La Corte Constitucional defiende "intocabilidad" de la justicia

Ayer la Corte Constitucional reiteró que es cada vez más parecida a las otras cortes. Su decisión de tumbar la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes se basó sobre todo en que el gobierno de la Rama debe quedar en manos de los jueces y de nadie más, un enfoque corporativista que ha primado en las demás cortes pero solo hasta ahora en la Constitucional.

Esa decisión la tomó una mayoría de 7 magistrados que apoyaron la ponencia de Luis Guillermo Guerrero. Esta señalaba que el Consejo de Gobierno Judicial que creó la reforma del Equilibrio de Poderes para reemplazar a la Sala Administrativa del polémico Consejo Superior de la Judicatura es inconstitucional porque su conformación viola la autonomía de la Rama Judicial, que es un principio constitucional.

En su contra estuvo solo Alejandro Linares, el único de los magistrados que era totalmente ajeno a la Rama (Luis Ernesto Vargas, el noveno magistrado, está en la asamblea de la OIT, en Suiza).

Cinco de los siete de la mayoría han sido magistrados titulares en otras Cortes - Jorge Iván Palacio de la Suprema, Gabriel Eduardo Mendoza del Consejo de Estado, Jorge Pretelt del Consejo Nacional Electoral - o auxiliares en la misma Constitucional, como son Gloria Stella Ortiz y Guerrero.

Los otros dos, María Victoria Calle y Alberto Rojas, eran cercanos a consejeros de Estado desde antes de ser elegidos. La primera, gracias a su matrimonio con el ex consejero Gustavo Gómez Aranguren y el segundo, por relaciones públicas que se hicieron evidentes cuando lo ternó ese tribunal para la Corte.

Como esta decisión llega después del hundimiento de la Reforma a la Justicia en 2012 y después de que en el trámite del Equilibrio de Poderes se hundieron propuestas como que el Ministro de Justicia participara del gobierno de la Rama, los políticos reaccionaron muy fuertemente contra el fallo.

Como mostraron varios medios, congresistas tan opuestos como la uribista Paloma Valencia, el senador de La U Armando Benedetti y la verde Claudia López señalaron que va a tocar hacer una Constituyente para reformar la justicia porque esta es "intocable".

La decisión

Aunque hasta el momento de publicar esta nota a la medianoche la Corte no había distribuido un comunicado de prensa para explicar su decisión y el fallo como tal tardará meses en ser publicado, La Silla reconstruyó sus argumentos con varias fuentes de ese Tribunal.

El argumento central de la mayoría es que la conformación del Consejo de Gobierno Judicial ponía en riesgo el autogobierno y la autonomía de la Rama. Pero no frente a otras ramas del poder (como el Congreso o la Presidencia) sino internamente. 

Concretamente, consideraron que entre los nueve miembros del Consejo (los presidentes de las tres Altas Cortes, el delegado de los jueces y magistrados, el delegado de los empelados de la Rama, tres expertos elegidos por esos cinco y un gerente elegido por esos ocho), los cuatro últimos serían mucho más poderosos que los delegados de la Rama Judicial porque se dedicarían exclusivamente a ser parte del Consejo y tendrían períodos más largos, mientras que los primeros también tendrían sus labores de magistrados, jueces y empleados.

Esas diferencias harían, a su juicio, que rápidamente ganaran más incidencia los cuatro técnicos que los cinco que vienen de la Rama.

Además, según la mayoría, el gerente de la Rama concentraría demasiadas funciones: como parte del Consejo establecería las políticas, las diseñaría y como encargado de la carrera judicial, calificaría a los ejecutores. Es decir, sería un súper poderoso por encima de los magistrados de las Altas Cortes, lo que a su juicio dañaría la autonomía y el autogobierno de la Rama.

Adicionalmente, por los períodos de un año que tienen los presidentes de las Cortes, sería "una junta directiva cambiante, transitoria, no técnica ni capaz de ejercer control", según le dijo un magistrado a La Silla. "Es válido que nos creen estructuras empresariales, pero no así, mal hechas".

Otro problema de la composición del Consejo de Gobierno, según la mayoría, es que pondría como iguales a magistrados de Altas Cortes, a jueces o magistrados de menor rango y a empleados. Y el problema es que en lo administrativo lo serían, pero en sus funciones como jueces, no, lo que confundiría dos lógicas opuestas y podría llevar a problemas.

