En la marcha uribista del 2 de abril, algunos de los manifestantes en San Alberto, Cesar, vistieron camisetas de las que se leía ‘No a la restitución de tierras’. Detrás del polémico mensaje estuvo una asociación que se hace llamar Víctimas de la Ley de Restitución de Tierras, el mismo grupo que el domingo pasado organizó el mediático evento al que asistió el procurador Alejandro Ordóñez, también en ese municipio, y donde llovieron quejas en contra del proceso de restitución.
El rostro más visible de esa asociación es el militar retirado Julio César González, quien se declara un tenedor de buena fe de la tierra y víctima de la ley desde 2012, cuando un parcelero reclamó como suyas las 25 hectáreas que él ha ocupado los últimos 20 años en San Alberto. González argumenta haberlas comprado de buena fe y sin haberse aprovechado de la masacre que ocurrió allí en 1995.
El presidente de Asocolvirt ha sido criticado por varias organizaciones de víctimas del Magdalena Medio, que acusan a su movimiento de tergiversar el proceso de restitución y de tener intereses políticos, porque en octubre pasado él fue candidato a la Alcaldía de San Alberto, con el aval del Centro Democrático. A ese Partido pertenece la representante María Fernanda Cabal, una de las críticas de la ley, y esposa de otro gran crítico del proceso de restitución, el presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos José Félix Lafaurie.
Además, porque durante 2014 Asocolvirt organizó varias reuniones con los senadores del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, María del Rosario Guerra y Fernando Araújo.
La Silla habló con González para conocer la misión de su organización y por qué él y sus integrantes están en contra la aplicación de la ley, con la que el Estado busca reparar a las víctimas del conflicto, devolviéndoles las tierras que perdieron por la presión de grupos ilegales los últimos 25 años. Ese despojo varía entre el millón y los 10 millones de hectáreas, según las distintas instituciones que han estudiado la guerra en Colombia.
La historia de Asocolvirt
La Asociación de Víctimas de la Ley de Restitución de Tierras (Asocolvirt) nació hace cuatro años, por iniciativa de Julio González. Los primeros miembros fueron 300 tenedores de tierra del Magdalena Medio, a los que la Unidad de Restitución les notificó, tan pronto entró en vigencia la ley, que sus predios eran reclamados por terceros.
Esos reclamantes dicen haber vendido la tierra por miedo, tras las masacres paramilitares ocurridas en sus poblaciones durante los años 90. Mientras que los miembros de Asocolvirt dan una versión opuesta y aseguran que los parceleros les vendieron voluntariamente. Sin embargo, tienen que explicarles a los jueces por qué los predios aparecen a su nombre, después de varias de esas masacres.
Tras cuatro años, Asocolvirt se ha convertido en la principal voz de quienes están en contra de la aplicación de la Ley de Restitución porque, aseguran, no es justa con los segundos tenedores de buena fe. Y es también un ejemplo del drama de los llamados segundos ocupantes y por el que el senador de Cambio Radical Antonio Guerra radicó un proyecto en el Congreso, para que cuenten con más "garantías procesales" durante los procesos de restitución.
Hoy esa organización tiene 1.600 asociados entre pequeños y medianos ganaderos, agricultores y campesinos. Hace presencia en los Santanderes, Antioquia y Cesar. Y hasta sus miembros se han reunido con delegados de la Unión Europea en Bogotá para contarles sus casos.
Su activismo también ha incluido las vías de hecho. En marzo y abril de 2014, Asocolvirt se tomó la Vía Panamericana para rechazar los fallos judiciales que han sido adversos a sus asociados. Volvieron a tomarse esa vía hace un mes, argumentando que con la ley en “Colombia se da una falsa restitución” y advirtiendo que no van a permitir que “tenedores de buena fe continúen quedándose sin tierra”.
Pero el evento de Asocolvirt que más ha dado de qué hablar fue el del domingo pasado, en San Alberto, un municipio de tradición ganadera y pamicultora, históricamente golpeado por la guerra. Primero con la presencia de la guerrilla y después de los paramilitares. Y en el que ese conflicto ha generado consecuencias tan dolorosas como el despojo. Según la Unidad de Restitución de Tierras, ese fue uno de los primeros territorios donde los paramilitares del sur del Cesar comenzaron a sacar a los campesinos a sangre y fuego.
