Desde que se conoció la denuncia por acoso sexual de Astrid Helena Cristancho contra el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, muchos sectores del país han salido a exigir la renuncia del funcionario. Como Otálora ha dicho que no va a renunciar y suspenderlo es muy difícil, la suerte de Otálora está en manos del movimiento de mujeres que ya se está organizando para tumbarlo.
Jorge Armando Otálora llegó a la Defensoría del Pueblo el 3 de septiembre del 2012, elegido masivamente por la Cámara de Representantes y como ficha de la dirección nacional del Partido Liberal.
Eso quiere decir que su período de cuatro años como Defensor termina este 2 de septiembre, por lo que cualquier sanción que no se haga en los próximos siete meses tendría un efecto simbólico menor.
Como Otálora no tiene un jefe que lo pueda remover de su cargo, si no renuncia solo se podría caer por efecto de un proceso penal (por el delito de acoso sexual) o por uno disciplinario (si cometió alguna falta).
Por el lado penal, el delito de acoso sexual tiene penas bajas (de 1 a 3 años) y por lo tanto no puede tener detención preventiva. Eso quiere decir que Otálora, aún si el proceso penal avanzara, seguiría trabajando hasta una eventual sentencia condenatoria. Algo que es imposible que ocurra en siete meses.
Por el lado disciplinario, que es más rápido y no tiene un estándar de prueba tan alto como el penal, quien lo investiga es el Procurador General. Y aunque Ordóñez ha sido muy veloz en sacar adelante procesos, difícilmente podría destituirlo de acá a septiembre: la destitución de Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá, que fue sorprendentemente rápida, tomó 13 meses de proceso.
Por eso, aunque se supo que desde el miércoles la Procuraduría está investigando a Otálora por las denuncias de acoso laboral que se conocieron a fines del año pasado, una decisión de fondo está lejos.
Lo que sí podría hacer pronto es suspenderlo, como lo hizo Ordóñez con el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno en mayo de 2011. Esa suspensión puede tener un efecto simbólico grande pero menor que el de una destitución.
Aunque se puede hacer en cualquier momento desde que le emita pliego de cargos, solo dura tres meses (se puede prorrogar por una vez) y exige que el funcionario de la Procuraduría esté muy seguro de lo que hace: el Código Disciplinario establece que haya pruebas sólidas de que hubo una falta y dice explícitamente que el funcionario es personalmente responsable si luego esa suspensión termina tumbada por un juez y en una condena contra la procuraduría.
Por eso, así el procurador quisiera ponerse por una vez del mismo lado de los derechos de las mujeres es poco probable que lo haga. La suerte de Otálora está, entonces, en manos de la presión social y de la indignación ciudadana que logren concitar las organizaciones de mujeres.
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Desde cuando se conoció la noticia ayer, varias organizaciones de mujeres están diseñando una estrategia para presionar a Otálora por tres vías: exigirle la renuncia, buscar que Procuraduría lo suspenda e impulsar la denuncia penal contra el Defensor.
“Esperamos que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia pero también que se respete la buena fe de la víctima, Astrid Helena Cristancho. El Defensor tiene una contradicción ética porque ocupa un cargo tan importante. Es el encargado de defender los derechos humanos y está acusado de vulnerarlos. Por eso o bien renuncia o bien debe ser suspendido”, le dijo a La Silla Erika Rodríguez de la organización Casa de la Mujer y miembro de La Silla de las Mujeres.
Sobre lo penal, a pesar de que el debate en torno a este escándalo ha girado en torno a si efectivamente Otálora y Cristancho sostuvieron una relación amorosa y consensuada como argumenta el Defensor y ella niega tajantemente, para las organizaciones de mujeres este no es el punto: aún si la hubo puede existir el delito de acoso sexual, sobre todo si en esa relación medió un factor de poder como el que tiene Otálora. Y la prueba de que por lo menos en algún momento ella no quería tener ninguna relación extra laboral con él son los chats en los que le pide "por favor y con todo respeto y sin agresividad de ningún tipo que no me haga más comentarios personales. Ni para bien ni para mal. Es importante que mantengamos una cercanía estrictamente laboral [...]".
