La sombra del exgobernador de La U Alejandro Lyons con el caso que en corrillos y medios han llamado “cartel de la salud” no se limita a las IPS que hicieron multimillonarios cobros por atender pacientes hemofílicos inventados. También tiene vasos comunicantes con otra IPS que cobró millones por atender niños que necesitaban terapias de neurodesarrollo, pero que en algunos casos o no las recibieron completas o podía cubrirlas el Plan Obligatorio de Salud, según la auditoría de la Contraloría que desató el escándalo. Y frente a las otras, fue clara la pasividad de su Gobernación para apelar la lluvia de tutelas o para seleccionar empresas con trayectoria.
La Silla revisó el caso de las cuatro IPS que cobraron más de 10 mil millones por atender entre 2014 y 2015 a niños que necesitaban terapias para enfrentar por ejemplo autismo o Síndrome de Down y que, según la denuncia de la Contraloría, no han debido ser pagadas por la Gobernación en su totalidad. En los cuatro casos hay situaciones que generan sospecha.
En dos de ellas, las dudas surgen por la poca trayectoria que tenían antes de comenzar a prestar los servicios.
Según su Cámara de Comercio, la IPS Girasoles Centro Integral de Terapias y Servicios de Salud nació en mayo de 2014 y en noviembre ya estaba haciendo las terapias por las que luego pasó factura al gobierno Lyons por poco más de 772 millones de pesos. Crecer & Sonreír Unidad Integral de Rehabilitación fue registrada en enero de 2014 y un año después ya estaba haciendo los mismos cobros por 1.811 millones de pesos (de la vigencia 2015, que fue la que auditó la Contraloría).
Ninguna de las dos empresas ha cumplido con el deber legal de renovar su matrícula mercantil y ambas registraron números de teléfono con los que nos fue imposible comunicarnos porque están apagados o no contestan. En el caso de Girasoles, una persona que dijo haber estado en la gerencia nos contestó un celular vía chat de whatsapp, pero apenas nos identificamos como periodistas dejó de hacerlo.
Las otros dos IPS tienen una historia más larga.
¿El nuevo frente del llamado "cartel"?
El vaso comunicante con Lyons
La Unidad Integral de Terapias de la Costa IPS S.A.S. fue creada en enero de 2014 y entre noviembre de ese año y febrero de 2015 (es decir en tres meses) realizó terapias de neurodesarrollo a pacientes pobres que habían puesto tutelas, por las que cobró 1.350 millones de pesos a la Gobernación.
A pesar de las tutelas, la Contraloría encontró que en varios de los casos las terapias estaban incluidas en el POS (es decir, no tenían por qué haber sido recobradas) o no se hicieron completas o como debían hacerse.
Además, no existía entre esta IPS, ni entre ninguna de las otras tres que hicieron este tipo de cobros, y la Gobernación una relación contractual, como señala la auditoría que debía ser.
El presunto daño patrimonial al Estado en el caso de la Unidad Integral de Terapias de la Costa es de 427 millones de pesos, según el ente de control fiscal.
En su registro en Cámara de Comercio, encontramos que la empresa aún no cumple con la obligatoria renovación de la matrícula mercantil y que desde enero de 2015 la gerente es Diana Carolina Spath Espinosa, familiar de Sami Spath Storino, amigo cercano y asesor jurídico de Alejandro Lyons, cuando éste era mandatario.
Spath Storino alcanzó notoriedad nacional en 2013, cuando un contratista de la Gobernación denunció que el entonces asesor de Lyons lo había obligado a comprar su póliza de cumplimiento en una aseguradora en la cual el funcionario tenía intereses.
El secretario de Transparencia de la época, Rafael Merchán, alertó en medios que Spath Storino probablemente estaba abusando de su cargo en beneficio propio porque además de revisar la legalidad de las pólizas de seguro desde la Gobernación recibía comisión por venderlas.
Tanto el asesor jurídico como Lyons negaron tajantemente los señalamientos.
El exasesor y el exgobernador han sido tan cercanos que el primero ha compartido mesa principal en los cumpleaños tanto de Lyons, como de su mamá, la notaria Luz Elena Muskus.
