como. Tengo deudas, obligaciones, tengo que comer, tengo que darle de comer a mi hija. Pero nada de eso le importa: tomó la decisión porque se le dio la gana”, cuenta, añadiendo que esos casos faltantes se le van apilando en el siguiente mes, con lo que la situación se repitió de nuevo.
Sotomayor explicó a La Silla que a los contratistas solo se les aprueba el pago cuando cumplen con las metas mensuales establecidas en el contrato. Y que estas metas, lejos de ser arbitrarias, las definió ella con el Coordinador Jurídico, que es el representante de los abogados y con el profesional de Planeación.
"Se hicieron a la luz de las metas que se definieron en Restitución a nivel nacional", explicó Sotomayor. "A partir del análisis de qué necesitamos hacer para cumplir esas metas se definió con los contratistas y funcionarios cuántos casos podíamos hacer al mes. Se optó por 20 casos y se les eliminó todo lo demás para que pudieran concentrarse en sustanciar esos procesos. No fue una decisión arbitraria".
Pero a eso se suma que, según los subalternos entrevistados, el trato displicente de Sotomayor se ha dado en reuniones con otras entidades que son claves para que la restitución salga adelante.
La encargada de la relación con la Policía y el Ejército -que microfocalizan las veredas donde se puede comenzar a estudiar las solicitudes y velan por la seguridad de los funcionarios de la Unidad en el terreno- dice que la directora se tomó personalmente sus funciones y, tras un par de peleas con los militares, fue decisiva en que la relación se deteriorara.
“Tú puedes tener buenas ideas, pero si no te doy la palabra no tienes por qué hablar”, le dijo -según ella- frente a los coroneles en una reunión, unas semanas antes de anunciarle que no le renovaría el contrato.
Y en otro episodio que refirieron, pero que La Silla no pudo comprobar con otras fuentes, durante una reunión en la oficina Sotomayor le dijo al coordinador jurídico Edgardo Sánchez -que tiene el segundo cargo de mayor importancia dentro de la territorial- que “usted tuvo suerte de que no se presentó nadie externo a la convocatoria porque no hubiera quedado”. En todo caso, terminó pasado su carta de renuncia por razones personales.
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Las quejas contra Sotomayor comenzaron poco después de que ella llegara a vivir a Ibagué en junio.
Un mes después, un grupo de funcionarios le envió una carta a Ricardo Sabogal -el director nacional de la Unidad y máximo responsable de la restitución- contándole, que “en menos de dos meses (…) ha venido asumiendo una actitud de constante displicencia e irrespeto con el personal y su trabajo, sus actuaciones rayan en la arbitrariedad y funda su relación con los colaboradores en la desconfianza y la temeridad”.
Poco después la Unidad envió a una psicóloga del equipo de talento humano, que hizo varias reuniones grupales e individuales y -según ellos- les dijo que se iba preocupada por lo que vio. En septiembre, vinieron Carlos Planells -el director de talento humano- y la misma psicóloga, para reunirse de nuevo varios de los equipos. Justo ese día fue el episodio de la madre soltera a la que le habían congelado el pago, una situación en la que mediaron y por la que casi pierden el avión de regreso a Bogotá.
Un par de semanas después viajó Sabogal en persona y se reunió con las sesenta personas que trabajan allí, para intentar -en sus palabras- transmitirles la importancia de trabajar en equipo y que “el tema no es el qué se dice, sino también el cómo, y que eso pasa por respetar al otro”.
Como ellos sienten que esa intervención de la Unidad no ha rendido frutos aún, durante todo este tiempo le han enviado solicitudes de acompañamiento al procurador delegado para la restitución, a la procuradora regional del Tolima y la Defensoría del Pueblo.
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Sabogal reconoce que la situación le preocupa y que la están manejando siguiendo el protocolo que tiene la Unidad para estos casos.
“El equipo de talento humano está metido allá y estamos esperando los resultados de una serie de valoraciones que le hicimos a todo el equipo, para ver cómo podemos volver a generar armonía entre ellos. Porque todos son técnicamente muy solventes”, dice Sabogal, añadiendo que delegó a su subdirectora Alcelis Caneo para estar pendiente del caso y que ayer mismo discutieron el caso con el grupo de bienestar laboral de la entidad.
Para Sabogal, que dijo no conocer muchos de los casos puntuales que La Silla le relató, este tipo de transiciones difíciles son habituales en las oficinas y tienen más que ver con el acoplamiento a nuevos jefes que al tema de acoso laboral que vienen denunciado desde Ibagué.
“Es normal que haya resistencias al cambio y que haya un tiempo de ajuste entre los nuevos directores y sus equipos, que estaban acostumbrados al estilo gerencial del anterior. Ese es el trámite: hemos tenido otros casos que se han resuelto. En un par no [se resolvieron] y hubo cambios”, dice, explicando que hace dos años en Antioquia y Cesar se cambió a los directores cuando la intervención no funcionó y que ahora esos equipos trabajan bien.
Él también atribuye esos incidentes a que la mayoría de sus directores regionales son técnicos jóvenes que se han formado al interior de la Unidad y que muchas veces no tienen experiencia gerencial, pero que fueron escogidos a través de concursos de mérito y sin que mediase ninguna variable política.
En efecto, Sotomayor llegó en junio a dirigir la territorial del Tolima, tras trabajar en el equipo jurídico en Bogotá con la hoy subdirectora nacional Alcelis Caneo.
Y también es cierto que la Unidad de Restitución es una de las pocas entidades nacionales donde los cargos directivos locales no se usan para 'agradecer' la lealtad de los congresistas. (La Silla no conoce ni uno solo que tenga un origen político, aunque sabe que en el pasado los congresistas le han pedido juego burocrático a los ministros de Agricultura bajo los cuales está la entidad).
“En la Unidad la política es privilegiar el bienestar del equipo, porque todo lo que hemos hecho ha sido en equipo”, dice Sabogal.
Sin embargo, en su caso la transición difícil lleva cinco meses y no solo no da señales de amainar, sino que está a punto de traducirse en una desbandada de la oficina.
“Ella dice 'yo vine a empezar de cero'. Nosotros ya sabemos que con eso se refiere a sin nosotros. Quiere renovar al equipo y lo logró”, dice una abogada.
En total, una tercera parte de la oficina de restitución en Ibagué podría salir a final de año: según las cuentas que el equipo jurídico le hizo a La Silla, cinco están solicitando la terminación de sus contratos con el argumento de que la directora los modificó unilateralmente, dos de planta renunciaron y cuatro recibieron la noticia de Sotomayor de que no se les renovará el contrato.
Además de ellos, otros cuatro le manifestaron al comité de convivencia que no quieren seguir, tres están pensando no volver a pasar papeles y tres más han expresado su voluntad de renunciar pero no lo hacen porque son el sostén económico de sus casas.
“Conseguir trabajo en Ibagué no es fácil y mire que gente con estabilidad esté pensando en renunciar”, dice uno de ellos.
Sotomayor dice que ella reconoce que "uno puede mejorar" y que está abierta a lo que decida el Comité de Convivencia Laboral que estudia el caso.