Por Ana María Rueda (@anamariarueda01)
A menos de un año del fin de la administración de Barack Obama es inevitable sentir desilusión frente a su distante apoyo al debate que se ha venido agitando sobre la política mundial de drogas. ¿A quién se le ocurriría pensar que Estados Unidos pueda permitir, defender o impulsar discusiones o cambios en el enfoque represivo que este país ha defendido y que todos los países utilizan desde hace más de 50 años para algún día lograr acabar con el pequeño problemita de las drogas?. A nadie. Pero hubo algunos signos esperanzadores.
Obama acompañó al Presidente Santos en 2012 en la Cumbre de las Américas en Cartagena a impulsar este debate en una declaración de consenso entre los gobernantes de los países miembros de la OEA sobre la necesidad de revaluar las actuales políticas de drogas ante sus cuestionables resultados. Mientras tanto, domésticamente, y con su apoyo tácito, arrancó la legalización de la marihuana, que como bola de nieve ya cobija a 4 estados y a Washington D.C., y se espera que al menos tres más pongan a sus electores a decidir si también legalizan en las elecciones de noviembre de este año. En la misma línea, Uruguay ya legalizó y Canadá lo va a seguir.
Este histórico encuentro sucedió a solo 4 años de la Asamblea General de las Naciones Unidas (abril 2016) en la que, por iniciativa de México, Guatemala y Colombia, todos los países signatarios de los actuales convenciones internacionales sobre drogas deberán evaluar los resultados de la política y, definir su futuro. Si Obama hubiera mantenido el apoyo que le dio a Santos en 2012, seguramente se hubiera podido llegar más fácilmente a un consenso, al menos del mundo occidental, sobre la necesidad de aceptar que la meta de lograr un mundo sin drogas no se logró y no se va a lograr, y que se debe trabajar en un cambio de enfoque hacia la reducción de los daños que le producen las drogas y la actual política de drogas a la humanidad.
Estados Unidos en estas discusiones ha sido terriblemente ambiguo, en consistencia con su actitud frente a su política exterior; pero en este caso, parece haber una clara intención de que que otros países sean quienes presionen para bajar el nivel de riesgo de la marihuana en los listados de las drogas fiscalizadas (prohibidas) por estos tratados, y de esa manera, sin comprometerse con un cambio profunda en la política de drogas, Estados Unidos podría empezar a usufructuar legalmente la marihuana sin infringir obligaciones internacionales mientras la cocaína y la heroína siguen considerándose un demonio (la hoja de coca también), sus mercados continúan lucrando organizaciones criminales que perpetúan la violencia y la pobreza en muchos países, y su consumo sigue a espaldas de los sistema de salud, de educación, de las familias y del gobierno. La legalización de la marihuana es un buen inicio pero deja de lado y muy lejos la urgencia que Colombia tiene de quitarse otro problema más de encima; después de las FARC.
Y aún así había esperanzas. Obama, internamente le ha subido el tono a la necesidad de abordar el consumo de drogas desde un enfoque de salud pública, ha mantenido la tendencia al aumento en el presupuesto anual para la prevención y el tratamiento del consumo de drogas, y para el año 2017, por primera vez solicitó al Congreso un presupuesto equilibrado entre la demanda y la oferta de drogas ($15.8 - $15.2 billones). Este cambio responde, en parte, a la “epidemia del uso de heroína”, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años afectando nuevos grupos poblacionales y matando por sobredosis a casi más de 10.000 personas en 2014 (y casi 19.000 por consumo de opioides).
Por otra parte, la administración Obama ha atendido la alta tasa de encarcelamiento por delitos de drogas (el 50% de las personas en cárceles federales), primero con una directiva en 2013 motivada por la desigualdad de penas entre pequeños traficantes de crack y de cocaína que ha recaído históricamente en jóvenes negros y latinos, y ahora con una reforma que ya está en debate en el Congreso para responder penalmente de manera proporcional a los delitos de drogas. En otras palabras, para ofrecerle alternativas al encarcelamiento a los eslabones débiles de la cadena con el fin de reducir la población carcelaria, en primer lugar, pero también, o al menos de paso, la re-marginalización de poblaciones que por su vulnerabilidad entran al mercado de las drogas.
Un último signo esperanzador fue la prudente y respetuosa actitud que tomó el gobierno de los Estados Unidos ante la decisión de Colombia de suspender las fumigaciones con glifosato para reducir los cultivos ilícitos. El gobierno colombiano por fin se dio cuenta de que asperjando glifosato, la coca no se iba a acabar, y así las cosas para qué poner en riesgo la salud y el medio ambiente. La oposición soltó todo su rencoroso compendio de buenos y malos argumentos por un par de días hasta que el tema se olvidó. Y el gobierno de Estados Unidos parece que aceptó la muerte de su programa bandera antinarcóticos sin grandes sobresaltos diplomáticos. Ya vimos la gran “celebración” del Plan Colombia y el anuncio del apoyo financiero al postconflicto.
