En Santa Genoveva de Docordó, la cabecera municipal de Litoral de San Juan, a orillas de un brazo del río San Juan, los pacientes guardan las órdenes del médico en bolsas plásticas. “El pueblo huele a mojarra frita”, como dice Indira Guresso, la única jueza desde hace seis años. No hay alcantarillado, tienen energía eléctrica permanente desde hace año y medio, el comercio es incipiente ―un granero, una panadería, un detodito sobre el parque central, un puñado de tiendas más a lo largo de la única carrera: peluquería, hotel, y farmacias, que, esas sí, son cuatro―. El agua llega a las casas de los tanques que recolectan aguas lluvias donde las larvas crecen y se reproducen los zancudos. Descontados el río y la alcaldía y la escuela, en el centro del pueblo el paisaje lo domina una valla con recomendaciones contra la tuberculosis, esa enfermedad que mató a tantos en el siglo XIX. Pero hacia todas las direcciones, por encima de la capa de cemento del casco urbano, la vista se pierde en la selva chocoana. Hacia arriba queda el río, hacia abajo queda el mar.
La Silla Vacía visitó el Litoral de San Juan ―un pueblo en medio de una guerra adormecida por el avance de las conversaciones de La Habana― junto con la brigada médica organizada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana para atender a los docordeños. Estos son los testimonios, las historias, las necesidades de una comunidad que se apresta, al menos en el tablero de ajedrez de la gran política, a jugar a la paz.
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La Silla

Litoral de San Juan tiene 14.000 habitantes, Docordó, 2.000. Es uno de los municipios más pobres del departamento más pobre de Colombia. Los litoralenses viven de la pesca, de cortar madera ―“cada vez más escasa, más lejana”―, algunos de la agricultura. “Pero eso no es un sustento ―explica Mayra Abadía, la personera municipal―: no hay proyectos para hacer, no todos podemos comer de la administración”. Llegan, sí, las organizaciones: ACNUR, FAO, La Patrulla Aérea Civil Colombiana, como esta vez. Docordó tiene siete bocanas: Pichirimá, Charambirá, El Venado, Choncho, Togoramá, Chavica, Churimal, que hablan de la ascendencia indígena de las aguas del San Juan y que son su condena. El municipio fue desagregado de Istmina en 1993 porque “los recursos no llegaban por la lejanía”, según cuenta el hombre más viejo del pueblo, el único pensionado. El obispo de la época, agrega su hija, Nelsy Hurtado, “santagenovevadocordoseña cienporciento”, le puso Santa Genoveva a la parroquia en honor a su madre, y así se quedaron.

Litoral es un municipio de sexta categoría, la última, “según su realidad presupuestal y poblacional”, como son casi todos los pueblos de Colombia. “Somos una orilla en el mapa, como dice la personera municipal. Litoral es del Chocó, pero la capital del departamento, Quibdó, está a 8 horas de distancia por río ―Docordó-Bajo Calima, Bajo Calima-Istmina, e Istmina-Quibdó―, o a 4 horas por avión desde Cali, contando con el tramo fluvial y terrestre por Buenaventura. De Buenaventura entonces traen por agua la comida y la gasolina. Entre los empleados del gobierno hay motoristas para transportar a los funcionarios. “Todo entra por el río, lleva el sobrecosto del río”, dice la jueza, y estira los dedos con elegancia, contando. Se refiere al precio del ACPM $13.500 pesos el galón ($15.000 en las comunidades) que multiplica las distancias: el pasaje en lancha a Buenaventura cuesta $50.000 por río y carretera, y $60.000 si se viaja por mar.

“La vida acá es costosa. Uno no consigue lo que quiere comer sino come lo que hay ―dice resignada Milena Collazos, asesora de planeación―: falta abrir tres kilómetros de selva para poder tener acceso a Málaga…”. Litoral está más cerca del Valle del Cauca por el comercio y por las instituciones, que hay que irlas a buscar a Buenaventura. “Aunque todo depende. Depende de qué motor, de qué lancha, del cilindraje, de la fuerza. Por ejemplo, una lancha rápida es en la que ustedes llegaron. Con un motor 200”, dice otra vez la jueza, experta en viajes fluviales porque viaja todos los meses a Quibdó a visitar a la familia. Los mejores hijos de Litoral van a ganar la vida en otra parte: Cali, Quibdó, Buenaventura. El pueblo ofrece lugar apenas para un puñado. Pocos pueden costear la salida de Docordó, la mayoría de los trabajadores de la administración, los comerciantes.

