“Esta movilización nos parece injustificada. Este gobierno no necesita medidas de presión para cumplir”, dijo el ministro del Interior Juan Fernando Cristo el lunes. “De nada nos sirven mil horas de diálogo para que solo vayan ministros a oír y no a hacer. Nos están mamando gallo para que elaboremos propuestas que no se cumplen”, le dijo a La Silla el líder de la Cumbre Agraria Andrés Gil.
En medio de esas acusaciones cruzadas por las promesas que se pactaron entre el gobierno y las trece organizaciones que conforman la Cumbre Agraria en mayo de 2014, La Silla reviso los acuerdos del acta firmada por ambas partes para ver qué tanto se han cumplido.
El único punto que no miramos fue el del decreto para la creación de la Mesa Única Nacional, espacio en el que desde hace dos años negocian lo miembros de la Cumbre con el Gobierno, porque era un acuerdo de forma para crear la mesa en la que se adelantan las conversaciones.
De los seis grandes compromisos, en tres falta mucho, en uno falta poco para que se cumpla y en dos se ha cumplido con lo pactado.
Crear una Comisión conjunta de análisis y estudio de las alternativas penales para los campesinos y la protección de sus derechos humanos.
Explicación: Aunque la Comisión sí se creó y hasta hoy ya se han hecho más de diez sesiones para revisar procesos de campesinos judicializados o condenados durante el paro de 2013 por quemar buses, por ejemplo, de los 36 casos que pidió revisar la Cumbre, en ninguno han recibido alternativas judiciales.
En el acta, el gobierno se compromete a “invitar” al Consejo Superior de la Judicatura para estudiar la posibilidad de crear nuevos jueces de descongestión que se ocupen de esos casos.
Pero hasta ahora lo que han hecho es crear un Comité Conjunto Permanente de Análisis y Alternativas Penales en el que participa, además del Consejo Superior, la Fiscalía, el ministerio de Justicia, el Inpec, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y delegados de las organizaciones de la Cumbre, que no ha producido resultados a la fecha. “Ayer nos enteramos de que judicializaron a cuatro compañeros durante el paro y si con los de 2013 no ha pasado nada, imagínese con estos”, dice Robert Daza, vocero nacional de la Cumbre.
El gobierno también dice que desde septiembre del año pasado se instaló una subcomisión de derechos humanos y garantías que se ha reunido periódicamente pero reconoce que está pendiente discutir los puntos que la Cumbre propuso sobre derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. También está pendiente la capacitación en temas de derechos humanos y posconflicto a miembros de las 13 organizaciones que conforman la Cumbre porque según el gobierno, no han recibido la propuesta de ellos sobre quienes deben ser capacitados y de qué manera.
En lo que sí se ha avanzado es en la instalación de unas “misiones de verificación” que, básicamente, son visitas de campo a las regiones, que organizan voceros de la Cumbre y representantes del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para recolectar testimonios y denuncias sobre casos de violaciones a los derechos humanos durante el paro de 2013. Con la Cumbre definieron un cronograma de visitas entre junio, julio y agosto de 2014 para hacer quince misiones. Hasta ahora se han hecho menos de la mitad.
En 2015 se hicieron en San José de Apartadó, Argelia en el Cauca, Casanare y Catatumbo. Este año solo se ha hecho una en El Bagre, Antioquia, aunque ya hay misiones programadas para hacer visitas al Tambo en Cauca y Morroa y San Jorge en Sucre.
Crear un Comité de Evaluación y Reglamentación de Riesgo (Cerrem) campesino que evalúe el nivel de riesgo de sus líderes
Explicación: Los voceros de la Cumbre aseguran que aunque es un avance que se haya creado ese Comité, no se han resuelto los casos de los 35 voceros de la Mesa Única Nacional para los que se pidió protección especial y que en otros 45 casos que ellos presentaron de líderes regionales amenazados, tampoco se han tomado medidas.
Según ellos, hasta ahora no han recibido la propuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para darles esquemas de seguridad diferenciados. Eso es, por ejemplo, que a un indígena le pongan de escolta otro indígena, o que en vez de carros les den lanchas o mulas.
El gobierno dice que sí ha otorgado medidas de protección a los líderes que cuentan con un nivel de riesgo extraordinario y, según Diego Mora, director de la UNP, nunca se comprometieron a darle esquemas a todos los voceros de la Mesa, sino a hacer un protocolo para la evaluación de riesgo de todos los casos y elegir los más graves.
“Hemos estado en todas las reuniones con ellos y sí les hemos puesto esquemas de seguridad.”, le dijo a La Silla Mora.
La Silla conoció un listado oficial de la UNP en el que aparecen veinte miembros de la Cumbre con esquemas de seguridad. Eso según Mora, significa que la persona protegida tiene un escolta o un carro o ambas cosas.
Un miembro de la Cumbre que pidió no ser citado y que aparece en el listado, nos dijo que él sí tiene un esquema, pero que lo tenía desde antes que se instalara esta mesa con el gobierno. “La pregunta para la UNP es qué pasa con los que no tenían esquemas antes y ahora sí los necesitan pero no tienen”, nos dijo.
En todo caso, sí se creó el Cerrem y sí se ha avanzado, con esas veinte personas, en esquemas de protección y según Mora: “Todos los casos que la Cumbre ha solicitado los hemos revisado y se han hecho estudios de riesgo. Puede que algunos si tuvieran antes, pero los que no tienen es o porque no han presentado una solicitud formal o porque su riesgo es ordinario. Es decir, no amerita un esquema.”
