Anoche, la Sala Plena del Consejo de Estado hundió la ponencia que era favorable a Gustavo Petro, en el caso de una tutela que pedía suspender su destitución pero que había sido fallada en contra. Muchos medios corrieron a decir que con eso quedó en firme la destitución de Petro. La realidad es aunque el procurador Alejandro Ordóñez ganó una batalla clave pues era la primera tutela que se discutía en el Consejo de Estado, que es la última instancia para las tutelas que suspendieron la destitución, por ahora Petro seguirá en el Palacio Liévano.
La razón de esto es que la tutela que se votó no es la del juez José María Armenta (que sí suspendió la destitución) y que faltan algunos días para elaborar y votar una nueva ponencia que recoja los argumentos de los que votaron en contra. Solo cuando esta quede en firme se puede ejecutar.
La decisión, que se logró con el mínimo de votos necesarios para definir la suerte de la tutela, muestra que la mayoría de los consejeros de Estado respaldan la destitución de Petro. Para el caso de esa tutela falta que se prepare una nueva ponencia que incluya los argumentos de esa mayoría (y de la que fue encargado Alfonso Vargas Rincón, amigo personal y antiguo magistrado auxiliar de Ordóñez) y que ésta se discuta y se vote. A menos de que ocurra algo extraordinario, eso quiere decir que tumbarán esa tutela, según le explicó a La Silla un consejero de Estado.
Esto se suma a otra decisión de la Corte Suprema, cuya Sala Penal ayer mismo negó otra tutela favorable a Petro con el argumento de que las tutelas no las pueden poner ciudadanos para proteger los derechos de Petro porque las tutelas son para proteger un derecho propio o de un incapaz que no lo pueda hacer por sí mismo. Es decir, la tutelatón arrancó con pie izquierdo en las Altas Cortes.
Sin embargo, hay todavía varias tutelas que favorecen a Petro y que aún no han sido discutidas en segunda instancia por las Altas Cortes. Y como muchas tutelas tienen como respaldo argumentos diferentes, las discusiones jurídicas no están saldadas. Sobre todo porque el argumento clave en la decisión (que Petro tiene otro mecanismo para defenderse) no aplica a las otras tutelas (porque las interpusioern otras personas, que no tienen acceso a ese mecanismo).
Encima, como la mayoría que tomó la decisión esta noche en el Consejo de Estado pendió de un solo voto, si algún magistrado ve que en otro proceso los argumentos que se esgrimen a favor del Alcalde son válidos, la situación podría cambiar.
La tutela
La tutela que se votó hoy la recibió el Consejo de Estado a fines de enero, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se la negó a Julio César Ortiz, abogado de Petro. No es la famosa tutela que suspendió la destitución del magistrado José María Armenta, ni la que le dio un segundo espaldarazo y cuya ponencia era del magistrado Juan Carlos Garzón.
Esta tutela es una que falló después una sala de tres magistrados tras una ponencia de Samuel Ramírez Poveda. Las tutelas de Armenta y de Garzón siguen en trámite y por eso, por lo menos por ahora, Petro no se va.
Cuando la tutela de Ramírez llegó a la Alta Corte, los consejeros decidieron que el asunto era de tal trascendencia que lo debían decidir en Sala Plena.
A principios de febrero el Consejo de Estado dio otro paso. Acumuló varias tutelas y negó los impedimentos de ocho de los 25 consejeros de Estado, siete de los cuales tienen familiares en la Procuraduría o en la Alcaldía. Los demás consejeros negaron estos impedimentos porque, a su juicio, ninguno de esos familiares estaba en un cargo que hubiera podido influir en el proceso contra Petro.
La Sala Plena le dio la ponencia a Guillermo Vargas Ayala, un magistrado que lleva relativamente poco en la corporación (llegó a fines de 2012) y que es de tendencia liberal. Como contaron Semana y El Tiempo, esa ponencia era favorable a Petro. Alegaba que la Procuraduría no le permitió ejercer con todas las garantías su derecho a la defensa, y que no demostró que Petro había participado en las decisiones específicas que llevaron al Procurador a ordenar su destitución.
A la vez, la ponencia decía que el Procurador sí puede destituir funcionarios elegidos popularmente, que era uno de los argumentos de defensa de Petro.
Inicialmente los 25 magistrados que conforman la Sala Plena estaban divididos casi por mitades. El reglamento del Consejo de Estado establece que la decisión la tienen que tomar la mitad más uno de los magistrados que lo componen, que son 27, por lo que esa mayoría es de 14. Pero como hay dos cargos vacantes, las posibles votaciones de 13 contra 12 podían ser un problema.
El primer punto del debate se evacuó la semana pasada, cuando una mayoría estrecha votó que la tutela no era temeraria. Esa fue la primera medida de fuerza entre las dos orillas.
Ahí se notó que del lado de la ponencia de Vargas Ayala estaban, en general, los de tendencia más progresista. Incluyen a liberales como Jaime Orlando Santofimio, a conservadores como Ramiro Pazos y Gustavo Gómez Aranguren, y a independientes como Stella Conto y Danilo Rojas.
En la otra orilla estaban el nuevo ponente Alfonso Vargas, liberales de posición tradicional frente al derecho como Susana Buitrago, y reconocidos conservadores como Mauricio Fajardo, Marco Antonio Velilla y María Clara Rojas. Es decir, la línea que los separa tiene más que ver con una posición frente al derecho (los más formalistas se oponen a la tutela) que a líneas ideológicas o partidistas.
