La decisión que tomó hoy la Fiscalía General de la Nación de dictar medida de aseguramiento contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado es una decisión audaz y riesgosa. Por eso, con ella se juega su ya golpeado prestigio a pocos días de dejar su cargo.
El señalamiento contra Santiago Uribe viene desde hace más de dos décadas. Las sindicaciones de que Santiago Uribe habría liderado un grupo paramilitar llamado Los 12 apóstoles en el nordeste antioqueño datan de los años noventa, cuando ese grupo habría actuado. La Fiscalía de esa época bajo Alfonso Gómez Méndez le abrió un proceso y lo archivó. Uribe era en ese entonces gobernador de Antioquia.
En una segunda etapa, esa acusación revivió hace casi seis años, cuando el mayor retirado de la policía Juan Carlos Meneses, desde Argentina, envió un video al Washington Post en el que afirmó que él había estado vinculado con el grupo de Los 12 apóstoles y que Santiago Uribe era uno de sus cabecillas.
Santiago Uribe rindió indagatoria en 2013 reiteró la versión que ha tenido desde siempre: se trataría de falsos testigos (además de Meneses, un ex trabajador de una finca de los Uribe, Eunicio Alfonso Pineda Luján) que querrían golpear a su hermano, el ex presidente.
Desde ese entonces, el ex presidente Uribe asumió el caso de su hermano como una afrenta personal convirtiendo este caso judicial también en un caso con alto impacto político.
Porque más allá de las pruebas que respalden la decisión de la Fiscalía, la captura de Santiago Uribe refuerza la narrativas del uribismo, de que son perseguidos políticos de Eduardo Montealegre, que como Fiscal ha llevado a juicio a varias figuras muy cercanas a Álvaro Uribe.
Como @AlvaroUribeVel no se doblega lo quieren obligar persiguiendo a su familia
Ciudadanos #Resistencia
— Paloma Valencia L (@PalomaSenadora) 29 de febrero de 2016
La justicia tiene que llegar a los grandes responsables de la Guerra Sucia por fin capturan a SANTIAGO URIBE VELEZ. https://t.co/V2VYrjb5Po
— Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) 29 de febrero de 2016
La decisión de la Fiscalía es audaz porque a Montealegre le queda exactamente un mes como Fiscal General, por lo que habría podido aplazar la decisión para que no le tocara enfrentarla a él.
Pero esta mañana, según el jefe de prensa de la Fiscalía, después de recoger nuevas pruebas, se decidió apresar a Uribe. Una decisión que no era menor incluso en lo operativo: el CTI tuvo que desplazar una comitiva desde Bogotá hasta Medellín y capturarlo frente a sus escoltas, que alcanzaron a desenfundar las armas.
Aunque la decisión la tomó un fiscal delegado ante la Corte Suprema, que como cualquier fiscal es autónomo frente al Fiscal General, forma parte de la élite de fiscales y es improbable que tome una decisión de este calibre sin que lo sepa por lo menos el Vicefiscal. Y dado lo delicado del operativo para detener a una persona con un esquema de seguridad como el de Santiago Uribe, tiene que coordinar con los niveles más altos del CTI, que le responden directamente a Jorge Perdomo, el Vicefiscal.
Y es una decisión riesgosa porque en los próximos días la Sala Penal de la Corte Suprema le tendrá que dar el visto bueno a la detención (que es el próximo paso) porque este es un proceso que va por el sistema acusatorio viejo y por lo tanto la orden de captura no fue emitida por un juez de control de garantías.
La Fiscalía se muestra confiada en sus pruebas, dos años y medio después de la indagatoria.
“Hoy ya está casi listo el llamamiento a juicio, con todos sus sustentos”, le dijo a La Silla una alta fuente de la Fiscalía “En un caso tan vistoso como este, uno no se puede arriesgar a que la medida luego se caiga”.
En todo caso, el pronunciamiento de la Corte sobre la captura será el acto final con el que Eduardo Montealegre cerrará sus cuatro años como Fiscal General, antes de llegar a Alemania como Embajador de Santos. También será la prueba de fuego para el vicefiscal Jorge Perdomo, que quedará encargado de la Fiscalía mientras Santos nomina la terna y la Corte elige al sucesor de Montealegre. Una terna en la que Perdomo está aspirando a entrar.
Santiago Uribe enfrenta dos cargos, uno por conformación de grupos paramilitares (concierto para delinquir) y otro por homicdio agravado. Por el primero, si es llamado a juicio y condenado, podría enfrentar entre 12 y 27 años de cárcel, y por el segundo entre 26 y 50, de ser encontrado responsable por la justicia ordinaria.
Si se dan, el peso de esas condenas no es pequeño y como su caso está relacionado con el conflicto armado, eventualmente podría acudir al tribunal de justicia transicional que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana y convertirse en ícono de los terceros responsables suponiendo que cometió esos delitos y que confiesa la verdad de Los 12 apóstoles.
Precisamente por la existencia de ese camino es que el uribismo ya ha salido a decir que la decisión de hoy es un chantaje para que se sumen al proceso de paz. Aunque su reacción hasta ahora (en la que no ha participado Álvaro Uribe, que está en Estados Unidos) es decir que es una prueba más de la persecución del Fiscal.