Los congresos de Brasil y de Colombia están inmersos en dos procesos de naturaleza similar que suelen no ocurrir en los regímenes presidenciales: un “juicio” en el legislativo en contra del Presidente o de un magistrado de la más alta Corte de justicia. No hay termómetro más duro para medir el funcionamiento de un sistema político que éste. Que el Congreso pueda tumbar a un Presidente o sacar de su cargo a un magistrado compromete toda la estructura de la vieja teoría de la separación de poderes y del sistema de pesos y contra pesos.
La teoría indica que en los regímenes presidenciales –como Brasil y Colombia- los presidentes no se caen y que el sistema está diseñado para privilegiar la estabilidad política sobre las veleidades de la política, al contrario de lo que ocurre en los regímenes parlamentarios donde los jefes de gobiernos solo permanecen en su cargo si mantienen la mayoría parlamentaria. Pues no, la verdad verdadera es que los Presidentes también se caen como parece ocurrirá en Brasil, donde la Presidenta perdió la mayoría en el Congreso, entre otras cosas porque el primer partido que se volteó fue el del Vicepresidente.
Ha ocurrido ya en otras ocasiones, en el mismo Brasil el Congreso tumbó a Collor de Mello, en Ecuador el congreso declaró loco a Bucaram, en Perú la mayoría (que incluyó a los que se voltearon) destituyó a Fujimori mientras se fugaba al Japón. En los Estados Unidos, el Presidente Clinton fue juzgado por el caso de su relación amorosa con una pasante en la Casa Blanca e incluso perdió la votación, pero los opositores no alcanzaron las 2/3 partes exigidas por la Constitución por lo que se mantuvo en el cargo.
En Colombia la gente pensaba que Samper cuando era Presidente se iba a caer porque había evidencias del ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña política, pero no, la verdad es que su permanencia en el cargo nunca estuvo en peligro porque mantuvo una férrea mayoría en el Congreso. Los presidentes no se caen porque cometan faltas o delitos sino porque pierden la mayoría en el Congreso.
En cambio, cuando a Andrés Pastrana se le ocurrió proponer la revocatoria del Congreso estuvo cerca de que el Congreso le iniciara un proceso como el de Dilma. La historia de las calificaciones de las evaluadoras de riesgo nunca ha sido tan mala para Colombia como en ese episodio. A diferencia de Samper, Pastrana se iba a caer hasta que Juan Manuel Santos, crítico de ese gobierno hasta el día anterior, entró al gobierno lo rescató y recompuso la mayoría en el Congreso.
Ahora, el Congreso de Colombia adelanta un juicio contra el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel por un caso de soborno que lo implica. Según la justicia el hecho está probado: hace un par de semanas un juez condenó a quien sobornó por lo que solo quedaría condenar al sobornado. La vieja teoría del que paga por la peca o el que peca por la paga.
La Cámara de Representantes ya hizo su parte que fue hacer una investigación y acusar ante el Senado, ahora le corresponde a esa Corporación adelantar el trámite de la acusación. Para hacerlo esta semana el Senado integró una Comisión, que debió haber integrado hace dos años, que –digamos- hace una primera revisión para pedirle a la Plenaria que “admita” la acusación, que es una especie de trámite que permite adelantar el juicio y después que condene o absuelva.
La Comisión, que en realidad no tiene poder decisorio distinto al de la capacidad de dilatar el proceso que parece ser la estrategia de la defensa de Pretel, quedó integrada en una forma al menos extraña: la mayoría la integran senadores de la oposición. Esa Comisión no solo está integrada para rendir informes en el caso de Pretelt sino en todos los casos en los que un aforado sea juzgado. Es decir, que si por cualquier circunstancia un asunto contra el Presidente Santos llegara al Senado sería esa Comisión –¡dominada por la oposición! -la que tendría que hacer la instrucción.
No deja de ser curioso que la composición de esa Comisión se explique porque el Partido del Vicepresidente, como en el Brasil, decidió no actuar en conjunto con los miembros de la coalición. El Partido Cambio Radical decidió no postular candidatos a la Comisión de instrucción y dicen que votó por los candidatos del Centro Democrático. ¡El Partido del Vicepresidente votó por los candidatos de la oposición para conformar una comisión que eventualmente tendría que instruir casos contra el Presidente Santos! ¡Vaya, Vaya!
Los senadores, además, sin importar que están ejerciendo funciones judiciales y que podrían ser juzgados por prevaricato, le han puesto freno de mano a la acusación contra el Magistrado Pretelt. ¡El caso ni siquiera lo han repartido! Integrada la Comisión lo que sigue es repartir el asunto y en dos días decidir si le propone a la plenaria del Senado si admite o no la acusación, que es en realidad un asunto de trámite y no el estudio de fondo del caso, equivalente al de admitir una demanda al iniciar un proceso. La admisión tiene la importancia de que, una vez surtida, el Magistrado queda suspendido en el ejercicio del cargo.
Si los senadores deciden cumplir la ley, Pretelt debería quedar suspendido la próxima semana. Seguramente se usará la mayoría en la comisión de instrucción para dilatar. Aunque con los magistrados no debería ser así y por eso en buena hora se modificó su procedimiento para ser investigados y juzgados, la importancia de las mayorías políticas resulta crucial para determinar si Pretelt se va o se queda.
El delito está probado: un juez de conocimiento condenó hace quince días al abogado que sobornó a Pretelt. El Senado debería que actuar contra el sobornado. Se va a caer Dilma, ¿y Pretelt?
Clik here to view.
