La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era la meca de los activistas perseguidos de izquierda, ahora es el destino predilecto de todo tipo de personajes que, después de las medidas que asumió en el caso de Petro, ven en este organismo internacional una tabla de salvación, sobre todo cuando terminan vencidos por la justicia colombiana. Se ha convertido casi en la ‘tercera instancia’ judicial.
En los últimos cinco días, dos uribistas -Óscar Iván Zuluaga y Santiago Uribe- y el polémico Alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, anunciaron que pidieron o van a pedir medidas cautelares a la Cidh para que los proteja de “una persecución política en su contra”. No son los únicos.
De hecho, Colombia está en el ‘top’ de América Latina en la presentación de solicitudes a la Cidh. El año pasado, se llevó el primer lugar en solicitudes de medidas cautelares con 190 casos y el segundo que más presentó peticiones para revisar alguna decisión ya tomada por la justicia: 419.
Sin embargo, para desgracia de los compatriotas que se siente perseguidos, la proporción entre las solicitudes y las que la Cidh efectivamente otorgó es abrumadora. Sólo concedió medidas cautelares en tres casos y solo abrió trámite a 53 peticiones.
La Silla recopiló algunos casos de quienes han acudido a la Cidh en los últimos años:
Gustavo Petro: la excepción | ||
.jpg) | A pesar de que en Colombia son comunes las solicitudes de medidas cautelares ante la Cidh, el caso del ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro fue un hito. Petro envió la solicitud antes de que la Procuraduría fallara en su contra la investigación que abrió porque presuntamente había violado la libertad de empresa cuando decidió cambiar el modelo de aseo en Bogotá. Según el ex alcalde, este caso demostraba que “ha sido perseguido y se le han violado sus derechos políticos” por parte de la Procuraduría. La Cidh solo esperó unas horas a que quedara en firme la decisión de destitución en contra del ex alcalde para decretar las medidas cautelares que la suspendieron mientras la misma comisión fallaba el fondo del asunto, como contó La Silla. “Fue un caso excepcional, pero después de Petro ahora la opinión pública tiene en el radar que éste es un mecanismo viable”, le dijo a La Silla Camilo Sánchez, coordinador del área de justicia transicional de Dejusticia. | |
Óscar Iván Zuluaga: 'a mi sí, a Petro no' | ||
 | El director del Centro Democrático y ex candidato presidencial anunció el pasado viernes, en la misma semana en que la Fiscalía ordenó la captura de Santiago Uribe (hermano del ex presidente Álvaro Uribe), que el próximo en la mira de la Fiscalía era él. Aunque por ahora la Fiscalía no ha dado ninguna muestra de que efectivamente tenía lista esa captura en el proceso que adelanta contra Zuluaga por supuestamente haber contratado al hacker para espiar, esta semana Zuluaga viajó a Washington a solicitar medidas cautelares de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera que es una persecución política en su contra y contra su partido. Su abogado, Víctor Mosquera, que también lleva el caso del hermano del ex presidente dijo que ya le había presentado a la Comisión Interamericana una carpeta con 3 mil folios que según ellos demuestran la persecución de la que ha sido víctima Zuluaga. Curiosamente, Zuluaga en el 2014 se había pronunciado por Twitter en contra de las mismas medidas que solicitó entonces el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Pero ahora él terminó yéndose por la misma estrategia jurídica. | |
Santiago Uribe: la gota que rebozó la copa uribista | ||
.jpg) | Casi con los mismos argumentos que Zuluaga, el abogado Víctor Mosquera también solicitó esta semana medidas de protección a la Cidh para Santiago Uribe, el hermano menor de Álvaro Uribe. Según el abogado, la investigación en contra del ganadero por haber liderado el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’ en Yarumal, Antioquia, lleva más de 20 años en indagaciones sin arrojar ningún resultado. “La medida privativa de la libertad surge extemporáneamente, cuando ya se habían cumplido dos años y cuatro meses desde que se vencieron los términos que tenía la Fiscalía para haber resuelto la situación jurídica del investigado”, argumentó Mosquera. Este caso es el único que tiene posibilidades de terminar con medidas cautelares según Camilo Sánchez de Dejusticia. Aunque en su opinión, si la Cidh se la juega por este camino, la decisión tendría “repercusiones severas” en muchos otros países.
