Las diez cosas que se necesitan para que la Justicia Transicional no sea un fiasco

Que haya prohombres y promujeres para integrar las nuevas instituciones

El sistema de justicia transicional creado por la Mesa de Negociación incluye varias instituciones nuevas, pero tres que serán fundamentales para que las víctimas no queden viendo un chispero: la Jurisdicción de Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Qué tanto o tan poco puedan hacer dependerá casi enteramente de las calidades de la gente que las integren.

No sería lo mismo un Tribunal de Paz presidido por alguien como el jurista Rodrigo Uprimny, que todo el mundo respeta, que uno presidido por una cuota de la rosca de la Rama Judicial. Lo mismo la Comisión de la Verdad.

Encontrar esta gente no será fácil, como lo ha demostrado el proceso para elegir el nuevo gobierno de la Justicia: se necesitan como mínimo 11 comisionados para la Comisión de la Verdad y 24 magistrados para el Tribunal de Paz. Para las salas de la jurisdicción de paz, otros 18 magistrados. O sea minimo 42 personas.

Y no es que no haya gente suficientemente respetada para estos cargos. Lo complicado es que acepten. Aceptar un cargo público en Colombia suele verse (y en muchos casos ser) un salto al vacío porque si logran hacer algo significativo salen con procesos fiscales, investigaciones disciplinarias y cientos de inhabilidades para ejercer posteriormente su profesión. Son sacrificios que más gente estaría dispuesta a hacer si por lo menos la sociedad valorara realmente su esfuerzo. Pero eso tampoco es evidente dado el desprestigio de la función pública.

Que se encuentre una narrativa de reconciliación que contextualice el trabajo de la Comisión de la Verdad

Los expertos en procesos de paz coinciden en que conocer el máximo posible de verdad sobre lo ocurrido es un paso fundamental para cerrar un ciclo de violencia, pues logra desenmascarar el poder de los determinadores de la guerra y poner fin a la negación de la atrocidad.

Sin embargo, también advierten que existe el riesgo de que la verdad, en vez de sanar las heridas, termine echándoles sal y creando un nuevo ciclo de venganza.

Por eso es clave que exista un contexto en el que esa verdad sea interpretada en clave de reconciliación. Normalmente el contexto lo dan los líderes de una sociedad, como lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Pero en Colombia a muchos de los líderes locales que quizás podrían haber liderado estos procesos en el territorio los mataron. Y entre los nacionales, no es claro que exista uno que convoque la credibilidad de todos los sectores ideológicos.

Que la Fiscalía no salga con un chorro de babas

Qué tanta justicia o qué tanta impunidad se logre con este sistema dependerá en gran parte de qué tanta evidencia sólida haya podido recaudar la Fiscalía en contra de los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto.

El incentivo que tendrá un jefe guerrillero o un mando militar o un tercero civil de confesar sus crímenes, dependerá de qué tanto pese sobre su cabeza la espada de Damocles de la Fiscalía.

Si saben que no hay peligro de que les prueben un delito, el incentivo para confesarlo es mínimo, pues saben que pueden salirse con la suya y que si esconden información no terminarán condenados, a pesar de que el acuerdo los amenace con hasta 20 años de cárcel.

En cambio, si la Fiscalía tiene evidencia irrefutable sobre sus bienes, y sus crímenes, los responsables tendrán todos los incentivos para contribuir con el sistema.

Que la Unidad contra el lavado de activos (Uiaf) sí tenga información sobre los bienes de las Farc

Aunque en el Acuerdo quedó establecido que las Farc indemnizarán a sus víctimas, también quedó que si no tienen bienes con qué hacerlo lo hará el Gobierno de manera subsidiaria. Y ya Iván Márquez dijo que las Farc son pobres.

Este punto de la reparación material es clave porque dadas sus actividades de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestro existe la percepción de que las Farc son una organización millonaria. Que haya claridad sobre si esto es cierto o no será un punto crucial cuando comiencen a hacer política, porque la gente no entendería que estuvieran aprovechando los recursos ganados a costa de otros colombianos.

Si bien es esperable que en el Tribunal de Paz se les pregunte a los jefes guerrilleros qué bienes tienen, el incentivo que ellos tendrán para contar la verdad será directamente proporcional a la inteligencia financiera que tenga el Estado para probarles que sí tienen bienes - pues si no cuentan todo pagarán cárcel por entre cinco y 20 años.

De esa evidencia que haya recogido la Fiscalía, y sobre todo la Uiaf (que es la encargada de hacer la inteligencia sobre bienes), dependerá que las víctimas de las Farc sean reparadas con plata de la guerrilla y no solo de los contribuyentes.

Que se concentren en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas.

Los juristas que negociaron el punto sobre justicia no siguieron la línea empleada durante un año y medio por los negociadores plenipotenciarios de buscar garantizar que se judicializara solo a los máximos responsables de los delitos atroces, como sucedió por ejemplo en los juicios de Nüremberg después del Holocausto. De hecho, la palabra ‘responsables ‘máximos’ solo aparece una vez en las 65 páginas del acuerdo.

