La Fundación ‘Forjando Futuros’, la Universidad de Antioquia, Oxfam, la Asamblea de Cooperación para la Paz, Ajuntament de Barcelona, la Fundación Paz & Reconciliación y el Instituto Popular de Capacitación, publicaron un informe a comienzos de éste mes sobre las dificultades y resultados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Según ellos: “han pasado cinco años y la restitución de tierras no avanza”.
Dado que se está volviendo fuente de información de varios analistas, La Silla le aplicó el detector de mentiras al informe y encontró que, aunque la mayoría de las cifras son correctas y en todo caso falta mucho por avanzar en este tema, omiten información de la misma fuente oficial que ellos consultan y eso conduce a conclusiones más pesimistas de lo que la realidad indica.
“Solo el 3,4 por ciento de las solicitudes presentadas han sido resueltas judicialmente.”
Explicación: Es cierto que a primero de abril se han presentado a la Unidad de Restitución de Tierras 87.118 solicitudes. Y que solo se han fallado 2.943, como dice el informe. Sin embargo, no todas las solicitudes que se presentan ante la Unidad tienen que terminar en juzgados o tribunales de tierras para considerarse exitosas. Casi 20 mil casos -19744- se han resuelto y no son contabilizados por estas ONG: la Unidad de Restitución ha descartado 16.318 de entrada porque son pleitos que no tienen que ver con la restitución o no cumplen con los requisitos de la ley porque son de antes de 1991 o, como nos explicaron, son “avivatos”. Es decir, gente que quiere beneficiarse de la ley sin ser víctima. Y los 3.426 restantes se han resuelto en despachos judiciales. Eso significa que, a hoy, el 22 por ciento de los casos estarían resueltos, y no solo el 3,4 por ciento como afirma el informe para poner de presente la falta de efectividad de la ley.
“94 por ciento de los casos resueltos judicialmente han sido a favor de las víctimas.”
Explicación: Según la Unidad de Restitución de Tierras, en casi todas las 1500 sentencias revisadas por el informe de ‘Forjando Futuros’, los reclamantes de tierras son víctimas legítimas que sufrieron de despojo y abandono en zonas con hechos de violencia generalizada donde los opositores carecían de buena fe exenta de culpa. Pero, Forjando Futuros no dice que para llegar a los jueces, pasan por un filtro previo en la Unidad de Restitución para identificar falsos reclamantes. Esos casos pasan directamente a la Fiscalía. A la fecha, según la Unidad, hay 170 casos en investigación, de los cuales ya se lograron 80 capturas.
“De los responsables del despojo y abandono: 55 por ciento son paramilitares, 19 por ciento por enfrentamientos, 13 por ciento guerrilla, 7 por ciento grupo ND, 5 por ciento Bacrim y 1 por ciento Ejército.”
Explicación: De acuerdo con las cifras de la Unidad de Restitución, los paramilitares son responsables del 36 por ciento del despojo, 40 por ciento las guerrillas (Farc y ELN), 2 por ciento bandas criminales, 10,4 por ciento otros (narcotráfico y delincuencia común) y en el 12 por ciento no tienen información. La Unidad saca éstas cifras de la voz de la víctima. Es decir, de lo que responde en el formulario cuando le preguntan quién lo despojó. En cambio, las cifras del informe de ‘Forjando Futuros’ salen de un universo distinto. Ellos toman como muestra las 1500 sentencias judiciales que habían salido hasta el primero de abril y desde esa óptica es que salen sus cifras. El problema de ese universo, según la Unidad de Restitución y lo que explicaría esa diferencia, es que el proceso restitutivo ha sido más rápido al norte del país, que era la zona por excelencia de los paramilitares, que en el sur, donde por cuestiones de orden público, todavía hay presencia de guerrilla que hacen difícil restituir. Por lo tanto, es probable que en el universo completo la guerrilla tenga una mayor proporción de despojos.
“Las empresas opositoras en los procesos judiciales de restitución de tierras (ver listado en el informe) no probaron su buena fe.”
Explicación: Una cosa es la buena fe y otra la buena fe exenta de culpa. Según la Corte Constitucional, la buena fe es tener la conciencia de haber actuado correctamente, mientras la buena fe exenta de culpa exige también: “la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación”. La empresa Argos SA, por ejemplo y como contamos, sí probó que actuó de buena fe, en el sentido en que no tuvo nada que ver con el despojo de las tierras pero no demostró que había sido lo suficientemente diligente al rastrear la cadena de propiedad de las mismas antes de adquirirlas. En ese caso, no probó su buena fe exenta de culpa.