“¿Qué sacamos con una calle pavimentada o con una cancha de fútbol profesional pero con paludismo?”, cuestiona la personera, con un movimiento oblicuo de la cabeza. A la deficiencia de los servicios públicos ―algunas casas tienen pozo séptico, otras arrojan los excrementos al río, no hay tratamiento de basuras―, de los que el municipio es prestador directo, como explica Nelsy Hurtado, secretaria de servicios públicos domiciliarios, se suma la cultura de no pago, la idiosincrasia: entre un 40% y un 50% pagan. “Es que no todo son obras”, agrega la personera.

“¡Necesito dipirona ya para ayudarle a bajar la fiebre!”, ordenó la médico a la enfermera a cargo del bebé horas antes de tener que embarcarlo en un helicóptero de la Armada Nacional. En la cabecera municipal de Litoral hace nueve meses cerró la Fundación para la salud del Bajo San Juan, un hospital privado, por falta de convenios por el cierre de Caprecom y porque las otras prestadoras de salud (EPS) del pueblo, Comfachocó y Barrios Unidos, contratan con un médico en instalaciones propias. Desde entonces a los no afiliados los “atienden” una enfermera en el puesto de salud sin médico y las farmacias, también privadas. Por la situación de emergencia sanitaria del pueblo, durante la brigada médica organizada por la Patrulla Aérea Civil Colombiana, rápidamente cambiaron los objetivos: “priorizamos las urgencias y no la consulta especializada, como teníamos previsto, nos convertimos en un sistema de salud de urgencias”, según explica Valentina Zuluaga, directora de la brigada.

El centro médico público más cercano, ubicado en el corregimiento de Palestina, queda a dos horas de camino. Por el costo, pocos pueden hacer el viaje. En la cabecera solo atienden a los afiliados. Los demás deben pagar $25.000 que no tienen por una consulta médica sin médico. Al final de la doble jornada de la brigada, los médicos de la Patrulla Aérea Civil atendieron 1238 casos en un pueblo de 2000 personas. Tres bebes fueron enviados con “cuadro infeccioso grave”, estables, a Buenaventura. Es muy duro pasar… el San Juan en bicicleta.

“Hice mi rural en Malambo, Atlántico, sin nada, sin una solución salina. Venía del Hospital Militar, en Bogotá, donde había de todo, y llegue a pelear con el comandante de la policía para que tanqueara la ambulancia porque “en su criterio nada era una urgencia vital”, recuerda Camilo León, uno de los médicos voluntarios de la brigada en Litoral de San Juan. “Las enfermedades esperables aquí, eran paludismo, dengue, y esas fueron las que encontramos, además, claro, de diabetes y tensión alta y reumatismo. Ojalá uno pudiera hacer más”, dice a la pregunta de por qué viajar a trabajar gratis en el único fin de semana de descanso del mes.

“Acá las enfermedades se complican, porque o se agota el medicamento, o es restringido porque también lo usan grupos armados, para su salud”, explica la personera. Los miembros del equipo médico voluntario bromean al desayuno, se toman selfies con el capitán, aplauden cuando aterriza la avioneta. Pero una vez en el terreno, la que podría haber sido una excursión de viejos amigos, un reencuentro de la promoción del 98, del 2011, o del 87, atiende pacientes en jornadas de 15 horas. Gratis. En Litoral de San Juan, y este puede el resumen de una tragedia, hay cuatro farmacias, alguna con los estantes vacíos, ya en quiebra, y un hospital ―privado― cerrado. En Docordó, por eso, es un lugar común decir: “si hay médico no hay medicamentos, si hay medicamentos no tenemos los médicos”.

En Docordó no hay cárcel, ni fiscalía (también hay que ir a buscarla a Buenaventura, y esperar entretanto en los calabozos de la estación de policía) ni defensoría del pueblo (que se encuentra río arriba, en Istmina). “Necesitaríamos tal vez una persona que sirviera de notificador ―dice la jueza―. En el juzgado le toca a la secretaria. Pero funcionamos bien. No está congestionado porque no tiene flujo de procesos que atender, servimos mucho de mediadores. En casos de familia, sobre todo. Acá es raro que maten o que roben, casi no pasa. Pero si hay una denuncia, se puede recibir en la inspección de policía, y hay que remitirla a la fiscalía”.