Desde que entró en vigencia la Ley de Restitución, en San Alberto se han presentado 399 reclamaciones, de las cuales 43 ya tienen sentencias y otras 64 están a la espera de fallo.
El evento con Ordóñez
Al encuentro del pasado 10 de abril, liderado por Asocolvirt, asistieron el procurador Alejandro Ordóñez y el líder del gremio ganadero José Félix Lafaurie.
También estuvieron cerca de dos mil personas, entre campesinos y ganaderos de los Santanderes y del sur del Cesar. En la cancha escolar, donde se celebró la audiencia pública, había una pancarta en contra del Estado por el proceso de restitución y otra en la que le daban la bienvenida al procurador Ordóñez. Tan bien le fue a Ordóñez como líder antirrestitución que ya se gradúa de presidenciable para el 2018, como contó La Silla.
Durante más de cuatro horas intervinieron unas 25 personas, que hablaron en contra de la ley. También lo hizo el procurador. Él dijo que quedó “mal hecha”, dadas las quejas que hay por su aplicación y porque, supuestamente, estigmatiza al segundo poseedor como paramilitar.
El éxito de esa convocatoria se debió, en parte, a los buses que Asocolvirt dispuso para movilizar a la gente y a las invitaciones que repartió entre los pobladores de San Alberto y varios municipios de Santander. En esas hojas de bloc se les advertía del “riesgo inminente de expropiación” de sus casas, fincas y negocios, por cuenta de una “mala ley de despojo que no respeta derechos”.
Palabras similares utilizaron los detractores de la ley en Magdalena -una organización más pequeña que Asocolvirt, llamada Asovide (Asociación de Víctimas de Despojo del Estado)-, para convocar a un evento en el municipio de Sabanas de San Ángel hace dos semanas, y que el director de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal criticó en declaraciones a los medios.
El funcionario dijo que con ese tipo de llamados se tergiversa el proceso de restitución y la actuación de los jueces, que basados en evidencias determinan si hubo buena o mala fe en cada caso.
Y buena fe es la que debe demostrar el presidente de Asocolvirt Julio González.
El caso de Julio
Las 25 hectáreas que hoy están a nombre de la esposa de González, en la parcelación Tokio, aparecen fechadas en junio de 1995, justo dos meses después de una masacre paramilitar.
El 22 de abril de 1995, hombres que obedecían al paramilitar Roberto Prada Delgado, alias Junior Prada, asesinaron a cinco campesinos. Y según, un fallo de 2014 de un Juzgado de Valledupar, alrededor de la masacre del Tokio se realizaron varios negocios de tierra, como si todo obedeciera a un plan del grupo al margen de la ley para comenzar a despojar a los lugareños.
De hecho, cuando la prensa nacional reportó los asesinatos hace 20 años, el Ejército reconoció que eran pocos los detalles que la población había dado porque allí imperaba un régimen de terror.
Sobre esa situación de desplazamiento forzado, alias Junior Prada reconoció tener conocimiento en una versión libre del 15 de febrero de 2011, como parte del proceso de Justicia y Paz.
El presidente de Asocolvirt le dijo a La Silla que la adquisición de su predio nada tuvo que ver con la masacre, porque él comenzó la gestión de compra dos meses antes de ese suceso.
También nos dijo que desde que entró en restitución ha perdido más de 90 millones de pesos porque, apenas corrió la voz en el pueblo de que le reclamaban el predio, los bancos y personas a las que les solía prestar plata para sacar adelante la finca le exigieron que les pagara de inmediato. Y manifestó no estar en contra de la restitución porque también es una víctima de la violencia, ya que a principios de los 90, guerrilleros del ELN lo secuestraron a él, a su esposa y a su suegro.
Será el juez de restitución de Cartagena que lleva su caso, quien decidirá si los testimonios y pruebas que aportó son suficientes para declararlo un comprador de buena fe exento de culpa. O si, por el contrario, se terminó beneficiando del terror impuesto por los paramilitares y debe devolverle el predio al reclamante.
Mientras el fallo llega, González y su organización ganan más amplificación desde la semana pasada, gracias a los dos nuevos poderosos aliados que tiene su causa: el director de Fedegán José Félix Lafaurie y el procurador Ordóñez.
