La decisión de la Anla de echar para atrás la licencia ambiental de exploración petrolera en la serranía de la Macarena le puede convenir a la protección ambiental y a la imagen del presidente Juan Manuel Santos, pero el haberlo hecho tan tarde tiene asustado al sector petrolero y puede traer demandas en contra del Estado.
El escándalo
El escándalo por la licencia ambiental que le entregó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a la petrolera Hupecol estalló el 13 de abril cuando El Espectador contó que esa entidad había entregado una licencia (que no estaba en firme porque no se había notificado aún a todas las partes) para explorar hidrocarburos en La Macarena, a pesar del rechazo de la comunidad local. La molestia se debía a que las 30 mil hectáreas licenciadas quedan a 2.5 kilómetros del parque natural Tinigua y a 68 kilómetros de la joya ambiental Caño Cristales.
Tras la noticia expertos y ciudadanos del común rechazaron la decisión en redes sociales y los medios por los daños ambientales que podía suponer la exploración de petróleo en una zona con mucha riqueza ambiental.
Dos días después, el 15 de abril, el Gobierno se distanció del proyecto.
Primero, el presidente Juan Manuel Santos trinó:
Con @GabrielVallejoL decidimos suspensión de Res 286 hasta que se garantice protección medioambiental de Caño Cristales y área de influencia
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 15 de abril de 2016
Y luego el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo reveló que le había pedido a la Anla que revisara la decisión porque la Corporación Autónoma de la Macarena, Cormacarena (la autoridad ambiental de la región) había emitido una resolución que reglamentaba el uso de esta zona para la conservación y prohibía por lo tanto, la explotación de hidrocarburos.
Cuatro días después, el director de la Anla decidió revocarla. Fernando Iregui, dijo en medios ayer que la razón era que “había aparecido” el Plan de Manejo Ambiental que al momento de tomar la decisión no existía.
Con eso el escándalo amainó y cualquier riesgo ambiental se salvó. Pero la historia no quedó ahí, pues el argumento de la Anla tiene tanto de largo como de ancho.
El intringulis legal
El Plan de Manejo Ambiental al que se refiere Iregui está contenido en una resolución del 30 de diciembre del año pasado, tres meses antes de que la Anla entregara la licencia. Sin embargo, la entidad dice que no regía todavía, porque no se había publicado en el Diario Oficial y un artículo de la resolución dice explícitamente que ésta sólo entraba a regir al publicarse. Sin embargo, esto solo ocurrió el 13 de abril, el mismo día que estalló el escándalo.
Ayer la directora de Cormacarena, Beltsy Barrera, se defendió diciendo que la resolución estaba publicada en su página web desde el 5 de enero. Y que la entidad había dado tres conceptos antes de que se otorgara la licencia diciendo que el proyecto no era viable, precisamente, porque no había un plan de manejo ambiental en la zona de recuperación para la producción llamada “Sur del Distrito de Manejo Ariarí Guayabero” donde está ubicado.
Curiosamente, el plan que sacó es solo para un sector pequeño de esa zona, justo donde está el bloque adjudicado a Hupecol. El resto, donde hay otros proyectos desarrollándose, sigue desprotegido a pesar de que esos trabajos puedan tener riesgos ambientales.
Clik here to view.
Aunque la Anla insiste que cuando otorgó la licencia, no sabía que Cormacarena estuviera haciendo el plan de manejo, en uno de los conceptos con fecha del 29 de julio del 2015 y que le envió antes de que tomara la decisión, ésta aseguraba que “se encuentra adelantando las gestiones pertinentes” para su formulación.
“La Anla sí sabía aunque fuera de manera informal. Hay oficios, se han adelantado audiencias. El Ministerio de Ambiente está en diálogo permanente con las Corporaciones Autónomas”, le dijo a La Silla una fuente que ha seguido este caso de cerca.
