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| Rafael Pardo, el ministro del Posconflicto. |
Hace unos días, Rafael Pardo dio a entender en una entrevista en El Tiempo que las prioridades inmediatas de su Consejería del Posconflicto en los próximos meses no estarán ligadas a los acuerdos de La Habana. Ese no es el único cambio en la aproximación al posconflicto que él está impulsando, lo cual ha provocado un debate interno en Casa de Nariño.
Hasta antes de que el presidente Santos y Timochenko fijaran el 23 de marzo como fecha límite para la firma de la paz (fecha que ahora las Farc están negociando) existía una incertidumbre en el Gobierno sobre si iba a haber paz y en qué términos, con lo cual no había mucha premura para hacer algo frente al posconflicto.
Además, el Gobierno tenía la teoría de que no se podía hacer nada sobre los acuerdos parciales sino hasta que estuviera el acuerdo listo como un todo. Por eso, por ejemplo, en el presupuesto del 2016 no quedó plata destinada específicamente para la ejecución de los acuerdos.
Ahora sí hay afán porque hay una fecha –que está a menos de 70 días- para la firma del Acuerdo y sobre todo para el plebiscito, que se votaría unos meses después y para el que el Gobierno necesita casi cinco millones de votos.
Con un ritmo muy diferente al que tuvo su antecesor el General Óscar Naranjo, Pardo tomó tres decisiones que reenfocan la aproximación del Gobierno al posconflicto.
La primera, y más importante, es que el posconflicto es mucho más que cumplir los acuerdos que se pacten con las Farc. "El posconflicto es Colombia sin conflicto", es como lo entiende Pardo, una definición más amplia que como lo venía entendiendo el Gobierno siempre referido al cumplimiento de los acuerdos. Para el nuevo Consejero del conflicto, cumplir los acuerdos es solo uno de los puntos del posconflicto, no el todo.
La segunda decisión es que el posconflicto se tiene que gestionar desde antes de la firma de los acuerdos.
Y la tercera, que el posconflicto se debe 'ejecutar' en todo el país y no solo en unos municipios. Esta decisión de alguna manera inhabilita los múltiples estudios que han contratado diferentes entidades del gobierno y que han arrojado diferentes listados de municipios para priorizar el posconflicto.
Pardo cree que esos listados son insuficientes porque si son los sitios con más víctimas Bogotá y Antioquia serían los municipios priorizados pues es a donde más desplazados han llegado. Decirle a un lugar como Neiva -donde las Farc llegaban a secuestrar masivamente gente en todo un edificio- que no es priorizado es complicado. "El posconflicto no es un tema que se pueda restringir geográficamente a unos municipios", dice Pardo.
De estos tres cambios conceptuales, han salido sus prioridades inmediatas, todas orientadas a un propósito: hacer algo ya, para que esté listo antes del plebiscito y que ayude a la vez a “estabilizar” los territorios y a que la gente sienta de entrada que la paz es algo que le sirve a ellos y no solo a los guerrilleros.
“El objetivo es que después de firmada la paz no haya más violencia, ni más coca. Que la firma de la paz realmente signifique algo para la gente”, dijo Pardo a La Silla.
La primera cosa que hizo fue redefinir el Plan de Respuesta Rápido definido por la oficina de Naranjo y que incluía 40 puntos que no eran tan rápidos sino más de mediano plazo. Lo volvió un conjunto de 18 proyectos, algunos para operar en 20 municipios y otros en 300.
En los 300 municipios, la prioridad es llevar justicia alternativa puesto que varios estudios han demostrado que impartiendo ‘justicia’ es como la guerrilla y otros grupos ilegales entran a las comunidades y ganan cierta legitimidad. Si logran blindar este frente, se evitaría que una vez la guerrilla se desarme, otro grupo entre a asumir esta función.
Para eso, Pardo tiene planeado hacer una capacitación intensiva con inspectores de policía y con las Juntas de Acción Comunal, que cambian de comuneros en abril, que por ley pueden cumplir esta función y en varios sitios la ejercen bajo la influencia del grupo armado. También buscan capacitar a los jueces para ofrecer una justicia itinerante que, por ejemplo, pueda atender los conflictos los días de mercado.
La segunda gran tarea, de la cual está a cargo el Ministerio de Defensa, será en el frente de seguridad.
En los municipios donde han estado las Farc se priorizará la reparación individual y colectiva para las víctimas de la guerrilla, para que la población sienta desde el primer día de la firma del Acuerdo que ellas también ganan con el proceso.
El otro frente, que tiene la misma lógica de la anterior, busca crear un mecanismo rápido para generar ingresos en otros 300 municipios a través de cultivos de corto plazo econtratando extensionistas agrícolas y faciltando créditos rápidos.
Pardo ya está tratando de cambiar el reglamento del Banco Agrario incluyendo metas para el posconflicto y cambiando los protocolos de préstamos para que los pequeños campesinos puedan acceder a crédito, pues hoy solo el 10 por ciento de las unidades agrícolas tienen crédito, incluyendo a los grandes agroindustriales.
Pardo está convencido de que el objetivo último de la paz debe ser integrar esos dos países que conviven aquí, el rural y el urbano, y en esa línea es que está pensando el componente urbano de su Plan de Atención Inmediata que involucra a las universidades.
