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| Hoy en la mañana miembros de la juventud comunista se reunieron en Soacha para protestar por la muerte de Klaus Zapata. |
Desde hace quince días, han matado cinco líderes de izquierda y amenazado a otros tres. Son homicidios que tienen aterrados a los políticos más cercanos al proceso con las Farc justo cuando en La Habana se está debatiendo el tema del paramilitarismo y las garantías que tendrán los guerrilleros para que una vez firmen la paz no terminen asesinados.
El ministro del Interior Juan Fernando Cristo citó una reunión de urgencia para hoy a las cinco de la tarde con los miembros de la Mesa Nacional de Garantías integrada por la Unidad de Protección, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Policía.
El director de la Unidad de Protección, Diego Mora, le dijo a La Silla que ya tienen claros los casos y que harán los estudios de riesgo para saber qué medidas de protección se pueden tomar.
El 28 de febrero, un hombre desconocido le disparó en la cabeza a Maricela Tombé, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Brisas y expresidenta de la Asociación Campesina Ambiental de Playa Rica (Ascap) en el Tambo, un municipio con presencia de Farc y Eln y en el que hay minería ilegal.
“Sabemos que en estos meses han aparecido hombres con armas largas, unos vestidos de civil, otros con camuflaje y camiseta negra,” le dijo a La Silla Miguel Fernández, defensor de derechos humanos del Cauca y miembro, como Maricela, de la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), una de las organizaciones que lideró el paro agrario.
Hace unos días en el corregimiento de Huisitó en el Tambo, muy cerca de donde la mataron, hubo un enfrentamiento entre guerrilleros del ELN y un grupo ilegal no identificado.
Dos días después del asesinato de Maricela, el primero de marzo, Nini Johana Daza, gobernadora del resguardo indígena de Concepción en Santander de Quilichao en el Cauca, recibió unos mensajes de texto amenazandola.
Lo mismo le pasó el 6 de marzo a Margarita Hílamo, gobernadora del resguardo indígena de Huellas en Caloto, Cauca y que según Amnistía Internacional recibió un mensaje de texto que decía: “sáqueme esta gente de la finca que en diez horas voy a mandar 1600 hombres de las Águilas Negras con la orden de matar a quien sea.”
En Los Palmitos, Sucre, mataron a Hernando Pérez Iriarte, de 66 años, un líder regional que representaba a varias familias en una solicitud de Restitución de Tierras ante la oficina de restitución de Sucre.
El 2 de marzo, al líder indígena Willar Alexander Oime Alarcó y miembro de una asociación resistente a la minería, le llegaron dos hombres en una moto en pleno Centro Histórico de Popayán y le pegaron cuatro tiros. Murió a las 7:20 pm en el Hospital Universitario San José de Popayán. No se saben detalles.
El 4 de marzo, a Luz Stella Angulo, militante de la Unión Patriótica en el Cesar, la pararon dos hombres armados cuando salía de una junta de acción comunal y le dijeron que tenía 72 horas para abandonar el departamento. Y se tuvo que ir para Villavicencio.
Dos días después, a Klaus Zapata, militante de la juventud comunista en Soacha, le pegaron dos tiros mientras jugaba fútbol con sus amigos y se murió horas después.
“Aquí en Soacha vienen pasando cosas raras. En algunas reuniones de la Juventud Comunista se aparece la SIJIN. Tenemos abierto un expediente en la Policía y a mi hace poco me pararon cuando fui a comprar unas naranjas porque sí” le dijo a La Silla Heiner Gaitán, amigo de Klaus.
“Para nosotros esto no es un hecho aislado y puede tener móviles políticos porque él era comunicador y venía adelantando denuncias sobre las ollas de microtráfico y la minería ilegal en el páramo de Sumapaz,” agregó.
Y en la tarde del 7 de marzo, William Castillo, integrante de la Marcha Patriótica y de Organizaciones Agrarias y Populares (CONAP), lo balearon en un establecimiento público del barrio Villa Echeverry en el Bagre, Antioquia.
El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) considera que tantos casos similares en tan poco tiempo no es coincidencia.