El director de la Anla lo niega. “No lo esperábamos [que Cormacarena emitiera el Plan de Manejo]. Ellos decían que el proyecto no era viable porque no había un plan de manejo pero no daba argumentos sobre los impactos ambientales que iba a tener. Nunca lo dijo en 27 años [que tuvo para hacerlo]. No contaba con elementos técnicos”, agregó Iregui.
Para la Anla, esa falta de plan de manejo no prohíbe que saque licencias, y que en ese caso la licencia misma debe cumplir las funciones del plan.
“Como lo ha reconocido la Corte Constitucional (una licencia ambiental) es por excelencia el mecanismo de planificación y control ambiental con el que cuenta el país, a través de la cual el Estado cumple varios deberes constitucionales relacionados con la protección y uso racional de los recursos naturales renovables y el medio ambiente”, dice en el texto de la licencia revocada.
Iregui se lo explicó a La Silla. “Cormacarena lo expidió [el plan de manejo] y no lo publicaron. Nunca le fue informado a la Anla, no tenía cómo saber. Puede que lo hayan sacado pero lo dejaron guardado y eso quiere decir que [la resolución] no había salido a la vida jurídica”.
La Anla dice que no quisieron pasarse por la faja la protección ambiental, y por eso alegaron el principio constitucional de precaución ambiental, para solo darle a Hupecol licencia sobre 16 de las 30 mil hectáreas que estaban pidiendo.
La Silla intentó comunicarse durante dos días con la directora de Cormacarena para entender por qué la entidad no publicó la resolución a tiempo, lo que hubiera podido evitar el escándalo y proteger el medio ambiente desde un primer momento. Sin embargo, aunque Barrera respondió nuestros mensajes, dijo que estaba ocupada.
La molestia de las petroleras
Esa novela ambiental y legal no se acabó con la revocatoria. Ayer, luego de que se conoció la patraseada de la Anla, el gremio petrolero representado por Francisco Lloreda, el presidente la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, sacó un comunicado de prensa criticando la decisión pero nunca metiéndose con el aspecto ambiental:
“Lo sucedido es un hecho sin precedentes. [Lo] que preocupa seriamente a la industria [es] la seguridad y estabilidad jurídica para la inversión privada, nacional o extranjera, y la credibilidad y confianza en las instituciones. Lo que está en juego es la competitividad del país, resquebrajada para el sector de los hidrocarburos por las condiciones económicas, las dificultades para operar, y ahora, por la falta de coherencia en materia de políticas públicas y entre las autoridades nacionales y regionales”, dice Lloreda en el comunicado.
“Lo único que pide el sector para invertir son reglas del juego claras que garanticen que yo puedo hacer mi trabajo. Los petroleros se están preguntando qué pasa en Colombia, por qué dan un permiso y, de un momento para otro, lo quitan. Una decisión que se toma en ocho meses la tomaron en un día. Ya había una decisión política: a la gente no le gustó el proyecto y eso termina afectando al Gobierno”, le dijo a La Silla una alta fuente del sector petrolero que pidió la reserva de su nombre.
Para el gremio petrolero hay dos cosas que demuestran que la decisión tuvo tintes políticos: primero, que aunque en el trámite de cuatro años y nueve meses de la licencia se cumplieron todos los requisitos, la Anla sólo se demoró un día para echarla para atrás. Y segundo, fue el Gobierno el que les ofreció explorar y explotar esta zona del país. Las dos cosas son ciertas.
Hupecol pidió la licencia después de que en 2008 (durante el gobierno de Álvaro Uribe) la Agencia Nacional de Hidrocarburos hizo una subasta para ofrecer bloques para exploración y explotación petrolera, y esa petrolera se ganó el de la Macarena porque fue la que ofreció pagarle más al Estado de lo que sacara.
