Hoy el Ministerio de Defensa le dio facultades a la Fuerza Pública para bombardear a las tres bandas criminales más grandes que operan en el país y que suman unos 3 mil hombres: el "Clan Úsuga", "los Puntilleros" y "los Pelusos". Previamente, la Fiscalía había sacado una directiva explicando que era viable jurídicamente "la aplicación de toda la fuerza del Estado, sin excepción, a los grupos armados organizados o los grupos que tengan mayor capacidad hostil contra la instituciones y la población, a quienes tengan campamentos, a quienes tengan armas largas, a quienes tengan uniformes y presencia en el territorio”. Y faltaba la decisión política, que fue lo que hoy asumió el Ministro.
La Silla y la Universidad Javeriana pusieron en discusión qué tan efectiva es la política para combatir a las Bacrim, incluyendo los bombardeos. E invitaron al debate Si o No, el poder de los argumentos a Aníbal Fernández de Soto, viceministro de defensa, y a León Valencia, analista y fundador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Durante el debate, el Viceministro explicó los cuatro componentes de la política contra las Bacrim, que incluye la megaoperación Agamenón en los municipios que se han identificado con mayor presencia de bandas criminales, y aseguró que una prueba de que estaba siendo efectiva eran no solo las capturas de cientos de miembros sino 'neutralizaciones' de jefes clave como Megateo en el Catatumbo y la captura del 'doctor Otoya'.
Dijo que se trataba de una estrategia integral que incluía una política de sometimiento a la justicia de bandas como el Clan Úsuga, una estrategia contra el lavado de activos y un mayor control territorial.
Por su parte, el investigador León Valencia dijo que no existía una política eficaz porque el Gobierno no tenía un diagnóstico acertado sobre el conflicto con las bandas, cuyos ejes eran los mercados ilegales y la protección violenta de estos mercados. Advirtió que era un error que la política se concentrara en los 'bandidos' dejando de lado la lucha contra los aliados políticos, los empresarios y los uniformados que les son cómplices.
Frente al bombardeo, el viceministro Fernández argumentó que cuando los grupos tienen campamentos, un mando vertical, armamento largo y cumplen con los requisitos del Derecho Internacional Humanitario tiene sentido bombardearlos pues enfrentarlos solo con herramientas policiales es insuficiente. Por el contrario, Valencia considera que eso solo serviría para atacar una parte del problema y no la más significativa. ¿Acaso van a bombardear el Congreso?, se preguntó, a raíz de la captura que hicieron hace poco del joven que trabajaba en la UTL de un representante a la Cámara y que llevaba más de 600 millones en efectivo que se cree venían de las Bacrim.
Vea aquí el debate completo para leer todos los argumentos.