El Gobierno Nacional destinará 250 mil millones de pesos durante la vigencia 2014; se buscará garantizar que estos recursos respondan al principio de anualidad y en todo caso, dada la naturaleza de las organizaciones que conforman la Cumbre, no se les exigirá cofinanciación
Explicación: Éste es el punto en el que menos claridad hay. La Cumbre asegura que desde 2014 a hoy, hay firmados convenios por 91 mil millones de pesos, de los cuales 41 mil les han llegado en efectivo a las comunidades para comprar semillas e insumos.
La versión del gobierno es que toda la plata ya se ha invertido desde el Fondo de Fomento Agropecuario en proyectos durante 2015 y 2016 así: 81 mil millones de pesos en 73 convenios suscritos en 2015, 44 mil millones en la suscripción de un convenio con el Incoder (que está siendo liquidado) para financiar 24 proyectos sobre compra de tierras y 125 mil millones en convenios para 140 proyectos productivos en 2016.
Ante eso, Robert Daza, vocero de la Cumbre, le aseguró a La Silla que lo único que han recibido son esos 41 mil millones y que aunque puede haber convenios suscritos, para ellos lo importante es la plata con la que se cuenta en este momento.
Dice también que las organizaciones campesinas igual están obligadas a devolver lo que no se ejecute a 31 de diciembre de este año.
“Y que se ejecute no depende solo de nosotros porque dependemos de los estudios de viabilidad del gobierno, y de sus visitas de verificación, para que los proyectos se hagan”, dice.
Otra fuente que hace parte de la Mesa Única Nacional nos dijo que el acuerdo del Fondo de Fomento era que se desembolsaran 250 mil millones al año. “Hay un déficit de cumplimiento de 500 mil millones. Si el fondo estuviera funcionando, créame que no estaríamos marchando”.
De esos 237 proyectos presentados por la Cumbre, que van desde siembra de cultivos, hasta infraestructura y capacitaciones técnicas en el campo, el ministerio de Agricultura dice que hay en ejecución 143, es decir el 60 por ciento. Y que de los que faltan, 36 los está estudiando la Cumbre y 34 iban a ser contratados antes del 30 de mayo.
El Departamento Nacional de Planeación priorizará treinta proyectos presentados por la Cumbre.
Explicación:
Uno de los puntos del Acuerdo decía que el Departamento Nacional de Planeación haría treinta proyectos sobre temas como agua potable, alcantarillado, educación, salud, vías terciarias e infraestructura agropecuaria para el campo.
Según la Cumbre, a finales del año pasado el gobierno firmó un convenio por diez mil millones de pesos con el Pnud y hasta el momento ni siquiera han entregado un informe sobre cómo se harían los proyectos.
El gobierno no habla de treinta, sino de veintinueve proyectos por 250 mil millones de pesos adicionales a los que se destinaron para los más de doscientos proyectos anteriores. Plata que viene del presupuesto general y de los que en efecto, se han destinado 10.500 mil millones para estructurar los proyectos.
El argumento del ministerio del Interior es que partieron del supuesto de que todas esas iniciativas presentadas hace más de dos años ya estaban identificadas por la Cumbre, pero que sobre la marcha varias iniciativas y los sitios para hacerlas han cambiado o necesitan que el Pnud haga unos estudios de viabilidad y por eso no han avanzado.
Eso pasó por ejemplo en La Guajira, donde la Cumbre propuso perforar 60 pozos profundos para sacar agua y el Pnud dijo que era inviable por falta de recursos, según Daza.
De hecho, de los 29 proyectos, 18 necesitan, de acuerdo con los reportes del gobierno, cambio en el enfoque o alcance; en seis hacen falta datos y aclaración de los sitios donde se harían y apenas cinco, luego de dos años, se consideran iniciativas suficientes para arrancar a hacerlas.
El Ministerio del Interior financiará Foros regionales para la Paz, que alimentarán la realización de una Cumbre Nacional de Paz. Estos foros los realizarán las organizaciones de la Cumbre.
Explicación: Tanto la Cumbre como el gobierno coinciden en que se ha avanzado en ese frente, pero falta.
El gobierno asegura que con miras a una Cumbre Nacional de Paz, acordaron con la Cumbre que dos mil millones de pesos se contratarían con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), a través del Pnud, para hacer trece cumbres regionales en departamentos como Barrancabermeja, Antioquia, Cauca, Guajira, Cesar, Arauca, Chocó y Caldas.
Hasta ahora el Pnud le ha girado a la Onic 706 millones de pesos que corresponden al primer pago que se pactó.
Con eso ya se han hecho seis foros y los demás están programados para hacerse a más tardar a finales de este año.
Fortalecer las organizaciones de la Cumbre y convocar una instancia de interlocución con las comunidades negras, afrocolombianas y raizales, Anafro.
Explicación:
El gobierno destinó el año pasado dos mil millones de pesos para once convenios con el Pnud para “fortalecer las capacidades de organización, interlocución e incidencia de las organizaciones de la Cumbre”.
La Silla conoció de un informe detallado del ministerio del Interior donde aparecen diez acuerdos de subsidios con organizaciones de la Cumbre, de los cuales seis ya están ejecutados, y en los otros cuatro están pendientes los informes finales del Pnud para ejecutarlos del todo.
Aunque uno de los pendientes es precisamente Anafro, a la fecha, según el gobierno, hay un acuerdo de subsidio por 350 millones de pesos, de los cuales ya se han invertido 250 millones.
“Ellos se demoraron un año más en cumplirnos eso pero esos recursos sí nos han llegado y nos han servido para fortalecer a las comunidades por dentro”, nos Andres Gil, líder la Cumbre.
La Silla
Andrés Gil Gutiérrez
Líder de Marcha Patriótica y de zonas de reserva campesina
- De los seis grandes compromisos que se pactaron en 2014, en cuatro falta para que se cumplan y apenas en dos se ha cumplido con lo pactado.
- En dos años no hay avances significativos en los que se prometió.