“El delito de acoso sexual está intrínsecamente relacionado con el poder. No puede haber libertad en el amor cuando tu pareja puede firmar tu carta de insubsistencia y tiene poder económico y político -como el que él tuvo para ser elegido por la Cámara de Representantes- mientras que la mujer no lo tiene”, le dijo a La Silla la directora de Sisma Mujer, Claudia Mejía.
Además, en ninguna parte de la norma que tipificó el delito -que las organizaciones de mujeres ayudaron a crear en el 2008- dice que no se configura el acoso sexual si hay una relación sentimental.
“Otálora ha dicho que esto hace parte de su vida privada pero él sabe, aunque parece que se le olvidó, que la relación de la violencia sexual y la vida privada es histórica y por eso el Estado tiene el deber de vigilar el mundo privado para evitar la comisión de un delito”, agrega.
Con ese mensaje, las organizaciones de mujeres ya se están movilizando con comunicados de prensa, entrevistas y declaraciones públicas y en redes sociales para defender a Cristancho y acompañarla a que ponga la denuncia penal contra Otálora en la Fiscalía, algo que anunció que haría hoy pero aún no ha ocurrido.
Además, están preparando los argumentos jurídicos para exigir a la Fiscalía o la Procuraduría que actúen ya.
“El movimiento de mujeres ha decidido acompañar a Astrid en todas las acciones (...) Por ahora la estrategia es creerle a la víctima, movernos en redes sociales y apoyar las acciones legales que ella vaya a realizar”, le dijo a La Silla Adriana Benjumea, la directora de la Corporación Humanas.
Pero la estrategia no se queda en lo legal. Las organizaciones de mujeres quieren meterle más presión a Otálora y lo lograrán si logran que la sociedad vea este caso como una verdadera agresión y no como algo que no importa mucho o si la discusión mediática degenera en que era reina, o su ex novia o si el amor lo justifica todo. Como en otros temas, como los de discriminación racial, este tipo de incidentes solo tienen efecto cuando la opinión pública lo rechaza.
Lo más importante para ellas en estos casos es actuar mancomunadamente. Por eso, desde ayer al menos 12 organizaciones están en comunicación permanente para coordinar acciones y pronunciarse esta semana con plantones y campañas en las redes sociales para hacer presión contra Otálora. De hecho, tenían planeado hacer el primero hoy, justo cuando la Defensoría anunció que haría una rueda de prensa, pero ésta se canceló.
Y cuentan con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos que les han expresado su apoyo y les han dicho que esperan a que diseñen una ruta de acción, para seguirlas.
“Estamos mandando un mensaje a todas las mujeres que tengan algo que decir de Otálora o de otros abusadores que tienen cuentas pendientes en la ley. Todas somos Astrid”, dice Mejía.
Están seguras de que éste no es el único caso de violencia sexual que hay en contra del Defensor del Pueblo, una tesis que expuso también Daniel Coronell en su columna de ayer, y por eso plantean documentar otros casos y darlos a conocer a medida que los construyan.
“Queremos resaltar que desde tiempo atrás hay denuncias [contra Otálora] por acoso laboral pero sólo cuando se denunció por acoso sexual se movilizó la opinión pública. La fuerza del movimiento de mujeres ha logrado impactar sobre la legislación con la tipificación del delito de acoso sexual y a fortalecer más a las mujeres víctimas para que se atrevan a denunciar. En este caso vamos a lograr que Otálora renuncie”, agregó Mejía de Sisma.
Si lo logran, no sería la primera vez que obtienen una victoria contra un funcionario: hace más de cuatro años, las organizaciones de mujeres también apoyaron el caso de la periodista Lina María Castro que denunció al entonces director de la oficina de derechos humanos de la vicepresidencia, Tomás Concha, por abuso sexual.
Concha, al igual que Otálora, se defendió diciendo que había sostenido una relación con la periodista. Sin embargo, dos meses después de que se conoció la denuncia, la Vicepresidencia en cabeza de Angelino Garzón le canceló el contrato a Concha.
La diferencia es que en este caso, con el poder que tiene Otálora, dado que él ha dicho que no va a renunciar y es casi imposible que sea suspendido, si logran que su estrategia funcione sería un hecho histórico.