Sin embargo, en el acuerdo sí quedó explicíto en las funciones de varias de las salas de la jurisdicción de paz, que deben concentrarse “en los casos más graves y en las conductas o prácticas más representativas”. De su capacidad de realmente priorizar las prácticas y los casos más graves dependerá que el sistema sea eficaz.

De lo contrario, puede suceder lo que pasó con Justicia y Paz, en donde la confrontación de las confesiones de los cientos de paramilitares que se presentaron fue tan difícil que volvió el proceso ineficaz. Tanto que en 10 años ha podido producir menos de 100 condenas ratificadas por la Corte Suprema.

Sobre todo porque articular toda la información que van a recibir de la Fiscalía, la Defensoría, las ONG y las víctimas requerirá un esfuerzo gigantesco si desde el comienzo no priorizan.

Que esta justicia sea vista como diseñada para sancionar los crímenes atroces y no para perdonar a todos

Según el acuerdo, todos aquellos guerrilleros a quienes no se les pueda probar que cometieron crímenes de guerra o de lesa humanidad serán amnistiados. Incluidos los que ya están condenados por rebelión y otros delitos conexos en la cárcel serán liberados.

Por otra parte, todos aquellos que están condenados a 60 años por secuestro o a 40 años por los falsos positivos, para citar dos casos, podrían ver su pena reducida automáticamente a 20 años. En ambas situaciones, sin exigirles nada a cambio. No tienen que contar nada ni reparar nada.

Como esto será lo primero que ocurrirá, es fácil que la primera percepción de la gente sea que la justicia transicional lo que hizo fue abrir la puerta para una mayor impunidad.

Por eso, el éxito del sistema consiste en que la restricción efectiva de la libertad de los que sí serán sancionados sea real y no una burla.

Si la restricción de movimiento consiste en que no puedan salir del país o de un departamento o que la restricción laboral consista en ir al Congreso o al Concejo, para la gente será difícil confiar en la justicia transicional. Si es más estricta, le puede dar más legitimidad al sistema.

Que todo el sistema tenga una viabilidad jurídica

Aunque la Corte Constitucional no revisará los acuerdos como tales, sí ejercerá un control sobre los decretos y leyes que los desarrollen, pues es la forma en que ‘entran’ al sistema jurídico colombiano.

Para que el sistema tenga éxito tiene que pasar ese filtro jurídico y, según dos abogados consultados, hay unos temas que no son obvios.

Por ejemplo, y para citar el más sencillo, el principio de legalidad según el cual la sanción penal tiene que haber sido definida previamente en la ley a la comisión del delito. Por ejemplo, si uno lee el Código Penal sabe que si mata a otro con dolo tiene hasta 50 años de prisión y que el juez debe dosificar esa pena según ciertas circunstancias puntuales (por ejemplo, es más alto si lo hizo de forma premeditada).

En el caso de la nueva jurisdicción, si bien hay un ‘catálogo’ de posibles castigos (como hacer carreteras o acueductos), se le deja al Tribunal de Paz la escogencia de cuál de ellos aplica en cada caso y como define su duración.

Que los guerrilleros y los militares le jueguen a las reglas del sistema

Si los guerrilleros y militares no cuentan la verdad de lo ocurrido y confiesan los crímenes que hayan cometido durante el conflicto es muy difícil que el sistema funcione, porque la justicia ha demostrado que tiene muy poca capacidad de recopilar evidencia que no se base en testimonios y en la confesión.

Si además intimidan a las víctimas o a otros combatientes para que no declaren en la Comisión de la Verdad, difícilmente tendrá éxito la justicia transicional.

Que la sociedad civil le apueste al éxito de esta transición

El papel de la sociedad civil será fundamental a todo nivel. Será clave para presionar al Gobierno y a la guerrilla para que cumplan con lo prometido; será clave para ayudar a recopilar la información de su sector y a no enredar el sistema con denuncias sin fundamento.

Para citar el caso de los periodistas, nuestro trabajo documentando los casos de los otros periodistas asesinados podría adelantar mucho el trabajo del Tribunal de Paz para que estos casos no queden impunes. También podríamos contribuir mucho cubriendo en clave de reconciliación las audiencias de la Comisión de la Verdad.

Lo mismo podría hacer cada sector. Pero si sigue reinando la indiferencia frente al proceso de paz es muy difícil que tenga éxito.

Que haya un presidente en el que la gente crea

Para bien o para mal, los presidentes en Colombia siguen siendo vistos como la figura con mayor capacidad de liderar un proceso transformador. El presidente Santos, según lo demuestran las encuestas, tiene poca credibilidad entre la mayoría de los colombianos. Eso dificulta movilizar a la población para que logre hacer la transición mental y psicológica de la guerra a la paz. De pronto el siguiente, que es al que realmente le va a tocar liderar este proceso, tenga la capacidad de mover las mentes y los corazones de los colombianos.