Un error más, según ellos, sería que le da más votos a las Altas cortes que al resto de la Rama, lo que concentra más poder en los órganos superiores. Y les suma el poder que tienen de revisar las decisiones de los jueces de menor rango (lo que tiene sentido en la misión de administrar justicia), al de eventualmente intervenir en sus carreras (lo que podría dar pie a abusos).

Además, la mayoría recordó que las decisiones del Consejo de Gobierno podrían ser demandadas ante el Consejo de Estado, lo que a su juicio muestra que los controles quedaron mal diseñados, pues el órgano que administra estaría sujeto a uno de sus administrados.

Es válido que nos creen estructuras empresariales, pero no así, mal hechas.

Magistrado de la Corte Constitucional

En dos puntos, la mayoría fue de 5 - 3, pues Rojas y Calle (justo los que no han sido magistrados) se sumaron a Linares en uno de los efectos de la decisión: quién elige a los magistrados de la futura Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplazará a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. La Reforma establecía que iban a ser elegidos de ternas que armaba el Consejo de Gobierno Judicial, pero con la decisión no era claro qué iba a pasar pues al desaparecer este Consejo nadie los podía ternar. 

Para la mayoría, la respuesta es que nadie los podía ternar y por lo tanto la Comisión de Disciplina no podía funcionar y la muy criticada Sala Disciplinaria tenía que seguir viva. Pero para evitar revivirla decidieron modificar los cuatro artículos de la Constitución que dicen que el Consejo de Gobierno ternaba a sus magistrados, para decir que lo hará la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Para Calle, Linares y Rojas, esa decisión hace que la Corte se meta en terrenos que no le corresponde, pues se apropia de la función de 'crear' la Constitución y no solo de interpretarla y aplicarla como es su deber.

Todos esos argumentos, para la Corte, no solo muestran que el Equilibrio quedó mal diseñado sino que atentaba contra la autonomía de la Rama hasta el punto de sustituir la Constitución pues la autonomía judicial es un principio fundamental del Estado de Derecho.

A la larga, el efecto de la decisión de la Corte protege los intereses corporativos del gremio de los abogados y los jueces.

Mientras en el Consejo de Gobierno judicial 4 de los 9 miembros podían no ser abogados, en la Sala Administrativa que 'resucita' todos lo son; mientras en el Consejo de Gobierno las altas cortes comaprtían el poder con empleados y jueces, en la Administrativa nombran los 6 magistrados; y mientras en el Consejo el Gerente de la Rama tenía voz y voto, el actual Director administrativo solo ejecuta las órdenas de la Administrativa.

Pero sobre todo, refuerza la idea de que la justicia debe ser manejada enteramente por jueces, lo que corre el riesgo de reforzar su aislamiento de la sociedad y su falta de rendición de cuentas cuando su prestigio está cada vez más deteriorado.

Con este fallo,  la Corte actual también vuelve a demostrar que la teoría de la sustitución de la Constitución se puede usar con liberalidad. Ese argumento lo construyó la Corte anterior para sustentar que sí puede revisar las reformas constituciones, pero lo usó con mucho cuidado, apegada a la tesis de que solo se aplica cuando la reforma modifica un elemento central de la Constitución - si, por ejemplo, decide que Colombia es una monarquía o si se permite la reelección indefinida.

En esta decisión, hasta donde pudo averiguar La Silla, no es claro por qué una reforma que no le quita poder a la Rama ni la subordina al Presidente o al Congreso, atenta contra su autonomía

El Equilibrio de Poderes solo tenía una frase en uno de los cinco artículos que tumbó la Corte, que permitía que otros funcionarios participaran en algunas reuniones del Consejo de Gobierno:

"La ley estatutaria podrá determinar los temas específicos para los cuales los ministros del despacho, los directores de departamento administrativo, el Fiscal General de la Nación, así como representantes de académicos y de los abogados litigantes participarán en las reuniones del Consejo de Gobierno Judicial.", dice.