“En 2016 se han presentado amenazas, desplazamientos y hostigamientos a organizaciones y comunidades campesinas de las regiones de donde provienen estos líderes,” dice el informe que nos enviaron.
“Están asesinando a líderes políticos. Esto no es delincuencia común ni casos aislados. Estamos hablando de figuras importantes y tenemos información de presencia activa de paramilitares en esas zonas,” le dijo a La Silla el senador del Polo Iván Cepeda.
Según cifras de Marcha Patriótica, desde que nació este movimiento social de izquierda en 2012, 102 militantes han muerto por razones desconocidas. Como contamos, solo en 2013, 15 miembros del movimiento fueron asesinados por sicarios, cinco más murieron en enfrentamientos con el Esmad durante las protestas agrarias y otros cinco fueron víctimas del Ejército, varios de ellos en los paros agrarios.
Tras estos nuevos ataques, los movimientos de izquierda tienen miedo de que se repita la historia del exterminio de la Unión Patriótica.
“Estoy muy preocupada. El paramilitarismo está más vivo que nunca y me da mucho miedo que repitamos la dosis,” le dijo a La Silla la presidenta de la UP, Aída Avella.
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A finales de la década de los ochentas, tres mil militantes, ocho congresistas, dos candidatos presidenciales, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes de ese partido que surgió de las negociaciones fracasadas con las Farc fueron asesinados.
“Estamos muy asustados. No sabemos cómo leer esto. Si antes de la firma ya está pasando esto, dígame ¿cómo será después?” se pregunta Gabriel Becerra, militante de la UP.
“Esto se llama crónica de una muerte anunciada. Así empezaron los asesinatos de la Unión Patriótica. Era uno aquí, otro allá, y cuando se dieron cuenta habían muerto miles,” le dijo a La Silla Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación.
Aída Avella, de la UP, dice que le envió una carta ayer al presidente Juan Manuel Santos con “reportes de reactivación del paramilitarismo en muchas regiones.”
Según ella, en el Meta reapareció el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia (ERPAC), una de las cinco bandas criminales activas en el país y herederos del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Por ejemplo, en la vereda Restrepo, en ese departamento, ya hay denuncias de una lista con cuarenta nombres de personas “por asesinar”, según Aída.
En Río Sucio, Chocó, también hay reportes de hombres armados que reparten propaganda contra el plebiscito, según Avella.
En Santander, la Agencia de Prensa Rural denunció que, entre el 1 y 2 de marzo, paramilitares repartieron panfletos amenazantes en algunas calles y casas de Barrancabermeja.
Y hace unos días amenazaron a Andrés Echeverri, hijo del alcalde Darío Echeverri, quien le confirmó a La Silla que le dijeron: “mándele a decir a su papá que no sea sapo”
En Casanare, según Avella, ya hay denuncias de cobro de peajes por hombres con brazaletes de las AUC en las carreteras.
Para muchos líderes de la Unión Patriótica fue una verdadera hazaña hacer campaña en las pasadas elecciones regionales de octubre. Un mes antes de las votaciones, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), había 29 aspirantes de este partido con medidas especiales de seguridad.
A Pedro Quintero, aspirante a la alcaldía de Teorama, en Norte de Santander, lo amenazaron de muerte si no dejaba de hacer campaña. A Miguel de la Vega, que quería llegar a la asamblea de Girón, le llegó un panfleto que decía: “La Unión Patriótica no puede participar en los comicios políticos” . Jesús María Turizo, que era candidato a la alcaldía de Soledad, Atlántico, recibió un panfleto firmado por las Águilas Negras que lo amenazaba a él y a todo aspirante a concejos o asambleas en la zona.
Y hasta a Aída Avella le tocó prestarle por unos días su escolta a Imelda Daza, candidata a la gobernación en el Cesar, para que la acompañaran en sus recorridos por el departamento.
Las amenazas a la izquierda son una historia que lleva muchos años, pero que con la firma de la paz tan cerca, que en dos semanas mueran y amenacen a tantos líderes de base no es un buen presagio.