“Nadie puede llevarse a sorpresas que haya solicitudes [de explotación] en esta área y otras que el Gobierno ha identificado y promovido”, agregó la fuente del sector petrolero. “La iniciativa no es de la empresa sino del Estado que invitó a las empresas”. Eso, a juicio de la fuente, muestra que el Gobierno ya sabía del proyecto, y que solo se echó para atrás cuando estalló el escándalo.
Además de esos dos puntos, los otros argumentos del Gobierno para suspender son débiles.
Entre el 2009 y el escándalo, Hupecol hizo el estudio de sísmica al que se había comprometido, se gastó mínimo 16 mil millones de pesos, y duró cuatro años y nueve meses consiguiendo la licencia ambiental.
En ese proceso, para la fuente del mundo petrolero, quedó claro que a la comunidad no le gustaba el proyecto. Eso era evidente desde una audiencia pública de julio del 2015, a la que fueron más de 600 personas para debatir la posible licencia, que en su mayoría rechazaron el proyecto. Y a nadie le importó. “La Anla no evalúa si a la gente le gusta o no el proyecto sino la viabilidad técnica”, le dijo Iregui a La Silla.
Aún así, el día que el presidente Santos decidió de suspender la licencia, el Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, dijo no solo se debía a la falta de plan de manejo sino a que el del presidente Juan Manuel Santos “es un Gobierno que escucha a la comunidad", como contó Caracol Radio. Pero años antes no le había parado bolas a la comunidad.
El mismo director de la Anla dejó entrever que la decisión es política. “La figura de la suspensión no existe [legalmente]. La decisión era dejar en firme la licencia o revocarla. Las posiciones del Presidente son órdenes”, le dijo Iregui a La Silla.
Esa decisión se da justo cuando Santos atraviesa una fuerte crisis de imagen. Como ha contado La Silla, según las tres últimas encuestas publicadas en marzo, la imagen favorable de Santos está en un 25 por ciento según Ipsos, en 30 por ciento según Cifras y Conceptos en y 24 por ciento según Gallup. Además, según esta última, el 74 por ciento de los encuestados opina que las cosas en el país van por mal camino.
Las consecuencias
Que las petroleras están preocupadas porque este caso muestra que en el país hay inseguridad jurídica preocupa no sólo porque el sector está muy golpeado por la caída de los precios del petróleo sino porque el país sigue dependiendo mucho de esta inversión en época de vacas flacas.
Que la industria petrolera colombiana está en un mal momento es una realidad ya conocida: hay por lo menos 36 empresas del sector cerca de quebrarse y con deudas de más de 100 mil millones de pesos; el hueco fiscal jalonado por la caída de los precios del petróleo es de unos 30 billones de pesos; Pacific Rubiales, la que era la principal petrolera del país, está en la mala y cambió de dueños; y Ecopetrol, la principal empresa del país y fuente de recursos para el Estado y sus 400 mil accionistas más, decidió no pagar dividendos este año, algo sin precedentes.
Además, podría tener consecuencias legales.
Esta mañana el representante de Hupecol en Colombia, Leonardo Niño, mostró su frustración por la decisión de la Anla. “Más allá de la pérdida económica, es el tiempo que hemos invertido”, dijo.
Además, aunque todavía no ha sido notificado formalmente por la Anla, aseguró que la empresa está contemplando como una de sus opciones demandar al Estado.
Esa demanda se sumaría a la pequeña cascada de demandas internacionales de mineras contra el Estado Colombiano, las carboneras Glencore y Prodeco ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y las de las mineras de oro EcoOro y Cosigo.
Eso, más la anunciada demanda de Claro, muestran que molestias como la de los petroleros por la patraseada de la Anla pueden terminar costándole a los contribuyentes.
Pero más allá del futuro que tengan esas demandas que todavía es incierto porque son muy recientes, la economía sí podría terminar muy golpeada si esta decisión termina por desincentivar la inversión extranjera. Seguramente éste será uno de los temas de discusión del Congreso Minero que arrancó hoy.
Clik here to view.
