Hoy se sabrá si la Corte Internacional de Justicia de La Haya se declarará competente o no para conocer las dos nuevas demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia por el incumplimiento del fallo de 2012 y por las 200 millas adicionales de Mar Caribe colombiano que ese país reclama como suyas. Más allá de los argumentos jurídicos presentados por Bogotá, la coyuntura vuelve a poner sobre el tapete las heridas de los isleños de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con la Colombia continental, que siguen igual de abiertas pese al billonario Plan del Gobierno de Juan Manuel Santos.
El Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un paquete de 100 inversiones de 1,4 billones de pesos, que arrancó en diciembre de 2012 y se financia con recursos de la Nación y un préstamo de 70 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, y nació para mitigar las consecuencias económicas y sociales por la decisión del tribunal internacional. También como una forma del estado colombiano de intentar resarcir las deudas que tiene pendientes desde hace décadas con el archipiélago.
Sin embargo, desde sus inicios ese Plan ha generado malestar en las islas, particularmente entre miembros de la comunidad raizal, porque allí hay quienes sienten que esas iniciativas no terminarán impactando problemas estructurales como la sobrepoblación, la violencia por el narcotráfico y la contaminación ambiental. Y porque consideran que Bogotá nuevamente ha impuesto su ritmo y ha faltado una mejor coordinación entre los gobiernos Nacional y Departamental para la ejecución de las obras.
La Silla Caribe revisó en detalle en qué consiste esa propuesta para el archipiélago y qué tanto Santos les ha cumplido a los isleños y encontró que, casi tres años y medio después, solo menos de la mitad de los 100 proyectos están listos. El resto, que son los más ambiciosos en infraestructura, todavía les faltan varios meses, incluso años, porque están en etapa de ejecución, estructuración o contratación.
Pero el Gobierno proyecta tener todo el Plan listo antes de diciembre de 2018, cuando acaba el segundo mandato de Santos.
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Según el Gobierno Santos, las inversiones hechas desde 2012 han reducido la pobreza en el archipiélago (de 16,5% a 9,5%) y la tasa de desempleo (de 7,5% a 6,1%). También, aumentado el turismo en un 45% a corte de diciembre pasado.
Sin embargo, esos indicadores no convencen en San Andrés. Especialmente cuando las muertes violentas siguen siendo altas. En 2014, por ejemplo, la tasa de homicidios fue de 30 por cien mil habitantes, superior a la nacional que estuvo en 28 y a la de ciudades como Bogotá con 17. Las estadísticas del año pasado todavía no están consolidadas, pero no parecen haber sufrido mayores cambios. A mayo, los medios locales ya hablaban de ola de violencia por una seguidilla de crímenes.
"En el papel todo es maravilloso", le dijo un funcionario de la Gobernación a La Silla, que pidió no ser citado.
Los malestares por el Plan
El camino hacia el Plan de 100 proyectos comenzó a finales de 2012, con la participación de diferentes sectores del archipiélago en seis mesas de trabajo. Durante cuatro meses y bajo la coordinación de un secretario y un representante ministerial, cada mesa hizo un diagnóstico sobre las islas y planteó un listado de obras y acciones prioritarias.
Los seis paquetes de conclusiones viajaron de San Andrés a Bogotá, donde la Presidencia conformó un equipo logístico para armar el Plan y, vía decreto, creó en febrero de 2013 una Comisión Intersectorial que desde entonces opina y le hace seguimiento a las obras.
En ese equipo hay representantes de la Nación y del archipiélago, aunque uno de los miembros en representación de San Andrés le dijo a La Silla que es poco el poder de incidencia que ellos terminan terniendo sobre las inversiones.
Desde que en 2013 comenzó la socialización del Plan comenzó también el malestar entre los raizales porque, de inmediato, lo calificaron como un listado de obras sobre el que no tuvieron oportunidad de decidir si estaban o no de acuerdo, qué inversiones consideraban habían quedado por fuera y en qué orden debía darse la ejecución.
Para Ofelia Livingston, una de las líderes raizales más conocidas en San Andrés por sus 45 años de activismo y quien participó en una de las mesas, el Plan solo fue socializado con parte de la comunidad, pero nunca consultado. Y por esa razón no volvió a participar en las reuniones posteriores y le perdió la fe al resultado de esas obras.
“Una cosa es la socialización y otra la consulta previa, que nunca se ha respetado aquí. Quién le ha dicho al Gobierno que yo deseo esto o yo deseo lo otro, lo que nosotros queremos lo escogemos nosotros”, le dijo Livingston a La Silla, en tono airado, desde San Andrés. Para ella todo el Plan debió ser sometido a consulta previa, que es el derecho del que gozan los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y palenqueros.
