Tras diez años, mujeres buscan despenalizar el aborto

Hoy se cumplen diez años desde que salió la histórica sentencia que creó las tres excepciones en las que abortar no es un delito. De las tres, la que ha producido la mayor transformación en el país es la de cuando está en riesgo la salud de la madre, que –sin decirlo de frente- abrió una puerta para que las mujeres aborten cuando no quieren tener un hijo. Ahora el movimiento de mujeres quiere que se reconozca de frente esta posibilidad.

Según datos registrados por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a partir de 2009 “la causal salud se invoca cada vez más como causa para solicitar un servicio de aborto, y en la actualidad se ha convertido en la primera causa por la que se practican abortos legales en Colombia”.

De acuerdo a una publicación que hicieron con ocasión de los diez años de la sentencia, la Mesa –que ha jugado un papel importante en la implementación de la misma- dice que según las dos principales organizaciones prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva –Oriéntame y Profamilia- la causa salud pasó de ser el 28 por ciento de los casos en 2006 a ser la causal en mas del 99 por ciento de los abortos legales en 2015..

Como la Corte Constitucional ha tenido una definición amplia de salud como “un estado de bienestar bio-sicosocial” no es tan difícil que un médico certifique que la mujer se encuentra en esa situación.

El estudio de la Mesa, sin embargo, ha encontrado que aún con ese certificado durante estos diez años las mujeres han encontrado todo tipo de barreras en las instituciones para no dejarlas abortar.

Son de varios tipos. Estos van desde el hecho de que muchas mujeres desconocen que tienen el derecho a interrumpir el embarazo si su salud mental corre un riesgo hasta la resistencia de los hospitales y los médicos a practicar el aborto. Hay múltiples testimonios de mujeres que cuentan que cuando llegan a la cita las tratan de convencer de que están haciendo ‘algo malo’, cometiendo un ‘pecado’, sacrificando a una familia de la posibilidad de adoptar un ‘bebito’ o que el procedimiento es de alto riesgo para su salud.

Con frecuencia, los hospitales o los médicos invocan una ‘objeción de conciencia institucional’, o le dicen a la mujer que tienen que hacer una junta médica para tomar la decisión.

“La dilación para brindar atención médica conlleva un aumento del número de semanas de gestación que suele ser, a su vez, una nueva barrera”, dice la Mesa. Esto porque luego los médicos argumentan que dado lo avanzado del embarazo es muy tarde para practicar el aborto.

Y, por último, está el factor Ordóñez. El procurador Alejandro Ordóñez, que emprendió durante estos años una auténtica cruzada contra la sentencia que marcó toda la primera etapa de implementación de la sentencia.

Como lo ha documentado La Silla, Ordóñez ha movido cuanto mecanismo ha tenido a su disposición para frenar el avance de este derecho reproductivo.

“En la medida en que no quisimos interlocutar con la Iglesia porque consideramos que era un tema constitucional de derechos humanos, la oposición tuvo que encontrar cómo meter a alguien dentro del discurso constitucional para poder ejercer oposición”, dice Mónica Roa.

Según la Mesa, durante su mandato (2009-2017) la Procuraduría ha solicitado doce nulidades a las dos sentencias de la Corte sobre aborto y no ha sancionado a ninguna entidad pública que haya incumplido sus obligaciones constitucionales y legales frente al tema. “Además, ha generado desinformación e incertidumbre con sus actuaciones frente al aborto”, dice el capítulo de la cartilla Las Causales de la ley y la causa de las mujeres, escrito por Ana Cristina González, miembro de la red de las Mujeres de La Silla.

Pero Roa le ve algo positivo y es que: “En diciembre cuando se vaya el Procurador tenemos que celebrar que nos deja un marco jurídico mas desarrollado y mas fuerte porque cada iniciativa suya ha resultado en estándares mas claros, normas mas claras, un movimiento mas grande y mas fuerte porque con cada una de sus acciones le demostraba a mas gente que los problemas no estaban superados”

La mayor satisfacción para las líderes del movimiento de mujeres es que mientras todo el poder de Ordóñez depende del cargo que ocupa, el de ellas es permanente porque es el de la ciudadanía. Y eso les quedó demostrado cuando la Fiscalía le abrió un proceso penal a la actriz Carolina Sabino por haber abortado y esto generó una indignación generalizada.

Lo que viene

Con lo logrado hasta ahora, tanto Women´s Link, la organización que dirigió Roa hasta ahora que se retira como la Mesa, sienten que están listas para dar la próxima batalla: superar el tema de las causales como excepción para abortar y pasar al de los meses de gestación (las primeras) o a la despenalización total (las segundas).

Ya hay pasos importantes en esa dirección.

Por un lado está el proyecto de ley que presentó antes de irse el ex fiscal Eduardo Montealegre que propone quitar el requisito de las excepciones en los primeros dos trimestres del embarazo.

Por el otro, está el proyecto de la representante verde Angélica Lozano que busca despenalizar el aborto en el primer trimestre pero además lo integra con otras opciones reproductivas, como técnicas de maternidad asistida y adopción.

Pero como dice Mónica Roa, “La revolución se tiene que dar en la manera de aplicar las leyes y no en crear nuevas”.

Aún en el caso de la Fiscalía de Montealegre, que quiso convertirse en el alter ego liberal de Ordóñez, según Women´s Link hay más de mil mujeres con procesos penales con aborto. “Totalmente injustificados, muchos de ellos con violación al secreto profesional y al debido proceso”, segú Roa.

Explicó que muchas veces los mismos médicos que reciben a las mujeres las denuncian ante la Fiscalía. Por eso le parece que la directiva 06 que sacó el Fiscal dando instrucciones a los fiscales sobre cómo investigar los casos del aborto y diciendo que no pueden recibir denuncias ni pruebas que violen el secreto profesional entre el médico y la paciente ni tampoco cuestionar los certificados médicos es un buen comienzo.

“El problema es que esa directiva no la han aplicado a esos mil casos”, dice Roa. “Espero que ese compromiso se traduzca en una aplicación rápida a los casos de estas mujeres, que a no ser Carolina Sabino no tienen quién se indigne por ellas.”

Para la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres lo que hace falta es la voluntad política para la despenalización total del aborto “eliminando el delito de aborto del Código Penal sin más dilaciones y sin más excusas”.