Cuando aparentemente estamos cerca de la firma del acuerdo final para dar por terminado el conflicto con las Farc y es público casi el 80% de lo que sería su contenido, surge como gran triunfadora la Constitución de 1991, que contrario a lo que cualquiera hubiese podido imaginar que pasaría va a salir prácticamente incólume. En la práctica, 25 años después, a ese “tratado de paz” que construyeron todas las fuerzas políticas y sociales del país se le están sumando los actores armados que aún no lo habían hecho.
Lo natural hubiese sido que en un proceso como el que llevan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc lo que se pactara fuese una profunda reforma constitucional. Así ha ocurrido en prácticamente todos los acuerdos para terminar conflictos de la dimensión del nuestro. Incluso en Colombia, aunque ese resultado no se pactó con las guerrillas, de alguna manera la negociación que se hizo con el M 19, el EPL y otras organizaciones derivó en la expedición de una constitución completamente nueva.
El Frente Nacional que es el acuerdo de paz más profundo que hemos hecho los colombianos terminó con una reforma constitucional que cerró el sistema político a cambio de que liberales y conservadores dejaran de matarse. Los centenares de miles de víctimas nunca se repararon y los delitos quedaron todos en la impunidad, pero se cambió la Constitución para compartir el poder entre los contendientes durante una fase de transición.
Resulta muy llamativo que lo que se acuerde para terminar un conflicto de más de 50 años, en el que el delito base consiste en levantarse en armas para suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente lo que se acuerde no sea modificar al menos una de las líneas de construcción de ese orden constitucional.
La constatación es más interesante en medio de un agrio debate en el que los opositores del proceso lo califican de “golpe de estado” e incluso algunos de quienes lo han defendido se rasgan las vestiduras por el procedimiento que se escogió para formalizar jurídicamente el acuerdo que lo califican de asalto a la Constitución. Ya Álvaro Gómez, que después presidió la Asamblea Constituyente, había calificado el documento en el que se plasmaba el procedimiento propuesto para modificar entonces la Constitución, como el plan para asaltar una joyería.
Para cumplir lo que se ha acordado en La Habana se necesitan hacer dos o tres adiciones constitucionales, todas ellas transitorias y que no cambian sustancialmente ni el sistema político, ni el régimen territorial, ni el sistema de controles o de separación de poderes, o el capítulo de los derechos y sus mecanismos de protección. Hay que autorizar la adopción de una jurisdicción especial para investigar y juzgar los delitos que se hayan cometido en el marco del conflicto y permitir que se creen unas curules adicionales en la Cámara de Representantes para dar representación a los territorios especialmente afectados por el conflicto.
El cambio más significativo será el de la organización electoral. Habrá que eliminar el Consejo Electoral y crear un organismo independiente de los partidos, pero eso ya será por iniciativa de los actores políticos y no como consecuencia necesaria del acuerdo de La Habana.
Lo demás son modificaciones legales o la adopción de políticas públicas dirigidas a hacer efectivos los principios constitucionales adoptados en el 91. No hay mayor prueba de la solidez de una constitución que la de superar la negociación de las condiciones para que un grupo que pretendía suprimir o modificar el régimen constitucional cese en su pretensión.
Las FARC y el uribismo han coincidido en que quieren una Constituyente pero ninguno de los dos ha atinado a decir que cambios propondrían a la Constitución. La guerrilla dice que no quiere la Constituyente para modificar la Carta sino para “ratificar” los acuerdos y el uribismo la propone, como diríamos coloquialmente, por joder, para ver que sale de ahí y claro dirán que es muy importante modificar el tema de la justicia o cualquiera, otro, pero están –como casi siempre- “cañando”, no porque crean sinceramente que alguno de los problemas colombianos del presente se resuelva con cambios constitucionales.
"Las Farc y el uribismo han coincidido en que quieren una Constituyente pero ninguno de los dos ha atinado a decir que cambios propondrían a la Constitución.”
Hace 25 años, en cambio, era claro que había que cambiar el pacto del Frente Nacional y abrir la sociedad y la política al reconocimiento y respeto a la diferencia, que había que promover nuevas fuerzas políticas, que había que reformar el diseño del equilibrio de poderes porque se había concentrado mucho poder en el Presidente y etc, etc, pero especialmente había que legitimar un nuevo pacto. Ahí se metieron todos, faltaban las Farc y eso fue lo que aceptaron hacer con el acuerdo para “blindar” los acuerdos dado a conocer el fin de la semana pasada.
No habrá mejor celebración de los 25 años de la Constitución que la firma del acuerdo con la guerrilla de las Farc.
Se completará el círculo de lo que, en ese momento, invocando a Bobbio, la Corte Suprema de Justicia llamó un “tratado de paz”.
Los opositores al proceso de paz dirán, contra toda evidencia, que al contrario se violentó el pacto y los detractores de la Constitución recordarán que se han aprobado decenas de actos legislativos en estos años para demostrar que de la Carta de entonces queda poco. Falso, ni lo uno, ni lo otro, lo único cierto es que si alguien hace un escrito explicando los elementos esenciales de la Constitución colombiana tendrá que consignar los mismos que hubiera tenido que escribir hace 25 años.
Álvaro Uribe Vélez
Ex presidente de la República y Senador