Algo malo debe estar pasando: Alejandro Ordoñez celebra y si eso ocurre debe ser porque cree que el proceso de La Habana está en riesgo. Se le ha visto sonriente y hablador. Cree que las declaraciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional, las de un vocero de la ONG Amnistía Internacional, los términos del editorial del New York Times en los que advierten sobre los mínimos de justicia aceptables le dan la razón para oponerse al fin negociado del conflicto armado.
El Procurador cree que si se rompe el proceso su candidatura presidencial estará despejada. Dirá que es preferible nada a una paz mal negociada, que tales o cuales concesiones a la guerrilla garantizan la perpetuación y reproducción de la violencia y etc.
Ordoñez, con mala intención y otros, con buena intención, cuestionan el acuerdo de justicia a partir de dos errores: uno, porque creen que es posible lograr un mejor acuerdo, en el entendido de que un mejor acuerdo es el que más castigo logra para la guerrilla, no el que más reparación consiga para las víctimas y segundo, que las normas ordinarias satisfacen mejor el derecho a la justicia. Pues no, ni lo uno ni lo otro es cierto. Ordoñez lo sabe pero usa los argumentos por puro cálculo político. Él no lo dice por convicción, de hecho ha usado la Procuraduría para defender políticos y agentes del Estado que han incurrido en crímenes sin nombre. Los otros, creen genuinamente que hay unos mínimos de justicia que hay que satisfacer y que es posible conseguirlos en un acuerdo. La eterna tensión entre lo ideal y lo posible. El uno celebra que los otros le ayuden en la tarea.
Me detengo en el segundo argumento: el régimen jurídico ordinario satisface mejor el derecho a la justicia que el método transicional acordado. Pues no, el acuerdo no propiciaría una feria de impunidades, vivimos en medio de la mayor feria de impunidades y de denegación de justicia.
Ningún jefe de la guerrilla de las FARC ha sido llevado a juicio, de cuerpo presente, ante ningún tribunal colombiano. Llevamos 60 años con las FARC actuando en contra de la ley y nuestro sistema judicial no ha conseguido hacer comparecer a uno solo de los miembros del Secretariado de esa organización. Ni Tirofijo, ni Jacobo Arenas, ni Alfonso Cano, ni el Mono Jojoy, ni un largo etc han estado en una cárcel colombiana, todos pasaron su vida sin haber pagado “un día de cárcel”. Tampoco lo han hecho miles de miembros rasos de la guerrilla que la justicia nunca logra identificar y mucho menos enjuiciar. No lo hacen los que se desmovilizan y confiesan. La justicia punitiva ni asusta ni castiga a los guerrilleros.
La guerrilla no repara a sus víctimas, que es otro de los cuestionamientos que se le hace al acuerdo. Pues hasta hoy es el Estado colombiano, con el erario público, el que asume integralmente los costos de la reparación. Ayer no más el Consejo de Estado condenó al Estado, no a las FARC, a reparar a un ciudadano que fue despojado de sus tierras por las FARC durante la época del despeje del Caguan. ¡El despojo ocurrió hace 14 años! Y eso que le fue bien porque esta semana la justicia falló un caso de un despido injusto de una trabajadora de la Contraloría ¡30 años después de haber sido despedida!
Algunos con buena intención y otros con mala intención pretenden que en La Habana se arreglen o al menos se comprometan a arreglar buena parte de los males que la sociedad colombiana no ha podido resolver a lo largo de décadas.
Por ejemplo, que si el acuerdo no es bueno se va a reproducir la violencia y la inseguridad va a aumentar en vez de disminuir. No son los negociadores de La Habana los que tienen la responsabilidad sobre lo que pase después del acuerdo. La sociedad que tendremos será la que nosotros seamos capaces de construir. Si no somos capaces de tener un estado y una fuerza pública que tome el control del territorio pues tendremos lo que hoy ocurre en Córdoba que, según dicen informes de prensa, los habitantes de todos los municipios están sometido a la extorsión de grupos armados.
Ese mal de Córdoba no es por cuenta del proceso de La Habana, ni siquiera es por cuenta de la negociación con los paramilitares, es culpa de todos nosotros que no fuimos capaces, ni de impedir que por esa región pasara la guerra con toda la crueldad con la que lo hizo, ni de construir Estado después de que pasara la guerra. Volvimos a permitir que unos matones impusieran su ley. No hubo Estado, no cambió la condición social, ni la estructura económica de la zona, la fuerza pública no asumió eficazmente su papel, la justicia no mejoró, es decir no hicimos nada. ¡Todos eso en Córdoba!, quiero decir en un departamento geográficamente “fácil” porque es plano, económicamente fuerte, relativamente cerca de otros centros importantes de poder como Medellín o Cartagena.
Que podemos esperar que pase entonces en el Pacífico, para citar un ejemplo. Pero lo que haya ahí, después de que acaben las FARC, no será atribuible a lo que se acuerde en La Habana, será responsabilidad de lo que seamos capaces como sociedad de construir en el futuro. Si todo sale bien, los negociadores del gobierno nos entregarán al Chocó o al Cauca sin FARC, que ya es mucho, lo demás correrá por cuenta nuestra y el rumbo que tomemos será precisamente lo que se decida en las elecciones futuras.
Dicen que el acuerdo de justicia genera el riesgo de que haya falsas acusaciones que por razones políticas pondrían en riesgo de injusticia a ciudadanos inocentes. Ese riesgo no lo crea el acuerdo y ni siquiera lo aumenta, ese riesgo ya existe, se da todos los días. Hay hasta oficinas que ofrecen el servicio de falsos testigos.
Por malo que fuera lo que viene de La Habana todo es mejor de lo que tenemos. Desde Julio pasado la guerrilla no combate. ¡Ah pero extorsiona!, claro antes también extorsionaba pero además combatía, mataba soldados y atacaba poblaciones. Después del acuerdo final dejará de extorsionar.
Con el complejo sistema de justicia transicional veremos lo que no hemos visto nunca antes: a los jefes de las FARC acudiendo a un Tribunal a asumir sus responsabilidades, a contar la verdad, a aportar para reparar a las víctimas.
Sin embargo, el Procurador, el que tiene la misión de promover la defensa de nuestros derechos hará fiesta cada vez que perciba que el acuerdo se va a dañar.