“Yo todo eso lo dejo en manos de la ley. Porque el día de morir es uno solo”, dice un líder que pide no ser identificado porque está amenazado por su trabajo con los desplazados de Litoral. Es la única persona en el pueblo que aceptó hablar sobre “el orden público”. “Sobre la presencia de las bandas criminales nadie le va a decir nada”, agrega ―y nadie lo hace―, pero aquí están todos: las FARC, el ELN, los gaitanistas…: Santa Genoveva es una bocana, estamos cerca del mar y de los ríos, y eso facilita la incursión de grupos armados”. Ha habido desplazamientos en la Pradera, Tocoromá y Pichimá. Hay convivencia obligada entre combatientes y pobladores (y patrullaje constante de la Armada Nacional, esta vez a propósito de la visita de la brigada médica); pero, dice el líder, “ahora estamos en una especie de tregua por el proceso de paz en la que nada tan grave sucede pero siempre está la posibilidad de que ese estado cambie”.

En el 2013, hubo mil quinientos desplazados, en el 2014, novecientos. En el 2015, en abril, “por bombardeos de la fuerza pública”, alrededor de quinientos. Sobre todo indígenas wounaan. La violencia cede a veces pero las bocanas siguen ahí (y los enfrentamientos entre ejércitos). “Unos se los encuentra a la vuelta en el río, armados en sus lanchas, pero nadie dice, ni ve ni oye nada”, cuenta el líder. “Viven aquí en la cabecera, todo el mundo sabe quiénes son porque no son de por acá, enamoran a las mujeres… ¿La Armada? La Armada está en lo suyo”. El alcalde Salas responde, después de pensarlo un rato (“un momentico, no prendás la grabadora, cuáles son las preguntas ―y entonces saca un papel y empieza a apuntar― porque es muy distinto una entrevista formal a una entrevista informal, ¿por qué? Porque hay temas que son de la casa, y es mejor manejarlos con prudencia, ¿por qué?, Porque se pueden salir de control”), dice: “Nosotros creemos que estamos viviendo en una zona tranquila hasta el momento”.

En Santa Genoveva sólo hay señal de un operador de teléfono, y ese, el celular, es el principal medio de comunicación. No hay emisora, ni periódico, ni mucho menos canal local de televisión. Arcenio Chamapuro González, jefe de prensa de la alcaldía, cuenta que la oficina de comunicaciones se creó en el 2012 (“como parte de la propuesta del anterior alcalde de incluir indígenas en la administración”) y desde entonces él divulga las actividades del municipio en la página web de la alcaldía. Al tiempo dice ser “reportero de La voz del Chocó, una emisora de Quibdó afiliada a RCN radio. “Yo recibo mi sueldo de la alcaldía, pero como por acá es tan difícil comunicarnos, reporto lo que pasa en Litoral y ellos allá lo presentan en el programa”. “Para comunicarnos con las veredas es difícil ―explica ahora el alcalde encargado―. Si tuviéramos comunicación hoy todas las comunidades estarían acá porque hay una brigada de salud…, pero si uno quiere llegar a las comunidades toca coger una lancha, y eso cuesta”.

“Oye, señor, ¿por qué no sacan a Marco?”, pregunta una niña pequeña que confunde a los médicos y a los periodistas, como otras veces le ha pasado a la Patrulla Aérea Civil, con los combatientes de la Armada. Marco, el muñeco inflable, camina orondo por el pueblo dejando una estela de niños a su paso. En el parque central, por un parlante móvil, suena la copla sabanera, una versión de la malagueña, mientras los soldados hacen trabajo social con los niños del pueblo. Los guerreros apostados sobre el río se aburren, pasan las horas viendo pasar canoas. Si alguna vez un foráneo camina sin rumbo, si hace preguntas, un hombre de civil se acerca con otros dos de camuflado: “Le presento a mi sargento ―dice―¿El señor a qué se dedica por acá?”. De nuevo el alcalde, lápiz en mano, midiendo palabras: “Estamos como en cualquier parte de Colombia, que si uno va para alguna parte, pues algo consigue, pero la verdad sin problemas…”.

“Acá la gente votó en masa por Santos, que no nos olvide el presidente”, dice la personera. Y Santos, en un discurso en noviembre de 2015, celebrando el nuevo sistema de regalías: “Se transformó el litoral de San Juan, al sur del Chocó. Allá ahora tienen colegio, tienen la primera cancha sintética de fútbol profesional, que además es la primera cancha sintética de fútbol profesional en todo el Pacífico (…) Tenemos varios desafíos. Optimizar el uso de los recursos. Se nos bajaron las regalías, bajó el precio del petróleo (…) O sea, tenemos que hacer un mejor uso de esos recursos. Mejorar la formulación de los proyectos como aquí se ha dicho. Priorizar mejor la destinación de los recursos, eso es muy importante. Los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores con el Gobierno Nacional. Muchas veces la definición de gobernar es priorizar, saber priorizar. Dónde ponemos los escasos que tenemos para que tengan el mayor impacto posible. Y también seguir reduciendo la brecha de las inequidades, la brecha social”.