Por la mañana, se empezó a debatir otro punto: si se debía usar la tutela o si existía otro medio mejor para la defensa de Petro, lo que los abogados llaman definir si la tutela era procedente. Los enemigos de la ponencia argumentaron que sí existía otro, la solicitud de medidas cautelares ante un juez administrativo. Los defensores de la ponencia decían lo contrario. Votaron y quedaron 12 a 13. Ahí se encendió el debate, porque el reglamento del Consejo dice que si hay una votación que no llega a las mayorías, hay que llamar conjueces, pero no todos estaban de acuerdo (además de que hay una pelea por saber si los conjueces deben ser abogados externos o los magistrados de la Sala de Consulta).
Ante el enredo, declararon un receso. Al regreso, el panorama cambió. La discusión se enredó en si se podía dejar de lado la votación anterior, si se debía repetir o si se debían llamar conjueces. Finalmente hubo dos propuestas: una por llamar conjueces y otra por dar por resuelto el asunto de si la tutela era procedente y pasar al fondo. 20 magistrados votaron a favor de pasar al fondo y cinco de llamar conjueces. Afuera, esa votación se interpretó como una victoria de la ponencia, pero hubo magistrados de las dos orillas votando tanto por seguir como por los conjueces.
Igual la alegría de los petristas por esa decisión duró poco: antes de las nueve de la noche la ponencia se hundió.
Finalmente la mayoría la conformaron Mauricio Fajardo, Enrique Gil, María Claudia Rojas, Carlos Alberto Zambrano, Marco Antonio Velilla, Bertha Lucía Ramírez, Susana Buitrago, Hernán Andrade, Alberto Yepes Barreiro, Olga Valle de La Hoz, Carmen Teresa Briceño, Elizabeth García, Alfonso Vargas y Hugo Fernando Bastidas. Rojas y García, que habían votado a favor de la ponencia en la votación que quedó 13 a 12, ahora votaron en su contra.
Para que la destitución surta efecto tienen que caerse todas las tutelas que suspendieron la destitución en las Altas Cortes.
El Consejo de Estado probablemente empiece a discutir el martes el futuro de las otras tutelas que le corresponden, incluyendo las de Armenta y Garzón, ya con el camino recorrido con la discusión de la tutela de hoy. No es fácil saber cuánto se tardará el Consejo de Estado en tomar una decisión frente a los argumentos diferentes que esgriman las otras tutelas, pero posiblemente salga una decisión la próxima semana, según le dijo a La Silla una fuente del Consejo de Estado.
En cualquier caso hay otras tutelas avanzando en el Consejo Superior de la judicatura y en la Corte Suprema, que también tardarán algunas semanas en resolverse.
Si se caen las tutelas que tienen suspendida la destitución, eso le pasaría el balón al presidente Juan Manuel Santos, que es quien debe expedir el decreto que ejecuta la destitución. Para Santos esa es una papa caliente: las encuestas han demostrado que la decisión del Procurador de destituir a Petro ha mejorado considerablemente la imagen del Alcalde, y el Presidente correrá un costo político al darle la última puntillada al alcalde, pero legalmente tiene que sacar el decreto. Además, a la campaña reeleccionista le conviene que haya antes el proceso de la revocatoria porque pondría el foco de atención en ese asunto y no en la evaluación de su mandato ni en las propuestas de sus rivales.
Pero si la Corte Constitucional selecciona alguna de las primeras tutelas que salgan de las Altas Cortes, le daría a Santos el argumento de esperar su decisión antes de firmar un decreto que podría terminar teniendo un sustento contrario a la Constitución.
En todo caso, antes de que llegue donde Santos en el círculo cercano a Petro confían en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga. Sin muchas esperanzas frente a lo que pase en el ordenamiento interno, Rafael Barrios, abogado de Petro ante la CIDH, le dijo a La Silla que esperan que en las próximas horas esa Comisión se pronuncie.
Barrios considera que de Bogotá un proceso ante la Corte Constitucional (que podría revisar la tutela) tardaría años, y que el Consejo Superior de la Judicatura, en donde también hay tutelas, “seguramente seguirán la misma línea jurisprudencial que ya fijó el Consejo de Estado”.
Y aunque a la CIDH podría quedarle difícil argumentar que Petro no tuvo garantías en Colombia (teniendo en cuenta que hay tutelas que suspendieron el fallo de su destitución y que han seguido el trámite por las diferentes instancias), el equipo jurídico del mandatario está confiado en que las medidas cautelares serán emitidas. “Hay un interés de la CIDH, que constantemente nos está pidiendo información sobre el estado de las tutelas, en el caso Petro”, dijo Barrios.
Por su parte, un alto funcionario de la Administración le dijo a La Silla que el viernes pasado habló con un comisionado de la CIDH que le preguntó si esperaban alguna respuesta positiva por parte del Consejo de Estado y le dio a entender que podrían emitir las medidas cautelares.
“Aunque siempre habrá interpretaciones,en términos administrativos ya llegamos a la máxima instancia y si la CIDH no se pronuncia, el Presidente puede proceder a destituir”, dijo ese alto funcionario.
Al reaccionar por Twitter, Petro habló en el mismo sentido, diciendo que “la única defensa que le queda a la Bogotá Humana es la ciudadanía misma movilizada”. Pero lo cierto es que el futuro de la alcaldía de Petro sigue estando en manos de los jueces. Mientras tanto la revocatoria vuelve a pasar a segundo plano y cada vez es menos probable que los bogotanos sean quienes decidan si Petro debe seguir siendo su alcalde o no.