Todos estos son indicios del cambio de chip que se está instaurando porque en materia de drogas todo sigue igual, y desde algunos ángulos, talvez peor. Pero 8 años de un gobierno liberal en los Estados Unidos no es suficiente para repensar una problemática que a lo largo de estos años ha sobrevivido por miedo, conveniencia y cobardía. Miedo a más propagación del consumo, conveniencia para políticos y ladrones de todos lo cuellos, y cobardía de los gobiernos porque proponer la regulación de las drogas o cualquier modelo diferente al actual es jugarse una buena parte de su capital político nacional e internacionalmente.
Es lógico pensar que solo con un nuevo presidente demócrata se mantendría la esperanza. Hillary Clinton y Bernie Sanders, los que quedan mientras se define el nominado por el partido después de las primarias, han expresado posturas abiertas frente a los temas de interés en la política doméstica estadounidense (enfoque de salud pública, legalización de la marihuana por parte de los estados y reforma de la política criminal) y tienen en sus páginas web secciones dedicadas a este tema. Sanders ha ido un poco más allá al proponer la reclasificación de la marihuana; hoy clasificada en el mismo nivel de riesgo que la cocaína y la heroína. También se refiere al fracaso de la guerra contra las drogas pero sus argumentos se relacionan esencialmente con la política interna.
Los republicanos son una mezcla ilógica entre visiones liberales del mercado y conservadoras de la sociedad por lo que sus posturas frente a temas identificados como progresistas (aborto, derechos de minorías, asistencia económica, drogas, etc.) son predecibles. No habría esperanza alguna. Hasta el momento quedan 7 candidatos por este partido, que en general se oponen a las reformas y critican la permisividad del gobierno federal frente a legalización de la marihuana a nivel estatal. Hay diferencias tenues entre los candidatos siendo Ben Carson, Jeb Bush y Marco Rubio los más claros contradictores. Solo Ben Carson y Donald Trump tienen referencia al tema en las páginas web de sus campañas políticas. Y ningún candidato ni demócrata ni republicano se refiere a ellos entre sus asuntos de política exterior.
Trump es un caso curioso, como se sabe, pero en este tema podría ser una sorpresa. En su página web tiene un video en el que con un discurso muy ligero y muy político dice, entre otras palabras, con un tono apoteósico típico de las películas gringas, que va a salvar al estado de New Hampshire (uno de los más afectados) de la epidemia de heroína cerrando las fronteras y atendiendo a los dependientes. Pero Trump, al contrario de sus colegas de partido, también ha dicho que está de acuerdo con la legalización de la marihuana por parte de los estados. Además, fuera de la campaña presidencial, se le conocen dos aseveraciones; una en 1990 y otra 2011, sobre su favorabilidad frente a la legalización de las drogas.
Es claro que Trump no se va a jugar su futuro político con un tema tan espinoso como la política de drogas. Los republicanos no tienen ningún interés en profundizar en este tema especialmente porque los grupos sociales que tienen que conquistar en esta campaña son los menos proclives a defender nuevos enfoque en este tema; los ciudadanos de los estados del sur, que son en su mayoría republicanos, y los adultos y adultos mayores. Los jóvenes en general apoyan la legalización de la marihuana pero normalmente no salen a votar en elecciones generales; solo en los referendos. Así que pueden ser de utilidad para los demócratas en los estados en donde se va a votar la legalización; California, Nevada y Massachusetts.
En este momento del proceso electoral es aún difícil apuestas sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos ni se puede intuir fácilmente desde las campañas cómo va a ser la posición de un demócrata o un republicano frente el debate internacional, que se espera que continúe con la misma fuerza después de la UNGASS 2016. Si los demócratas se quedan con la presidencia, está claro que continuarán respondiendo a las problemáticas internas de drogas fortaleciendo el enfoque de salud pública y manteniendo su mano dura frente a la oferta de drogas con excepción a la marihuana, que más temprano que tarde será legal en todo el país. Si el partido republicano gana, sí puede haber retrocesos en los avances de Obama y en el mejor de los casos, ningún avance. Pero si el presidente es Trump nada se puede predecir.
La reforma de la política mundial de drogas necesita a Estados Unidos para hacerse realidad. Si Obama no fue el líder que todo el mundo esperaba en este asunto, difícilmente alguno de los candidatos actuales lo podrá ser. Donald Trump podría mantener, muy tentativamente, la esperanza si resulta ser el político desinteresado y arriesgado (para algunos irresponsable) que muestra ser. Si no, tomará por lo menos otros 50 años este proceso de paz con las drogas.