La Corte Constitucional consideró más garantístico el juzgamiento discrecional de sus conductas por parte del Congreso que por un tribunal especializado integrado por magistrados postulados por ellos mismos y con un procedimiento de doble instancia y regido por el principio de legalidad. Curiosa conclusión que la llevó a declarar la inconstitucionalidad del recién creado Tribunal de Aforados.
Los magistrados han incurrido desafortunadamente en un acto de arrogancia, que no solo ha abierto la posibilidad de una Asamblea Constituyente, sino que mantiene a los miembros de la Corte amenazados por una especie de espada de Damocles confiados en que el Congreso nunca se va a atrever a soltar sobre sus cabezas.
Resulta que a los magistrados de las Cortes, la Constitución los somete a un régimen de responsabilidad idéntico al del Presidente de la República, que si bien se refiere a “causas constitucionales”, que no están claramente definidas, en realidad se activa por razones más políticas que jurídicas. Lo increíble es que en sus consideraciones, la Corte Constitucional reivindica eso como una garantía y destaca, que según esa interpretación, los miembros del Congreso podrían otorgar una especie de perdón a los magistrados cuando a pesar de haber incurrido en delitos no resulte conveniente por razones institucionales- léase políticas- su sanción.
En el afán de tumbar la reforma de equilibrio de poderes para demostrar, como lo ha dicho la Presidenta de la Corte Suprema, que la reforma a la justicia no se puede hacer sin su consentimiento expreso, no se percataron que las razones políticas que le reconocen al Congreso para dejar de sancionarlos son las mismas que se pueden argüir para sancionarlos.
La verdad es que el Congreso tiene un enorme poder que le permitiría, con argumentaciones más o menos rebuscadas y con apariencia de sabiduría como las que usó la Corte en este caso, decretar la salida del cargo del Presidente de la República, de alguno de los magistrados o del Fiscal General de la Nación, para ello basta con conformar una mayoría congresional que así lo decida. El Congreso de Colombia no ha ejercido ese poder, lo que no quiere decir que no lo haga algún día, como lo han hecho congresos de países de América Latina con poderes similares. En Brasil lo acaba de usar para suspender a la Presidenta de su cargo, ya lo habían hecho en Paraguay, Honduras, Ecuador y Perú.
Si, por ejemplo, el Centro Democrático consiguiera la mayoría en el Congreso, no dudaría en sancionar a los magistrados que lideraron las investigaciones de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, o si, por ejemplo, en Colombia se eligiera un Presidente como Alejandro Ordoñez y éste lograra conformar una coalición mayoritaria tendrían que temer los magistrados que han reconocido derechos a las parejas homosexuales.
Sería fácil argumentar que incurrieron en el delito de prevaricato los jueces que autorizaron el matrimonio entre una pareja del mismo sexo cuando una lectura de la Constitución insinúa que esa institución está reservada a las unión entre un hombre y una mujer. Bastaría con que Ordoñez se tomara el Congreso y a los magistrados eso les parece que eso garantiza de mejor manera la independencia judicial que lo que estaba en la reforma que tumbaron.
Para evitar ese peligro en el Congreso se había aprobado reconocer expresamente que los magistrados no son responsables por sus posiciones expresadas en las decisiones judiciales, que es un principio universal de inmunidad por las sentencias. Los magistrados no le dieron importancia al hecho de que el Congreso hubiera dicho expresamente que su responsabilidad era exclusivamente jurídica para evitar la ambigüedad existente que no ha permitido definir con certeza si la “indignidad por mala conducta” a que se refiere la Constitución es una responsabilidad derivada de la violación de una norma jurídica o a una especie de “responsabilidad política” como lo sostienen muchos.
A los magistrados les pareció que era mejor que los investigara un grupo de congresistas que integran la comisión de acusaciones, sin formación jurídica y con intereses políticos, que unos magistrados, que como ya se dijo, serían postulados por ellos mismos.
Las Cortes confían en que el Congreso no se va a atrever, como no lo ha hecho hasta ahora, a activar el enorme poder que tiene y que resultó fortalecido por la decisión de la Corte Constitucional de esta semana.
La mayoría de los análisis en medios de comunicación y de las reacciones políticas se han concentrado en la posibilidad de tener un mecanismo más eficaz que el actual para sancionar eventuales conductas indebidas de los congresistas. Los magistrados compraron esa teoría y no se percataron que en realidad la reforma producía el efecto de impedir que el Congreso, algún día cuando la mayoría se atreva, los persiga por razones políticas y les dé un ropaje jurídico con latinajos y argumentos altisonantes, como hizo la Corte esta vez, para demostrar su poder.
La Corte ha sido la institución que más ha aportado al fortalecimiento de nuestra democracia en los 25 años de vigencia de la Constitución y se le ha reconocido una condición de árbitro tanto en los enfrentamientos institucionales como en los debates de la opinión pública. Así ocurrió con la decisión de la segunda reelección del Presidente Uribe y así será con las decisiones que se han aprobado para facilitar la culminación de las negociaciones con la guerrilla de las FARC, pero en esta ocasión incurrió en el pecado capital de la soberbia a costa de mantener una amenaza política sobre su cabeza.