Y ese malestar por la manera como se formuló el Plan salió a relucir en todas las entrevistas que La Silla hizo para esta historia. Además de Livingston, otras seis fuentes del archipiélago, entre periodistas, políticos activos y académicos, lo mencionaron como el gran lunar que los nativos le ven al paquete de obras.
El Plan también ha sido criticado por las demoras en la ejecución.
Un funcionario de la Gobernación, que pidió no ser citado, le dijo a La Silla que los estudios de un solo proyecto toman hasta 15 meses, a los que deben sumársele las fases de contratación e inicio de obras por parte del contratista ganador.
En ese sentido, el representante liberal Jack Housni considera que al Gobierno Nacional le ha faltado escuchar más a la población del archipiélago, pero cree que el Gobierno Departamental ha debido “insistir más” ante Bogotá en los temas que son “más pertinentes” para las islas.
Otro factor que ha influido en la ejecución es el limbo de seis meses en el que estuvo parte de la financiación del Plan, entre 2014 y 2015. El grueso de los proyectos sólo pudo arrancar en firme el año pasado con la creación de la Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la aprobación del préstamo del BID.
El Gobierno inicialmente había creado esa subcuenta con la reforma tributaria, pero en 2014 la Corte Constitucional dejó sin efecto los artículos que establecían el régimen especial para el archipiélago y al Gobierno le tocó armar plan B.
Solo hasta el primer trimestre del año pasado tuvo sustento financiero, tras haber sido aprobada por el Congreso como parte del Presupuesto de 2015 y sancionada por el Presidente.
Así va el Plan
El Plan fue anunciado por el Gobierno el mismo 19 de noviembre de 2012, desde San Andrés, horas después de que La Haya le concedió a Nicaragua 75 mil kilómetros cuadrados de plataforma marítima colombiana. De ese mar, el archipiélago obtenía buena parte de los frutos para consumo interno, comercio nacional y exportación. Según estadísticas de la Gobernación, hasta 2011 los pescadores sacaban unas 772 toneladas anuales de pescado y langosta.
El Gobierno dividió el Plan en cinco grupos:
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Y territorialmente, las obras quedaron repartidas así:
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Las primeras iniciativas de las 100 que hoy tiene el Plan apuntaron a un efecto cortoplacista: subsidios de 1.800.000 pesos mensuales a 1.094 pescadores artesanales, durante seis meses; rebajas en las tarifas aéreas y marítimas entre San Andrés y Providencia, y 700 becas entregadas desde 2013 para que los bachilleres estudien la carrera completa en cualquier universidad del país, con todos los gastos de manutención pagos.
En cuanto a infraestructura, hasta ahora las intervenciones más visibles han sido las obras en las Circunvalares de San Andrés y Providencia, la construcción de casas lúdicas y de cultura, la reconstrucción de un teatro y las ampliaciones de las pistas de los dos aeropuertos del archipiélago (descargue el listado completo de proyectos para conocer el estado en el que se encuentra cada uno).
Mientras que la recuperación de playas y las viviendas siguen siendo las más esperadas porque el turismo masivo y la sobrepoblación han ido acabando con los escenarios naturales de las islas, y porque el 80% de las casas presenta algún tipo de problema locativo, según cifras del Dane.
Sin embargo, los 10 proyectos habitacionales todavía se demoran porque apenas están en estudio y diseño, lo mismo que los dos que contemplan trabajos en la infraestructura costera y en la Reserva de la Biósfera del Seaflower.
Consultamos con la Presidencia las quejas que hay sobre el Plan San Andrés y allí nos respondieron que el Plan sí obedece a lo planteado por los isleños en las mesas de trabajo, pero la formulación y estructuración debía quedar en manos de técnicos especializados para poder avanzar.
Paula Acosta, directora para la Ejecución de Gobierno, le dijo a La Silla que todas las obras han sido priorizadas, pero que dada la complejidad técnica algunas terminarán estando listas más rápido que otras.
La funcionaria reconoció que ha habido fallas en la socialización del Plan porque en San Andrés hay quienes creen que no se ha hecho inversión alguna desde el fallo de La Haya. Por ejemplo, le dijo a La Silla, muchos no consideran parte del Plan los subsidios a los pescadores ni las becas universitarias.
Más allá del Plan San Andrés y de lo que La Haya decida hoy, en el archipiélago persiste la sensación de que la Colombia continental sigue con una deuda histórica, que está lejos de saldar. Por eso, allí hoy esperan sin mayores expectativas las noticias que lleguen desde Europa porque en el pasado les dijeron que Nicaragua no tenía razón en sus pretensiones y terminó quitándoles parte de su mar.