Hace unas semanas el equipo de Peñalosa decidió ponerle fin al único programa de atención a desmovilizados gestionado desde el Distrito: el proyecto 840. La decisión va en línea con su política de cambiar todo lo que huela a Petro para replantearlo en su Plan de Desarrollo, e incluye dejar este tema bajo la sombrilla de la Alta Consejería para las Víctimas que se estrena en esta competencia. Con este borrón Peñalosa también elimina lo único que los reintegrados habían ganado con el programa distrital de cara al nuevo proceso de paz: interés y espacio para proponer políticas públicas en torno al proceso que llevarán sus compañeros.
Si bien hasta que no haya Plan de Desarrollo no habrá última palabra sobre cómo quedará la política distrital en torno al tema de reintegración, en el borrador se vislumbra que Bogotá no irá más allá de las políticas nacionales que ya existen, y que se ejecutan desde la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).
Así lo justifican Ángela Anzola, Alta Consejera para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, y Joshua Mitrotti, director de la ACR, quienes concuerdan en que se viene una alineación del modus operandi entre ambas entidades para restablecer sus relaciones que nacieron y crecieron débiles. De esta manera “no nos pisaremos las mangueras y se generarán sinergias”, dice Anzola.
Los beneficios que se pierden, pero no
Este proyecto se planteó en 2005 durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón como un complemento a las iniciativas nacionales para la reintegración, ejecutadas por la - en ese momento- Alta Consejería para la Reintegración.
El proyecto tenía dos objetivos: construir identidad ciudadana en los excombatientes y vincular al desmovilizado a la comunidad donde vivía.
La política distrital para lograr el primero consistía en atender a los desmovilizados en centros de apoyo donde recibían asesoría legal para la aplicación de la Ley 1424 de justicia transicional, atención psicosocial, y acompañamiento en el trámite de su vivienda.
También se hacían recorridos turísticos, llamados Módulo Ciudad, alrededor del centro histórico de Bogotá para que los nuevos ciudadanos desarrollaran un sentido de pertenencia por ella.
Para vincular al desmovilizado a su comunidad (el segundo objetivo), se organizaban conversatorios en colegios con el fin de prevenir el reclutamiento de niños y jóvenes en zonas de influencia de pandillas; y reuniones en los barrios donde vivían los excombatientes para discutir con ellos y la comunidad conjuntamente cómo veían el postconflicto.
Por el momento los recorridos por el centro histórico no seguirán, y dado que no existe una evaluación de impacto formal más allá del conteo de personas que asistieron a ellos y entrevistas esporádicas a la comunidad, es difícil medir el vacío que dejan en materia de vinculación de excombatientes a la sociedad civil.
Los centros de apoyo, los conversatorios con jóvenes y las reuniones, también faltos de evaluación de impacto, no se acaban porque la ACR (que tampoco los evalua) duplica con su propia filosofía este tipo de servicios a los excombatientes en Bogotá. La “duplicidad” y la “propia filosofía” reflejan problemas estructurales de coordinación entre ambas instituciones.
La relación a distancia entre la ACR y el Distrito
“Mientras la perspectiva de la ACR consiste en condicionar la ayuda al compromiso de los excombatientes para que se apropien de un proceso meritocrático de reintegración, el Distrito tenía una perspectiva más asistencialista. Siguiendo esa lógica, si eventualmente se le quita la atención al desmovilizado, este queda en nada. Nosotros les enseñamos a pescar, no les damos el pescado”, dijo a la Silla Joshua Mitrotti, director de la ACR.
Y es que desde sus orígenes los programas no pudieron estar más desarticulados. Mientras la ACR nace del Programa para la Reintegración a la Vida Civil de Uribe, en el marco de una estrategia militar que condicionaba un salario a la colaboración de los desmovilizados con el Ejército, la Administración de izquierda propone el Proyecto 354 (después llamado 840) para complementar los vacíos sociales que estaban dejando las políticas nacionales.
A partir de esta divergencia ambos han evolucionado. Un funcionario de la ACR concuerda con que el programa nacional se ha movido hacia una política menos asistencialista, más personalizada, condicionada a las ganas de salir adelante de cada excombatiente –no a su colaboración militar-, y menos individualista, trabajando también con la comunidad.
Mientras tanto, el programa distrital se ha movido hacia la inclusión de los desmovilizados en la planeación –y ejecución- de la política pública.
Surge el desmovilizado participativo
Durante las administraciones de Lucho Garzón y Samuel Moreno el programa tuvo un manejo que según Martín Rangel, excombatiente de las AUC, le daba confianza a nuevos desmovilizados por dos razones: primero porque estos llegaban a la oficina del Programa y se encontraban con pares suyos, y segundo porque esta oficina quedaba en una casa común y corriente.
Esto permitió que los mismos desmovilizados brindaran atención a sus nuevos compañeros y se apropiaran del programa empezando a interesarse por participar activamente en sus dinámicas.