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Jaime Granados: un coletazo del 'caso hacker' | ||
 | El caso del hacker Andrés Sepúlveda también tuvo un coletazo sobre el abogado de cabecera del uribismo, Jaime Granados. Granados dijo que la Fiscalía había manipulado el video de la reunión entre el ex candidato presidencial y el hacker Sepúlveda. Por eso, el pasado 20 de octubre, la Fiscalía lo llamó a interrogatorio por los delitos de falsa denuncia y fraude procesal para que demuestre su aseveración. Luego de recibir el llamado al interrogatorio, Granados respondió por Twitter: "Lo típico: Si se critica o señala al Fiscal Montealegre o a la @FiscalíaCol, la forma de reaccionar es ordenando investigaciones" Ese mismo día, Granados presentó una solicitud a la Cidh para que le otorgaran medidas cautelares porque según él, la Fiscalía está “vulnerando sus derechos” y dijo que recibió amenazas contra su vida. Para él, que la Fiscalía le haya abierto un proceso penal ‘injusto’ en su contra es un obstáculo para que haga su trabajo y que con eso “se está buscando lograr ambientes de hostilidad que conllevan a un desgaste psicológico y físico. | |
Iván Cepeda: otra vez la izquierda | ||
 | El senador del Polo, Iván Cepeda, también siente que es un perseguido político. No por la Fiscalía -como los uribistas- sino por la Procuraduría. En octubre del año pasado, el Procurador abrió pliego de cargos en contra de Cepeda para investigar si “se extralimitó en sus funciones o cometió abuso de autoridad y fraude procesal al presuntamente solicitar testimonios de paramilitares detenidos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ofrecer beneficios a cambio de ello”. La investigación se abrió luego del debate sobre el paramilitarismo que organizó Cepeda en el Congreso y que tenía como principal protagonista al también senador Álvaro Uribe. En noviembre del año pasado, los abogados de Cepeda radicaron la petición de medidas cautelares ante la Cidh “en atención al cumplimiento de los requisitos de gravedad y urgencia de la situación, así como a la condición de irreparabilidad del daño” -argumentos muy similares a los que usó Petro en su caso- y que podrían darse, según ellos, si la Procuraduría lo sancionaba o lo destituía. Además, le pidió a la Cidh que le pida a la Fiscalía que investigue a la Procuraduría. | |
Alberto Santofimio insiste | ||
 | A pesar de que la justicia colombiana condenó a 24 años de cárcel al ex senador y ex ministro de Justicia por haberle sugerido a Pablo Escobar asesinar a Luis Carlos Galán, él insiste que es inocente. El pasado 12 de enero se supo que por eso, elevó una petición al Cidh para revisar su sentencia. La defensa de Santofimio no sólo desacredita el testimonio de ‘Popeye’ uno de los más claves en su proceso, sino que dice que el juez en su caso no podía haber sido la justicia ordinaria sino la Corte Suprema porque él era senador. Con ese argumento, Santofimio espera tumbar su caso. La Cidh puso el caso en proceso de pre-admisibilidad, lo que quiere decir que aún no confirma que la va a estudiar. Y está en espera a que el Estado Colombiano le de respuesta antes de admitirla formalmente. | |
"La Gata pide refugio" | ||
 | En octubre del año pasado, los abogados de Enilse López alias La Gata solicitaron ante la Cidh que a su clienta se le permitiera pagar su condena de 46 años de cárcel en su casa. La Gata fue condenada por homicidio agravado y nexos con grupos paramilitares. Según su defensa, sufre de “desnutrición severa, anorexia y crisis depresivas constantes“. Denuncian, además, que el Inpec le impuso duras condiciones a la chancera, entre ellas restricciones a las visitas que recibe y la obligación de mantener abierta la puerta de su cuarto en el Hospital de Barranquilla donde está recluida. | |
Jorge Pretelt vs Santos | ||
.png) | En abril del años pasado, Pretelt se presentó ante la Cidh por supuestas presiones indebidas en la investigación que le abrió la Cámara de Representantes. Para el magistrado, la presión se dio cuando el presidente Juan Manuel Santos les dijó publicamente a los congresistas que se apuraran a resolver el caso en el que se le acusa de haber recibido un soborno de 500 millones de pesos a cambio de favorecer a Fidupetrol en una acción de tutela. Argumentando que estaba siendo juzgado antes de tiempo, solicitó medidas cautelares ante la instancia internacional en abril del año pasado. | |
Lucero Córtes: todo un novelón | ||
 | La exactriz de “Padres e Hijos” y ex representante a la Cámara también viajó en febrero a Estados Unidos a comienzos de febrero para exponer su caso ante la Cidh. Cortés fue condenada y ya pagó cinco años de prisión domiciliaria por tráfico de influencias cuando era parlamentaria del Partido de la U, y también cuando este partido era uribista. Ahora que está a paz y salvo con la justicia -aunque ella sigue afirmando que es inocente- Cortés se presentó ante el organismo internacional para pedir que se garantice la segunda instancia a aforados puesto que, ella afirma, le fue violado este derecho, así como a otras 280 personas más. La exparlamentaria pide que se revoque su inhabilidad para ejercer cargos públicos alegando que de cara al proceso de paz que se viene, es injusto que guerrilleros puedan aspirar a estos cargos y ella no. | |
Las garantías de 'Jhon Calzones' | ||
.png) | El polémico mecenas de Yopal, que se hizo Alcalde a pesar de estar preso por haber construído la ciudadela ilegal La Bendición, precisamente la base con la que hizo campaña para llegar a la alcaldía, dijo ayer que iba a acudir a la Cidh a pedir ‘garantías’ para los dos procesos que hay en su contra en el país porque el suyo es un caso según él, de “persecución política”. Como por ahora, este es sólo un anuncio, este podría ser otra de las declaraciones de ‘Jhon Calzones’ que tiene mucho más de ruido que de nueces, como cuando dijo que retiraba su candidatura a la Alcaldía en plena campaña y a la semana regresó. En todo caso, Torres ha estado dos veces en la cárcel en menos de seis meses. Primero, acusado del delito de urbanización ilegal. Aunque él aceptó los cargos, luego se arrepintió, ganó las elecciones y ha logrado dilatar la lectura del fallo sobre su condena. Luego, el pasado domingo el CTI de la Fiscalía lo capturó en Yopal y lo trajo a Bogotá ahora acusado del delito de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, en las cuentas de Jhon Jairo Torres hay un incremento patrimonial injustificado de 50 mil millones de pesos. Torres se ha defendido, diciendo que esa plata la consiguió gracias a su “don” de negociante de cucos y brasieres en su almacén de Yopal, Caricias Íntimas. Allí, además, funcionó la sede de su campaña. | |