Con la decisión de ayer de la sección quinta del Consejo de Estado de suspender la elección de los tres expertos en el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, el caos en la Rama va a seguir. Hasta el punto de que la Sala Administrativa de la Judicatura, cuyo último día de trabajo debía ser el viernes, tendrá que seguir funcionando por varios meses.
La decisión de ayer se suma a la de otro miembro del Consejo de Gobierno Judicial, el representante de los magistrados y jueces, que decretó la misma sección quinta hace dos semanas. El efecto es que en principio el Consejo no puede operar, pues queda solo con 4 miembros y necesita 5 votos para tomar cualquier decisión.
Eso no solo le da razón a las voces que han criticado todo el proceso de armar el nuevo poder judicial por ser poco transparente, sino que hace imposible que se cumple el cronograma para elegir el nuevo gerente de la Rama, que estaba prevista para este viernes. Y que ese día la Rama va a salir a vacaciones colectivas sin saber bien quién la administra.
Mientras se resuelve el lío, la Sala Administrativa de la Judicatura tiene que seguir administrando todos los recursos de la justicia, que para el próximo año suman 2,5 billones de pesos. Es decir, que en ese punto la Reforma de Equilibrio de Poderes -que decretó el fin de la Judicatura - siga sin aplicarse.
Y eso con varios enredos adicionales.
Uno es que si un magistrado de la Sala Administrativa no está de acuerdo con una decisión, ésta se hunde y por eso hay un riesgo grande de parálisis. Eso se debe a que el mismo Consejo de Estado anuló la elección de Francisco Ricarudte y Pedro Munar en esa sala, y por eso quedan justo los 4 magistrados que se necesitan para tomar una decisión.
Otro es que no habrá, por ahora,cómo armar las nuevas comosiones de Aforados y de Disciplina Judicial, pues el Consejo de Gobierno tiene la función de armar listas para escogen sus miembros. Y ahí no se sabe qué pasará pues el Equilibrio de Poderes dice que la Comisión de Acusaciones y la Sala Disciplinaria de la Judicatura, a las que reemplazan, deben dejar de funcionar el próximo 30 de junio (y la sala Disciplinaria tiene hoy solo 3 de sus 7 magistrados, pues los otros 4 renunciaron).
Y el tercer lío es que esa situación de interinidad se puede prolongar por varios meses, pues solo se resolverá cuando el Consejo de Estado decida de fondo si los cuatro miembros del Consejo de Gobierno Judicial vuelven a sus puestos o si definitivamente toca volver a elegirlos. El Consejo suele demorarse por lo menos un año en tomar decisiones de fondo, así que la supervivencia de la Sala Administrativa va para largo. Y, si la Corte Constitucional hunde el Equilibrio de Poderes, puede ser permanente.