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Dada la evidente crisis por la que atraviesa el Hospital Universitario del Caribe, los estudiantes de Medicina de la Universidad de Cartagena iniciaron hace dos semanas actividades diarias para pedir la salvación de la entidad. Hace poco se manifestaron desde el histórico Castillo de San Felipe. |
En enero un grupo de empleados del Hospital Universitario del Caribe dejó de trabajar por unos días para protestar por los pagos atrasados de varios meses de salario. Desde entonces han vuelto a salir a flote los problemas financieros de ese centro de salud en Cartagena, que a menos de 11 años de su reapertura está otra vez en cuidados intensivos. Especialmente, las finanzas del Universitario son noticia por las denuncias de posibles irregularidades que las últimas tres semanas ha hecho el diputado Manuel Berrio Scaff. Aunque las condiciones actuales del hospital evidencian fallas en la gerencia de Elga Ehrhardt Gutiérrez, detrás de los señalamientos de Berrio hay una presión, por burocracia y contratos, del exsenador Vicente Blel.
El 18 de febrero, el diputado Manuel Berrio le hizo un debate de control político a la gerente del Hospital Universitario del Caribe (HUC). Allí dijo que Ehrhardt, quien tiene el respaldo del exsenador condenado por parapolítica William Montes, debía salir de la gerencia porque no había hecho bien su trabajo. Días después radicó una queja de 394 páginas en la Procuraduría Regional de Bolívar detallando las supuestas irregularidades que encontró en al menos 44 contratos.
Cinco políticos activos, que pidieron no ser citados, le dijeron a La Silla que con esas denuncias el exsenador Vicente Blel, tío del diputado y su jefe político, presiona al gobernador Dumek Turbay para obtener burocracia en su gabinete y contratos en el hospital, porque los Blel le pusieron votos y todavía no tienen participación en el equipo del mandatario liberal. Además, el hospital depende de la Gobernación y hasta 2019 Turbay presidirá la junta directiva.
Una de esas fuentes que se lo aseguró a La Silla es conocedora de las movidas políticas de los Blel en el Congreso.
Las versiones de esa presión no son fáciles de probar, pero varios son los hechos que llaman la atención.
Dos de los cinco políticos activos consultados para esta historia, y que conocen por dentro la administración de Turbay, le dijeron a La Silla que Blel viene pidiendo desde finales del año pasado Aguas de Bolívar. Se trata de la empresa que maneja millonarios recursos al apoyar a 32 municipios en la construcción y mantenimiento de sus acueductos.
Es un hecho que los Blel tenían esa entidad porque el actual gerente Fejed Alí llegó a la gerencia en 2013, como cuota de ellos. Sin embargo, después de las regionales de 2015, se distanciaron y hoy Alí no les copia desde ese cargo.
Ante la imposibilidad de quitar al actual gerente porque no es un cargo de libre nombramiento y remoción, el gobernador Turbay supuestamente le ofreció al exsenador Blel las secretarías General y de Infraestructura, pero él no aceptó la contraoferta, le dijo a La Silla una de las fuentes. La veracidad de ese ofrecimiento no pudimos comprobarla.
Legalmente, el gobernador no puede quitar al gerente de Aguas de Bolívar porque su periodo acaba en 2017 y la decisión no depende exclusivamente de él sino de una junta directiva. Alí tendría que renunciar para que su cargo quede vacante. Y hasta ahora no ha demostrado intenciones de hacerlo.
La Silla supo que el gerente de Aguas de Bolívar fue notificado el mes pasado de unas indagaciones preliminares, que la Procuraduría Regional de Bolívar le abrió por unas obras en los acueductos de Achí, Pinillos y Mompox.
Ese hecho y las denuncias de Berrio contra la gerente han generado suspicacias porque los Blel manejan la Procuraduría Regional, como lo contamos en otra historia. Hasta ahora no hay evidencias de que esas denuncias se estén moviendo más rápido de lo normal al interior del ente de control.
El procurador regional de Bolívar es el abogado y profesor universitario Raúl Guerrero. Él es aliado de los Blel porque le hizo campaña pública al Senado a Nadia Blel en 2014 y es amigo del concejal Vicente Blel, ambos hijos del exsenador y primos del diputado Berrio.
Otro hecho que también ha sido interpretado como parte de la presión de los Blel es una visita que esta semana le hizo la senadora Nadia Blel al ministro de Salud Alejandro Gaviria, en Bogotá.
El jueves por la tarde, la congresista conservadora estuvo en el despacho de Gaviria para exponerle su “preocupación por el Hospital Universitario”, le confirmó a La Silla un funcionario de esa cartera.