No se sabe si es por esa cercanía personal, pero desde que estalló el escándalo de la salud en Córdoba el nombre de Spath Storino ha vuelto a sonar con fuerza en los corrillos locales, en donde algunos señalan que sus actuaciones podrían ser el hilo conductor de las investigaciones.
De hecho, antes de comenzar a hacer esta historia, tres fuentes cordobesas conocedoras nos dijeron que averiguáramos por él. Pero no encontramos nada, aparte de su parentesco con Diana Carolina Spath Espinosa.
De ella averiguamos que también es coordinadora administrativa de Visalud IPS, entidad que en julio de 2015 fue inaugurada como el primer centro de atención y rehabilitación a farmacodependientes en convenio con EPS de Córdoba.
Intentamos comunicarnos con Diana y Sami Spath, pero no fue posible. Ella no nos contestó los mensajes por whatsapp y él, cuando le preguntamos si tenía alguna relación con la IPS Unidad Integral de Terapias más allá de su relación familiar con la gerente, nos respondió solamente: “No tengo relación con la empresa que usted menciona”.
Cuando le insistimos, dijo que no sabía con quién hablaba y que no daba entrevistas por chat. Sin embargo, también se negó a que lo llamáramos, luego de haberle mandado el nombre completo de la periodista y la dirección de la página de La Silla Vacía.
La IPS de los 'empujoncitos'
La otra historia que pudimos establecer es la de la IPS Funtierra Rehabilitación IPS S.A.S. que, con fallos de tutela a favor de los niños en mano, cobró el 60 por ciento de la plata en el caso de las terapias de neurodesarrollo, es decir, 6.225 millones de pesos.La Gobernación actual (en cabeza de Edwin Besaile, también de La U) le sigue debiendo plata a Funtierra por tratamientos prestados entre febrero y junio de este año.
Como en las otras tres IPS, a pesar de que había tutelas que, para esas empresas y para la Gobernación, justifican los giros, la Contraloría encontró que a algunos pacientes no les hicieron las terapias completas o adecuadamente. A otros, no se les siguió el tratamiento recomendado por el neurólogo.
Aún así, se cobró (y la Gobernación pagó) toda la plata. El posible detrimento al patrimonio de todos los ciudadanos por esto, según la auditoría, es de 1.345 millones de pesos.
Funtierra nació en julio de 2009 y sus cabezas son los esposos Tania Margareth Otero Arroyo (representante legal) y Eduardo Carmelo Padilla Hernández (director jurídico).
Padilla Hernández es un abogado ceretano con amplia hoja de vida y claros intereses políticos, que entre otras cosas ha trabajado como procurador judicial administrativo de Villavicencio en la era de Alejandro Ordóñez (2010) y ha aspirado sin éxito a la Corte Constitucional, al Senado y al Concejo de Bogotá, estos dos últimos cargos en 2006 y 2007, respectivamente, por el desaparecido partido Alas Equipo Colombia.
En las regionales del año pasado, Padilla intentó ir a la Gobernación por firmas, pero esa empresa se le frustró porque la Registraduría encontró que el 72 por ciento de las más de 94 mil rúbricas que presentó tenían inconsistencias y 14 mil fueron anuladas. (Ante lo cual él reaccionó diciendo que eso fue el resultado de “las presiones de manos oscuras”).
Actualmente es asesor de la Alcaldía de Tierralta.
Sin embargo, la faceta por la que más ha mojado prensa y se le conoce a nivel local no es la de político, sino la de veedor.
Eduardo Padilla es el presidente nacional de una veeduría llamada Red Nacional de Veedurías, a través de la cual ha hecho sonadas denuncias, como por ejemplo una en 2012 para que el entonces presidente de la Cámara Simón Gaviria perdiera su investidura cuando pidió una licencia.
Padilla y su veeduría también demandaron el POT de Gustavo Petro en Bogotá y, en Córdoba, denunciaron varias veces procesos contractuales de la Gobernación de Alejandro Lyons.
Hace un año, la llamada Red Nacional de Veedurías salió en una nota de la revista Semana en la que se denunciaba que más de 800 niños cordobeses vivían “una completa odisea” para acceder a sus terapias de neurodesarrollo porque la Secretaría de Salud no les quería pagar a IPS como Funtierra, pese a que en ese momento ya había fallos de tutela que así lo ordenaban.
