Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)
El mundo no es el que debería ser. Fue y será una porquería, ya lo sé. Pero aunque sea como aspiración no está de más recordar que, en teoría, cuando vivimos en una sociedad que se dice democrática cada quien tiene que hacer su parte. El contrato social obliga al Estado a estar al servicio del bien común, al gobierno a rendirle cuentas a la sociedad, y a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones y a respetar la ley.
Ninguna sociedad sigue este contrato ideal al pie de la letra. Los colombianos, desde la colonia, nos acostumbramos a que se obedece, pero no se cumple. Ejemplos sobran. Usted los ve a su alrededor cada día, y con razón se indigna y molesta.
Yo, le confieso, estoy especialmente irritado con uno en particular: los impuestos. Me tiene encolerizado lo que a Juan Ricardo Ortega le sorprende (no dudo que a él, que sí que se ha dado la pela, también lo frustra). No sólo es que los más ricos del país no estén pagando lo que deberían (eso ya lo sabíamos), sino que cuando podemos pasarlos al tablero, obligarlos a dar explicaciones, forzarlos a una sanción social y unos minutos de vergüenza, no lo hacemos.
¿Dónde están las preguntas incómodas a los colombianos que están en los Papeles de Panamá? ¿Quedamos satisfechos con las explicaciones que salieron a dar algunos (pocos, por cierto)? ¿No habrá periodistas acuciosos que pidan explicaciones a quienes ni siquiera las han dado? Sin conocer los intríngulis de las mañas para esconder la plata, cualquier desprevenido puede constatar, por ejemplo, que muchas de las sociedades de colombianos tienen acciones “al portador”. Este es uno de los trucos más obvios. ¿Quiénes son esos portadores? ¿Son ellos mismos para reportar menos de su patrimonio e ingresos? ¿Nadie se los va a preguntar? Una mirada rápida a los datos, que usted puede consultar y descargar, le permite ver también que las entidades de colombianos quedan inactivas con mayor frecuencia que otras de los Papeles de Panamá desde 2013. ¿No es esto sugestivo, ocurriendo justo cuando empezaban a conocerse los esfuerzos por conseguir información del vecino país, seguidos de la declaración de paraíso fiscal con “patraseada”? ¿Se fueron de ahí unos evasores avisados? ¿No deberíamos ver más reportajes indagando estas y otras preguntas que seguro aparecerían con algo de investigación?
Cuando en una sociedad nadie cumple su parte del trato, todos tenemos una excusa. El evasor encuentra tranquilidad en su decisión porque la plata de los impuestos igual se la roban. El empresario que le pagó a un paramilitar, a la fuerza o con gusto, piensa que el Estado le falló al no garantizarle seguridad. El usuario de Uber (sentido mea culpa), justifica usar un servicio no regulado porque las autoridades no se ponen al día para hacerlo y el que sí está regulado incumple consistentemente todas las normas. Pero así como hay evasores, financiadores de paramilitares, y usuarios de Uber que justifican sus acciones, hay quienes estoicamente pagan todos los impuestos aunque otros no lo hagan, quienes estuvieron dispuestos a perder sus tierras y patrimonio antes que financiar grupos que previsiblemente traerían muerte y dolor, y quienes siguen usando taxis no sólo porque es lo que pueden pagar sino porque se rehúsan a usar un servicio ilegal. Hicieron su parte del trato aunque otros le fallaron.
Pero, si hay tantos ejemplos de ciudadanos que no cumplen su parte del trato, ¿por qué este me molesta tanto?
Quizás tiene que ver con que no están pagando lo que les toca, cuando lo que les toca es muy poco. Cifras de la comisión tributaria muestran que si en algo estamos gravemente rezagados en Colombia es en cobrar mayores impuestos a las personas más ricas.
O tal vez es porque tengo demasiado claro que la evasión de impuestos, que dicha así suena tan trivial, un pecado menos por obra y más por omisión, es en realidad un robo sin ambigüedades. Estas personas nos han robado. Sí, a usted y a mi. Y lo que es peor: a los colombianos más pobres si aceptamos que a esos a quienes más puede (al menos debe) beneficiar el Estado.
O puede ser por sentir que, en promedio, estos ciudadanos son quienes menos excusas tienen para fallar su parte del trato. En esta decisión por lo general no se jugaron el pellejo. Se jugaron ser unos miles o millones de dólares menos ricos. Y al hacerlo consolidaron su desinterés con lo que pueda suceder en el Estado, cuando ellos más que nadie en la sociedad habrían tenido el poder y la influencia para exigir que se usen bien sus impuestos. Porque esa es otra tragedia de incumplir el trato: con rabo de paja y sin velas en el entierro, nadie le exige a los demás hacer su parte.
O puede ser porque este tipo de personas son quienes, en mi experiencia, con un aire superioridad moral sin ver la paja en su ojo no tienen problema en condenar con rectitud absoluta a un campesino que, ese sí, no tuvo opción y se jugó el pellejo cuando tomó la decisión de unirse a la guerrilla o a los paras. Lo han hecho frente a mí mientras pagando una cuenta preguntan si el recibo “me sirve” o si ellos lo pueden usar para deducir gastos, sin notar la ironía (“¿Estábamos acaso en un almuerzo de trabajo?” siempre me pregunto).
Por eso, en los peores días de mi indignación con todo este asunto he dicho que prefiero un guerrillero raso a un rico raso. Y no me salga con que soy un romántico, blandengue, y trasnochado mamerto que admira la lucha armada. Aborrezco toda forma de violencia. Pero, por ejemplo, me siento menos capaz de juzgar a un guerrillero combatiente que a sus líderes que, tan convencidos de sus ideas, tan seguros de tener la razón y la verdad de su lado, han estado dispuestos a matar y secuestrar para defenderlas. O que a estos ricos de los que hablo hoy, que han tenido todos los recursos, oportunidades y educación para tomar la decisión correcta. Y por eso hasta me atreví a decir que entraría en desobediencia civil (no es “resistencia civil activa”, eso es otra cosa a la que no le jalo) si en lugar de construir una tributación directa moderna, progresiva y seria, y de perseguir a quienes guardan su plata en Panamá y otros escondites, lo único que hacemos en la próxima reforma tributaria es subir el IVA. El gobierno se quedó sin excusas para seguir postergando una postura firme con Panamá y demás escondites, y para pretender que a punta de IVA vamos a ajustar las finanzas públicas.
Sea lo que sea, creo que este país no puede cambiar si este tipo de cosas siguen pasando desapercibidas, sin generar una reflexión de fondo. Vivimos en una situación en la que todos nos sentimos injustamente tratados. Nos han fallado en el contrato social. Tal vez por eso tiene tanto eco el discurso de “no a la impunidad”. Nuestra sed de justicia es comprensible y a veces muta en hambre de venganza. Pero por eso también todos nos sentimos con derecho a incumplir un pedazo del trato, hasta los que con tanta vehemencia reclaman no a la impunidad son tramposos compulsivos. Además de indignarnos por el pedazo que los demás incumplen, no estaría de más que cada uno examine en qué parte del trato está fallando. Pasada mi ira con este episodio, ese al menos es mi propósito.
Nota para suspicaces: Tengo muy claro que Juanita León, directora de La Silla, está en los Papeles de Panamá, como ella misma lo anunció. Esta entrada, como es costumbre, la conocerá Juanita sólo una vez publicada, usando la libertad total que La Silla siempre nos ha dado a los blogoeconomistas para subir directamente nuestros aportes al portal sin filtro alguno.