El exministro de Minas y director de la Federación de Departamentos, Amylkar Acosta, dijo ayer que el Caribe está en riesgo inminente de un apagón general por la mala situación financiera que atraviesa el operador Electricaribe, y generó con ello muchos titulares de prensa. Pero eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que el plan de choque que se ideó el Gobierno para enfrentar el caos en la prestación del servicio en la región está al borde del fracaso, por lo que por ahora seguirán los continuos cortes por ciudades o pueblos. Es decir, los mini apagones.
La afirmación de Amylkar tiene sentido. En una columna titulada ‘La inminencia de un apagón’, él dice que Electricaribe tiene una deuda con los bancos que se aproxima a los dos billones de pesos, y que ha trascendido información según la cual este agosto a la empresa le podrían bloquear los créditos y se quedaría sin plata para pagar a las generadoras que son las que producen la energía, lo cual limitaría el suministro.
La inminencia del apagón no es cierta, no obstante, porque, aunque la deuda existe, lo que no existen son evidencias de que Electricaribe se vaya a quedar ya sin para pagar el fluido eléctrico que comercializa en la Costa.
Entre otras cosas porque, pese a sus problemas de flujo de caja (generados porque entre entes territoriales y ciudadanos le deben unos 563 mil millones de pesos en facturas), el 80 por ciento de sus clientes reciben subsidio del Gobierno para su factura por ser de estratos 1, 2 y 3.
Lo que ha sucedido recientemente es que esa empresa le ha solicitado al Gobierno que le extienda el plazo de pago a las generadoras por 60 días más de lo normal, debido no sólo a su crisis financiera sino al impacto que ha tenido en los precios de la energía el Fenómeno del Niño.
Pero el Gobierno no ha dado la autorización y que se sepa Electricaribe no ha dejado de pagar lo que compra, según nos explicó Edgardo Sojo, gerente del plan de choque estatal para la crisis del servicio llamado Plan 5 Caribe.
“El exministro Amylkar lanza una alerta temprana oportuna para que se tomen medidas, pero es una situación hipotética, lejana y poco probable”, agregó Sojo, quien además es presidente del Comité Intergremial del Atlántico.
Incluso si este mes el operador (que no quiso pronunciarse sobre el tema) se quedara sin los recursos para cancelarle la energía al generador, es difícil pensar que el Gobierno Nacional vaya a permitir que se queden sin suministro eléctrico más de dos millones de usuarios en siete departamentos.
De hecho, al respecto el ministro de Minas Germán Arce nos aseguró ayer: “No hay riesgo de apagón en el Caribe. Además, yo no tengo ningún reporte de que la empresa vaya a entrar en limitación de suministro. Es irresponsable generar pánico sobre el supuesto de que una compañía va a incumplir unas obligaciones que no ha incumplido”.
“No lo vamos a permitir, para mí es impensable que eso ocurra”, añadió por su lado el nuevo superintendente de Servicios Públicos, el barranquillero José Miguel Mendoza, quien lleva ocho días en el cargo.
En lo que sí parece haber sido más precisa la columna del exministro, que más allá de su escandaloso título intenta detallar la complejidad del problema con Electricaribe, es en su definición de en qué va el Plan 5 Caribe: un proyecto que está pasando “de castaño a oscuro”.
Plan 5 que se está quedando en 0
Con un problema que tiene padeciendo a cada usuario de Electricaribe un promedio anual de 92 horas sin luz, y con el operador sin invertir un peso en mejoras desde 2013 bajo el argumento de sus problemas económicos, el año pasado el entonces ministro de Minas Tomás González presentó el plan de choque a cinco años llamado 5 Caribe.
Entre otros aspectos, la iniciativa contempla inversiones por 4 billones de pesos en total para los sistemas de transmisión de energía (las carreteras por donde pasa el fluido eléctrico) nacional, regional y local. Los dos primeros son responsabilidad del Gobierno y tercero del operador. La plata para cada obra la pone el respectivo responsable y, en el caso de Electricaribe, es recuperada vía la tarifa que recibe de los usuarios.
Sin embargo, hace un mes en Cartagena el Ministro Arce y el gerente Sojo aseguraron públicamente que Electricaribe no ha cumplido con su parte de las inversiones.
La compañía nos respondió que no lo ha hecho ni lo podrá hacer porque sus actuaciones en el Plan 5 están condicionadas a que el Gobierno busque un mecanismo para la capitalización de la deuda de los usuarios (unos 400 mil millones) y ayude para que los entes territoriales paguen otros 163 mil millones que están debiendo al operador.
Y eso no ha pasado, aunque hace parte de las medidas detalladas cuando el Presidente mismo anunció, en enero de este año, la propuesta de choque.
El Gobierno tampoco ha publicado, como se comprometió Santos a hacerlo, un documento Conpes para declarar al Plan 5 Caribe como un Proyecto Estratégico de Interés Nacional.
No hay riesgo de apagón en el Caribe.
¿Qué sí se ha hecho de las medidas prometidas? Se nombró gerente del Plan, la Unidad de Planeación Minero Energética UPME definió 394 proyectos prioritarios y se han adjudicado nueve convocatorias para obras en el sistema de transmisión nacional y 11 más para el regional, según datos oficial del MinMinas a julio pasado.
Mientras cualquiera de las dos partes incumpla alguno de sus compromisos, será como fiesta de boda sin uno de los novios, porque lo pactado no quedó como una obligación por escrito. "El Plan 5 nació muerto porque fueron inversiones acordadas de palabra", sentenció la representante Sara Piedrahita.
Frente a este panorama, ayer en un debate de control político en la Comisión Tercera de la Cámara, sobraron las voces de congresistas pidiendo la intervención a la privada Electricaribe, que no tiene contrato de concesión, sino que es dueña de buena parte de la infraestructura energética del Caribe.
“Intervenir y liquidar, o plan de venta de Electricaribe”, pidió el representante conservador David Barguil, quien recordó los recientes hallazgos fiscales que encontró la Contraloría por más de 65 mil millones de pesos al evaluar proyectos eléctricos a cargo de esa compañía.
(Incluso, esta semana el representante por el Atlántico Mauricio Gómez había dicho que las compañías Celsia - propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño- y Promigas -que controla Luis Carlos Sarmiento Angulo- estaban interesadas en ser operadores de energía en el Caribe. Aunque, en Promigas nos negaron tajantemente eso).
Todas esas opciones están hoy en el escritorio del nuevo Superservicios, que es quien tiene la facultad para liderar una intervención. Sin mencionar ninguna en particular, el recién posesionado José Miguel Mendoza nos dijo que está “analizando todo” y arrancando una auditoría para enterarse de todos los temas del operador y tomar decisiones “con celeridad”.
Mientras algo pasa, la energía seguirá siendo una esquiva en el Caribe, así no vaya a haber un apagón general.
La Silla Caribe
Germán Arce Zapata
Gerente del Fondo de Adaptación