La nota se titula ‘Córdoba: a niños discapacitados les niegan derecho a la salud’ y la única IPS entrevistada es Funtierra. Cuentan la historia de uno de sus pacientes, citan a una funcionaria y detallan que (a esa fecha) la Gobernación les debía más de 1.500 millones de pesos en terapias del 2014.
Pero a nombre de la veeduría en la historia no habla Eduardo Padilla, sino el director de la regional Caribe de la Red Nacional de Veedurías, Luis Eduardo de la Hoz, quien aparece anunciando denuncias contra el Secretario de Salud cordobés ante la Fiscalía y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Lo que nunca dice ahí de la Hoz es que el presidente de la veeduría que representa es a la vez la cabeza de la IPS que sale exigiendo los pagos. Unos cobros que, hoy se sabe gracias a la auditoría de la Contraloría, fueron dudosos.
En ese mismo tiempo, la veeduría de Eduardo Padilla también lideró una protesta en Montería contra la Gobernación por la deuda y el derecho a la salud de los niños, según nos dijo el mismo de la Hoz, quien renunció a ese colectivo ciudadano porque aspira a ser candidato a la Gobernación de La Guajira.
“El señor Eduardo (Padilla) sí me comentó la situación (de la deuda a la IPS), pero siempre se habló de que eran varias IPS las que estaban en las mismas, tres o cuatro. Por eso yo dije, ‘pues, hay que mostrarle al país lo que está pasando’. A mí lo que me interesaba era que se prestara el servicio y no se siguiera violando el derecho a la salud de los niños”, nos dijo de la Hoz cuando le preguntamos si la Red Nacional de Veedurías había aprovechado su labor para darle una ‘ayudita’ a la IPS de su presidente.
Por otro lado, ubicamos telefónicamente a Édgar Espinosa Nieto, uno de los jueces que más tutelas falló (unas 80, según él mismo nos dijo) ordenando las terapias de neurodesarrollo para los niños, que fueron cobradas por Funtierra y hoy son objeto de cuestionamiento en la Contraloría.
Lo que lamento ahora, a la luz de este escándalo, es que nunca me las apelaran.
El abogado, hoy pensionado, nos explicó que las falló “apoyado en una jurisprudencia que le daba luz verde a ese tipo de tratamientos. A mi juicio, están bien falladas. Mi línea de fallo era proteger el derecho de los niños. Lo que lamento ahora, a la luz de este escándalo, es que nunca me las apelaran. La Gobernación debió chistar y nunca lo hizo”.
Al respecto, llamamos al entonces secretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, quien se negó a darnos declaraciones porque está preparando su defensa. Sólo nos dijo que “todas las tutelas las contestamos”. Alejandro Lyons no contestó el mensaje que le mandamos.
Más allá de eso, el juez Espinosa -que despachaba en el pueblo de Planeta Rica, en donde Funtierra tiene una sede- nos dio un dato adicional que revela otro ‘empujoncito’ que al parecer la daba esta IPS a su negocio: las tutelas que él resolvió fueron “sui géneris, no era normal ver tantas, aunque nunca pensé nada malo. Las presentaban los padres de familia o familiares”, pero “Funtierra las promovía”.
Hablamos con Tania Otero, la representante legal de esta IPS, y ella nos dijo que denunció en la Fiscalía a los auditores de la Contraloría por fraude y calumnia.
Según ella, su empresa sí dio todas las terapias a los niños y además tiene el soporte de las EPS en donde éstas le dicen que esos tratamientos no pueden ser cubiertos por el POS.
“Los auditores nunca se acercaron a mí, y yo me les puse a la orden… nunca me notificaron de la auditoría y malinterpretaron la norma… aquí nosotros somos las víctimas. Esto es una persecución. No sé, probablemente es porque tenemos más niños que las demás y somos mejores. Yo no tengo IPS de garaje”, aseguró.
Sobre su esposo, dijo que él se declaró impedido en su veeduría para actuar en el tema de las denuncias. “Aquí no se presionó nada, ese no es el tema, el tema son los auditores. Mi esposo denunció el cartel de la hemofilia, cuando vio que a otras IPS les pagaban más rápido. Además, si tú tienes un problema y nadie te para bolas, y tienes un familiar que te puede ayudar, ¿tú qué harías?”.