El funcionario también nos dijo que esa cita la solicitaron Blel y su compañera de partido, la senadora sucreña Yamina Pestana, pero solo la congresista cartagenera asistió.
Al igual que su primo el diputado Manuel Berrio, desde sus redes sociales la senadora se ha referido a la crisis del hospital. Esta semana anunció en Twitter que, junto al senador bolivarense del Viejo PIN Antonio Correa (presidente de la Comisión Séptima, que maneja los temas de salud), coordinó para el 31 de marzo una audiencia pública en Cartagena por la “crisis financiera del sistema de salud en Bolívar”.
Al ser consultado por La Silla, el diputado Berrio negó cualquier interés político en sus denuncias y dijo que su deber era hacer debates de control político en un asunto tan sensible para su departamento como la prestación del servicio de salud.
También dijo desconocer que el gobernador le hubiese ofrecido a su grupo dos secretarías y resaltó que no tienen participación alguna en la administración departamental, lo cual es cierto.
Más allá del capítulo político alrededor del hospital, el diputado tiene razón en varios de los hechos que denuncia.
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Hace una semana, los estudiantes de Unicartagena salieron a las calles como zombies para pedirles a los gobiernos Nacional y Departamental su intervención urgente para evitar que por segunda vez, en menos de 15 años, el Hospital Universitario sea cerrado. |
Durante los últimos tres años se agudizó la situación financiera del HUC, concebido para atender a la población subsidiada de Bolívar, que es cercana al 1.200.000 habitantes: de riesgo bajo en 2012 pasó a riesgo alto a mediados del año pasado, según la clasificación anual que el Ministerio de Salud les hace a los hospitales públicos en Colombia teniendo en cuenta el estado de sus finanzas.
Tan débiles están las finanzas del HUC, que los trabajadores pasan hasta seis meses sin recibir salario, los médicos han tenido que cancelar las cirugías por falta de insumos, el número de pacientes no supera los 50 por día, cuando llegó a estar en más de mil, y esta semana cuatro empresas que prestan los servicios de radiología y laboratorio clínico embargaron al hospital por 13 mil millones de pesos.
El presidente del sindicato de trabajadores de la salud en Bolívar, Roberto Bustamante, le dijo a La Silla que no tenía presentación que la junta directiva y el gobernador hubiesen respaldado a la gerente. Ella fue ratificada cuatro años más en el cargo el 9 de febrero pasado.
Ese hecho generó suspicacias en el sector de la salud en Bolívar y fue interpretado como un pago burocrático del mandatario a la casa Montes, ya que ellos le pusieron votos el 25 de octubre pasado. Nos comunicamos durante tres días consecutivos con el gobernador para conocer su versión al respecto, pero no fue posible hablar con él.
Con quien sí pudimos hablar fue con la gerente Ehrhardt. Ella reconoció su amistad con William Montes, pero negó cualquier influencia de él en su gestión. Sin embargo, en el Bolívar político se da como un hecho que Montes sí decide sobre la contratación del hospital, que en 2014 registró 93 mil millones de pesos en ingresos.
Ehrhardt explicó que el Minsalud le ha bajado la calificación al Universitario porque los funcionarios en Bogotá tienen en cuenta el porcentaje de recaudo de la cartera del hospital, que está en un 40% frente al 81% exigido, y los gastos, que han aumentado proporcionalmente a la facturación: de 3.800 millones mensuales el HUC pasó a vender casi ocho mil millones en servicios de salud.
En su defensa también dijo que el inicio de su gerencia coincidió con la nivelación de los pacientes de los regímenes subsidiado y contributivo. Con ese cambio, la Gobernación de Bolívar dejó de pagarle al hospital por la población sisbenizada porque esos usuarios fueron asumidos por las EPS, que a diferencia de la administración departamental se demoran más en pagar.
Aunque la impuntualidad de las EPS es cierta, a la gerencia del hospital le ha faltado mayor gestión en los cobros. Por ejemplo, solo recientemente, el hospital logró depurar la cartera con la EPS Comfamiliar para iniciar el proceso de conciliación de pago, que según la gerente es de 19 mil millones de pesos.
Ella le reconoció a La Silla que esas depuraciones no se hacen con la frecuencia deseada por falta, muchas veces, de voluntad de ambas partes: del hospital y las EPS involucradas.
Con el hospital en cuidados intensivos, en Bolívar las voces que piden soluciones de fondo se hacen escuchar con fuerza desde hace semanas. Especialmente, los estudiantes de Medicina de la Universidad de Cartagena piden que el hospital quede libre de intereses políticos. Una petición que está lejos de hacerse realidad con los poderosos Blel y Montes detrás.