Frente a esta posibilidad, la Corte sí alegó que abría la puerta para que se inmiscuyeran personas ajenas a la Rama a su gobierno. Pero era la excepción, el único argumento (hasta donde supo La Silla) que señalaba un problema de autonomía hacia afuera y no de repartición de poderes y funciones adentro.

En todo caso, el Consejo de Gobierno Judicial ya no verá la luz. Y con eso, la Corte puso el punto final a la comedia de errores que habían adelantado los mismos jueces en su creación, y que mostraba que en el nuevo organismo también estaban primando los intereses gremiales que la Reforma impulsada por el Gobierno quería remediar. 

Duro de matar, parte 3

Originalmente, la reforma del Equilibrio de Poderes establecía que la Sala Administrativa del  Consejo Superior de la Judicatura debía funcionar hasta el 31 de diciembre pasado y desde este año el Consejo de Gobierno debería empezar a servir de primer filtro para elegir a los nuevos magistrados de las Altas Cortes, o decidir dónde se crean o suprimen juzgados y cargos judiciales. Es decir, debía convertirse en el nuevo poder en la Rama.

Pero el proceso de elegir los miembros del Consejo se enredó en una mezcla de viejas costumbres politiqueras y errores administrativos.

Primero, en la elección del delegado de los magistrados y la delegada de los funcionarios ganó el espíritu de cuerpo del bloque costeño a punta de giras electorales.

Luego los presidentes de las tres Altas Cortes, que debían organizar el proceso para elegir a los tres expertos miembros del Consejo, incluyeron un requisito de tener experiencia en administración judicial que no estaba en la reforma y que en la práctica casi que obligaba a que fuera alguien de la Rama, es decir, más rosca; y se demoraron en sacar las listas de admitidos a fines de octubre, cuando ya estaban apretados los tiempos.

A inicios de noviembre se equivocaron de nuevo: cuando la Silla mostró que esas listas no solo eran opacas sino que incumplían la ley de cuotas, incluyeron a la brava a nueve mujeres y aplazaron la elección algunos días, pese a que el tiempo corría en su contra.

En todo caso, eligieron a tres expertos que reforzaban las roscas judiciales y el poder de los que ya estaban en el Consejo. Es decir, los externos que señala la Corte que tendrían más poder, iban a ser aliados de los jueces, no sus enemigos.

En todo caso, los errores eran tantos que tres semanas después el Consejo de Estado suspendió la elección del delegado de los jueces y magistrados porque encontró pruebas de una irregularidad grosera en el escrutinio de los votos.

Al día siguiente, el Consejo rechazó a 36 de los 58 candidatos que se habían presentado para llenar el cargo que faltaba (el de gerente de la Rama), sin explicar las razones y a pesar de que la Reforma solo incluía un requisito de experiencia para elegir al gerente, por lo que algunos de los no admitidos interpusieron recursos y hablaron de tutelas.

Para enredar más el panorama, cuando quedaba menos de una semana para que toda la Rama se fuera a vacaciones y por eso era urgente elegir gerente, entre los jueces caribes se armó una tutelatón que buscaba que se postergara la elección del gerente.

Y el 14 de diciembre, cuando quedaban solo dos días para elegir gerente, el Consejo de Estado suspendió a los tres expertos del Consejo de Gobierno Judicial, con lo que este se quedó sin los miembros suficientes para operar y significó que el Consejo de la Judicatura siguió vivo, por lo menos por varios meses e incluso le tocó designar dos magistrados temporales para poder funcionar mientras se arreglaba todo ese caos. Un caos que muestra que incluso al crear la nueva estructura, el interés gremial de los jueces era preponderante.

En paralelo con esa novela, la Corte Constitucional recibió cinco demandas contra el reforma de Equilibrio de Poderes, que seguramente ya no se discutirán pues ya no habrá Consejo de Gobierno Judicial. Pero tampoco se reformará la Justicia, una rama que, según muestras las últimas encuestas, ha ido perdiendo a pasos acelerados su credibilidad frente a la población, incluyendo a la Corte Constitucional. 

Falta ver si, en las otras demandas que están andando, termina de quitarle fuerza a la reforma al Equilibrio de Poderes y solo deja viva la parte que nadie ha demandado y la que motivó todo el esfuerzo del Gobierno: la prohibición de la reelección.