Retomando lecciones de programas pasados como Opción Colombia y actuales como los de la Universidad de Ibagué o la Autónoma de Manizales, el programa Manos a la Paz aspira a vincular en el próximo año 10 mil universitarios y profesionales para apoyar a los alcaldes en la elaboración de sus planes de desarrollo con el fin de que reflejen los componentes de los acuerdos de paz. Pero, sobre todo, para que se conviertan en multiplicadores de un entusiasmo por la paz.
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Precisamente porque un componente importante de este Plan inmediato es que la gente sienta en carne propia que le conviene la paz, algunas personas críticas consideran que el plan de Pardo realmente lo que busca es ‘aceitar’ la campaña a favor del plebiscito por la paz, pues la movilización de esos 18 proyectos justo antes de la votación del plebiscito dispondrá favorablemente a mucha gente por la paz.
Aunque Pardo no niega que uno de los objetivos sea que la gente sienta que la paz le conviene, dado que el único componente urbano de su Plan es el las prácticas de las universidades y los demás son más rurales, definitivamente no estaría moviendo los votos donde estos son decisivos para el plebiscito si ese fuera su único objetivo.
La otra crítica que se le ha hecho, sobre todo entre los que siguen de cerca este tema, es que su Plan es demasiado ‘aséptico’ frente a los acuerdos ya negociados con las Farc y que dada la complejidad de las tareas ya enfocarse en preparar el terreno para el cumplimiento de los acuerdos debería ser suficiente trabajo para el Consejero del Posconflicto.
La implementación de los acuerdos de paz requiere de dos tipos de preparación: una institucional y estructural para poder cumplir con lo pactado desde el gobierno central y una en los territorios donde estos acuerdos se llevarán a cabo.
Un ejemplo de las tareas pendientes del primer tipo es por ejemplo el estatuto de la oposición. En el Acuerdo Político, el gobierno se comprometió a sacar adelante con los partidos políticos un estatuto de la oposición que quedó engavetado el primer año de gobierno de Santos.
El Ministerio del Interior ya está trabajando en este tema, en una "mesa de alistamiento del punto 2 sobre acuerdo político" y precisament mañana hay un desayuno con el Polo y los Verdes para hablar de eso.
Otro ejemplo es el catastro rural, uno de los compromisos del gobierno en el Acuerdo Rural. Hacer ese inventario de predios requiere un proceso técnico que pasa por definir cómo se va a financiar, qué experiencias comparadas exitosas existen, qué impacto tiene sobre el desarrollo rural. Y hasta tener claro si existen topógrafos suficientes para la titulación de predios. En este tema, se está trabajando en la reestructuración de la licitación y como contó La Silla, en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno se obliga a crear un catastro multipropósito y le da permiso de asignarle en el presupuesto nacional los 90 a 150 millones de dólares que puede costar, que lo convertirán en una de las licitaciones claves de los siguientes cuatro años.
Y así, de cada uno de los puntos, se desprenden cientos de tareas de preparación.
En los territorios donde se priorizará la implementación de los acuerdos, se requiere un alistamiento similar. Desde acompañar a los alcaldes en la elaboración de los planes de desarrollo para garantizar que estén sintonizados con los acuerdos firmados hasta preparar el terreno para que los Pdets (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son programas participativos para ejecutar los proyectos que se deriven de los acuerdos, no terminen siendo monopolizados por las Farc. Desde la Oficina del Comisionado de Paz vienen trabajando hace unos meses en esto.
La pregunta que ronda entre los que trabajan estos temas es si Pardo -con este reenfoque del posconflicto- terminará por no asumir como prioridad la coordinación de todas estas tareas que hoy están dispersas en varias entidades.
“Alguien tiene que pensar en toda la implementación de los Acuerdos desde ya y esperábamos que ese fuera Pardo”, dijo a La Silla alguien que trabaja en la Presidencia.
Frente a esto, Pardo explicó a La Silla que parte de su labor sí será promover que todas las entidades del Gobierno metan los acuerdos en el presupuesto del 2017 para presentarlo al Congreso en abril y facilitar que exista la capacidad institucional para poner en marcha los proyectos. Pero que lo primero es garantizar que la gente crea en la paz.
También está pensando en qué necesitará Colombia sin conflicto. Para eso, desde ya está trabajando en la posibilidad de darle incentivos tributarios a empresas que monten sus negocios en las zonas más azotadas por el conflicto para que haya un verdadero modelo económico alternativo a la ilegalidad, y la ejecución de carreteras terciarias, que el Gobierno Nacional asumiría ahora, seguramente ampliando las concesiones de las vías principales para que también se encarguen estas empresas de las vías más pequeñas.
Para hacer todo esto, Pardo tendrá la nueva Agencia de Renovación del Territorio creada con los decretos de fin de año, que entrará a depender de Presidencia en unos meses y que asumirá parte de la planta de personal de Consolidación, que se liquidó.
Una de las discusiones pendientes en Palacio es si los equipos que hoy dependen del Comisionado de Paz y que llevan meses trabajando –pero con pocos recursos- en el alistamiento territorial e institucional entrarán a depender de Pardo o si seguirán como van.
La otra discusión es de dónde saldrá la plata para hacer todo esto teniendo en cuenta que el solo cumplimiento de los acuerdos ya se calcula en unos 90 billones de pesos según los estimativos más conservadores. Ya Pardo consiguió financiación con las embajadas de dos terceras partes del Plan de Atención Inmediata. Falta para eso unos 700 millones. El resto tendrá que salir del presupuesto nacional.
Nota de la Editora: unas horas después de publicada, esta historia fue actualizada con nueva información y su titulo fue cambiado.