El compromiso de los excombatientes evolucionó a tal punto que la mayoría de los gestores territoriales del Distrito eran desmovilizados. Su tarea era imaginar y organizar los foros en la localidad que tenían asignada, lo que les daba libertad de elegir el cómo, pero también evidenciaba falta de lineamientos unificados desde la alcaldía.
Sin embargo, y a pesar de que los excombatientes compartían y participaban de la visión del Distrito, las decisiones de Petro, durante el comienzo de su administración, trajeron roces que terminaron por llevar el proyecto al borde de la extinción.
“Cuando Petro decide mudar la oficina al edificio de la Secretaria de Gobierno y reducir el personal de la oficina de treinta a dos personas, pone una barrera al excombatiente que se siente intimidado por entrar a un edificio oficial muchas veces sin tener todavía una identificación, además de tener que hablar con personas que no se ponen en sus zapatos”, dice el mismo Rangel.
Con esta movida el programa se fue debilitando, y a pesar de los intentos del entonces Secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, por recuperarlo, hubo problemas entre los coordinadores del distrito y los desmovilizados que estaban vinculados al proyecto.
De esos roces quedó constancia en una carta rotada entre desmovilizados y algunos funcionarios del Distrito como Ligia Peñuela y Ricardo Ramírez. Esta carta firmada por un ciudadano que se hace llamar Pablo Pueblo, evidencia enfáticamente el descontento que dejó el trabajo conjunto entre excombatientes y Distrito.
“Al final la población reintegrada se sintió segregada y perdió visibilidad, presencia y confianza en el Distrito”, le dijeron Jefferson Perea –excombatiente de AUC- y Luis Ángel Blandón – excombatiente del ELN - a la Silla, lo que deja ver unas relaciones resquebrajadas que tampoco vislumbran mejoría con la decisión de Peñalosa.
Sin embargo, los desmovilizados tampoco estuvieron engranados. Las visiones opuestas sobre cuál debía ser su papel en la ciudad, no mandaron un mensaje unificado de lo que querían como ciudadanía y terminaron por desarticular aún más los esfuerzos de uno y otro dentro del programa.
Una fuente excombatiente le dijo a la Silla que a diferencia de los desplazados y las víctimas, los desmovilizados no se pudieron coordinar, en parte porque unos querían mantener un bajo perfil y en parte porque dentro del grupo había una división entre los que creían que ellos deberían intervenir en definir políticas públicas y los que creían que debían limitarse a aprovechar los programas sociales.
De este proceso y de la forma como está planteado el postconflicto en La Habana, han brotado nuevos intereses en los excombatientes instalados en la ciudad, incluso en los ex AUC, que quieren participar de la definición de lineamientos de política pública en torno a sus pares.
Los baches que se le vienen a Peñalosa
Aunque todavía no ha generado el ruido que otros frentes de batalla sí han tenido, como el de los vendedores ambulantes o los ambientalistas, la decisión de Peñalosa de acabar el programa es impopular.
Además de haber perdido poder de decisión en el cómo se hacen las actividades, los desmovilizados la rechazan porque Bogotá se queda hasta nueva orden sin una política clara de atención complementaria a excombatientes, y porque consideran que quedar bajo la sombrilla de la Alta Consejería de Víctimas no es legítimo ya que la mayoría de ellos no se consideran víctimas del conflicto.
Las víctimas también hicieron saber su inconformidad por haber sido metidas en el mismo saco que sus victimarios.
“Este tipo de molestia es prueba de que la aceptación de desmovilizados en espacios donde hay víctimas, que por fuerza mayor económica son los mismos, está por el piso. Si queremos lograr una reintegración total tenemos que dejar los rótulos de lado y por eso trabajaremos como `ciudadanía´ y no como ‘víctimas’ y ‘victimarios’”, dijo Ángela Anzola a la Silla.
La alta consejera también asegura que es de su total interés que el proyecto no quede huérfano, y esto implica que la Alta Consejería, que depende de la Subsecretaría de Seguridad, se quede en la Secretaría de Gobierno y no pase a la recientemente creada Secretaría de Seguridad porque “le daría un enfoque policiaco y no reconciliador”.
Esto es una pista sobre un debate que no se ha dado en la Alcaldía y que a medida que se aproxima la firma del Acuerdo Final con las Farc se hace más urgente.
Aunque ninguna entidad sabe cuántos desmovilizados recibirá la ciudad porque existe una probabilidad grande de que las FARC se queden haciendo política en sus zonas de influencia una vez termine el desarme y no haya una llegada masiva a los centros urbanos, los problemas que se pueden dar tienen muchas naturalezas, aún invisibles, por lo impredecible que puede llegar a ser un proceso de reintegración.
Por ejemplo los cuatro excombatientes consultados por la Silla coincidieron en que existe un miedo generalizado sobre qué va a pasar cuando lleguen los excombatientes de las FARC, una organización que castigaba con pena de muerte a los que se volaran como lo hicieron muchos de los desmovilizados.
La Silla
